Por Fernándo Mires (TalCual) Evío de Alvaro Calderón.- El pasado 30 de julio la dictadura militar de Nicolás Maduro consagró institucionalmente la dualidad de poderes que venía gestándose mediante la creación de una constituyente cubana cuyo único objetivo es la supresión del sufragio universal para asegurar el poder de una oligarquía militar-civil en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la nación.

El término dualidad de poderes merece una explicación adicional. Su origen teórico proviene de las plumas de Lenin y Trotzky durante “la revolución de febrero” – la única, la verdadera revolución, la antizarista- que dio origen al gobierno provisional, democrático, social y parlamentario de Alexander Kerensky. En términos más exactos, aquello que tuvo lugar en el breve periodo que va desde febrero a noviembre de 1917 fue una trilogía de poderes: el del aparato militar y burocrático zarista enquistado en el Estado, el del gobierno provisional (liberal, democrático y parlamentario) y el supuesto poder de los soviets (concejos).

La reducción de la trilogía de poderes a una dualidad clasista fue un truco semántico de Trotzky y Lenin a fin de hacer aparecer al gobierno de Kerensky como una simple prolongación del zarismo. Entre Trotzky y Lenin había, sin embargo, una diferencia.

Mientras para Trotzky los soviets deberían asegurar la hegemonía del “proletariado” sobre el resto de las clases populares, para Lenin, consciente de que “la clase obrera” era extremadamente minoritaria y “tradeunionista” (sindicalismo despolitizado) los soviets debían estar formados por obreros, campesinos y soldados bajo conducción de los bolcheviques. Estos últimos, los soldados, eran para Lenin el eslabón decisivo. No porque los soldados se hubiesen vuelto de pronto revolucionarios, sino simplemente porque eran portadores de armas.

A esas masas de desertores y lisiados de una guerra perdida que -sí se leen testimonios como los de John Reed y Victor Serge- vagaban por las calles de Moscú y San Petersburgo, lo único que les interesaba era ser reclutados por alguien a fin de no morirse de hambre. Los bolcheviques lo hicieron.

El golpe de estado bolchevique que tendría lugar con la “toma del Palacio de Invierno” fue llevado a cabo por multitudes de desarrapados, vagabundos y borrachos entre los que se contaban esos miserables, mal armados (pero al fin armados) soldados reclutados por los seguidores de Lenin. De acuerdo a la literatura oficial de la URSS, en octubre fue resuelta la dualidad de poderes entre “la burguesía” representada por Kerensky y “el proletariado” en los soviets dirigidos por los bolcheviques.

Desde 1917 hasta el 2017 hay un siglo. Y nuevamente, como consecuencia de una revolución democrática –tan democrática como fue la de febrero en contra del zar Nicolás ll – ha aparecido, esta vez en Venezuela, otra dualidad de poderes. Naturalmente, el Nicolás ruso no tiene nada que ver con el Nicolás venezolano. Aparte, claro está, de que ambos llegaron a ser sangrientos dictadores, repudiados por su pueblo y por todo el mundo democrático.

La dualidad de poderes surgida en Venezuela tampoco tiene que ver demasiado con la de la Rusia de Lenin. Por de pronto, adquiere distintas formas. En un primer piso, toma una forma institucional: a un lado el gobierno, representante de una extrema minoría, al otro la Asamblea Nacional, representante de una inmensa mayoría. En un segundo piso, adquiere una forma constitucional; a un lado la constituyente cubana, al otro lado la Constitución de 1999. El tercer piso, toma una forma política: la del conflicto entre dictadura y democracia. En el cuarto piso aparece una forma social: una contradicción entre el conjunto de la sociedad civilmente organizada (sindicatos, empresarios, universidades, iglesias, representantes de la cultura e incluso del deporte) en abierto conflicto con una oligarquía estatal cuya base de apoyo solo proviene de las instituciones militares a través de una alianza entre los altos mandos y el lumpen: con y sin uniforme.

