Con las capturas de pandilleros realizadas en las últimas 24 horas, la cifra de supuestos integrantes de las pandillas MS13 y Barrio 18 subieron a 30.000 los detenidos en los 50 días del régimen de excepción en El Salvador, dijo una fuente conocida de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los arrestos se han efectuado por miembros de la PNC y de la Fuerza de El Salvador y la Fuerza Armada, en medio de señalamientos de capturas arbitrarias y exceso de fuerza de las autoridades por parte de organismos de derechos humanos.
A la denuncia de los tres más importantes organismos internacionales de Derechos Humanos se sumo esta semana el cardenal Gregorio Rosa Chávez quien aseguró que el redimen de excepción “está generando más fuentes de odio, de venganza y de resentimientos”
Los comentarios del Cardenal Rosa Chávez provocaron la indignación del diputado Herman Bruch quien respondió a través del Twitter insultando y acusando de manera insólita al prelado salvadoreño.
La PNC informó este sábado que, hasta el sábado, se había capturado a 488 personas en todo el país. Esta cifra eleva más cerca de quinientas más efectuadas en la ultimas 24 horas hizo llegar la cifra a unos 30.000 desde el 26 de marzo, cuando el Gobierno le declaró una “guerra” a las pandillas y estableció el régimen de excepción.
El Gobierno estableció el régimen de excepción el sábado 27 de marzo, el régimen de excepción juego de un violento repunte de homicidios que dejó 62 muertes en un solo día, el más letal en la historia reciente del país.
Human Rights Watch, Cristosal, y Amnistía Internacional han rechazado las detenciones sumarias, y aseguran que hay más de 300 capturas arbitrarias, en su mayoría, de personas que no tienen vínculos con pandillas. Además, señalan que en general,, los derechos humanos de la población están gravemente amenazados debido a procesos arbitrarios y malos tratos de agentes de seguridad.
Con el régimen, el Gobierno suspendió algunos derechos constitucionales, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa, y avaló las capturas sin orden judicial y una ampliación al plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga.
Diputados de Nuevas Ideas afirman que si el Gobierno lo pide, están dispuestos a ampliar nuevamente la suspensión de derechos constitucionales.