jueves, marzo 5, 2026
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Cuatro años después de los “panamá papers”, no hay resultado de investigaciones por lavado y evasión fiscal contra «Fito» Salume

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El medio digital LA PÁGINA puso nuevamente al empresario harinero Adolfo Salume Artiñano, alias “Fito Salume”, en la palestra judicial de la región durante la presente semana, cuando publicó la noticia: “Detectan 36 empresas offshore de Fito Salume en paraíso fiscal, por $20 millones”. El citado medio destacaba además que: “No es la primera vez que ‘Fito Salume’ se ve envuelto en escándalos que lindan con la corrupción y presunto lavado de dinero…”.

En abril de 2016, cuando se conoció a nivel internacional el escándalo de los denominados “Panamá Papers” distintos medios de comunicación en Centroamérica retomaron la noticia e indagaron sobre la relación de distintos empresarios, en una trama de manejo de offshore por parte de la firma legal panameña MossackFons eca, señalada de favorecer y facilitar el ocultamiento de fuentes de dinero de oscura procedencia, así como también la elusión y evasión fiscal. Una de las empresas que aparecen relacionadas en el caso fue la compañía ILS HOLDING INC., que el propio bufete Mossack Fonseca identificó como accionistas y beneficiarios finales a partes iguales de un 50% cada uno, a Fito Salume y al guatemalteco Ricardo Antonio Saravia Baechli.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá abrió expediente de investigación en el año 2016, habiendo efectuado requerimientos a Mossack Fonseca, sobre la empresa ILS HOLDING INC, así como otras empresas también propiedad de Salume. De acuerdo a documentación interna de Mossack Fonseca, mientras el relacionado despacho intentaba completar la información de las compañías de Salume para ser entregada a la UAF, este último realizaba los cambios de Agente Residente (Despacho legal a cargo del manejo legal de las empresas en Panamá) trasladando la administración de sus compañías al bufete panameño ROBLES Y ROBLES.

Fito Salume, quien en los últimos años comenzó a autopublicitarse como uno de los empresarios más exitosos del país, tiene negocios relacionados con la producción y comercialización de harinas, instituciones financieras y bancarias, servicios de restauración, fabricación de productos alimenticios, elaboración de bebidas carbonatadas, medios de comunicación, equipos deportivos y también ha incursionado en la política nacional a través del partido Democracia Salvadoreña, que en la última elección presidencial formó coalición con los otros Partidos de derecha (ARENA, PCN y PDC). La principal fuente de financiamiento de Democracia Salvadoreña son las donaciones efectuadas por las propias empresas de Salume, de acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda.

Hasta febrero de 2017, Fito Salume poseía 17 empresas con Mossack Fonseca como agente residente: 15 en Panamá y 2 en el Estado de Nevada (Estados Unidos). La documentación interna de Mossack Fonseca,
puesta a disposición de la UFA, muestra que ILS HOLDING INC, estaba bajo administración de otra empresa: ABBERLEY INC., también propiedad de Fito Salume. Saravia Baechli, por su parte, es actualmente uno de los representantes legales de la empresa Grupo CLC. Un fuerte operador de logística, almacenamiento y transporte de carga.

En la citada publicación de fecha 8 de septiembre del presente año, Diario La Página también destacaba que: “Las empresas inscritas en el Registro Público de Panamá a nombre de Salume cuentan con capitales que van desde un mil dólares, hasta casi $ 17 millones, como es el caso de Aberlley Inc., que reporta capital social de $16,893,110.49” de manera que acá vuelve a aparecer en la órbita de la investigación la sociedad ABERLLEY INC.

Actualmente, Fito Salume ha transferido todo el conjunto de compañías a la firma legal ROBLES Y ROBLES como Agente Residente, entre las que se encuentran las siguientes:

BLACK FOX PARTNERS, S.A.; cuyo Presidente es Adolfo Salume Artiñano y cuenta como Director a: Eduardo Arias Rank.
SOL INVESTMENTS CORPORATION; Presidente: Adolfo Salume Artiñano; Director: José Francisco Sola Zabaneh.
CONSTELLATION INVESTMENT HOLDINGS INC. Presidente: Adolfo Salume Artiñano; Tesorero: Adolfo Salume Barake y Director: Eduardo Arias Rank.
CONTINUUM LIFE STYLE PANAMA INC. Presidente: Adolfo Salume Artiñano y como Director a Eduardo Arias Rank.
También están bajo administración del bufete panameño ROBLES Y ROBLES otras sociedades como GM TRADING CORPORATION; TECHNOLOGY SOLUTIONS PANAMA, S.A.; MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A; OXFORD GRAY CORPORATION; COMPAÑÍA DEL MILENIO, S.A.; CONSORCIO HOTELERO CONSTELACIÓN; COLINVEST CAPITAL CORPORATION.

