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El Salvador. Sobrepasan los 30.000 pandilleros capturados por régimen de excepción

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Con las capturas de pandilleros realizadas en las últimas 24 horas, la cifra de supuestos integrantes de las pandillas MS13 y Barrio 18 subieron a 30.000 los detenidos en los 50 días del régimen de excepción en El Salvador, dijo una fuente conocida de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los arrestos se han efectuado por miembros de la PNC y de la Fuerza de El Salvador y la Fuerza Armada, en medio de señalamientos de capturas arbitrarias y exceso de fuerza de las autoridades por parte de organismos de derechos humanos.

A la denuncia de los tres más importantes organismos internacionales de Derechos Humanos se sumo esta semana el cardenal Gregorio Rosa Chávez quien aseguró que el redimen de excepción “está generando más fuentes de odio, de venganza y de resentimientos”

Los comentarios del Cardenal Rosa Chávez provocaron la indignación del diputado Herman Bruch quien respondió a través del Twitter insultando y acusando de manera insólita al prelado salvadoreño.

La PNC informó este sábado que, hasta el sábado, se había capturado a 488 personas en todo el país. Esta cifra eleva más cerca de quinientas más efectuadas en la ultimas 24 horas hizo llegar la cifra a unos 30.000 desde el 26 de marzo, cuando el Gobierno le declaró una “guerra” a las pandillas y estableció el régimen de excepción.

El Gobierno estableció el régimen de excepción el sábado 27 de marzo, el régimen de excepción juego de un violento repunte de homicidios que dejó 62 muertes en un solo día, el más letal en la historia reciente del país.

Human Rights Watch, Cristosal, y Amnistía Internacional han rechazado las detenciones sumarias, y aseguran que hay más de 300 capturas arbitrarias, en su mayoría, de personas que no tienen vínculos con pandillas. Además, señalan que en general,, los derechos humanos de la población están gravemente amenazados debido a procesos arbitrarios y malos tratos de agentes de seguridad.

Con el régimen, el Gobierno suspendió algunos derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, y avaló las capturas sin orden judicial y una ampliación al plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga.

Diputados de Nuevas Ideas afirman que si el Gobierno lo pide, están dispuestos a ampliar nuevamente la suspensión de derechos constitucionales.

FBI dice que masacre en Buffalo fue un crimen de odio

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ES.DL.- Luego de que se protagonizara un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde diez personas murieron este sábado, el FBI se encuentra investigando los hechos y ha catalogado el suceso como un crimen de odio.

Stephen Blodgett, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Buffalo, y Trini Ross, fiscal federal del distrito oeste de Nueva York, aseguraron a Associated Press que el incidente es investigado como “crimen de odio” y un caso de “violencia extremista con motivación racista”.

Asimismo, un alto funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley identificó al sospechoso como Payton S. Gendron, de 18 años. El funcionario le indicó a los investigadores que revisaban un “manifiesto” que se sospecha el adolescente publicó en internet.

Los investigadores indicaron que el sospechoso era un joven de raza blanca, que al momento del ataque estaba vestido con ropa militar, 

El objetivo del sospechoso fue un supermercado en una zona residencial ubicada cinco kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, cuya población es en mayoría afroamericana.

Las autoridades están analizando si el sospechoso es autor del presunto manifiesto compartido en internet, donde su descripción y actuación coinciden con lo ocurrido este sábado y defiende la ejecución de una matanza con el fin de evitar el “reemplazo” de la raza blanca por otras razas. En el presunto manifiesto denuncia un “genocidio blanco”.

Durante el ataque, el sospechoso disparó primero a varios clientes del supermercado en la zona de aparcamiento, para después continuar la matanza dentro del establecimiento, para terminar saliendo del local.

“Estaba ahí plantado con su ropa militar y apuntándose a la barbilla con su arma, como si fuera a volarse la cabeza”, indicó un testigo identificado como Braedyn Kaphart, en declaraciones a Buffalo News. “No sabíamos qué estaba pasando. Después se cayó en sus rodillas, se quitó el casco, tiró el arma y fue capturado por los agentes policiales”.

