El proceso penal es el instrumento creado para evitar la justicia por mano propia. En esa línea, hay personas que solo quieren un circo romano, espectáculo, pirotécnica, show en la investigación de la presunta comisión de un delito.
En los últimos años, en El Salvador, cualquier captura de personas contrarias al Gobierno de turno, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC), es utilizada por los medios de propaganda del Estado como «escarnio» para los capturados, sin importar su inocencia o culpabilidad.
Según la FGR, en sus catálogos de procedimientos, el proceso penal involucra tres grandes fases, la de investigación, la de instrucción y la de juicio plenario.
Fase de Investigación: Esta fase se divide en dos subfases: la fase de Investigación Previa, que inicia inmediatamente el caso entra a la FGR y finaliza cuando es presentado el Requerimiento Fiscal ante el Juez (para los menores infractores el documento se llama Promoción de Acción), la otra subfase es la fase de investigación propiamente dicha que inicia cuando se presenta el Requerimiento Fiscal ante el Juez y finaliza cuando se ha celebrado la Audiencia Inicial (para los menores infractores se llama Audiencia de Internamiento).
Fase de Instrucción: Inicia en el momento que ha finalizado la Audiencia Inicial (para los menores infractores se llama Audiencia de Internamiento), siempre y cuando en ésta se haya determinado que el caso continúa. En esta etapa el fiscal presenta ante el Juez el Dictamen de acusación y se programa la Audiencia Preliminar (para los menores infractores se llama Audiencia Preparatoria), al realizarse la Audiencia Preliminar la fase de instrucción concluye.
Fase de Juicio Plenario: Inicia cuando la Audiencia preliminar concluye y en la cual se dictaminó que el caso continuará el proceso. En esta etapa se programa la Vista Pública (para los menores infractores se llama Vista de la Causa), cuya realización marca el fin de la etapa de juicio plenario.
Sin embargo, en este país lo que menos se respeta son esas etapas, mucho menos los plazos para cumplir cada etapa.
El sistema judicial salvadoreño puede tardar más de 20 años para finiquitar un caso Mercantil, o cinco años para expeditar un caso Penal, sin dolor ni gloria y hoy, con unas 50 mil personas capturadas por pertenecer supuestamente a las pandillas, no se espera las cosas mejoren.