La justicia hondureña investiga la procedencia de US$68.000 en efectivo incautados a la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, retenida en Honduras el miércoles pasado por no declarar el dinero antes de abordar un vuelo para salir del país rumbo a Colombia.

Previamente la senadora se había reunido con la presidente de Honduras Xiomara Castro pero se ignora si esta fue la que entregó el dinero a la senadora colombiana.

La senadora fue retenida provisionalmente en el aeropuerto luego que el sistema de registro por rayos x del aeropuerto detecto que esta portaba una cantidad indeterminada de dólares.

Según su propia versión, eran propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa, pero posteriormente aseguró que el efectivo era un pago que había recibido por concepto de “asesorías” sin mencionar quién o quiénes fueron los asesorados y mucho menos el tema sobre el cual habría impartido dicha asesoría.

El gobierno indicó que el martes 24 Córdoba pidió una audiencia con la presidenta Xiomara Castro “y fue recibida como amiga y política”.

Las autoridades hondureñas divulgaron fotografías de los paquetes de dólares detectados por rayos X e incautados a la senadora electa en el aeropuerto.

“No estoy detenida por absolutamente nada, eso no es cierto (…) Es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días (…) y ya me pagaron y eso es todo”, declaró Córdoba a la colombiana Radio Caracol.

¿Impacto electoral?

El caso puede tener un impacto en Colombia, que celebra elecciones presidenciales en cuatro días. Córdoba fue electa senadora en marzo pasado como parte de la campaña de Gustavo Petro (izquierda), el favorito en los comicios del domingo, y debe asumir el cargo el 20 de julio.

Desde Bogotá, Petro dijo a Radio Caracol que “Piedad Córdoba está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos, es la justicia la que dirá que es lo que hay ahí (…) es a ella a la que hay que preguntarle, yo no tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero es su cartera”.

Desde abril, Petro separó a Córdoba de su coalición de fuerzas de izquierda hasta que resuelva los casos judiciales en los que están envuelta. Y ha dicho que aprobaría su extradición de ser solicitada por la justicia de Estados Unidos.

30 días

De acuerdo a las normas internacionales, todos los pasajeros deben hacer una declaración de aduanas cuando lleven más de 10.000 dólares, una medida que busca prevenir el lavado de activos.

El portavoz de la fiscalía hondureña, Yuri Mora, indicó a la AFP que según las reformas a la ley de lavado de activos si alguien transporta una suma superior a ese monto y no la declara se le “incauta el dinero hasta que pueda justificar”.

“Mientras tanto [la persona] puede seguir con su viaje y tiene esos 30 días para poder justificar el origen lícito del dinero”, subrayó.

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, dijo que Córdoba “no está detenida” sino “solo retenida provisionalmente para asuntos de investigación en un tema administrativo para que se pueda determinar la procedencia del dinero no declarado”.

El gobierno hondureño indicó en el comunicado que Córdoba ingresó el domingo pasado a Tegucigalpa, procedente de Colombia, para “participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos”.

Editorial.- Comencemos por aclarar que la demanda civil interpuesta por el empresario Enrique Rais contra la empresa que edita el periódico La Prensa Gráfica, nada tiene que ver con los enunciados de la Libertad de Prensa ni mucho menos con el de la libre expresión que rigen en cualquier estado democrático del mundo. Se trata simplemente del justo reclamo de un ciudadano que ha sido agraviado por mucho tiempo en su honor propio y el de su familia a través de reportajes interesados publicados en los espacios periodísticos de ese medio de comunicación.

Aparte de lo formal, la demanda de Rais contra el mencionado medio reclamando por sus derechos, carece de interés económico porque la cantidad que se reclama como indemnización es insignificante en relación al daño que por tantos años le han causado los demandados. Lo que resulta interesante es el alto valor constitucional de la misma, considerando el estrecho vínculo que existe entre tales derechos, de naturaleza fundamental, y la protección de la dignidad humana

No conocemos el texto de la demanda de Rais contra Dutríz Hermanos, pero si conocemos las historias periodísticas publicadas en LPG y otros medios “espejo” afines, donde por muchos años se ha dañado el honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen del demandante, utilizando para ello reportajes impúdicamente calificados como “periodismo investigativo”.

