El presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa emprendieron una guerra contra las pandillas y suspendieron los derechos constitucionales de la población el pasado mes de marzo.

Siete meses después, ese “estado de excepción” tiene una amplia aceptación popular. Sin embargo, los pandilleros no son los únicos atrapados en esta efectiva operación de las autoridades y que ha tenido consecuencias mortales.

Los casi 56,000 detenidos mantienen abarrotado el sistema de justicia y la ocupación de las prisiones se ha multiplicado al menos 6 veces. Los acusados prácticamente no tienen esperanza de que los jueces atiendan su caso de manera individual, pues celebran audiencias de hasta 300 acusados a la vez; y los abogados de oficio están inundados con pilas de casos y son atacados y amenazados por el Estado si su defensa es efectiva.

Varias decenas de detenidos, en su mayoría por la más mínima sospecha o acusaciones que generan dudas están muriendo en la cárcel antes de que las autoridades revisen sus casos detalladamente.

Según una red de organismos no gubernamentales que intenta rastrearlos, por lo menos 80 arrestados durante el estado de excepción han muerto sin que se les haya declarado culpables de algún delito.

El gobierno no ha dado cifras y ha negado a estas ONG´s las solicitudes de información pública sobre las muertes. Las autoridades dicen que la información sólo se hará pública dentro de siete años.

La administración Bukele rechaza sistemáticamente las solicitudes de periodistas para visitar las cárceles y los acusados desaparecen en el sistema. Son las familias quienes tienen que rastrearlos, recibiendo por parte de las autoridades la respuesta de que están presos en algún penal o que ya no lo está, pues ha muerto. No les dan más información.

Una Asamblea Legislativa con mayoría oficialista mantiene suspendido el acceso de los detenidos a abogados, extendieron el periodo en el que una persona puede estar detenida sin cargos de tres a quince días y aumentaron cuánto tiempo pueden pasar presos antes de ser juzgados. De forma casi automática, los jueces enviaron a los detenidos a la cárcel seis meses mientras sus abogados intentaban armar sus casos.

El año pasado, una reforma legislativa jubiló a un tercio de los jueces con más experiencia del país.

Nayib Bukele ofreció «abrir» los operativos policiales, militares y las cárceles a la nueva procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, quien fue electa con los votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de sus aliados, y con el rechazo de los partidos de oposición de la Asamblea Legislativa.

Caballero, ejerció el cargo entre 2016 y 2019, bajo un gobierno del izquierdista FMLN y ayudada con los votos del derechista ARENA y fue multada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuesto nepotismo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

«Es importante que la PDDH haga una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo» y «desde una perspectiva creíble para ellos (oposición), válida, legitima», indicó el mandatario en una reunión con sus funcionarios de seguridad y la nueva Procuradora, Caballero.

«Le quiero ofrecer que nosotros vamos abrirle las puertas de nuestros operativos, de los centros penales» en el marco del régimen de excepción, para que «pueda emitir un informe independiente», dijo.

En lo que analistas consideran una «jugada maestra», Bukele sugiere que la oposición, comunidad internacional y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no podrían cuestionar a Caballero debido a que, supuestamente, avalaron su gestión anterior.

Durante seis meses de estado de excepción, Bukele y sus oficiales de gobierno se negaron sistemáticamente a dar informe alguno a la Procuraduría de Derechos Humanos sobre los capturados y sus procesos.

«Nadie de la oposición, probablemente de nuestros seguidores sí, (…) puede cuestionar su idoneidad para el cargo», dijo Bukele, «si su elección estuviera viciada de alguna manera, no pudo haber sido procuradora en 2016», complementó.

El mandatario justifica su actual elección de la Procuradora en que la primera elección de Caballero, hecha por los partidos que ahora están en la oposición, y el hecho que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no haya declarado inconstitucional su primer nombramiento le da «toda la credibilidad y toda la legitimidad» para ejercer un segundo período.

Sin embargo, tanto la oposición política a la actual administración y diversos comentaristas en redes sociales solo opinan que se trata de «más de lo mismo».

El exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de San Miguel, Reinaldo Bolaños, fue puesto en libertad tras ser capturado tras haber atropellado con su automovil a un gato callejero..

En horas de la tarde de este viernes la Fiscalía General de la República informó sobre la liberación del exdirector argumentando que se habían realizado las todas las investigaciones correspondientes y se determinó que no fue intencional, por lo que ha sido puesto en libertad, detalló a través de su cuenta de Twitter.

La FGR dijo que se habían llevado a cabo llevó todas las investigaciones correspondientes y que como resultao de dichas investigaciones se llegó a la conclusión de que se trató de un hecho intencional, por lo que fue puesto en liberta después de haber estado detenido por 72 horas.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon, Francia, cancela y deja dejó sin efecto las alertas (difusiones rojas) que existían en contra de Enrique Rais

De acuerdo con el equipo de abogados de Rais, quienes ya fueron debidamente notificados de dicha resolución, interpol acordó dejar sin efecto las alertas internacionales, conocidas como difusiones rojas, contra el empresario salvadoreño, luego de verificar que la persecución penal contra dicho empresario ha estado fundamentada en denuncias de tipo calumnioso orquestadas, entre otros, por el ex fiscal Douglas Meléndez y un grupo de colaboradores con quienes armaron sendos procesos valiéndose para ello de pruebas falsas u obtenidas ilícitamente. 