Fiscalía demanda a Shafik Handal por enriquecimiento ilícito

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Por Eduardo Vázquez Bécker.- La Fiscalía General de la Republica presentó este viernes una demanda civil en contra del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal y su grupo familiar, a quien acusan por el delito de Enriquecimiento Ilícito, por un monto total de US$182,374.61.

La demanda fue presentada ante la Cámara Segunda de lo Civil-

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el exdiputado Handal no justificó su incremento patrimonial generado durante el periodo del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, tiempo que ejerció como diputado.

A Handal se le reclaman 4 irregularidades por las que obtuvo un aumento no justificado de $40,525.62; a su cónyuge Lilian Amanda de Handal 6 irregularidades por la cantidad de $109,589.62; y a sus dos hijas 3 irregularidades por un monto de $32,259.37.

Fiscal general asegura que por lo menos 18 mil pandilleros guardan prisión provisional

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Por Eduardo Vázquez Bécker

El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado aseguró este jueves que de los 30,000 supuestos pandilleros capturados desde que se implantó el estado de Excepción, 18.000 han sido consignados a los tribunales sujetos a detención provisional.

” Llegamos a más de 18 mil detenciones provisionales. Hemos presentado ya 393 requerimientos fiscales” dijo Delgado en cuenta de Twitter.

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Por otra parte Delgado también anunció un acuerdo interinstitucional con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, mediante el cual se suscribió un Convenio que permitirá coordinar esfuerzos para impulsar acciones de forma eficaz y oportuna en los procesos de investigación de la FGR.

Con este convenio, ambas instituciones podrán intercambiar información por medios informáticos, para investigar delitos relativos a la Apropiación o Retención de Cuotas Laborales y otros delitos que afecten al ISSS así como a los a los derechohabientes.

“Creo que es un tema de justicia y de reivindicación de los derechos laborales y la FGR no dudará en iniciar las acciones en los tribunales penales contra estos malos empresarios que han decidido lucrarse de las aportaciones de sus empleados” enfatizó Delgado.

Delgado también informó que 55 miembros de la MS han si condenados a penas de hasta 130 años de prisión por los delitos de Homicidio Agravado, Homicidio Agravado Tentado y Agrupaciones Ilícitas.

EE.UU. detiene al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por narcotráfico

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El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew A. Fahie, y el director de puertos de ese territorio, Oleanvine Maynard, fueron arrestados este jueves en Miami, Florida, por presunto “contrabando de cocaína y lavado de dinero”, informó el gobernador del archipiélago caribeño, John Rankin.

“Es mi deber como gobernador informar que esta mañana el honorable premier Fahie fue detenido en Miami por cargos relacionados con una conspiración para importar sustancia controlada y lavado de dinero”, dijo Rankin en un comunicado.

El Gobierno de Estados Unidos informó al Reino Unido de este arresto “como parte del proceso habitual seguido cuando un ciudadano británico es arrestado en el extranjero”, añadió el gobernador.

Fahie y Maynard, que según el diario Miami Herald  se encontraban en el sur de Florida participando en el Seatrade Cruise Global, la principal cita mundial de la industria de los cruceros, fueron detenidos en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa-locka por agentes federales encubiertos.

Los altos funcionarios de Islas Vírgenes Británicas fueron arrestados después de reunirse con agentes encubiertos de la Administración de Control de Drogas (DEA) que se hacían pasar por traficantes mexicanos de cocaína.

Ambos acudieron al aeropuerto este jueves por la mañana para ver un presunto cargamento de 700.000 dólares en un avión que creían que estaba destinado a las Islas Vírgenes Británicas, según dijeron las autoridades al Miami Herald.

Los agentes se hicieron pasar por miembros del cartel mexicano de Sinaloa.

A Fahie y Maynard se les acusa de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero y deben comparecer en una corte de Miami este viernes por la tarde junto a otro detenido, adelantó el rotativo.

Se trata de Kadeem Maynard, quien también fue arrestado hoy con relación al caso, pero no en Miami, dijeron las autoridades al mismo medio.

Al tratarse de una investigación estadounidense en curso, Rankin indicó que no dispone de más información sobre el arresto ni puede efectuar más comentarios.

Sin embargo, Rankin confirmó que el arresto fue resultado de “una operación estadounidense dirigida por la DEA”. EFE

Continúa audiencia preliminar contra ex primera dama, Vanda Pignato y 10 funcionarios del gobierno de Funes

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En el Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador continuó este miércoles la audiencia preliminar en contra de la ex esposa de Funes, Vanda Pignato y 10 funcionarios más que se desempeñaron en el gobierno de Funes.

