Periodico Judicial

La Fiscalía General de la República FGR, allanó este martes varias propiedades vinculadas a Juan Pablo Durán, quien ha sidodeenido acsadode diversos delitos entre ellos el de haber prestado ayuda a Catalino Miranda.

Entre las propiedades en donde se realizaron registros están las sociedades ASEFIC, Durán Importaciones, SALVAPANELA, Enlace Inmobiliario y Asesoría Financiera Integral. La finalidad de los registros es la búsqueda de elementos que respalden la acusación de la Fiscalía contra el exfuncionario.

Durán Escobar fue detenido el pasado 30 de septiembre en el aeropuerto internacional, Óscar Arnulfo Romero, bajo la acusación de actos arbitrarios y cohecho impropio, en perjuicio de la administración pública.

Además de ser vinculado con el empresario Catalino Miranda a quien haría favores a cambio de beneficios monetarios, esto según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Más de seis millones de salvadoreños son aptos para acudir a las urnas el 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2024-2029.

«Hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, por un período de 4 meses», escribió la jefa del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en la red social X, antes Twitter.

«Vota por la N de Nayib Bukele. Vamos por todo», publicó el partido gobernante Nuevas Ideas en X, mientras el presidente del Congreso, el oficialista Ernesto Castro, escribió en esa red que está en marcha la «Operación 2024» y «con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país», todo esto, sin siquiera haber sido inscrita la fórmula presidencial oficialista.

Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados a la Asamblea Legislativa.

En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cuyos miembros fueron impuestos por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo- dictaminó que Bukele podía tentar la reelección a pesar de que al menos cinco artículos de la Constitución lo prohíben.

Bukele contenderá en los comicios junto a su vicepresidente Félix Ulloa, una figura estética que se ha dedicado a viajar por más de 4 años con dineros del erario público. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (CEC) le da al binomio presidencial del oficialismo un 68.4% de apoyo frente al 4.3% de su más cercano perseguidor.

Analistas aseguran que si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriben a Bukele como candidato, podrían perder sus derechos políticos. El artículo 75 de la Constitución estipula que pierden los derechos de ciudadano quienes «suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin».

En 2019 Bukele llegó a la presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que sigue como aliado suyo y a pesar de otra prohibición constitucional, será candidato de un nuevo partido fundado por él y sus acólitos, a pesar de haber un «transfugismo» implícito.

Sin embargo, no solo la campaña presidencial, sino todas las que llevarán candidatos al legislativo, municipalidades y Parlamento Centroamericano han arrancado de manera anticipada tanto en el ámbito nacional como internacional la búsqueda del voto electoral para las elecciones de 2024, a pesar de existir una prohibición, según establece la ley que rige estos procesos.

Las denuncias comienzan a llegar, de todos los bandos contra sus oponentes, que demandan se apliquen los respectivos castigos a quienes comienzan a llenar los espacios mediáticos y públicos de propaganda, incluso en el exterior, donde no rigen las leyes electorales salvadoreñas.

Sin embargo nadie espera que el TSE haga algo que pueda «molestar» al presidente de la República.

El periodo promocional terminrá el 31 de enero del próximo año y se decretará el silencio en la propaganda hasta transcurrida la votación el 4 de febrero en el caso de las presidenciales y el legislativo.

Según la norma, la multa establecida en el artículo 245 del Código Electoral por campaña adelantada podría oscilar entre mil 142.77 y cinco mil 713.85 dólares.

La fase o etapa de incidencias en el proceso judicial denominado “Saqueo Público”, en la que son juzgados la exprimera dama de la República Vanda Pignato y otros nueve exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, finalizó el pasado miérco previo a que el uez del caso decida sobre si hay elementos suficientes para declarar la apertura a juicio. La fase de incidenias se propone en el marco de la audiencia preliminar del caso.

A los acusados se les imputa los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y el desvío de $351 millones de fondos públicos para beneficio personal.

Durante la realización de la audiencia los defensores de los acusado expusieron los incidentes que según ellos han violado la seguridad jurídica de sus poderdantes principalmente de la ex primera dama de la república Vanda Pignato.

La defensa pidió el sobreseimiento definitivo para la exprimera dama asegurando que ya tuvo un proceso similar en el 2021, en el cual fue absuelta y que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará los mismos productos financieros (tarjetas de crédito, artículos adquiridos, entre otros) de ese anterior proceso.

La FGR mencionópor su parte aseguró que si bien parte de la prueba para la acusación es la misma, hay nuevos elementos con los que buscarán comprobar el enriquecimiento ilícito de Pignato.

La defensa también pidió la exclusión del exsecretario de la presidencia José Francisco Cáceres como testigo criteriado, aduciendo que no cumple con los requisitos para tal beneficio, como el hecho de ser de un nivel jerárquico mayor por su cargo.Sin embargo, la Fiscalía señaló que todos los imputados actuaron en coautoría y que Cáceres ya estuvo en procesos en contra de funcionarios de mayor rango, como el del expresidente Mauricio Funes

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó el miércoles al expresidente Mauricio Funes Cartagena a seis años de prisión por evasión fiscal, la segunda vez en poco más de un mes que un tribunal condena en rebeldía al expresidente que goza de asilo y ciudadanía nicaragüense.