La actual Magistrada del Tribunal Supremo Electoral: Sonia Clementina Liévano de Lemus, también apareció en su momento relacionada con seis empresas Offshore de Salume, ubicadas en Panamá, tratándose de: GRUPO PROLOGIX, S.A.; MOLSA HOLDING DOMINICANA; MOLSA HOLDING EL SALVADOR, S.A.; OXFORD GRAY; FUNDACIÓN TRANSPARENCIA y FUNDACIÓN VISIÓN DEMOCRÁTICA. Lo que a criterio de un abogado consultado implica como mínimo un conflicto de interés para la Magistrada, tomando en cuenta que haya podido resolver o lo haga en el futuro temas relacionados con el instituto político: DEMOCRACIA SALVADOREÑA (DS).

En el caso de El Salvador, se conoce que desde el año 2016, se realizaron diligencias de allanamientos a las oficinas locales de Mossack Fonseca, en las que intervino el entonces Fiscal General de la República: Douglas Meléndez; el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera: Jorge Cortez; y varios de los fiscales auxiliares, uno de ellos Mario Henryk Ortiz, sobre quien según publicación de El Faro, se encontraron durante el allanamiento documentos notariales elaborados por Ortiz, no obstante este fue Mantenido en la Unidad. A la fecha no se conocen más avances de la investigación que unas cajas con documentos que después del allanamiento fueron depositados ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. La desatención sobre estos hechos, a criterio del abogado consultado, son constitutivos del delito de omisión en la investigación, ya que al no haber profundizado en las diligencias se perdieron rastros para resolver casos de evasiones tributarias, lavado de dinero y narcotráfico que pudieren haberse intentado ocultar en esas operaciones en Panamá y otros destinos del Caribe.

Una fuente de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, que habló bajo reserva de identidad, comentó a este medio que en diciembre de 2018, efectivamente existía un expediente de investigación por delito de
Lavado, contra Salume, sobre el cual Jorge Cortez, entonces Jefe UIF, dio la orden para que se cerrara la carpeta sin realización del análisis financiero correspondiente, para ello se auxilió de los fiscales auxiliares:
David Ramírez y Nahún Martínez, ambos abandonaron la institución fiscal en los primeros meses de la actual administración del Fiscal General y se han dedicado a litigar en casos, sobre hechos que conocieron mientras fungían en la Unidad Especializada.

Con información de LA PAGINA y La Noticia SV

Las reformas a la Constitución que busca Bukele generan desconfianza

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La designación del vicepresidente Félix Ulloa para estudiar y plantear una reforma constitucional generó el miércoles desconfianza entre analistas, principalmente por la relación espinosa que mantiene el presidente, Nayib Bukele, con los órganos Legislativo y Judicial, a los que ha acusado de retirarle poderes.

«Da malas señales este tema de reformas constitucionales, dado el carácter autoritario y de irrespeto a la Constitución que ha tenido el presidente de la República», dijo a Efe el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Señaló que «lo que se podría pensar es que una reforma no va a ir dirigida a mejorar el Estado, a mejorar el ejercicio de los derechos» y que «lo que puede buscar es debilitar los controles, la participación de los órganos de Estado en la toma de decisiones».

El letrado, que se mostró preocupado, no descartó que el mandatario pretenda reformar la Constitución para buscar la reelección inmediata e indefinida, pero recordó que la Carta Magna tiene un «seguro» en la alternancia del ejercicio en el poder Ejecutivo que «no se puede reformar».

No obstante, señaló que esta cláusula pétrea no se puede modificar a la luz del mecanismo que estipula la actual Constitución y en «otras vías de reforma», como promulgar una nueva Carta Magna en la que se pude «cambiar prácticamente todo».

La Carta Magna señala que «no podrán reformarse en ningún caso» los artículos relacionados con la forma y sistema de Gobierno, el territorio de la República y la «alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

Actualmente, en El Salvador un presidente no puede reelegirse inmediatamente, sino que debe esperar que pasen al menos dos periodos presidenciales (10 años), según un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

Por su parte, Abraham Ábrego, de la organización humanitaria Cristosal, señaló que cualquier proceso de discusión de reformas constitucionales debe contar con una discusión amplia con «todas las fuerzas y sectores sociales» para evitar que se presente una iniciativa que pueda «atentar contra los valores democráticos y los derechos humanos».