El caso, conocido como “saqueo público” en el cual está vinculado el ex presidente Mauricio es considerado como uno de los más emblemáticos. Mauricio Funes, es un imputado ausente, ya que reside en Nicaragua, país que le concedió su nacionalidad .La audiencia dio inicio el 28 de febrero de este año

“Hoy vamos a dar inicio con la presentación del caso de parte de cada uno de los defensores, es decir que la Fiscalía acaba de terminar su presentación en el caso, su relato de hechos, su calificación jurídica para cada una de las conductas atribuidas a los once imputados, así como el ofertorio probatorio. Cada equipo de defensores va a presentar sus
argumentos”, declaró el fiscal del caso.

El abogado defensor de los acusados Francisco Rodríguez, Jorge Castellano y Pablo Gómez, exempleados de la Unidad Financiera de la Presidencia, argumentó que sus clientes seguían órdenes del Secretario Privado de Presidencia.

Entre los acusados destacan la ex primera dama, Vanda Pignato, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, Pablo Gómez, ex contador de Casa Presidencial y Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro de Funes.

De acuerdo a la acusación fiscal son $350 millones desfalcados del erario en el caso Saqueo Público, encabezado por el expresidente Mauricio Fune

Bukele pide ampliar 30 días el estado de excepción en El Salvador

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Por Eduardo Vázquez Bécker. DL.-El presidente Nayib Bukele, solicitó al Congreso prorrogar este domingo por un mes el régimen de excepción decretado el 27 de marzo y que suma 16.000 pandilleros detenidos en respuesta a una ola de homicidios

En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa, la ampliación del RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN por 30 días más, escribió Bukele en su red de Twitter.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, manifestó que está de acuerdo con la solicitud del presidente Bukele y le ofreció su respaldo por lo que se da como un hecho consumado la ampliación del redimen especial que dura desde el pasado 26. Castro ha convocado una sesión plenaria urgente para las 14.00 horas de este domingo

El régimen de excepción vigente desde hace casi un mes implica la suspensión de garantías constitucionales y se puede aplicar “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público”.

Voceros autorizados de la Policía Nacional Civil, PNC, informaron que en los 29 días de operativos antipandillas realizados desde que entró en vigencia el actual estado de excepción han sido capturados unos 16.053 pandilleros agregando que la posibilidad de que dicha cantidad de detenidos suba a más de 20,000 durante los próximos 30 días. Solo este sábado fueron capturados unos 600.

Los analistas asegura que la prolongación del régimen de excepción permitirá al las autoridades fiscales del país poder argumentar judicialmente los cargos bajo los cuales han sido capturados los más de 16 mil supuestos pandilleros. cosa que sería imposible llevar a cabo dentro de un redimen normal.

Mientras tanto y un poco acompañado de las prohibiciones que impone el régimen, el alcalde de San Salvador Mario Durán impulsó un nuevo esfuerzo para convertir la capital, San Salvador, en un modelo centroamericano de reurbanización para lo cual procedió al desalojo de más de 5.000 vendedores informales del centro histórico de la capital.

Con este proyecto, el alcalde espera desalojar otras 50 calles de la ciudad y así mostrar una caa desconocida de la urbe capitalina.

La medida aunque cuestionada por los partidos de oposición, ha contado con la satisfacción de la ciudadanía fortaleciendo aún más el apoyo popular con el que cuenta el presidente Bukele.

Así luce la calle Rubén Darío tras ser recuperada por la Alcaldía de San Salvador

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Reportaje fotográfico de Eduardo Vázquez Bécker

En una de las más acertadas decisiones de la Alcaldía Municipal de San Salvador, la emblemática Calle Rubén Darío ha comenzado a mostrar la imagen de una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico de San Salvador que parecía condenada a permanecer sepultada entre el desorden de los informales y la delincuencia organizada.

Recobrar la famosa calle Rubén Darío, no es un caso aislado, responde a un ambicioso proyecto de reforma urbanística del alcalde Durán para unirla a otros enclaves históricos que apenas han logrado sobrevivir en el centro capitalino así como a otros proyectados que incluyen una Biblioteca que reemplazará a la destruida el diez de octubre por la fuerza incontrolable de un terremoto.