El origen de ese odio, apadrinado por La Prensa Gráfica, data de cuando su padre era el fallecido alcalde de San Salvador, Héctor Silva.

Silva fue electo alcalde capitalino en marzo de 1997 con el apoyo de LPG; 15 días después de haber asumido la vara edilicia, una misión “especial” de alcaldes pertenecientes al partido fmln, viajó al Canadá en busca de “contactos” para operar el “Proyecto de Desechos Sólidos Municipales. Área Metropolitana de San Salvador” Dicho Proyecto fue concebido organizado y puesto en marcha por Héctor Silva, como la “bandera” que lo llevaría a casa presidencial idea que no compartía Shafik Handal.

Seis meses más tarde el mismo Silva anunciaba al país que el relleno sanitario y el programa de tratamiento de la basura se lo entregaría a la empresa CINTEC Internacional Inc. y a sus “empresas asociadas Soprin ADS y Lynmar” cuyos principales directores eran Antonio, “tony” Cinquino, su representante en El Salvador Pierre Turcotte y los también canadienses Mateo Pasquale y Franco Pacetti

Las tres empresas resultaron ser parte de la mafia italo canadiense, tal como lo informó oficialmente la Real Policía Montada de Canadá al ex fiscal Belisario Artiga.

Desde entonces el alcalde Héctor Silva comenzó a perder hegemonía política y a llenar de piedras el camino que según él lo llevaría a la presidencia de la república.

La Prensa Gráfica no podía ignorar esos hechos porque fueron públicos y reconocidos en los más importantes medios de comunicación, la misma PG entre ellos; lo que vendría a demostrar que ese medio es el principal responsable de la campaña difamatoria contra Enrique Rais por el uso indiscriminado de sus espacios informativos..

Los cientos de publicaciones a las que aducen los abogados de Rais, hechas en los espacios de LPG, están cargadas de expresiones injuriosas y calumniosas pues todos los mensajes publicados cuentan con una carga difamatoria en relación con la honestidad y desempeño del demandante. Si a esto agregamos la significativa frecuencia conque se han hecho las mencionadas publicaciones nos damos cuenta que estamos frente a una campaña difamatoria como pocas en la historia del mal periodismo nacional con la que definitivamente hay que terminar.

Cómo explicarse una actitud semejante para con un ciudadano? Muy fácil, para muestra miremos un botón.

La campaña difamatoria contra el empresario Arique Rais se remonta a los años noventa y pico, cuando el fallecido alcalde de San Salvador, Héctor Silva, abrió las puertas del país a la mafia italo-canadiense a la que le entregó la delicada y difícil tarea de disponer del manejo y desecho de la basura en los municipios controlados por el partido fmln.

La denuncia de un fraude por la desaparición de más de seis millones de dólares que habían pagado los salvadoreños para construir una planta de transferencia ,”dinamitaron” el proyecto de Silva y la falta de explicaciones razonables por parte del entonces alcalde de San Salvador, terminaron con sus sueños presidenciables. Fue el acabose

El sueño de Héctor Silva de llegar a ser presidente de El Salvador se hizo humo, igual que los sueños de su hijo, con su mismo nombre, que jamás perdonaría a Rais por haber recuperado para sí, lo que era un proyecto quebrado por la mafia canadiense y convertirlo en un negocio rentable.

Ese incidente evitó que Héctor Silva saltara a la presidencia de la república, lo que hubiese sido muy desafortunado para el país.

Esa es, sino la principal, una de las razones por las que el periodista Héctor Silva, con otros intereses cruzados, mantiene su campaña de odio utilizando para ello los espacios informativos de medios como La Prensa Gráfica.

