miércoles, septiembre 17, 2025
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La Reserva Federal prepara otro aumento de los tipos de interés en EE.UU para tratar de frenar la inflación

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La Reserva Federal estadounidense (Fed) finalizó el miércoles su reunión de política monetaria y se espera que anuncie una subida de los tipos de interés, la sexta consecutiva, que los mercados creen que será de 75 puntos básicos, como la vez anterior.

Según los expertos, la subida volverá a ser del 0,75 % y con ello el banco central estadounidense encadenará seis alzas consecutivas desde marzo, cuando el regulador decidió comenzar a actuar para frenar la subida de precios iniciada como consecuencia de la pandemia y los fallos de la cadena de suministro global.

Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés oficial de la mayor economía del mundo pasará a situarse así en una horquilla de entre el 3,75 % y el 4 %, un nivel no visto desde 2007.

En la reunión de septiembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya avanzó que lo adecuado es seguir haciendo “más aumentos de tipos de interés en el futuro”, hasta que la inflación esté controlada y que “en algún momento, a medida que la postura de la política monetaria se endurezca aún más, será adecuado reducir el ritmo de los aumentos”.

Pero todo parece indicar que el conocido como “terminal rate”, la tasa de interés máxima hasta la que se está dispuesto a llegar, está todavía lejos de alcanzarse ya que la inflación aún no ha bajado notablemente.

Según los últimos datos publicados hace dos semanas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), la tasa de inflación interanual bajó por tercera vez consecutiva en septiembre y se situó en el 8,2 %, aunque los precios de consumo subieron cuatro décimas mensualmente.

En la reunión de septiembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya avanzó que lo adecuado es seguir haciendo “más aumentos de tipos de interés en el futuro”, hasta que la inflación esté controlada y que “en algún momento, a medida que la postura de la política monetaria se endurezca aún más, será adecuado reducir el ritmo de los aumentos”. (REUTERS)En la reunión de septiembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya avanzó que lo adecuado es seguir haciendo “más aumentos de tipos de interés en el futuro”, hasta que la inflación esté controlada y que “en algún momento, a medida que la postura de la política monetaria se endurezca aún más, será adecuado reducir el ritmo de los aumentos”. (REUTERS)

Tras la reunión de la Fed de septiembre, el propio regulador develó sus previsiones económicas que contemplan, entre otras cosas, una tasa de interés del 4,4 % para finales de 2022.

Para finales de 2023 prevén que los tipos suban ligeramente, hasta el 4,6 %, para después bajar al 2,9 % a finales de 2025.

Estas estimaciones no representan una hoja de ruta, ya que las decisiones del banco central dependerán de la evolución de la economía y de los efectos que la vuelta a una política monetaria más restrictiva tengan sobre la inflación.

Creada en 1913, la Fed opera como un banco central en Estados Unidos. Su principal órgano es la Junta de Gobernadores, compuesta por siete miembros nominados por el presidente del país y confirmados por el Senado. También hay otras 12 Fed en otras tantas regiones de Estados Unidos para vigilar las economías locales y a sus bancos.

la Fed opera como un banco central en Estados Unidos. Su principal órgano es la Junta de Gobernadores, compuesta por siete miembros nominados por el presidente del país y confirmados por el Senado. También hay otras 12 Fed en otras tantas regiones de Estados Unidos para vigilar las economías locales y a sus bancos. (REUTERS)la Fed opera como un banco central en Estados Unidos. Su principal órgano es la Junta de Gobernadores, compuesta por siete miembros nominados por el presidente del país y confirmados por el Senado. También hay otras 12 Fed en otras tantas regiones de Estados Unidos para vigilar las economías locales y a sus bancos. (REUTERS)

El encargado de decidir si se suben o no los tipos es el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), que está formado por los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente de la Fed de Nueva York y otros cuatro presidentes de Fed regionales que se van rotando cada año.

Estos se reúnen unas ocho veces por año para discutir sobre la política monetaria del país, aunque las reuniones pueden aumentarse si la situación lo requiere.

Oficialismo reformó Ley de Intervenciones Telefónicas y Ley Orgánica Judicial

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La Asamblea legislativa, controlada por el oficialismo, reformó el martes la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones que agiliza la autorización de escuchas telefónicas y amplía los delitos que podrán ser investigados.

