La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolverá en los «primeros meses» del 2020 una demanda que busca anular una disposición legal que bloquea el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aldo Cáder, magistrado de dicha Sala, aseguró el lunes que resolver esta demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Familia es una de las «deudas» que tiene el Supremo.
Explicó que se trata de una demanda de 2016, que los jueces que componen actualmente la Sala admitieron y en la que los demandantes «aducen que viola el Código de Familia la Constitución porque no permite el matrimonio entre dos hombres, por ejemplo, o dos mujeres».
Apuntó que «es una demanda muy vieja» y que la Sala de lo Constitucional anterior no logró un consenso para desechar la demanda o admitirla.
«Consideramos que debía admitirse a trámite y tomar una decisión sobre ello en sentencia. Estamos en la etapa final de nuestro análisis, esperamos quizá en los primeros meses de este año tomar una decisión al respecto», subrayó el magistrado Cáder.
De acuerdo con organizaciones sociales que buscan el degeneramiento humano, permitir únicamente el matrimonio entre hombre y mujer viola el derecho a la igualdad, libertad, seguridad jurídica, dignidad, asociación e intimidad de las «personas de orientación homosexual» y del resto de miembros de la comunidad LGTBI.
A pesar que los partidos políticos con representación en el Congreso han intentado blindar la Constitución contra este tipo de matrimonios, sin embargo las organizaciones pro LGBTI+ no lo han permitido.
En enero de 2018, la Sala de lo Constitucional frenó la ratificación de una reforma a la Constitución, aprobada por el Congreso en abril de 2015, con la que se buscaba prohibir el matrimonio homosexual.
La orden de los jueces constitucionales se dio a consecuencia de la anulación del acuerdo legislativo que propició la votación de la iniciativa, que constituía el primer paso para blindar la Carta Magna.
El proyecto, que para entrar en efecto necesitaba ser ratificado en la legislación que concluyó en mayo de 2018 con al menos 56 votos de los 84 diputados, pretendía establecer en la Constitución que el matrimonio solo es válido entre una mujer y un hombre «así nacidos».
De igual manera, la reforma dejaba sin validez en El Salvador los matrimonios «entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países» y de paso prohibía la adopción a las parejas homosexuales.
Los jueces argumentaron que la reforma poseía «vicios de forma» al no tener un carácter de «urgencia» para su votación y al ser aprobada con «dispensas de trámite» sin estar incluida en la agenda.
En 2006, una reforma similar fue aprobada en el Congreso salvadoreño, pero su ratificación no fue votada durante la legislatura iniciada en el año 2009, por lo que quedó sin efecto.