La quinta forma de la dualidad de poderes, la del quinto piso, surgida en Venezuela, digámoslo así, su quinta esencia, es la que tiene lugar entre los cuerpos militares y la ciudadanía política. Ahora, justo en este punto, aparece un hecho de importancia decisiva

La dictadura al imponer la constituyente cubana ha convertido en irreconciliable a la dualidad de poder y con ello ha renunciado al poder político para entregarlo sin condiciones al poder militar. La imposición de la constituyente cubana entonces es equivalente a la firma de un acta de ingobernabilidad. Eso tendrá gravísimas consecuencias para Maduro. Retirarse del ejercicio del poder político a favor del militar, significará, lisa y llanamente, cambiar el principio de gobernabilidad por el principio de dominación. De este modo la dictadura modificará su carácter. Ya no será política-militar sino solamente militar. En otras palabras, será lo que potencialmente ya era, la dictadura del ejército con un títere civil en el gobierno (que podría ser Maduro u otro)

La lección que de ahí surgirá para la oposición es que, aún con una eventual caída (o renuncia) de Maduro, no será resuelto el problema fundamental pues los principales enemigos, y por eso mismo, los principales interlocutores, serán, definitivamente, los militares.

Militares que no son los andrajosos armados de los tiempos de Lenin. Son, por el contrario, una clase social de estado dispuesta a todo si se trata de defender sus privilegios. Pero aun así, en un momento indeterminado deberán tomar conciencia de que todas las armas del mundo no bastan para gobernar si frente a ellas se encuentra la absoluta mayoría de la nación.

La imposición forzada de la constituyente cubana no será, en consecuencia, una derrota para la oposición. Todo lo contrario: creará nuevas condiciones para ocupar los espacios políticos cedidos por Maduro, ampliar alianzas en diferentes direcciones y mantener la lucha de calles, siempre y cuando no sea abandonada, ni por un solo segundo, la letra de la Constitución. Esa Constitución ha llegado a ser el nexo que une a la oposición con el chavismo descontento, el programa de acción de todas las fuerzas democráticas, la trinchera que nunca deberá ser cedida a nadie.

La que tiene lugar en Venezuela es, para decirlo con la misma jerga chavista, una lucha irregular y prolongada. Los imponderables –a los cuales para que aparezcan hay que ayudarlos- decidirán finalmente el curso de esa tragedia. Ahí reside precisamente el fondo de la dualidad de poder que experimenta Venezuela, la más básica: la de la guerra contra la política. Si esa dualidad será resuelta a favor de las armas o de la razón, o si aparece un inesperado fraccionamiento al interior de las FAN, o un simple rayo de luz que lleve a un entendimiento mínimo entre el poder político de la oposición y el militar de la dictadura, no lo sabemos. El futuro no está escrito en ninguna parte.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,CSJ, de El Salvador, resolvió dejar firme la resolución del juez quinto de Instrucción de este distrito judicial, que declaró sin lugar una una petición de nulidad absoluta promovida por el italo canadiense Matteo Pasquale en el juicio que se le sigue a él y a su compañero Franco Pacetti por los delitos de Amenzas, Extorsión  y Apropiación o retención  Indebida en perjuicio del empresario Enrique Rais.

La Sala al resolver el recurso de casación interpuesto por Pasquale, a través de su apoderado licenciado René Alberto Medrano, y después de fundamentar conocida doctrina sobre la garantía del Debido Proceso, concluye asegurando que no toda resolución dictada en respuesta a un recurso de apelación es susceptible de ser objeto de casación ante esa Sala, sino únicamente las decisiones que por su contenido y efectos pueden concentrarse en una específica tipología.

Con esta resolución se activan las ordenes de captura contra los italo canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti giradas por el juzgado quinto de instrucción así como la “alerta de difusión roja ” ordenada por la Interpol. La Sala de lo Penal, en su resolución de las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de julio, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Pasquale y ordena remitir las actuaciones al tribunal para que siga el juicio contra los italo canadienses.

