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Corte Suprema pendiente de resolver extradición de otros siete jefes históricos MS-13

El plazo para una decisión de los magistrados sobre la extradición de influyentes cabecillas de la pandilla reclamados por Estados Unidos vence en los primeros meses de este añ

Los procesos de detención en vías de extradición de siete cabecillas de la Mara Salvatrucha, agrupados en la Ranfla Nacional que Estados Unidos reclama por terrorismo, están por cumplir los dos años de prisión provisional en los juzgados de Paz de El Salvador. Se trata del máximo plazo que concede la legislación salvadoreña para resolver estos casos.Playvolume

El primero próximo a vencer es el de Edson Sachary Eufemia, alias «Speedy’, que es tramitado por el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. La solicitud de extradición fue recibida en esa sede judicial el 24 de enero de 2022. Dos días después, el Juzgado Primero de Paz recibió el caso similar contra Leonel Alexander Leonardo, alias «Necio».

En febrero de ese mismo año, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador recibió el trámite de extradición de José Luis Mendoza Figueroa, alias «Pavas». Y el 4 de abril de 2022, el Juzgado Quinto de Paz inició el trámite de Borromeo Enrique Henríquez, alias «Diablito», señalado por las autoridades federales estadounidenses como el máximo cabecilla de la Mara Salvatrucha en El Salvador, quien guarda prisión en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. «Diablito», según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, participó en negociaciones con el actual Gobierno de El Salvador para garantizar la reducción de homicidios.

Las solicitudes de extradición de Arístides Dionisio Umanzor, alias «Sirra»; y Ricardo Alberto Díaz, alias «Rata», también fueron presentadas en abril de 2022 ante el extinto Juzgado 14 de Paz de San Salvador, que fue reconvertido en otra sede judicial, por lo que ambos casos fueron distribuidos en el resto de juzgados. Y el caso del séptimo cabecilla solicitado, José Fernández Flores Cubas, alias «Cola», es tramitado en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador desde mayo de 2022.

Ningún jefe de pandilla entre 11 salvadoreños extraditados a EUA

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) debe resolver en los primeros cinco meses de este año la extradición de estos siete cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha que forman parte de un proceso penal iniciado en diciembre de 2020 en EUA, cuando los fiscales presentaron el requerimiento por terrorismo contra 14 jefes históricos de la MS-13 en el Distrito Este de Nueva York.

Se trató de la solicitud de un primer grupo de la Ranfla Nacional que la justicia federal estadounidense pretende enjuiciar por delitos como conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para comete actos de terrorismo que trascienden la fronteras nacionales y conspiración para narcoterrorismo.

Esa acción judicial por terrorismo fue revelada hasta enero de 2021, cuando el fiscal general de Estados Unidos en funciones de ese entonces, Jeffrey A. Rosen, dijo que se trataba de «la acusación más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EUA contra la MS-13 y su estructura de mando y control».https://0f673d25a321e0fbe86ef8ac6144d4f6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

Ministro de Seguridad confirma que están por acusar a 494 máximos líderes de la MS-13

Los detalles de la acusación están en el requerimiento federal con la referencia CR 20 577. Ese documento describe a la Ranfla Nacional como «la junta directiva de la organización que se encargó de dirigir la violencia y actividad delictiva de la MS-13 en todo el mundo durante casi dos décadas».

El expediente judicial describe, además, que «incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo».https://0f673d25a321e0fbe86ef8ac6144d4f6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html?n=0

La acusación realizada por las agencias de seguridad de EUA apunta que los cabecillas de la pandilla «utilizaban la gran cantidad de miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para participar en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13 en El Salvador y en otros lugares, y dirigían a sus miembros en los Estados Unidos a cometer actos de violencia, incluidos asesinatos, para promover sus objetivos».

Precedente negativo

La Corte Suprema de Justicia, con mayoría afín al oficialismo, ya negó la extradición de cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha, entre ellos tres jefes históricos de esa pandilla, que fueron solicitados en una primera petición contra un total de 14.

En Junio de 2023, los magistrados acordaron negar la extradición de Eduardo Erasmo Nolasco, alias «Colocho», el cuarto jefe pandillero que la CSJ se niega a extraditar a los Estados Unidos en los últimos dos años y medio, desde aquel 10 de junio de 2021 cuando los magistrados revocaron su mismo acuerdo de trasladar a Eliú Melgar Díaz, alias «Blue», para que fuera juzgado por una corte de Virginia por terrorismo, En ese entonces argumentaron la necesidad de un mayor análisis constitucional

En marzo de 2023, la CSJ también frenó la extradición de Hugo Armando Quinteros Mineros, alias «Flaco». Y el 11 de mayo de 2023, los magistrados también negaron el traslado de Efraín Cortez, alias «Tigre» a suelo estadunidense, dos de los cabecillas, junto a «Colocho», que forman parte del listado de los 14 que reclama una corte de Nueva York.