«Obviamente surgen las preocupaciones del contenido de esas reformas», manifestó.

La relación escabrosa que el mandatario salvadoreño ha mantenido con el órgano Legislativo y Judicial, principalmente durante la pandemia de la COVID-19, es uno de los factores que genera desconfianza.

En diferentes ocasiones Bukele acusó a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de restarle facultades para la atención de la pandemia.

Entre los episodios que más preocupación han generado, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentra el ingreso del mandatario al Congreso el pasado 9 de febrero acompañado de policías y soldados armados con fusiles de guerra para simular una sesión, orar y encontrarse con sus seguidores que, afuera del recinto legislativo, gritaban «¡insurrección!».

«Toda reforma que pretenda el Gobierno lo que busca es concentrar el poder, sacando de la toma de decisiones al resto de órganos y suprimiendo algunos controles. Esa es sin duda la intención», sostuvo Escobar.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele habla de una reforma constitucional, dado que a finales de junio pasado Ulloa dijo en una entrevista televisiva que existe una «parte orgánica de la Constitución que es la que nosotros creemos que hay que revisar».

Entre ellas, sostuvo Ulloa, se encuentra la relación entre órganos del Estado para establecer una «armonía».

Bukele buscará reformar la Constitución de la República

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El Presidente Nayib Bukele designó a Félix Ulloa para proponer una reforma a la Constitución.

El presidente de la república, Nayib Bukele, delegó al vicepresidente Félix Ulloa para coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución para adecuarla a las «necesidades actuales de la sociedad», de acuerdo con una publicación del Diario Oficial que se conoció el martes.

El Diario Oficial, cuyas publicaciones son el último paso para la entrada en vigencia de leyes y decretos en El Salvador, publicó el acuerdo número 295 el pasado 1 de septiembre, en este se otorga esta función a Ulloa, según se pudo constatar en la versión digital de la publicación.

El citado acuerdo establece que el vicemandatario queda delegado para «coordinar el Estudio y Propuesta de Reformas a la Constitución de la República», sin ganar un sueldo por dicha actividad.

Esto autoriza al abogado y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral para «llevar a cabo el estudio, análisis, discusión y propuesta de todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional, como base de una legislación moderna y eficiente, acorde a las necesidades actuales de la sociedad».

«Para el desarrollo de las actividades antes detalladas, el Delegado en mención dispondrá de las más amplías facultades legales, pudiendo nombrar y designar para su asistencia a un Equipo Ad Hoc de Profesionales en Derecho, con carácter Ad-Honórem», concluye el acuerdo emitido el 24 de agosto.

De igual forma, Bukele delegó a Ulloa para «el desarrollo de asuntos de Integración Regional», con lo que podrá representar al país en encuentros, reuniones, congresos y foros de «alto nivel», incluidos en lo que esté «en obligación de participar» como parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele habla de una reforma constitucional. A finales de junio pasado, Ulloa dijo en una entrevista televisiva que existe una «parte orgánica de la Constitución que es la que nosotros creemos que hay que revisar».

Entre ellas, sostuvo Ulloa, se encuentra la relación entre órganos de Estado para establecer una «armonía».

Bukele espera que el partido Nuevas Ideas, surgido de un movimiento fundado por éste, sus familiares y sus amigos mas cercanos y dirigido por un familiar suyo, logre la mayoría en la Asamblea Legislativa en las elecciones de febrero de 2021.

Con este objetivo la presidencia utiliza los fondos de la Casa de gobierno en campañas de ataques constantes contra la oposición política del país, para así lograr desplazar a los partidos tradicionales con sus allegados.

Para que se dé una reforma constitucional, sin incluir las cláusulas pétreas, es necesario que se apruebe con 43 votos en una legislatura y que se ratifique en la siguiente con 56 votos de los 84 diputados.

La Carta Magna señala que «la reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de diez» y que «no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República», siendo estas condiciones conocidas como «Leyes Pétreas».

Actualmente, en El Salvador un presidente no puede reelegirse inmediatamente, sino que debe esperar que pasen al menos dos periodos presidenciales (10 años), según un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2014.

Durante la campaña para las elecciones primarias del partido Nuevas Ideas, al menos un precandidato a diputado, que finalmente no fue electo para disputar un escaño en el Congreso, hablaba de permitir la reelección inmediata.

Una investigación recientemente divulgada por un periódico digital señaló negociaciones entre el Gobierno y los grupos terroristas de las pandillas para el apoyo electoral de estas para Nuevas Ideas en 2021.