Matteo Pasquuale y Franco Pacetti fueron denunciados legalmente por el empresario Enrique Rais luego que estos se negaran a entregarle las  acciones de la empresa de manejo industrial de desechos sólidos MIDES, adquirida por Rais con las formalidades del acto mercantil, a pesar de haber cancelado totalmente el valor del contrato respectivo, lo que constituye de acuerdo a las leyes salvadoreñas,  delito de Retención  o Apropiación Indebida en concurso con Amenazas y Extorsión de la que fue víctima Rais, su entorno familiar y sus empleados de confianza.

MATTEO PASQUALE, es un ciudadano de cincuenta y nueve años de edad, de Nacionalidad Canadiense, originario de Montreal, Canadá, quien se puede identificar en este País a través de su Pasaporte número BA550136.

FRANCO PACETTI, es de cincueta y un años de edad, de Nacionalidad Canadiense, originario de Montreal, Canadá, quien se puede identificar en este País a través de su Pasaporte número BA289974.

Según un Informe de la Real Policía Montada de Canadá en poder de la Fiscalía General de la República, ambos son considerados como personas peligrosas vinculadas al crimen organizado y a la maffia italo-canadiense. Contra ambos existe una alerta de difusión roja que no ha podido hacer efectiva la Interpol.

Con la resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se destraba el impasse en el que se encontraba el juicio contra los italo canadienses Pasquale y Pacetti y pone un toque de claridad en la serie de acciones judiciales que estos han promovido en contra de Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco y su abogado Ernesto Gutierrez.

Por Eduardo Vázquez Bécker.- Los abogados del empresario Enrique Rais, José Campos Ventura, Hernán Cortez y Silvia Bonilla reiteraron esta mañana en conferencia de prensa, una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía General de la República a quienes acusan de haber violado la cadena de custodia de supuestas pruebas que el Ministerio Público sustenta contra su defendido.

Aunque un tanto discretamente, en voz baja o en secreto (sotto voce), la denuncia de cómo y quiénes violaron la cadena de custodia de las escuchas telefónicas utilizadas para procesar a Rais y otras ocho personas,  ha desatado  polémica en los sectores forenses nacionales e internacionales que consideran el hecho como un elemento de prueba viciada que eventualmente puede provocar nulidad.

Los abogados hicieron referencia a la existencia de las violaciones denunciadas  apoyados por una serie de documentos certificados del juicio que la PRG sigue contra su cliente.

“A mi juicio (la prueba) está viciada”, sostuvo el abogado Campos Ventura, quien asegura que la sola duda sobre la cadena de custodia de las llamadas telefónicas debió declararse como razón de nulidad del caso que afecta a su cliente Enrique Rais.

“En autos consta que la cadena de custodia ha sido violada y por lo tanto como prueba tiene vicios. Y yo creo que eventualmente va a provocar una nulidad”, afirmó Ventura apoyado por sus colegas Cortez y Bonilla.

Como evidencias de lo denunciado, los abogados hicieron referencia, en primer término, que las escuchas telefónicas que utilizó la Fiscalía General de la República habían caducado de acuerdo a la ley que las autoriza y no podían ser utilizadas en contra de su cliente.

Asimismo, los abogados destacaron que el director del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones puso a disposición del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, el material obtenido de la intervención ” debidamente embalado, rotulado u enumerado como evidencia y que se encontraba en el depósito de evidencias bajo custodia del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones”  lo cual no era cierto pues según los abogados de Rais, la evidencia aún no había sido extraída de los servidores del centro y tampoco se encontraban ya embaladas.

Como conclusión los abogados hicieron énfasis en que el juzgado séptimo de Instrucción se da por recibido de pruebas que aún no habían sido obtenidas y por lo tanto no existían.

Los vicios denunciados por los abogados van desde no leerle sus derechos constitucionales a los detenidos y de haberlos mantenido secuestrados por más de setenta y dos horas sin permitirles comunicación con sus abogados que ya habían sido debidamente acreditados, tal como consta en autos.