También modificó la Ley Orgánica Judicial, con el objetivo de acelerar los procesos contra las estructuras delictivas, creando once nuevos tribunales especializados contra el crimen organizado a fin de garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida.

Los cambios fueron aprobados con los votos de 64 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Quince diputados de oposición votaron en contra y cinco estuvieron ausentes.

Los diputados consideran que debido a la evolución de la delincuencia con la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, se vuelve necesario perfeccionar los mecanismos actuales de intervención de las comunicaciones.

Según la reforma, la vigilancia telefónica deberá ser solicitada por el Fiscal General de la República y el director del Centro de Intervenciones y deberá ser autorizada por el juez de garantía en un plazo no mayor a las cuatro horas 

La ley vigente otorga a los jueces de instrucción de San Salvador la potestad de autorizar la vigilancia de las telecomunicaciones, pero con la modificación, serán los juzgados de garantía los que la aprueben inclusive en los casos que se traten de investigaciones de delitos cometidos por menores de edad.

“El juez de garantía estará 24/7 dedicado solamente a esa función”, explicó la diputada oficialista Marcela Pineda que preside la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Las intervenciones telefónicas sólo afectarán a quienes estén siendo investigados por delitos de homicidio, feminicidios, delitos informáticos o electrónicos, pornografía, extorsión, delitos de corrupción, agrupaciones ilícitas, tráfico ilegal de personas, organizaciones internacionales delictivas, y delitos previstos en la Ley Especial contra actos de Terrorismo.

Durante los debates, los diputados oficialistas del partido Nuevas Ideas sostuvieron que las reformas permitirán obtener pruebas procesales judiciales, incorporar mecanismos de resguardo digital y cadena de custodia del material obtenido, además de ampliar el catálogo de delitos.

“Buscamos evitar la impunidad a fin de hacer justicia para las víctimas. Estos cambios servirán para obtener elementos incriminatorios para el ofrecimiento de la prueba en un proceso penal, a modo que los jueces emitan una sentencia mucho más rápida”, manifestó el diputado Francisco Villatoro del partido Nuevas Ideas.

“Debemos adaptar la ley a nuevas tecnologías que está empleando el crimen organizado para cometer delitos”, agregó el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Explicaron que con la creación de los tribunales contra el crimen organizado se busca atender la carga laboral que tiene el sistema de justicia desde marzo pasado cuando el gobierno comenzó a implementar el régimen de excepción.

La oposición criticó las reformas porque le dan más poder a la Fiscalía. “Dicen que es para perseguir criminales, pero la Fiscalía no es independiente. Su titular fue impuesto; su idoneidad está cuestionada”, afirmó la diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS.

Son ya más de 56 mil pandilleros en las cárceles de El Salvador

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EL Ministerio de Seguridad de El Salvador informó el viernes del arresto de 56 mil 190 pandilleros o colaboradores de los grupos terroristas.

Los datos oficiales publicados confirman la política del Estado de Excepción que aplica el gobierno desde el 27 de marzo último y entre cuyos resultados destaca una disminución de los homicidios y un aumento de la seguridad para la población.

«Estamos haciendo justicia en nombre de millones de personas», señaló un tuit del Ministerio de Seguridad, algo que se ejemplificó la víspera con la imposición de una condena a 39 años de cárcel por el Juzgado Especializado de Sentencia de Occidente contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias «Blue», cabecilla nacional de la MS13.

El régimen de excepción ha sido ampliado en siete oportunidades, según el gobierno debido a sus buenos resultados es previsible que se siga aplicando.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reconoció el mismo viernes el apoyo de la población al estado de excepción aplicado durante varios meses por el gobierno en el combate de las pandillas.

El apoyo de la población a mantener vigente el estado de excepción fue expuesto por Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al reconocer la validez de la medida y el respaldo existente a su prorroga durante meses.

Mientas, diversos sectores nacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos muestran preocupación por las violaciones a los derechos de las personas privadas de sus garantías constitucionales.

Varias organizaciones han dado a conocer 4.071 denuncias por violaciones a los derechos humanos en el régimen de excepción, las que se suman a las 3.400 acumuladas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hasta contabilizar más de 7.400.