Silva, el hijo, fue calificado recientemente por el presidente Nayib Bukele como “sicario informático”

La Prensa Gráfica ha permitido por años que sus espacios sean utilizados por Héctor Silva para manifestar sus resentimientos , expresando de manera reiterada y sistemática frases injuriosas y otras calumniosas, que a su vez materializan vejaciones, insultos, delitos, en fin, expresiones desproporcionadas y humillantes, que evidencian una intención dañina y ofensiva, no con un fin legítimo, sino por el contrario difamatorio. Eso lo podrán apreciar sin duda alguna los honorables magistrados de Cámara que han recibido la demanda de Rais contra La Prensa Gráfica.

Rais tiene el derecho a que se repare su buen nombre y su honra y a ser indemnizado. Así lo dice la resolución del más alto organismo sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas ONU, que lo han declarado victima de detenciones arbitrarias por parte del Estado salvadoreño. Rais no es un delincuente prófugo. Que eso quede bien claro,- Rais es victima de la ambición de sus competidores, de los medios que publican dando por ciertas, cualquier tipo de acusaciones en su contra y se niegan a rectificar cuando estas resultan falsas. Rais es un ciudadano que tiene derecho a vivir y trabajar en su país sin temor a componendas judiciales. Rais es un ejemplo a seguir, que lucha desaforadamente porque se respeten sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales así como las de su entorno familiar.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron condenados en una corte federal en Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada, además de pagar 250.000 dólares de multa cada uno.

Ambos, que ya se habían declarado culpables del blanqueo de 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la firma brasileña Odebrecht, hablaron en inglés, pidieron perdón a sus familias “por hacerlas sufrir”, al pueblo panameño y al Gobierno de Estados Unidos y afirmaron haberse equivocado ante el juez Raymond Dearie.

Los hermanos Martinelli Linares acudieron a la última vista vestidos con el uniforme carcelario (camisa y pantalón caquis) y calzado deportivo, y al escuchar la sentencia reaccionaron con serenidad, aunque previamente habían mostrado cierta emoción al hablar de sus familiares.

En los momentos previos a la lectura de la sentencia, el abogado de Luis Enrique, James Mac Govern, declaró que los dos hermanos habían actuado “por órdenes del padre” y reconoció ante el magistrado que no actuaron bien aunque dijo en su descargo que habían cooperado “en cierta forma”.

El mismo Mac Govern dijo que el padre era “una figura excesivamente dominante” y que ellos eran “dos niños asustados” que hacían lo que él ordenaba sin cuestionarlo.

El juez va a computar como tiempo de sentencia el tiempo que ambos han estado presos desde su detención en Guatemala y su posterior extradición a Estados Unidos a fines de 2021, con lo que solo les queda pasar en prisión unos 13 meses.

Observadores en la sala adelantaron que los hermanos podrían pedir pasar el resto de su sentencia en un penal de Florida, para tener así más fácil el contacto con sus familiares.

En cualquier caso, es una cantidad de tiempo mucho menor que la que solicitaba la Fiscalía, que había pedido para ellos entre 9 y 11 años, en consideración a que su supuesta colaboración con la Justicia quedaba en entredicho por su huida en junio de 2020 y que esa colaboración no se había producido “de buena fe”, según dijeron en un escrito entregado el jueves.

Y es que en junio de 2020, cuando la Fiscalía y los abogados de los Martinelli Linares estaban en la fase final de alcanzar un acuerdo de culpabilidad, ambos huyeron de Estados Unidos con la intención de regresar a Panamá, pero finalmente fueron capturados en Guatemala.

La vista de hoy se prolongó durante una hora y media pues los hermanos Martinelli entraron en la sala al filo de las 4 de la tarde, pero la sesión se prolongó porque sus abogados hicieron uso de la palabra durante largos alegatos donde insistieron en que sus defendidos se habían equivocado.

El juez Dearie escuchó pacientemente a los abogados y dijo que los dos hijos del expresidente habían mostrado -no hoy, sino durante el tiempo en que delinquieron- una actitud que calificó de “arrogante”.

Dentro del acuerdo por el que se declararon culpables, los hermanos Martinelli reconocieron haber participado “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados”.