Los abogados de Rais aseguraron que, según consta a folio 3549 de la pieza 18 del juicio, consta en el formulario especial de control de la cadena de custodia de la evidencia las ilegalidades cometidas en la misma ” ya que se produjeron rupturas en dicha cadena de custodia, que demuestran, con total certeza, que la prueba obtenida y utilizada contra el empresario Enrique Rais y otros, fue contaminada, manipulada o alterada, lo que lleva indefectiblemente  a la nulidad que la defensa ha solicitado al juez séptimo de Instrucción.

Los abogados del empresario Enrique Rais, Silvia Dolores Bonilla, David Campos Ventura y Rafael Hernán Cortez Saravia denunciaron en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, a varios funcionarios de la Fiscalía a quienes sindican de haber “construido ilegalmente” un caso contra su representado y de haber violado la Ley Especial de Intervenciones Telefónicas, LEIT.

Los denunciados son el jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República, Wil Walter Ruiz Ponce,  la señora Ena Maricela Granados Ponce, de la Unidad de Análisis Fiscal; al ex jefe del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones; de  señor Sigifredo Campos Crespo y a la Fiscal Auxiliar Xenia también del Ministerio Público, por delitos de Divulgación Dolosa de Material Reservado, Uso de Información Proveniente de Intervención Ilícita y Actos Arbitrarios todos en perjuicio del empresario Enrique Rais.

Los denunciantes fundamentan su denuncia en los los artículos 34, inciso 1º de la Ley de Escuchas Telefónicas, LET, en el 36 de la misma ley y en el artículo 320 del Código Penal.

Según la denuncia el primero de los acusados se desempeña como jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía con el agravante de tener parentesco familiar  con el titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.

En su exposición de la denuncia, los abogados de Rais aseguran que el Jefe de la Unidad de Crimen, de la Fiscalía, incurrió en los delitos mencionados para “armar” un caso en contra del empresario Rais.

El voluminoso escrito de 86 folios expone una serie de arbitrariedades con las que justificaron la detención de Rais y otras personas el 23 de agosto del 2016 que son constitutivas y que según los abogados de Rais son causa de nulidad absoluta.

En la audiencia inicial la representación fiscal solicitó al tribunal solicitó seis meses para aportar pruebas pero llegado reconoció que aún no disponía de estas por lo que pidió otros seis meses para aportación de pruebas. El segundo plazo vence a fin del mes de agosto próximo.

El tribunal al que fue consignado Rais le otorgó medidas constitucionales de sustitución a la detención, previo pago de una fianza de $20.000; sin embargo, la Cámara Segunda de lo Penal dejó sin efecto la medida cinco meses después sin fundamento legal con el supuesto de Rais “Es un hombre rico”. Rais no ha sido recapturado, tal como lo ordenó la Cámara, por lo que el Fiscal Meléndez lo considera “un alto prófugo” de la justicia.

Con anterioridad a la denuncia formal presentada este viernes al juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, el equipo de defensores de Rais ha presentado otras denuncias ante la misma Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos sin que haya habido respuesta alguna. Ante esa situación los abogados e Rais acudieron a la Comisión Interamericana de Justicia de la Organización de Estados Americanos OEA y otros Organismos Internacionales para denunciar las violaciones que supuestamente cometieron los funcionarios ahora denunciados. Un prestigioso grupos de forenses y juristas internacionales han sido consultados por la defensa técnica de Rais a efecto de fortalecer su posición durante la etapa del juicio que se avecina.

Uno de los más fuertes argumentos sostenidos por los defensores de Rais se refiere a que las escuchas que el MP utilizó como indicio de culpabilidad no tenían que estar en manos del Jefe del Centro de Intervención de Escuchas a las Telecomunicaciones, Sigfrido Campos  Crespo y el manejo ilegal que este hizo de las mismas.

Los abogados defensores de Rais reiteran ante el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán que las grabaciones utilizadas contra su defendido carecen de valor probatorio en ningún tribunal porque habían transcurrido más de seis meses desde que Sigifredo Campos Crespo había solicitado la finalización anticipada de las escuchas porque habían cumplido su objetivo.