Los fiscales habían pedido una sentencia de ocho años contra Funes, que vive en Nicaragua.

A fines de mayo, otro tribunal condenó a Funes a 14 años de prisión por negociar con las pandillas callejeras del país durante su administración.

El Salvador ha perseguido a Funes, de 64 años, quien gobernó de 2009 a 2014, por otros presuntos delitos en al menos media docena de casos. Nicaragua le dio la ciudadanía en 2019.

Funes es el segundo expresidente salvadoreño sentenciado a prisión por actividades ilícitas durante su administración. En 2018, el expresidente Tony Saca fue sentenciado a 10 años de prisión luego de declararse culpable de desviar más de $300 millones de fondos estatales. Fue antecesor de Funes, gobernó de 2004 a 2009.

El Salvador cambió sus leyes el año pasado para permitir los juicios en ausencia.

Los fiscales alegaron que Funes evadió alrededor de $85,000 en impuestos en 2014, su último año en el cargo. El tribunal le ordenó pagar $200,000 en multas e intereses.

La alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, fue enviada a juicio por parte del Juzgado Primero de Instrucción del referido municipio como parte de la resolución de la audiencia preliminar que se realizó en horas de la mañana de este lunes 3 de julio

Además, el juez ordenó que mientras se realice este proceso Montano debe permanecer bajo arresto provisional. De acuerdo con las autoridades, la edil es procesada por el delito de resistencia.

La audiencia preliminar finalizó a eso de las 11:30 am pero la resolución fue anunciada hasta las 2:00 de la tarde. Miguel Cárcamo, defensor de Montano, dijo que existen incoherencias en la acusación de Fiscalía con respecto al delito de resistencia.

Por Eduardo Vázquez Bécker.- Editorial,. “Durmiendo el sueño de los justos” es una expresión (de origen griego) que originalmente hacía referencia a los jueces atenienses de quienes se decía que dormían en forma muy tranquila, porque no tenían cargos de conciencia, o sea que, como llevaban una vida ética y moral, nada los perturbaba.

En El Salvador, como en muchas otras partes, esa expresión la utilizamos en sentido traslaticio; por ejemplo, en vez de referirnos a los jueces nos referimos a las causas o procesos.- Están durmiendo el sueño de los justos, solemos decir cuando vemos pasar los días y las semanas y los meses y los años, sin una resolución definitiva que ponga fin a cualquier controversia. La aplicamos a cosas o situaciones para decir que están trancadas, dejadas de lado, “durmiendo” en el cajón ó escritorio de alguien, o sea que no avanzan ni a tragos ni rempujones. Nos referimos de manera especial a los juicios penales de interés político cuyos plazos parecen ser eternos en desmedro de la justicia y el debido proceso.

La situación es alarmante. Existen tribunales hacinados de procesos en los cuales solo constan los requerimientos fiscales, el auto de detención, con o sin otorgamiento de medidas y señalamiento de audiencia preliminar, que no “caminan” desde hace más de seis años, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Esos procesos “duermen el sueño de los justos”.

No se valen los pretextos ni las escusas. Cuando un juez no hace “caminar” un proceso o le pone fin a las argucias de las partes, deja de ser el juzgador y se convierte en cómplice. La Fiscalía también tiene su parte ya que a falta de elementos probatorios su reglamento le permite solicitar sobreseimientos provisionales o retirar los cargos formulados en defensa de la legalidad a la que está llamda a defender.

En el caso de los tribunales superiores la cosa es más grave por cuanto estos son los llamados a subsanar las fallas de sus inferiores, pero no siempre es así. En estas instancias muchos recursos de habeas corpus y de amparo, que por ser de categoría constitucional deben ser resueltos con prioridad,”duermen el sueño de los justos” y muchas veces sus resoluciones se dan cuando las causas del reclamo han desaparecido o cuando el impetrante ya ha fallecido.

El caso conocido como Coruptela, ideado y capitaneado por el exfiscal Duglas Meléndez, cuya ilegalidad ha sido demostrada hasta la saciedad, es un ejemplo clásico para ilustrar el tema del que estamos hablando. Sin prueba fiscal, con testigos “chabeliados” que luego se retractaron judicialmente y con un evidente motivo político, lleva más de cinco años sin definición judicial afectando los derechos constitucionales de treinta ciudadanos especialmente su deecho a ser considerados inocentes.

Finalmente, si la expresión griega “Dormir el sueño de los justos”, es dormir en paz, porque has actuado de manera ética, moral y justa, nos preguntamos si esta es aplicable a los jueces de El Salvador que advertidamente dejan pasar el tiempo por sobre el derecho o si, por el contrario, debemos decir que ellos padecen de insomnio por falta de las virtudes que se atribuían a los jueces atenenienses.