Según críticos de la administración, Bukele pretende con la figura que ha otorgado al vicepresidente autorizar un plebiscito que le permita perpetuarse en el poder.

MAG espera que El Salvador sea autosuficiente en un 100% en maíz y frijol para finales de 2020

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Durante una entrevista con el periódico digital La Noticia SV, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anliker Infante afirmó que El Salvador a finales de este año 2020, estará abastecido de maíz y frijol para el consumo local de la población, con la producción nacional.

El titular de MAG explicó que el país está siendo encaminado a satisfacer de manera interna el abastecimiento de los granos básicos de principal consumo de la población, como lo es el maíz, frijol y arroz, que forma parte de la canasta de los salvadoreños.

Anliker Infante prevé que el maíz y el frijol sean autoabastecidos en un 100%, mientras que en el rubro del arroz, al final del presente año se podrán alcanzar la cobertura de hasta un 50%.

Lo anteriormente mencionado sería posible gracias a que el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene la visión de dejar de ser un país importador de la mayoría de productos de consumo y se ha encaminado a abastecerse en un 75% de sus productos y solo importar un 25%, principalmente de productos que no se dan en las condiciones del país.

En el tema del maíz el ministro aseguró que se logrará ser autosuficiente este año.

«Seremos autosuficientes en el consumo, pero tenemos que importar unos 2 o 3 millones de quintales para la industria harinera para repartir en Centroamérica con un mixtamizado”, detalló.

Por su parte, en cuanto al tema del frijol, el plan es lograr la autosuficiencia también este año.

«Se ha entregado un récord de semilla, hemos logrado mantener existencia del grano. El precio subió dos meses en el año, pero ya volvió a bajar, logramos mantener más tiempo el inventario existente”, agregó el titular del MAG.

Según el ministro, la pandemia del covid-19 generó acaparamiento de los granos básicos debido a que la población se privó «de consumir gustos» y priorizó los abarrotes, no obstante se logró mantener los precios estables.

El funcionario resaltó que el maíz y el frijol son los principales productos de consumo por parte de la población salvadoreña. El primer lugar lo ocupa el maíz, seguido precisamente del frijol.

Otro de los productos importantes en el consumo local, tal como es el arroz, también ha tenido un gran avance, de acuerdo con el ministro Anliker. “Tendremos un 40 o 50% de producción para tratar el consumo local”, dijo.

El Salvador. Cosas que no puede hacer la Fiscalía General de la República..

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Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Fiscalía General de la República, a través de los auxiliares David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahún Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Harold Iván Córdoba Solís y Santos Inocente Segura Mendoza, presentaron ante el juzgado cuarto de Paz de San Salvador, el escrito de Requerimiento contra varias personas supuestamente involucradas en el llamado caso Corruptela, a quienes se les atribuye el delito de Peculado en calidad de Cómplice Necesario. La presentación de dicho requerimiento se encuentra identificada con el 28-UIF- 2016.

En dicho escrito o requerimiento, la representación fiscal atribuye a uno de los imputados el delito de Peculado en la modalidad de cómplice necesario, grave error, equivocación o acto mala fé, que no puede pasar inadvertido: introdujo una incoherencia en el caso, asegurando, en el caso específico, que el delito de Peculado está previsto y regulado por el artículo 335 del Código Penal. Lo cierto es que el citado artículo del Código Penal, lo que prevé y regula es el delito de Cohecho Activo y no el Peculado, ni como autor directo ni como cómplice necesario.

Más grave aún, en su Dictamen de Acusación de las 12.50 del día veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, la representación fiscal hizo entrega en la secretaría del juzgado 4º de Instrucción de San Salvador, de dicho Dictamen, pudiéndose apreciar a folio 4 (página 4), una alteración en el texto del mismo, mediante la cual se sustituyó el precitado artículo 335 del Código Penal, por el 325 que, en efecto, prevé y regula el delito de Peculado.

La corrección se hizo sin advertir a la señora jueza de dicha situación y a pesar de que el requerimiento había sido legalmente notificado a las partes intervinientes, por lo que consideramos que la FGR pudo haber incurrido en el delito de falsedad ideológica.

El requerimiento fiscal es el acto procesal que realiza el ente fiscal, con el objeto de dar inicio a la actividad jurisdiccional, proporcionando elementos de juicio suficientes y ciertos respecto del delito que presuntamente se ha cometido. Se puede afirmar que el Requerimiento Fiscal, cobra trascendencia en la medida que es inherente a la garantía del debido proceso y a la defensa en juicio, que el imputado sepa detalladamente qué es de lo que se le atribuye haber hecho.

