Jueza niega medidas sustitutivas a ex militares acusados por muerte de periodistas durante el conflicto de los 80´s

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La juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de la localidad de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, denegó el martes la libertad a dos altos mandos militares ya retirados por su implicación en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982 cuando cubrían la agresión comunista contra la institucionalidad del país durante el pasado conflicto armado interno.

La defensa del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y del coronel Francisco Antonio Morán, ex director de la extinta Policía de Hacienda, había solicitado a favor de los acusados medidas sustitutivas a la reclusión.

Sin embargo, el juzgado dijo en una resolución a la que tuvieron acceso periodistas que no había lugar para una excarcelación.

Se desconoce cuándo fueron capturados los militares y dónde estarían recluidos, ya que ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura.

El caso se reactivó después que en marzo familiares y representantes del gobierno de Países Bajos y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que llevara ante la justicia a los presuntos responsables del asesinato de los periodistas.

El 13 de octubre, la jueza del caso notificó la orden de detención para cinco militares salvadoreños a fin de procesarlos por el asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen.

La resolución de la jueza también señala al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien reside en Estados Unidos y enfrentaría un proceso de extradición. Además, vinculó al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, y al sargento Mario Canizales, ambos ya fallecidos. Canizales comandaba supuestamente la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los comunicadores.

El caso fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas con información parcializada. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.

De acuerdo a versiones de periodistas independientes que dieron cobertura al conflicto armado en El Salvador, los periodistas holandeses fueron llevados por el FMLN a la zona bajo su control en el agreste departamento de Chalatenango, considerado después de Morazán uno de los más fuertes bastiones de la guerrilla marxista leninista del FMLN, sin embargo al producirse el enfrentamiento con las fuerzas nacionales de defensa, estos escaparon de la zona dejando a los periodistas en medio del fuego cruzado que les causó la muerte.

Tanto la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas como las organizaciones pro guerrillas, influenciadas por el aparato propagandístico del FMLN minizaban la presencia de la guerrilla izquierdista en el norte del país aunque un artículo muy documentado publicado en febrero de 1983 el periódico español El País, con el titulo de “La guerrilla salvadoreña se mueve con entera libertad en Chalatenango“, hacía un relato diferente haciendo constar que el ejercito salvadoreño casi no no tenía presencia en Chalatenango y que estaba en poder de los guerrilleros por lo cual esa organización era responsable de todo lo que ocurría en esa zona de El Salvador durante la guerra de los 80´s.

Estados Unidos deportó a su otrora aliado, general García, el 8 de enero de 2016, al ratificar la decisión de un juez que señalaba que podía ser removido por su papel en la violación de derechos humanos durante la guerra de El Salvador, pero en El Salvador no había enfrentado ningún cargo ni restricciones a sus actividades.

Los presuntos implicados en este crimen son procesados de acuerdo con Código Penal de 1973 y de ser encontrados culpables puede recibir de 15 a 20 años de cárcel.

La muerte de los periodistas no fue investigada oficialmente y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General, que protegía tanto a militares como guerrilleros, promulgada durante el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocos días después de darse a conocer el parcializado informe de la Comisión de la ONU, la cual calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.

En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.

Días antes del asesinato, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.

La Comisión de la ONU no catalogó ni un solo caso de crímenes de la ex guerrilla del FMLN como de Lesa Humanidad.