En su mayoría, las acusaciones son por detenciones arbitrarias por los cuerpos de seguridad y están dirigidas contra la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

Cámara anuló condena de exprimera dama Ana Ligia de Saca

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La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló el miércoles la condena de 10 años de prisión a la exprimera dama Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol, procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, y ordenó que se repita el juicio.

La decisión de la Cámara fue confirmada por los abogados defensores de la señora de Saca, que presentaron el recurso ante el tribunal solicitando la anulación de la sentencia condenatoria.

“Esta sentencia condenatoria ha quedado sin efecto. Desaparecen los 10 años de condena que tenía ella; la anulación es total”, dijo a periodistas el abogado defensor Eduardo Cardoza.

En su resolución, el tribunal ordenó que a la mayor brevedad posible se haga una nueva vista pública o juicio, pero no habló sobre la situación de libertad de la exprimera dama y su hermano. El abogado defensor adelantó que presentará un recurso de aclaración para que se pronuncie sobre la libertad de ellos, ya que antes de la sentencia gozaban de medidas sustitutivas a la detención provisional.

Tras su condena, la señora de Saca fue enviada a la Cárcel de Mujeres en Ilopango, en la periferia este de la capital. Sin embargo, desde enero está hospitalizada en una clínica privada de San Salvador debido a que presentó problemas de salud.

La ex primera dama fue procesada por los delitos de lavado de dinero y encubrimiento de una red que lavó 25 millones de dólares mediante la triangulación de fondos que salían de las arcas del Estado hacia particulares, que los transferían a varias agencias de publicidad, las cuales a su vez los remitían a empresas de comunicación de la familia del expresidente Tony Saca.

Además de la exprimera dama y su hermano, el fallo favorece al auditor de Grupo Radial Samix, Milton Romero Avilés Cruz, por el delito de casos especiales de delito de encubrimiento.

El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno de Saca, que ya fue juzgado y declarado culpable del supuesto desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y terceros.

El exmandatario de 57 años cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador. En septiembre de 2018 Saca pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.

39 años de cárcel a líder de pandillas alias «Blue»

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El Tribunal Tercero de Sentencia de Santa Ana condenó el jueves a 39 años de prisión a Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, uno de los principales cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), por los delitos de homicidio, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

Melgar Díaz figura en una lista de 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha que son pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos para que respondan a delitos.

“Ha concluido la lectura del fallo de la Vista Pública en contra del Blue. Hemos logrado que sea condenado a la pena máxima, por cada uno de los delitos. No volverá a vivir en libertad”, informó en su cuenta oficial de Twitter el Fiscal General, Rodolfo Delgado.

El Blue recibió condena de 10 años de cárcel por el delito de proposición y conspiración de homicidio, 15 años por tráfico ilícito de drogas y 14 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

Según el Ministerio Público, el Blue coordinaba todas las operaciones criminales de la clica o grupo Gánsteres Locos Salvatruchos de la MS-13, que opera en la Costa Este de los Estados Unidos y en El Salvador,

Las investigaciones señalan que el Blue migró hacia Estados Unidos cuando tenía 13 años y en ese país se involucró en la pandilla MS-13 en Virginia, pero en 2013 fue deportado y continuó su vida delictiva en El Salvador. Después viajó nuevamente a Estados Unidos y se reincorporó a su grupo criminal hasta que en octubre de 2016 fue deportado nuevamente y siguió delinquiendo. Guarda prisión en El Salvador desde 2018.

Según la Fiscalía, el Blue formaba parte del directorio de la Mara Salvatrucha, que es la máxima autoridad a nivel de la MS-13, y controlaba las operaciones criminales en varios estados de Estados Unidos y en diferentes países, como México y El Salvador.

Las autoridades estadounidenses responsabilizan al Blue de ordenar el asesinato de Nayeli Guzmán, una adolescente de 14 años. También lo señalan por otros dos crímenes perpetrados entre 2016 y 2018. 

En el 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales, y tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la también declaró terrorista junto a la pandilla Barrio 18.

En marzo, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para que las pandillas o cualquier organización delictiva sean considerados penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían recibir condenas de 40 a 45 años de cárcel.

Rusia busca llevar la guerra al espacio y amenazó en con destruir satélites de Estados Unidos y otros países occidentales

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Un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que los satélites comerciales de Estados Unidos y sus aliados podrían convertirse en objetivos legítimos para Rusia si se vieran involucrados en la guerra en Ucrania.