El requerimiento es concebido como el medio procesal más importante a través del cual la Fiscalía promueve la acción pública tal como lo dispone el artículo 193 ordinal 2° de la Constitución de la República. Cualquier error o equivocación en el texto del requerimiento, puede ser corregido y salvado mientras este no haya sido notificado conforme la ley; de lo contrario, el error, la equivocación o la mala intención, si es que la hubo, sigue a lo largo de toda la instrucción con los efectos de la doctrina del fruto del árbol  envenenado.

Fallece magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala

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Magistrado Bonerge Mejía Orellana había dado positivo a una prueba reciente de coronavirus.

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Amílcar Mejía Orellana, quien había dado positivo por coronavirus, falleció este sábado, informaron fuentes de esa entidad.

El 10 de agosto por medio de un comunicado, la CC dio a conocer que el magistrado le comunicó a ese tribunal constitucional que estaría ausente por 15 días debido a que dio positivo a la prueba de covid-19.

Mejía fue uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad y también presidió ese tribunal.

Otro profesional del derecho cuyo fallecimiento por el covid ocurrió el pasado dia tres de agosto, fue el Licenciado César Augusto Vázquez Bécker. El licenciado Vázquez Becker también era doctor en derecho político, catedrático Universitario, traductor literario en más de diez idiomas y más recientemente colaborador de El Periódico, de Guatemala. Al igual que el doctor Mejía, su fallecimiento causó consternación.

Mejía era Abogado y Notario; Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos; doctorando en Derecho; Maestro en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala; Especializado en Derecho Notarial, Hipotecario y Registral, por la Pontificia, Madrid, España.

Reacciones

El deceso del magistrado Mejía generó reacciones en diversas personalidades políticas y judiciales del país, quienes coincidieron que el fallecimiento deja una pérdida en el campo de la justicia y enluta a toda una nación.

“Con profundo pesar lamento el fallecimiento del Lic. Bonerge Mejía, Magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, expreso mis condolencias a su apreciada familia y hago extensivo mi pesar a los Magistrados integrantes de la Corte Constitucionalidad”, escribió el presidente Alejandro Giammattei en sus redes sociales.

El vicepresidente Guillermo Castillo explicó que lamenta esta pérdida, “yo tuve el gusto de conocerlo tiempo atrás y era una persona con una trayectoria muy importante en el país, es una gran pena, ya pude comunicarme con la familia y les di mi más sentido pésame, también con la presidenta de la CC; lamentamos mucho esta pesadilla del covid-19”, refirió.

Por su parte el diputado Armando Castillo, integrante de la Junta Directiva del Congreso, recordó la intachable trayectoria profesional de Mejía. “Lo lamentamos profundamente como se lamente la muerte de todos los guatemaltecos que han caído con este virus, es una persona a quien yo conocí, oriunda de Jutiapa. Él me contó siempre su origen y de qué manera fue escalando en la carrera judicial. Lamentamos el fallecimiento de un guatemalteco honorable y muy valioso”, explicó.

Para la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila, la noticia entristece a todo el país. “Nos causa mucho dolor al gremio de abogados, a la nación, por todo el legado que ha trabajado a favor de nuestro país, la academia y la justicia, es una perdida lamentable. Nosotros le pedimos a Dios mucha fortaleza y consuelo para su familia, estamos de luto como país porque se ha ido un profesional valioso”, señaló.

El exmagistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, manifestó que la noticia le tomó por sorpresa. “La verdad que todo fallecimiento, y más por esta pandemia, es digna de consternación y le enviamos condolencias a su familia”, puntualizó.

Perdone señor Fiscal pero alguien tiene que decirle estas cosas

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Editorial.- El Fiscal General de la República, Raul Melara, lamentó este miércoles que la Jueza Tercera de Paz de Ahuachapán no usara. “inclusive la fuerza”, con tal de obtener una prueba toxicológica que proviniera del cuerpo del diputado Arturo Simeón Magaña, quien el pasado fin de semana se vio involucrado en un accidente automovilístico en el que falleció una persona.

El fiscal Melara, obviamente impresionado por lo aparatoso y dramático del accidente y haciéndose eco posiblemente de los comentarios en las redes sociales, reaccionó contra la Policía a la que responsabilizó de no enviarle la información oficial del accidente sino hasta después de la flagrancia.

