El Juzgado 5° de Paz resolvió este jueves que los exministros de la Defensa David Munguía Payés y Atilio Benítez, así como Gustavo López Davidson, a quienes la Fiscalía General de la República imputa los delios de corrupción y peculado, fueran puestos en libertad sin ninguna restricción, excepto la de firmar en tribunal cada treinta días mientras se depura el juicio. Se trata de “laguna probatoria” dijo uno de los colaboradores del tribunal-
El juez dijo que la Fiscalía no presentó elementos probatorios y que tampoco la pericia ofrecida sobre el funcionamiento y valúo de los obuses con los que pretendía probar los delitos de corrupción y peculado en la modalidad de cómplice necesario, que le adjudicaban a López Davison.
Tras la resolución, el juez ordenó que cuatro de los cinco acusados fueran dejados en libertad de inmediato. El quinto procesado gozaba de su libertad por padecer de una enfermedad crónica. A los imputados no se les impuso ningún tipo de fianza.
La tesis que maneja la Fiscalía General para acusar a los imputados en este caso es que el Ministerio de Defensa entregó 2,441 armas de fuego nuevas y la empresa Centrum le dio dos obuses (piezas de artillería) incompletos.
Aparte de los dos exministros de Defensa y el expresidente de ARENA, en el caso también son acusados el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera Mejía, este último gerente general de Centrum.
El requerimiento fiscal detalla que el exministro de Defensa, Atilio Benítez, fue el encargado de firmar el contrato de permuta (cambio de algo por otra cosa) de armas obsoletas o en mal estado con la empresa Centrum a cambio de dos obuses (piezas de artillería).
El contrato establecía que Defensa le daría 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62, y 9,800 repuestos para fusil G-3 en mal estado. Todo con un valor de $2,051,893,00.
A cambio de ese armamento obsoleto, Defensa recibiría dos obuses (piezas de artillería) M-71 nuevos calibre 155 mm., un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
En ese sentido, la Fiscalía acusa a López Davidson de haber entregado al Ministerio de Defensa dos obuses “repotenciados”, es, decir, que para la representación fiscal esas piezas estaban en “mal estado operacional” y accesorios faltantes.