Rusia, que en 1957 lanzó al espacio el Sputnik 1, el primer satélite fabricado por el hombre, y que en 1961 envió el primer hombre en el espacio exterior, tiene una importante capacidad ofensiva espacial, al igual que Estados Unidos y China. En 2021, Rusia lanzó un misil antisatélite para destruir uno de sus propios satélites.

Konstantin Vorontsov, subdirector del departamento de no proliferación y control de armas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, dijo ante las Naciones Unidas que Estados Unidos y sus aliados están tratando de utilizar el espacio para imponer el dominio occidental.

Leyendo de unas notas, Vorontsov dijo que el uso de satélites occidentales para ayudar a la campaña bélica ucraniano es “una tendencia extremadamente peligrosa”.

“Las infraestructuras casi civiles pueden ser un objetivo legítimo para un ataque de represalia”, dijo Vorontsov ante la Primera Comisión de las Naciones Unidas, y añadió que el uso de esos satélites por parte de Occidente para apoyar a Ucrania es “provocador”.

“Estamos hablando de la participación de componentes de la infraestructura espacial civil, incluso comercial, por parte de Estados Unidos y sus aliados en conflictos armados”, dijo Vorontsov ante las Naciones Unidas.

Ristra de satélites Starlink antes de ser puestos en órbita (SpaceX)

Ristra de satélites Starlink antes de ser puestos en órbita (SpaceX)

Vorontsov no mencionó ninguna empresa de satélites específica, aunque Elon Musk dijo a principios de este mes que su empresa de cohetes SpaceX seguirá financiando su servicio de internet Starlink en Ucrania, citando la necesidad de “buenas acciones”.

La guerra en Ucrania ha dejado decenas de miles de muertos, ha socavado la recuperación económica mundial posterior a la crisis del COVID-19 y ha desencadenado el enfrentamiento más grave entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962.

FILE PHOTO: Starlink logo is seen on a smartphone in front of displayed Ukrainian flag in this illustration taken February 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoFILE PHOTO: Starlink logo is seen on a smartphone in front of displayed Ukrainian flag in this illustration taken February 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El rol de Starlink

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Musk ha estado proporcionando terminales del servicio de conexión por satélite Starlink para tratar de aliviar las interrupciones del servicio de internet causadas por los bombardeos rusos.

El lunes, el Gobierno ucraniano aseguró que el acuerdo inicial alcanzado con el magnate Elon Musk sobre los servicios de conexión a internet a través de los satélites prevé que seguirán funcionando independientemente de su financiación.

“Antes de todas las conversaciones sobre financiación, me confirmaste que en cualquier circunstancia garantizarías el funcionamiento de los Starlinks en Ucrania”, escribió en Twitter el ministro ucraniano de Transformación Digital, Mijailo Fedorov. “Esto fue de una importancia crítica para Ucrania. Te estamos agradecidos”, agregó, en respuesta a un mensaje de Musk en el que el fundador de SpaceX afirmaba que no interrumpiría el servicio incluso si el Gobierno de Estados Unidos se negaba a cubrir la factura.

El pasado 14 de octubre, el Pentágono confirmó que está en contacto con SpaceX en cuanto a la cuestión de la financiación de dicho servicio, que según la compañía tendría un coste de más de 120 millones de dólares hasta finales de año. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó entonces que entiende la “fragilidad” del sistema de comunicaciones de Ucrania y que está evaluando “opciones” para garantizar que siga funcionando.

Según la cadena estadounidense CNN, SpaceX pidió al Pentágono que asumiera la financiación del envío de terminales a Ucrania o, de lo contrario, las donaciones gratuitas que se venían efectuando hasta ahora podrían terminar pronto.

Con información de Reuters

Cámara de lo penal anuló condena de exprimera dama Ana Ligia de Saca

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La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló el miércoles la condena de 10 años de prisión a la exprimera dama Ana Ligia de Saca y su hermano Oscar Edgardo Mixco Sol, procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, y ordenó que se repita el juicio.

La decisión de la Cámara fue confirmada por los abogados defensores de la señora de Saca, que presentaron el recurso ante el tribunal solicitando la anulación de la sentencia condenatoria.

“Esta sentencia condenatoria ha quedado sin efecto. Desaparecen los 10 años de condena que tenía ella; la anulación es total”, dijo a periodistas el abogado defensor Eduardo Cardoza.