Posteriormente el fiscal ordenó a la jueza de Paz de Ahuachapán para obtener una muestra toxicológica del diputado Magaña cosa a la que el legislador se negó asesorado por sus abogados. El fiscal arremetió contra la juzgadora calificándola de incapaz y negligente pasando por alto la independencia judicial.

“Me parece inaudito que una juez de la República diga que no realizó la prueba toxicológica alegando que la defensa había manifestado que la persona involucrado era diputado de la República, el fuero no aplica para las diligencias de investigación, el fuero es para evitar procesar a alguien que lo posee ante los tribunales correspondientes. La jueza estaba en la obligación de realizarla inclusive por la fuerza para que nosotros pudiéramos tener toda la evidencia necesaria y realizar las imputaciones pertinentes”, lamentó el fiscal.

A nuestro juicio lo inaudito es que el obligado a velar por la legalidad en El Salvador sea quien ordene “extraer fluidos” de la humanidad de una persona, “inclusive por la fuerza”; una prueba de esa naturaleza solo puede realizada de manera consensuada ya que practicarla “a la fuerza” la convertiría en una prueba ilícita que afectaría el desenlace de proceso.

Doctrinariamente se ha establecido que una prueba toxicológica solo se puede tomar si la persona accede a ello, de lo contrario se estarían violando derechos humanos y garantías constitucionales. Además se debe comunicar la razón de la misma para que no sea considerada una prueba espurea.

Por otra parte, en una equivocada interpretación de lo que significa el fuero constitucional, el fiscal general recrimina a la juzgadora por no haber obligado a un legislador a someterse a una prueba de esa naturaleza a sabiendas de que la misma, de salir positiva, equivaldría a una autoincriminación a la que no está obligada ninguna persona máxime si para ello ha mediado la fuerza.

Queremos creer que el Fiscal, cuando dice “inclusive por la fuerza, se refería al uso de la fuerza legal porque de no ser así, estaría pidiendo a la jueza construir una prueba ilícita.

La prueba ilícita o prueba prohibida, como la prueba obtenida ilegalmente son sinónimos, es una prueba obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, así como cualquier otro elemento probatorio que se deriva de ella.

En el primer caso opera la “regla de exclusión” y en el segundo caso, la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En ambos casos, el mensaje central es que la prueba obtenida con violación a derechos constitucionales carecen de valor probatorio, por lo que no permite su valoración. De ello se colige que no es admisible pretender aplicar la Ley penal, a través de la violación de normas Constitucionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho reiteradas afirmaciones en el sentido de que toda prueba obtenida mediante coerción, puede dar pie a la doctrina del fruto de árbol envenenado.

En un editorial reciente le recomendamos al Fiscal revisar los casos Rais Martinez y Corruptela, “fabricados”, con prueba ilícita u obtenida ilegalmente por su antecesor Douglas Meléndez. Sin esas pruebas y sin la ayuda de testigos criteriados, esos casos jamás hubiesen progresado hasta la etapa en la que se encuentran.

La valiente actitud de un juez que rechazó las prensiones de algunos fiscales debido a lo que llamó “lagunas probatorias” y la más reciente de una jueza que se atrevió a decir no al Fiscal General, constituyen sin lugar a dudas una esperanza de que el órgano judicial está funcionando. Ojalá pronto pudiéramos decir lo mismo de la Fiscalía General de la República.

Corte Plena declara que caso contra Enrique Rais no es Crimen Organizado

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Según lo manifestado por el abogado del empresario Enrique Rais, ahora se podrá demostrar ante el Juez de la causa, cómo se fabricó ilegalmente el proceso contra su cliente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron este miércoles, a fecha 25 de agosto de 2016, el conflicto de competencia que se había generado entre el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador y el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el caso no es competencia de los Juzgados Especializados, por no tener relación, vinculo o condición que acredite que se trata de una estructura de crimen organizado, como en su momento fue manifestado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien frecuentemente y contrario a las garantías del debido proceso, como destacaron abogados consultados, faltó a la imparcialidad de su cargo, declarando que Enrique Rais, era un criminal y acusándolo de liderar una red criminal. Motivo por el cual el empresario denunció a Meléndez, ante las autoridades en Suiza por ser víctima de una persecución penal arbitraria. 

El Ex Fiscal Meléndez ha sido señalado y denunciado por ordenar a sus subalternos construir procesos penales contra personas en específico por razones políticas o intereses de empresarios competidores -una de estas personas afectadas ha sido según denuncian sus abogados: el empresario Enrique Rais- a través de pruebas falsas, pruebas adulteradas o uso de escuchas ilegales, en las que no existían autorizaciones judiciales para captar comunicaciones del empresario y se alteró un peritaje para presentar un número telefónico de otra persona, como si era el registro telefónico de un número utilizado por el Señor Rais. 