En total, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía, cifra la cantidad pagada en sobornos en 28 millones de dólares y, en virtud del acuerdo de culpabilidad, tendrán que pagar una multa de 19 millones de dólares al Gobierno estadounidense, en una cantidad separada de los 250.000 dólares impuestos hoy por el juez.

La compañía Odebrecht fue condenada en 2017 en un tribunal de Nueva York por el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.

Los casos por corrupción protagonizados por Odebrecht han supuesto grandes escándalos y la apertura de casos judiciales en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Colombia, como mínimo. EFE

Por Eduardo Vázquez Bécker.- El abogado del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, Carlos Miranda Rubio, denunció este jueves a un diario vespertino de obstruir el derecho a la libre expresión de su representado mediante prácticas que riñen con la ética periodística y que pueden constituir delitos del tipo penal.

Rubio aseguró que, siguiendo instrucciones de su poderdante, señor Enrique Rais, ordenó la publicación de un comunicado de su representado, haciendo del conocimiento público detalles y pormenores de una demanda civil interpuesta por Rais en contra de la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. propietaria del periódico La Prensa Gráfica, exigiendo una reparación económica por daños morales ocasionados al Sr. Rais, que asciende a la suma de US $5 millones de Dólares.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, representantes del conocido empresario Enrique Rais se apersonaron a las instalaciones de Diario El Mundo en el centro de gobierno, con el objetivo de solicitar la publicación impresa del comunicado, con firma responsable del señor Rais, donde se ponía de manifiesto las razones de la demanda contra la Sociedad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

Miranda Rubio manifestó que tal como ocurre cuando una persona moral o jurídica solicita una publicación como “campo pagado”, los personeros de Diario El Mundo, después de dar lectura y enterarse del contenido del comunicado, establecieron el lugar preferencia de la publicación así como la tarifa especial y el monto total a pagar, cosa con la que estuvieron de acuerdo procediendo a cancelar la cantidad establecida.

No obstante haber cumplido con las exigencias de la publicación y de haber cancelado debidamente su costo, horas después, cuando ya se había enviado el arte a publicar, personeros de Diario El mundo comunicaron a los representantes del señor Rais, que el comité editorial del citado medio había detenido la publicación a pesar de que la cantidad pagada ya estaba ingresada en los registros económicos de la empresa.

Para el abogado Miranda Rubio, esta acción realizada por Diario El Mundo es una muestra de cómo, algunos medios de comunicación, pretenden “monopolizar” la libertad de expresión, pues reflejan en sus actos que solamente consideran “libertad de prensa y libertad de expresión” sus ideas, como también las de los grupos de poder que representan. También se dijo que el grupo de abogados del empresario Enrique Rais analizarían en su conjunto la conducta del medio para establecer si esta no incurrió en el delito de Apropiación y Retención indebidas sancionadas penalmente.

Rubio concluyó asegurando que “Hay una doble moral en algunos medios de prensa, pues mientras se rasgan las vestiduras manifestando que se crean leyes mordazas en su contra, son los propios medios los que no permiten que exista una democratización de la información, para poder seguir vendiendo sus ideas como la única verdad. “Esto si es un atentado a la libertad de expresión, porque mientras LA PRENSA GRÁFICA puede atacar con notas difamatorias el derecho al honor y la dignidad del Sr. Enrique Rais, usando todas sus plataformas y otros medios espejo que reproducen esos datos; por el contrario a mi cliente, DIARIO EL MUNDO, le bloquea sus publicaciones, pese a haber cancelado un campo pagado “Amplió el abogado.

Finalmente, el abogado Carlos Miranda recordó que el artículo 6 de la Constitución de la República reconoce el derecho de toda persona a expresar y difundir libremente sus pensamientos, siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás, y que al negarse Diario El Mundo a publicar el comunicado suscrito por el empresario Enrique Rais, dicha publicación violentó ese derecho fundamental del señor Rais..

Por Eduardo Vázquez Bécker.- El Salvador, uno de los países más pequeños de América Latina, y Estados Unidos ocupan el primer y el segundo lugar respectivamente, en el ranking mundial que establece la proporción de población tras las rejas por cada 100.000 habitantes.