En su decisión, interpol reconoce que Rais ha sido víctima de violaciones al debido proceso y otros derechos humanos, cometidos contra su persona y que se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales, entre estos su mismo estatuto. También afirma que las denuncias contra Rais tienen a su base hechos fabricados con prueba ilegal y prueba espuria con el objetivo de generar una persecución por motivos políticos y no criminales.

En el caso conocido como Rais-Martínez, instruido desde hace más de cuatro años, figuran, además del los ex fiscales Douglas y Raúl Melara, los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez; el (Ex) Juez Octavo de Instrucción Mario Osmin Mira Montes y Will Walter Ruiz.

De acuerdo con los abogados de Rais, la interpol asegura haber tenido a la vista la resolución de la fiscalía general de Suiza en la que se comprueba que los cargos atribuidos a su defendido en El Salvador fueron documentados con pruebas falsas u obtenidas ilícitamente.

De la misma manera se pronunció el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, GTDA, quien declaró a Enrique Rais víctima de detención arbitraria por parte de las autoridades salvadoreñas, por lo que pidió poner fin inmediato a las restricciones ilegales y al cualquier proceso penal proceso en su contra.

Interpol dice que su decisión, de dejar sin efecto cualquier medida restrictiva a la libertad del señor Rais, también estuvo fundamentada en la declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, en la que se reconocen las violaciones al debido proceso, así como al derecho a ser juzgado por jueces y tribunales independientes e imparciales que se han cometido contra Enrique Rais desde hace más de seis años.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que perdona todas las condenas federales leves por posesión de marihuana. La medida, cargada de simbolismo, allana el camino hacia la despenalización total del uso del cannabis en el país, que ya es legal en muchos Estados: 37 han aprobado su uso médico; y entre ellos, en 19 está autorizado también su uso recreativo entre los adultos.

Las autoridades calculan que esos indultos afectarán a unas 6.500 personas, condenadas por la ley federal entre 1992 y 2021, así como a otras miles en el Distrito de Columbia, el que alberga Washington. Nadie está cumpliendo ahora mismo una pena en una prisión federal por estos delitos leves, pero muchos sí cargan con antecedentes por esos motivos, lo que puede suponer un obstáculo para obtener un trabajo o acceder a una vivienda. Fuera del perdón quedan los delitos por producción de marihuana o por posesión con la intención de traficar con ella.

“Como dije a menudo durante mi campaña presidencial [de 2020], nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana”, ha dicho Biden en un comunicado remitido por la Casa Blanca. “Enviar a personas a prisión por ese motivo ha afectado la vida de demasiadas personas, al condenarlas por conductas que muchos estados ya no prohíben. Los antecedentes penales por posesión de marihuana también han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”. El presidente denuncia también en el texto que esto afecta mucho menos a los blancos que al resto de los estadounidenses.

Biden ha solicitado al fiscal general, Merrick Garland, que se ponga a ello. A los gobernadores de los diferentes estados les pide “que hagan lo mismo con respecto a los delitos estatales”, porque lo que sirve para una prisión federal, vale para el resto de las cárceles, según ha asegurado el presidente.

“En tercer lugar, solicito al Secretario de Salud y Servicios Humanos y al fiscal general que inicien el proceso administrativo para revisar la consideración la marihuana en virtud de la ley federal”, continúa el comunicado. Actualmente, la sustancia está en la en la categoría de “las más peligrosas”, junto a la heroína o el LSD, e incluso se tiene por mas grave que el fentanilo (opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina) y la metanfetamina, drogas que están provocando una verdadera epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Solo en 2021, murieron 107.00 personas en el país, lo que supuso, según las autoridades sanitarias, un aumento de un 15% con respecto al año anterior.

“Aun cuando cambie la regulación federal y estatal de la marihuana”, continúa la declaración de Biden, “deben mantenerse importantes limitaciones al tráfico, la comercialización y la venta a menores de edad. Demasiadas vidas han cambiado debido a nuestro enfoque fallido de la marihuana. Es hora de que corrijamos estos errores”.

Los activistas en favor de la legalización celebraron inmediatamente la noticia. También lo hicieron candidatos a las próximas elecciones legislativas del próximo mes de noviembre, como el carismático aspirante a senador por el Estado de Pensilvania, John Fetterman, que ha hecho de la legalización del cannabis uno de los puntos ineludibles de su programa, y corrió a tuitear: “Lo logramos, Joe”.

El gesto de Biden también admite una clara lectura política. Los asesores de La Casa Blanca en la materia no ocultan que este anuncio podría animar a sectores como los jóvenes o la población negra, la más afectada por la persecución policial de este tipo de delitos, a votar el 8 de noviembre en unos comicios en los que está en juego el control de las dos cámaras (se elige la totalidad de los escaños del Congreso y la tercera parte de los del Senado), y en la que las encuestas dan por hecho que los demócratas perderán la mayoría que tienen en la Cámara Baja.

Con información de El País