FGR demanda a Mecafé por enriquecimiento ilícito de $2,3 millones

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La Fiscalía General de la República (FGR) demandó el martes en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, por enriquecimiento ilícito en más de 2,3 millones de dólares al empresario y exfuncionario Miguel Menéndez, supuesto cómplice del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) en una millonaria malversación de fondos públicos.

De cuerdo con un representante del Ministerio Público, una investigación administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró al menos 16 «irregularidades» en las declaraciones de patrimonio de Menéndez.

Señaló que entre estas acciones cuestionadas se encuentran depósitos a cuentas bancarias, compra de vehículos y pagos a tarjetas de crédito cuando se desempeño como presidente del estatal Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) entre 2009 y 2011.

La demanda civil, con la que se busca que el exfuncionario reintegre estos fondos al Estado, también incluye a su esposa Fátima de Menéndez y a sus hijas Fátima Menéndez de Bairo y Andrea Vanessa Menéndez Henríquez.

De acuerdo con la Fiscalía, Funes y Menéndez encabezaron una estructura en la Casa Presidencial con la que sustrajeron los más de 351 millones de dólares a 8 cuentas particulares y de las que sacaron más de 292 millones en efectivo.

Estas personas también enfrentan otra causa penal por el supuesto manejo irregular de fondos estatales para la construcción de una represa.

Según la Fiscalía, Menéndez ayudó a Funes a lavar 3,5 millones de dólares en empresas «fachadas» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.

La investigación señala que este dinero fue entregado como «dádivas» por parte de la empresa ASTALDI por llegar a un «arreglo directo» sobre el fin de un contrato por la construcción de la represa El Chaparral.

La referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero ésta abandonó la obra por «imprevistos» geológicos.

El Gobierno de Funes, según la Fiscalía, acordó con ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de «la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica» para el monto extra.

Funes gobernó bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).