En su resolución, el tribunal ordenó que a la mayor brevedad posible se haga una nueva vista pública o juicio, pero no habló sobre la situación de libertad de la exprimera dama y su hermano. El abogado defensor adelantó que presentará un recurso de aclaración para que se pronuncie sobre la libertad de ellos, ya que antes de la sentencia gozaban de medidas sustitutivas a la detención provisional.

Tras su condena, la señora de Saca fue enviada a la Cárcel de Mujeres en Ilopango, en la periferia este de la capital. Sin embargo, desde enero está hospitalizada en una clínica privada de San Salvador debido a que presentó problemas de salud.

La ex primera dama fue procesada por los delitos de lavado de dinero y encubrimiento de una red que lavó 25 millones de dólares mediante la triangulación de fondos que salían de las arcas del Estado hacia particulares, que los transferían a varias agencias de publicidad, las cuales a su vez los remitían a empresas de comunicación de la familia del expresidente Tony Saca.

Además de la exprimera dama y su hermano, el fallo favorece al auditor de Grupo Radial Samix, Milton Romero Avilés Cruz, por el delito de casos especiales de delito de encubrimiento.

El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno de Saca, que ya fue juzgado y declarado culpable del supuesto desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas para favorecer a sus empresas y terceros.

El exmandatario de 57 años cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador. En septiembre de 2018 Saca pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.

Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-

Asamblea Legislativa aprueba la entrega de datos de telecomunicaciones a la FGR por parte de operadores

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La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga a las empresas operadoras de telefónica a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) datos o registros de llamadas y del «origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica» en el país.

El decreto de reforma, no contempla que para la entrega de esta información deba existir una orden judicial de autorización. La reforma fue aprobado por 64 votos oficialistas, de los 84 diputados.

La reforma al artículo 30-A de la referida norma establece que es una «obligación» de los operadores de servicios de telecomunicación «entregar toda la información requerida por la FGR relativa a los datos de registro» de líneas telefónicas «investigadas», asimismo indica que también deberán entregar «los registros de llamadas efectuadas durante un periodo claramente determinado, así como los datos sobre el origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica».

Las nuevas obligaciones se dan «sin perjuicio de las facultades otorgadas» en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, también promulgada por el oficialismo.

Los diputados también dictaron que las empresas nacionales o multinacionales «que tengan operaciones con datos o registros de información en territorio nacional, deben almacenar esa información en servidores locales».

Además deben tener «representación local a quien se le solicite de forma directa y sin intermediario acceso a la información».

Otras obligaciones que los diputados establecieron a las empresas de telecomunicación son las de tener procedimientos para identificar a quienes generen llamadas de sus redes a «todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones», además de «contar con los mecanismos necesarios para registrar y bloquear las terminales móviles que posean reporte de hurto o robo».

Los legisladores señalaron en el decreto «es necesario contar con herramientas efectivas» para combatir el crimen, que «en sus diferentes modalidades ha tenido como principales medios en la ejecución de sus actividades el uso de tecnologías de información y comunicación».

Por su parte, el diputado opositor Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo (NI), señaló que esta reforma, que es parte de un paquete enviado por el Gobierno de Nayib Bukele, buscaría mantener las atribuciones dadas por el régimen de excepción vigentes desde marzo.

«Debe de verse como el siguiente capitulo del régimen de excepción, (…) y esta es la ley secundaria que se está modificando para habilitar al Estado de manera permanente (para) tener las herramientas de las que hoy se le ha dado cheque en blanco al Gobierno», indicó el legislador.

Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-

Jueza niega medidas sustitutivas a ex militares acusados por muerte de periodistas durante el conflicto de los 80´s

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La juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, denegó el martes la libertad a dos altos mandos militares ya retirados por su implicación en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982 cuando cubrían la agresión comunista contra la institucionalidad del país durante el pasado conflicto armado interno.

La defensa del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y del coronel Francisco Antonio Morán, ex director de la extinta Policía de Hacienda, había solicitado a favor de los acusados medidas sustitutivas a la reclusión.

Sin embargo, el juzgado dijo en una resolución a la que tuvieron acceso periodistas que no había lugar para una excarcelación.

Se desconoce cuándo fueron capturados los militares y dónde estarían recluidos, ya que ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura.