El 24 de febrero el año pasado, el Departamento de Justicia de EUA dio a conocer una nueva acusación de cuatro cargos de crimen organizado y actos de terrorismo contra otros 13 jefes de alto rango de la MS, tres de ellos arrestados en México y expulsados a Texas, donde fueron detenidos.

Esta acusación se convirtió en un segundo grupo solicitado por Estados Unidos, para totalizar a 27 pandilleros salvadoreños requeridos. De ese total, cinco pandilleros ya están bajo arresto federal en Estados Unidos, cinco más están en condición de prófugos y los otros 17 guardan prisión en El Salvador.

En ese segundo expediente judicial, con referencia CR 22 429, las autoridades estadounidenses vinculan a los acusados con negociaciones para firmar una tregua que otorgó beneficios a los pandilleros en prisión y que redujo los homicidios en El Salvador, acuerdo que involucra al actual gobierno salvadoreño.

Esa nueva acusación federal establece que parte de ese acuerdo contempla la negativa de los pandilleros a ser extraditados: «La Ranfla Nacional exigió que el gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13 a los Estados Unidos para su enjuiciamiento»

FGR allana inmuebles vinculados a Juan Pablo Durán

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La Fiscalía General de la República FGR, allanó este martes varias propiedades vinculadas a Juan Pablo Durán, quien ha sidodeenido acsadode diversos delitos entre ellos el de haber prestado ayuda a Catalino Miranda.

Entre las propiedades en donde se realizaron registros están las sociedades ASEFIC, Durán Importaciones, SALVAPANELA, Enlace Inmobiliario y Asesoría Financiera Integral. La finalidad de los registros es la búsqueda de elementos que respalden la acusación de la Fiscalía contra el exfuncionario.

Durán Escobar fue detenido el pasado 30 de septiembre en el aeropuerto internacional, Óscar Arnulfo Romero, bajo la acusación de actos arbitrarios y cohecho impropio, en perjuicio de la administración pública.

Además de ser vinculado con el empresario Catalino Miranda a quien haría favores a cambio de beneficios monetarios, esto según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Arranca campaña electoral presidencial con Bukele a la cabeza

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Más de seis millones de salvadoreños son aptos para acudir a las urnas el 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2024-2029.

«Hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, por un período de 4 meses», escribió la jefa del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en la red social X, antes Twitter.

«Vota por la N de Nayib Bukele. Vamos por todo», publicó el partido gobernante Nuevas Ideas en X, mientras el presidente del Congreso, el oficialista Ernesto Castro, escribió en esa red que está en marcha la «Operación 2024» y «con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país», todo esto, sin siquiera haber sido inscrita la fórmula presidencial oficialista.

Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados a la Asamblea Legislativa.

En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cuyos miembros fueron impuestos por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo- dictaminó que Bukele podía tentar la reelección a pesar de que al menos cinco artículos de la Constitución lo prohíben.

Bukele contenderá en los comicios junto a su vicepresidente Félix Ulloa, una figura estética que se ha dedicado a viajar por más de 4 años con dineros del erario público. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (CEC) le da al binomio presidencial del oficialismo un 68.4% de apoyo frente al 4.3% de su más cercano perseguidor.

Analistas aseguran que si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriben a Bukele como candidato, podrían perder sus derechos políticos. El artículo 75 de la Constitución estipula que pierden los derechos de ciudadano quienes «suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin».

En 2019 Bukele llegó a la presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que sigue como aliado suyo y a pesar de otra prohibición constitucional, será candidato de un nuevo partido fundado por él y sus acólitos, a pesar de haber un «transfugismo» implícito.

Sin embargo, no solo la campaña presidencial, sino todas las que llevarán candidatos al legislativo, municipalidades y Parlamento Centroamericano han arrancado de manera anticipada tanto en el ámbito nacional como internacional la búsqueda del voto electoral para las elecciones de 2024, a pesar de existir una prohibición, según establece la ley que rige estos procesos.

Las denuncias comienzan a llegar, de todos los bandos contra sus oponentes, que demandan se apliquen los respectivos castigos a quienes comienzan a llenar los espacios mediáticos y públicos de propaganda, incluso en el exterior, donde no rigen las leyes electorales salvadoreñas.

Sin embargo nadie espera que el TSE haga algo que pueda «molestar» al presidente de la República.

El periodo promocional terminrá el 31 de enero del próximo año y se decretará el silencio en la propaganda hasta transcurrida la votación el 4 de febrero en el caso de las presidenciales y el legislativo.

Según la norma, la multa establecida en el artículo 245 del Código Electoral por campaña adelantada podría oscilar entre mil 142.77 y cinco mil 713.85 dólares.