Las cárceles de El Salvador están a punto, si no es que ya lo están, de convertirse en infierno más grande del mundo.

Con la captura de por lo menos 32.000 personas, acusadas de pertenecer a estructuras de pandillas y haber participado en hechos delictivos, el total aproximado de detenidos en las cárceles del país ha subido a 50.200 colocando a El Salvador, el país más pequeño de América Latina con una población 50 veces menor a la de EE.UU., en el primer lugar del mundo, seguido de los Estados Unidos, de los países con mayor proporción de población tras las rejas por cada 100.000 habitantes.

Según reportes de la Policía Nacional Civil hasta el jueves 19 de mayo, habían sido capturadas 32,200 vinculadas a las tres las pandillas hegemónicas en El Salvador: la Mara Salvatrucha, el Barrio 18-Sureños y el Barrio 18-Revolucionarios

La pandilla de mayor significación en El Salvador es la conocida como Mara-13, (Mara Salvatrucha), misma que ha reconocido en un supuesto diálogo con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, su responsabilidad en el asesinatos de 87 personas el pasado fin de marzo, lo que provocó que el gobierno implantara un estado de excepción por 30 días prorrogables con suspensión de garantías constitucionales y una “declaración” de guerra gubernamental contra las pandillas,

La pandilla salvadoreña Barrio 18 que adoptó su nombre de 18th Street Gang, que surgió a mediados del siglo pasado, también en Los Ángeles.

El Barrio 18 tuvo a mediados de la década pasada un conflicto interno que partió la pandilla en dos mitades: la 18-Sureños y la 18 Revolucionarios.

De acuerdo a informes oficiales, en febrero de 2019, Centros Penales mantenía una población carcelaria de 39.300 reos de los cuales 17,400, eran pandilleros procesados por distintos delitos

A la fecha, teniendo en cuenta las nuevas capturas de pandilleros la cifra de personas privadas de libertad y detenidas en centros carcelarios esa cifra asciende a 50.200

Solo el miércoles 18 de este mes, la Policía reportó 496 detenciones en el marco del régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo como parte de la denominada “guerra contra las pandillas”.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que llevan un ritmo de 500 capturas diarias en promedio. El funcionario no dijo si habrá un límite en la cantidad de capturas.

De los 32.400 detenidos entre los días 26 de marzo y 19 de mayo, la fiscalía general de la republica informó que 20,799 de los detenidos bajo este régimen han sido sometidos a un régimen de prisión preventiva, lo que significa que podrán seguir detenidos por lo menos seis meses mientras transcurre la fase de investigación en su contra. El resto de capturados tienen por lo menos 15 días para ser consignados a los tribunales o ser puestos en libertad. A los problemas de desborde laboral en la fiscalía y los juzgados así como el hacinamiento en las cárceles se suman ahora las amenazas de un rebrote de la pandemia del virus de Covid 19 y del sarampión del cual ya se han reportado varios casos en el país.

El controversial presidente de la república, Nayib Bukele, es el primer mandatario, al menos en los últimos cinco gobiernos en El Salvador, que asume una actitud frontal en contra de las estructuras de las pandillas en una, hasta ahora, exitosa disputa territorial que le ha permitido “sacar de las calles” a más de 30.000 pandilleros que mantenían a la población sometida mediante el control en casos de homicidio y extorsión a una situación desesperante que por ahora han logrado ser disminuidas considerablemente cosa que sus adversarios políticos se niegan a reconocer.

Con las capturas de pandilleros realizadas en las últimas 24 horas, la cifra de supuestos integrantes de las pandillas MS13 y Barrio 18 subieron a 30.000 los detenidos en los 50 días del régimen de excepción en El Salvador, dijo una fuente conocida de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los arrestos se han efectuado por miembros de la PNC y de la Fuerza de El Salvador y la Fuerza Armada, en medio de señalamientos de capturas arbitrarias y exceso de fuerza de las autoridades por parte de organismos de derechos humanos.