El caso se reactivó después que en marzo familiares y representantes del gobierno de Países Bajos y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que llevara ante la justicia a los presuntos responsables del asesinato de los periodistas.

El 13 de octubre, la jueza del caso notificó la orden de detención para cinco militares salvadoreños a fin de procesarlos por el asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen.

La resolución de la jueza también señala al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien reside en Estados Unidos y enfrentaría un proceso de extradición. Además, vinculó al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, y al sargento Mario Canizales, ambos ya fallecidos. Canizales comandaba supuestamente la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los comunicadores.

El caso fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas con información parcializada. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.

De acuerdo a versiones de periodistas independientes que dieron cobertura al conflicto armado en El Salvador, los periodistas holandeses fueron llevados por el FMLN a la zona bajo su control en el agreste departamento de Chalatenango, considerado después de Morazán uno de los más fuertes bastiones de la guerrilla marxista leninista del FMLN, sin embargo al producirse el enfrentamiento con las fuerzas nacionales de defensa, estos escaparon de la zona dejando a los periodistas en medio del fuego cruzado que les causó la muerte.

Tanto la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas como las organizaciones pro guerrillas, influenciadas por el aparato propagandístico del FMLN minizaban la presencia de la guerrilla izquierdista en el norte del país aunque un artículo muy documentado publicado en febrero de 1983 el periódico español El País, con el titulo de “La guerrilla salvadoreña se mueve con entera libertad en Chalatenango“, hacía un relato diferente haciendo constar que el ejercito salvadoreño casi no no tenía presencia en Chalatenango y que estaba en poder de los guerrilleros por lo cual esa organización era responsable de todo lo que ocurría en esa zona de El Salvador durante la guerra de los 80´s.

Estados Unidos deportó a su otrora aliado, general García, el 8 de enero de 2016, al ratificar la decisión de un juez que señalaba que podía ser removido por su papel en la violación de derechos humanos durante la guerra de El Salvador, pero en El Salvador no había enfrentado ningún cargo ni restricciones a sus actividades.

Los presuntos implicados en este crimen son procesados de acuerdo con Código Penal de 1973 y de ser encontrados culpables puede recibir de 15 a 20 años de cárcel.

La muerte de los periodistas no fue investigada oficialmente y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General, que protegía tanto a militares como guerrilleros, promulgada durante el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocos días después de darse a conocer el parcializado informe de la Comisión de la ONU, la cual calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.

En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.

Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.

La Comisión de la ONU no catalogó ni un solo caso de crímenes de la ex guerrilla del FMLN como de Lesa Humanidad.

Fiscal Delgado asegura que en El Salvador no hay violación de derechos humanos

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El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, descartó el martes la violación de los derechos humanos durante las capturas en el marco del régimen de excepción.

El titular del Ministerio Público aseguró que durante la vigencia de dichas disposiciones se respetó el debido proceso y los derechos humanos de todos los detenidos, algo que ponen en duda defensores y familiares de los privados de libertad.

Delgado sostuvo que en todos los casos se procedió de acuerdo con la ley, lo que quedó demostrado con la liberación de cerca de 800 reos que formaban parte de un total de 56 mil tras la ofensiva gubernamental contra las bandas calificadas de terroristas por el gobierno.

«Que no me digan que se violan los derechos fundamentales, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) tiene a más de 56 mil personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales fue mínimo», dijo Delgado en una entrevista televisada.

Por otra parte, fuentes oficiales señalan que desde la aplicación hace siete meses del régimen de excepción y mediante el trabajo de la Policía, Fuerza Armada y Fiscalía se capturaron 55 mil 841 pandilleros, lo cual favoreció un ambiente de seguridad en la población y, en algunas zonas, reactivar la economía.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue categórico al señalar en redes sociales que la guerra contra esos grupos continúa, algo que reafirma palabras de las máximas autoridades salvadoreñas que apuestan a poner tras las rejas a los cerca de 60 mil miembros de las pandillas, ya que 16 mil ya estaban en prisión desde administraciones pasadas, que estiman funcionaban en el territorio nacional.

Las autoridades destacan además que en la última semana no se registró ningún homicidio atribuido a la violencia de las pandillas, luego que el lunes 24 de octubre se convirtió en el día 17 con cero decesos en este mes, el séptimo de forma consecutiva en todo el país.