La causa por la cual este proceso penal tuvo que llegar a resolverse en un conflicto de competencia, se generó en virtud que el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez; así como los Fiscales Auxiliares de esa Unidad: Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco habían insistido que se trataba de un asunto de “criminalidad organizada” lo que ha sido totalmente desconocido por la Corte Suprema de Justicia.

Con esta resolución el abogado de Enrique Rais, confirma que se va haciendo justicia, porque despúes de cuatro años de venir insistiendo ante los Tribunales que el caso no es de crimen organizado, ahora la Corte Plena les está dando la razon, lo que ahora facilita poder presentar ante el Juez de la causa, todas las pruebas que demuestran la forma en que se ha manipulado el caso para afectar personal y empresarialmente a Enrique Rais. “Vamos a demostrar quiénes han estado detrás en términos financieros, en términos de manipulación de la investigación fiscal y en las acciones judiciales que han afectado de forma ilegal a nuestro representado” declaró el profesional del derecho que representa al empresario. También destacó que: “ahora podremos pedir que se indague la forma en que ilegalmente han hecho aparecer a un testigo “sin rostro”para lanzar acusaciones falsas y cómo se ocultó por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador: Mario Mira Montes, por más de tres años, a los defensores del Señor Enrique Rais, las declaraciones de este supuesto testigo, que en realidad es un testigo criteriado, sobre el que también se ha ocultado quién fue el Juez que le otorgó el criterio de oportunidad.” 

Fiscal Melara transita por un camino que no conduce a ninguna parte

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Definitivamente no deja de llover sobre mojado en el techo del señor Fiscal General de la República Paúl Melara. A las graves acusaciones formuladas en su contra por el ex presidente Mauricio Funes, de que este le habría pedido dinero a cambio de no perseguirlo penalmente, hoy se suma la solicitud del diputado Ricardo Velásquez Parker para que tramite un proceso de destitución contra el fiscal, acusándolo de incapaz y negligente entre otras cosas. Ninguna de las acusaciones tiene un asidero valido pero en medio de aguas revueltas…

El ex presidente Funes, con su red de espionaje e inteligencia publicó en su cuenta de twitter una atrevida denuncia contra el fiscal Melara: le llamó sinvergüenza y lo acusó de haber pedido pedido dinero para frenar o iniciar investigaciones penales y/o juicios. Igualmente, lo acusó, como antes lo hizo con su antecesor, Arquimides Douglas Meléndez, de dedicarse a fabricar y falsear pruebas para incriminar a personas inocentes.

El diputado Ricardo Velásquez Parker, por su parte, ha solicitado a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que inicie un proceso de destitución contra el jefe del ministerio público aduciendo negligencia e incapacidad.

El fiscal está llamado llamado a velar por los intereses del Estado y de la sociedad pero sobre todo, la obligación de velar por la legalidad que exige un Estado democrático de Derecho.

Velásquez reaccionó contra Melara después que un juez recriminara a la fiscalía por presentar cargos contra dos generales y un empresario a los que imputó el cometimiento de peculado en su modalidad de cómplice necesario, “con lagunas probatorias” por lo que procedió a otorgarles medidas sustitutivas y así que enfrentaran el proceso en libertad.

Melara, en vez de asumir responsabilidad y cuestionar a sus auxiliares por haber presentado un requerimiento fiscal deficiente, se dio por aludido y en una supuesta autodefensa, optó por transitar el camino menos recomendado: el enfado y la misma prepotencia de su antecesor Meléndez. Ese video fue una pésima decisión.

Frases como “tenga valor y diga las cosas de frente” y “Sigo de frente contra el delito, sin ver personas, caiga quien caiga” o de “aunque me cueste el cargo”, las repitió Meléndez de manera insistente mientras protegía a las “manzanas podridas”, señaladas con nombre y apellido en los casos Rais-Martínez y corruptela, por “inventar juicios” y “fabricar pruebas”- Ese camino no conduce a ningún lugar y alguien se lo tiene que decir al fiscal Melara.

Lo que correspondía en todo caso era guardar la compostura y hacerse asesorar debidamente sobre los pasos legales a seguir contra sus detractores y no caer en el juego de la respuesta ligera y fuera de lugar.