El presidente de la República, Nayib Bukele mostró algunas imágenes de la importante vía y felicitó al alcalde tras el desalojo de los venderos destacando lo importante que era que no se haya usado violencia para lograr.

Esto no solo traerá más limpieza, orden y seguridad, sino que revelará gran parte de nuestra historia y nuestra cultura, dinamizará la economía, el turismo, continuará con el rescate del Centro Histórico que iniciamos en 2015, rescatará espacios públicos, dijo el mandatario.

Edificios emblemáticos como el Telégrafo, con valor histórico, cultural y arquitectónico, pueden ser ahora contemplados de arriba a abajo y podrán ser estudiados y conservados como parte del patrimonio de la ciudad de San Salvador y de sus habitantes.

Entre las edificaciones que han quedado “!al descubierto”! figura el Telégrafo, en el cual funcionó por mucho tiempo la Tropical Radio And Telegraph que se encargaba transmitir y repartir los telegramas en El Salvador-

Los usuarios tenían que llegar hasta el edificio para dictar el texto de sus mensajes para lo cual, después de dictarlos al telegrafista de turno este le informaba de cuántas palabras constaba para así determinar su precio. Luego valiéndose el sistema morse que funcionaban en las sucursales del telégrafo y ya ahí el mensaje era traducido y enviado por , dependiendo de su urgencia, a los destinatarios. Escuchar el ruido de una moto a media noche o madrugada era interpretado como señal de malas noticias.

Frente a uno de los costado del Telégrafo estaba la Universidad y en un primer plano la facultad de humanidades. De ese lugar fue “sacado a golpes” el ex rector José Rodríguez Ruiz.

También han reaparecido históricos establecimientos como La Casa Antonio Bou, Kismet,, Simán Centro y otros de grata recordación.

Los dueños de los almacenes que permanecían ocultos se desde tempranas horas de este sábado a pintar sus fachadas así como a lavar y las aceras que mostraban costras de suciedad.

Corrupción, cohecho y tráfico de influencias hacen a un Estado ineficaz, injusto e ineficiente

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Radiografía del ciudadano latinoamericano, hecha por Gabriel García Márquez. En todo: en lo bueno y lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo del triunfo y en la amargura de la derrota. Destruimos a nuestros ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos, intuitivos, autodidactas, y rápidos trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la la justicia y la impunidad: somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma, un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo (“Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia” del autor colombiano Jaime Lombana)

Prólogo del ex Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre a la obra de Lombana, uno de los penalistas más brillantes de la academia colombiana. Recomendamos su lectura no solo a los estudiosos del derecho penal, pero en especial a los abogados en ejercicio y a los fiscales de la nación. DL

La filósofa española Adela Cortina, en una de sus aproximaciones a lo que ella ha querido llamar una “ética pública”, define la corrupción como una acción que se aparta de la legitimidad social que la sustenta y que solo beneficia intereses particulares. Con ello quiere decir que cuando la acción de una persona es corrupta, se desvía del fin social esperado para prestarse a intereses mezquinos que atentan contra los intereses públicos y afectan el bien común. No en vano la organización internacional Transparency International en su informe de 2012 sobre el preocupante aumento de la corrupción en el mundo, mostró cómo la desviación de las acciones hacia beneficios personales y egoístas tiene graves consecuencias sobre los más pobres de la sociedad, quienes tienen que pagar, incluso con sus vidas, el costo de la malversación de los recursos públicos. La corrupción es una forma –quizás la más grave– de injusticia social. Así lo indican los expertos: La corrupción se traduce en sufrimiento humano, en familias pobres que son obligadas a sobornar si quieren ser atendidas por un médico o acceder a agua potable. La corrupción afecta la distribución de servicios básicos como la educación, y posterga las inversiones en infraestructura porque los corruptos hacen desaparecer los fondos. La corrupción se convierte en un impuesto sucio, y los pobres son sus víctimas principales.