A la denuncia de los tres más importantes organismos internacionales de Derechos Humanos se sumo esta semana el cardenal Gregorio Rosa Chávez quien aseguró que el redimen de excepción “está generando más fuentes de odio, de venganza y de resentimientos”

Los comentarios del Cardenal Rosa Chávez provocaron la indignación del diputado Herman Bruch quien respondió a través del Twitter insultando y acusando de manera insólita al prelado salvadoreño.

La PNC informó este sábado que, hasta el sábado, se había capturado a 488 personas en todo el país. Esta cifra eleva más cerca de quinientas más efectuadas en la ultimas 24 horas hizo llegar la cifra a unos 30.000 desde el 26 de marzo, cuando el Gobierno le declaró una “guerra” a las pandillas y estableció el régimen de excepción.

El Gobierno estableció el régimen de excepción el sábado 27 de marzo, el régimen de excepción juego de un violento repunte de homicidios que dejó 62 muertes en un solo día, el más letal en la historia reciente del país.

Human Rights Watch, Cristosal, y Amnistía Internacional han rechazado las detenciones sumarias, y aseguran que hay más de 300 capturas arbitrarias, en su mayoría, de personas que no tienen vínculos con pandillas. Además, señalan que en general,, los derechos humanos de la población están gravemente amenazados debido a procesos arbitrarios y malos tratos de agentes de seguridad.

Con el régimen, el Gobierno suspendió algunos derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, y avaló las capturas sin orden judicial y una ampliación al plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga.

Diputados de Nuevas Ideas afirman que si el Gobierno lo pide, están dispuestos a ampliar nuevamente la suspensión de derechos constitucionales.

ES.DL.- Luego de que se protagonizara un tiroteo masivo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, donde diez personas murieron este sábado, el FBI se encuentra investigando los hechos y ha catalogado el suceso como un crimen de odio.

Stephen Blodgett, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Buffalo, y Trini Ross, fiscal federal del distrito oeste de Nueva York, aseguraron a Associated Press que el incidente es investigado como “crimen de odio” y un caso de “violencia extremista con motivación racista”.

Asimismo, un alto funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley identificó al sospechoso como Payton S. Gendron, de 18 años. El funcionario le indicó a los investigadores que revisaban un “manifiesto” que se sospecha el adolescente publicó en internet.

Los investigadores indicaron que el sospechoso era un joven de raza blanca, que al momento del ataque estaba vestido con ropa militar, 

El objetivo del sospechoso fue un supermercado en una zona residencial ubicada cinco kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, cuya población es en mayoría afroamericana.

Las autoridades están analizando si el sospechoso es autor del presunto manifiesto compartido en internet, donde su descripción y actuación coinciden con lo ocurrido este sábado y defiende la ejecución de una matanza con el fin de evitar el “reemplazo” de la raza blanca por otras razas. En el presunto manifiesto denuncia un “genocidio blanco”.

Durante el ataque, el sospechoso disparó primero a varios clientes del supermercado en la zona de aparcamiento, para después continuar la matanza dentro del establecimiento, para terminar saliendo del local.

“Estaba ahí plantado con su ropa militar y apuntándose a la barbilla con su arma, como si fuera a volarse la cabeza”, indicó un testigo identificado como Braedyn Kaphart, en declaraciones a Buffalo News. “No sabíamos qué estaba pasando. Después se cayó en sus rodillas, se quitó el casco, tiró el arma y fue capturado por los agentes policiales”.

Por Eduardo Vázquez Bécker.- La Fiscalía General de la Republica presentó este viernes una demanda civil en contra del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal y su grupo familiar, a quien acusan por el delito de Enriquecimiento Ilícito, por un monto total de US$182,374.61.

La demanda fue presentada ante la Cámara Segunda de lo Civil-

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, el exdiputado Handal no justificó su incremento patrimonial generado durante el periodo del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, tiempo que ejerció como diputado.

A Handal se le reclaman 4 irregularidades por las que obtuvo un aumento no justificado de $40,525.62; a su cónyuge Lilian Amanda de Handal 6 irregularidades por la cantidad de $109,589.62; y a sus dos hijas 3 irregularidades por un monto de $32,259.37.