A estas alturas el fiscal ya sabe dónde está el cáncer, ya conoce quiénes son las manzanas podridas a las que se ha referido y contra las que por obvias razones no ha podido actuar. Si aún no lo sabe, cosa que no creemos, no tiene más que pedir los expedientes de los casos Rais-Martínez y corruptela, para ponerse al tanto de cómo está estructurada la corrupción al interior de la FGR.

Confesiones judiciales en las que un director del Centro de Intervención de llamadas telefónicas “escuchas” admite que actuaba a espaldas del ex fiscal Martínez; declaraciones judiciales en las que personal de la FGR reconoce que se realizaron intervenciones sin autorización judicial, testimonios judicializados de fiscales que confesaron haber mentido en el caso corruptela por amenazas de sus superiores: actas en las que personal administrativo de la FGR confiesa haber manipulado documentos oficiales para afectar intereses de terceros; detenciones ilegales y otro rosario de violaciones a la ley, ordenadas por el ex fiscal Douglas Meléndez, son solo unos cuantos ejemplos para que Raul Melara identifique donde está el origen de los ataques en su contra para que no busque su reelección en el cargo.

No compartimos las expresiones del diputado Velásquez Parker cuando califica al fiscal de incapaz y negligente, mucho menos las de Mauricio Funes para quien es fácil, desde su opulencia en Nicaragua, lanzar acusaciones y diatribas a diestra y siniestra en su loca fantasía por querer recuperar el titulo de Presidente Constitucional de la República. Tampoco estamos de acuerdo con que el fiscal se ponga en plan de dimes y diretes con cualquiera que lo insulte, sea cuales sean las razones que tengan para hacerlo, El fiscal debe mostrar cordura antes que nada.

Las acusaciones públicas que le hace Funes y Velásquez Parker solo deben tener una respuesta: revisar de inmediato el objeto de las denuncias, deducir las responsabilidades a quienes corresponda y resarcir los daños causados. Así como el fiscal ha solicitado el sobreseimiento judicial para favorecer a fiscales, entre ellos el mismo Douglas Meléndez, que han sido sometidos a investigación interna de la FGR, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento de un imputado investigado con procedimientos ilegales y con el uso de pruebas “fabricadas”. Si el juez no lo hace esos serán otros cinco centavos. La moral del Fiscal estaría a salvo y a lo mejor, cosa que dudamos mucho, lo reeligen en el cargo.

Por “laguna probatoria” Juez ordena que acusados en caso “trueque” de armas sigan procesados en libertad

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El Juzgado 5° de Paz resolvió este jueves que los exministros de la Defensa David Munguía Payés y Atilio Benítez, así como Gustavo López Davidson, a quienes la Fiscalía General de la República imputa los delios de corrupción y peculado, fueran puestos en libertad sin ninguna restricción, excepto la de firmar en tribunal cada treinta días mientras se depura el juicio. Se trata de “laguna probatoria” dijo uno de los colaboradores del tribunal-

El juez dijo que la Fiscalía no presentó elementos probatorios y que tampoco la pericia ofrecida sobre el funcionamiento y valúo de los obuses con los que pretendía probar los delitos de corrupción y peculado en la modalidad de cómplice necesario, que le adjudicaban a López Davison.

Tras la resolución, el juez ordenó que cuatro de los cinco acusados fueran dejados en libertad de inmediato. El quinto procesado gozaba de su libertad por padecer de una enfermedad crónica. A los imputados no se les impuso ningún tipo de fianza.

La tesis que maneja la Fiscalía General para acusar a los imputados en este caso es que el Ministerio de Defensa entregó 2,441 armas de fuego nuevas y la empresa Centrum le dio dos obuses (piezas de artillería) incompletos.

Aparte de los dos exministros de Defensa y el expresidente de ARENA, en el caso también son acusados el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera Mejía, este último gerente general de Centrum.

El requerimiento fiscal detalla que el exministro de Defensa, Atilio Benítez, fue el encargado de firmar el contrato de permuta (cambio de algo por otra cosa) de armas obsoletas o en mal estado con la empresa Centrum a cambio de dos obuses (piezas de artillería).

El contrato establecía que Defensa le daría 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62, y 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado. Todo con un valor de $2,051,893,00.

A cambio de ese armamento obsoleto, Defensa recibiría dos obuses (piezas de artillería) M-71 nuevos calibre 155 mm., un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.

En ese sentido, la Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado al Ministerio de Defensa dos obuses “repotenciados”, es, decir, que para la representación fiscal esas piezas estaban en “mal estado operacional” y accesorios faltantes.