En un Estado como el colombiano, que se funda “en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” puede afirmarse sin lugar a duda que la corrupción pública es una práctica siniestra en donde los que resultan más lesionados con la corrupción pública son los asociados. Los estudios señalan que si, por ejemplo, la corrupción de Singapur –uno de los países con la tasa más alta de transparencia en el uso de los recursos públicos– ascendiera a la de Pakistán, que de acuerdo con el ranking Global Corruption Report ocupa el puesto 37 en la lista de los países más corruptos, esta circunstancia incrementaría un 1.6 puntos porcentuales el gasto público y reduciría en unos 10 puntos los ingresos del pib. La corrupción afecta negativamente el crecimiento y el desarrollo de los Estados. Reduce sustancial y dramáticamente la productividad, la inversión y por lo tanto, la tasa de crecimiento.

Por todas las anteriores razones, puede afirmarse que los estudios sobre cómo combatir la corrupción son imprescindibles para la democracia.

La presente obra, por medio de la cual la Universidad de León le otorgó al profesor Jaime Lombana Villalba el título de doctor en derecho, fue dirigida por grandes maestros del derecho penal español y se constituye en un gran aporte para el tema, en tanto muestra cómo la corrupción pública conduce a un grave quebrantamiento de los principios esenciales sobre los que se asienta todo régimen democrático.

El trabajo de grado centra su atención en resaltar la administración pública como un bien jurídico que amerita una especial protección por parte del derecho penal. Para ello, el profesor Lombana parte de la regulación de dos tipos penales presentes tanto en el derecho penal español como en el colombiano: el cohecho y el tráfico de influencias. Como lo expone en el texto, son estas las conductas de las que a menudo se valen los corruptos para lograr sus intereses egoístas y punibles. Además de reflexionar sobre los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el texto muestra cómo a partir de la aplicación de los principios de la administración pública consagrados en la Constitución y las normas disciplinarias aplicables a los servidores públicos, se puede delimitar la conducta reprochable y distinguir la delgada línea que separa lo punible de lo socialmente permitido.

El texto parte correctamente de entender que el derecho penal comienza en la Constitución y que el ius punendi del Estado debe estar orientado a hacer efectivos los derechos y valores de la Carta. Y no sólo porque la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad no pueden desconocer los derechos fundamentales, en la medida en que son el cimiento y el límite de la ley penal, sino que además los principios y los fines del Estado explican, por un lado, por qué la administración pública es un bien jurídico de especial protección, y por otro, definen hasta dónde pueden ir la autonomía, eficacia y desconcentración de la administración pública.

 Este libro desarrolla la problemática pertinentemente, presentándola en cinco capítulos. El primer capítulo responde a las preguntas de por qué el tráfico de influencias y el cohecho son dos de las principales manifestaciones del grave flagelo de la corrupción pública. Así da cuenta de que la principal causa del desvío de las acciones hacia el desmedro del bien común es la mezcla de intereses particulares con intereses políticos. A su vez, este aparte propone que la legislación penal debe prever la posibilidad de levantar la reserva que aún existe en algunos sectores de la administración y que se presta para la falta de transparencia y publicidad de los actos propios de la administración del Estado.

Señala además que la participación de los ciudadanos resulta crucial en la lucha contra la corrupción. En el segundo capítulo el autor enuncia el desarrollo histórico que ha tenido la tutela penal de la administración pública en España. El lector conocerá las diferentes fórmulas de tipificación así como las principales teorías jurisprudenciales y doctrinales sobre el bien jurídico de la administración pública. Precisamente este aparte muestra cómo el derecho penal ha dejado de tutelar un deber del cargo para entrar a proteger el funcionamiento de la administración pública. Lo anterior permite contar con un tipo penal mucho más amplio y acorde con un Estado descentralizado y dinámico en sus relaciones y proyectos.

El tercer capítulo del texto estudia el delito de tráfico de influencias en la legislación española, y con gran análisis y detalle investigativo, el autor afirma que no toda influencia en el servidor público es una acción punible para el derecho penal.

De ahí que la influencia debe cumplir con los siguientes requisitos: ha de ser real, con cierto grado de eficacia y debe causar un beneficio. Sólo así se podrá garantizar un derecho penal mínimo, garantista de los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el cuarto capítulo aborda, desde una perspectiva histórica, el delito de cohecho en España, haciendo especial énfasis en las ventajas que representa la manera en que actualmente está tipificado en la ley orgánica 05 de 2010, que delimita las conductas permitidas a partir de criterios útiles como es el caso del riesgo permitido.

De esta forma se pueden evitar investigaciones y juzgamientos desproporcionados, ya que otro de los criterios que tiene en cuenta la ley penal es la cuantía de la dádiva. Finalmente, el último capítulo de la obra del profesor Jaime Lombana formula un análisis bastante completo sobre el delito de cohecho y el delito de tráfico de influencias en el Código Penal Colombiano, con el fin de proponer la aplicación de algunos criterios elaborados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia española sobre la materia. Respecto al delito de cohecho en la legislación nacional, argumenta por qué la tesis italiana que recoge nuestro Código Penal y que distingue entre concuzione y corruzione, –diferente a la formula unificada usada por el derecho español– no permite realizar una diferenciación de la punibilidad. Con ello quiere decir que el tipo penal existente no distingue entre la inducción y el constreñimiento. No hay duda de que esta crítica genera un interesante debate dentro de la doctrina y la jurisprudencia nacional.

En cuanto al capítulo quinto, éste aborda el delito de tráfico de influencias consagrado en los artículos 411 y 412 del Código Penal y pone en duda su sencilla regulación en la medida en que su carácter “simplista” se presta para que los corruptos aprovechen las lagunas del tipo y se excusen en la ley para evadir sus responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal.

Es indiscutible que el texto del profesor Jaime Lombana Villalba, escrito desde su perspectiva de abogado en ejercicio, es una herramienta que ha de tenerse en cuenta a la hora de estudiar los mecanismos para combatir la corrupción en el marco de los postulados del Estado Social de Derecho, en especial aquellos que la Constitución Política exige para el funcionamiento del sistema democrático

Por lo tanto, las actuaciones venales, la concesión de ventajas indebidas dentro de los procedimientos estatales, el ocultamiento de información a los ciudadanos y la restricción de los legítimos espacios de participación ciudadana en la administración, entre otras conductas, son incompatibles con las previsiones constitucionales que propugnan por la protección del interés general como base misma del Estado.

Es indudable que la legitimidad política de la democracia se ve gravemente afectada por la corrupción. La corrupción es la principal causa de un Estado ineficaz, injusto e ineficiente. Lo más grave de todo es que la crisis que generan los sistemas corruptos facilita la violación de los derechos humanos. Sólo cuando el Estado logre la realización efectiva de los principios que consagra la Constitución y evite que el interés egoísta de unos pocos logre anteponerse al interés general, se podrán recomponer en buena medida los lazos de confianza que se han roto entre los ciudadanos, las instituciones del Estado y sus servidores, lo que constituye un capital ético de enorme valor.

Por esto último, es preciso decir que el texto titulado: Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia se une a las voces de aquellos que afirman la necesidad de forjar una “ética pública” como antídoto para combatir la corrupción. Jaime Lombana es uno de los penalistas más brillantes de la academia colombiana y su libro constituye un gran aporte al derecho hispanoamericano. Sin duda, el texto es una valiosa herramienta de trabajo para los estudiosos del derecho comparado. Estamos ante una magnífica obra, construida durante varios años con esfuerzo y disciplina. Es el producto indiscutible de una vida dedicada a la academia y al ejercicio de la profesión de abogado con innegable tesón e inteligencia.

Policía de NY captura al sospechoso del ataque con balas y granadas en el Metro de Nueva York

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Frank James, sospechoso de causar el tiroteo y las explosiones que dejaron 29 heridos ayer en el Metro de Nueva York, fue arrestado después de más de 24 horas de intensa búsqueda por el FBI y NYPD

La policía lo identificó en las calles del East Village, reportó Daily News . James, de 61 años, fue arrestado con una orden federal y se enfrentará a la justicia en el Tribunal Federal de Brooklyn. No se conocieron detalles ni cargos de inmediato, y NYPD estaba al momento tomando las huellas dactilares del anciano para asegurarse de que tenían bajo custodia al hombre solicitado, dijo una fuente.

Los teléfonos inteligentes de toda la ciudad resonaron esta mañana al menos dos veces con alertas instando a los neoyorquinos a contactar a las autoridades con cualquier información sobre el sospechoso un twitter muestra un video donde se ve a James esposado por efectivos de NYPD y subido a una patrulla.