Por otra parte, el empresario Rais denunció en un campo pagado en medios de comunicación, que Will Walter Ruiz, de quien se asegura que es familiar cercano del Fiscal Meléndez, fue destituido como jefe del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la FGR porque no superó la prueba del polígrafo realizada por expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y se le degradó a un cargo de tercer nivel en el ministerio público.

Sin embargo, Will Walter Ruiz fue ascendido a la jefatura de la unidad de Crimen Organizado desde que comenzó la gestión del actual fiscal general, con quien tendría un parentesco que no negó el titular del ministerio público ante la prensa.

El caso llamado Rais-Martínez, porque en él aparece involucrado el ex fiscal General Luis Antonio Martínez, ha tomado caracteres de enfrentamiento entre el empresario Enrique Rais y el propio Fiscal tanto por las denuncias públicas que ha hecho el primero, como por las expresiones que el Fiscal tiene para con el empresario Rais.

La Fiscalía General de la República a través del juzgado Tercero de lo Civil Mercantil de San Salvador, embargó este miércoles tres cuentas bancarias de la empresa harinera Molinos de El Salador (MOLSA), propiedad de Adolfo Salume Artignano, para hacer efectivo el pago de la sanción económica impuesta por la Superintendencia de Competencias, por un valor de $1,971,015.00.

MOLSA fue condenada al pago de esa multa después que fue condenada por drealizar prácticas anticompetitivas que la empresa hizo de la mano con HARISA y de esa forma se repartieron el mercado de las harinas en El Salvador.

El martes 11 del mes en curso, el director de la Unidad de Intereses del Estado Mario Donald Salazar, se presentó ante el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil con un requerimiento de embargo de $1,971,015.00, debido a que la empresa se negaba a pagar esa cantidad de dinero que le impuso la Superintendencia de Competencia.

Salazar, confirmó que Molsa y la empresa Harisa se habían repartido el negocio de las harinas en El Salvador con un monto de un 55 y un 45 por ciento por ciento desde el 2002 al 2008, lo cual es considerado como una práctica anticompetitiva.

La unidad fiscal tramitó el caso en el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de esa capital, debido a que los dueños de la empresa Molinos de El Salvador se negaban hacer efectivo el dinero impuesto por la Superintendencia de Competencia desde el 2008.

La multa fue impuesta por las prácticas anticompetitivas que ambas empresas desarrollaron entre el 2002 al 2008, pero que por ley solamente se logró investigar los años 2006 y 2008 en perjuicio de los consumidores y de la empresa Gumarsal a la que los propietarios de MOLSA y Harisa acusaron repetidas veces de estar ligada a un cartel conocido como «Texis» con tal de quitarla de enmedio y para que no disputara con ellos el mercado de las harinas en El Salvador.

El precio de la harina comenzó a descender desde que la empresa Gumarsal inició la venta  de harina de trigo, la cual y según sus dueños fue bloqueada en varia ocasiones para que no ingresaran al mercado que era controlado por MOLSA y HARISA.

La empresa Gumarsal fue entonces  ligada por un  grupo de periodistas, supuestamente asociados al empresario dueño de MOLSA, con un supuesto cártel de Texis, pero depués de varios años  de indagaciones por parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil  no han logrado establecer identificar ningún tipo de conexión entre Gumarsal con alguno de los carteles mencionados.

Segun la Superintendencia de Competencias el monopolio sostenido por las empresas MOLSA y HARISA ha sido tan fuerte llegado un momento no se permitió que otro competidor importara harina de Honduras o Guatemala para comercializarla en el plano local.

El director de la Unidad de Intereses del Estado, Mario Donald Salazar, tuvo que recurrir ante el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil para demandar el embargo de $1,971,015.00, por la rebeldía de la empresa que se negaba a pagar esa cantidad de dinero que le impuso la Superintendencia de Competencia.

La unidad fiscal debió llevar el caso hasta el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de esa capital, debido a que los dueños de la empresa Molinos de El Salvador se negaban hacer efectivo el dinero impuesto por la Superintendencia de Competencia desde el 2008.

Esa multa corresponde a prácticas anticompetitivas que ambas empresas desarrollaron entre el 2002 al 2008, pero que por ley solamente se logró investigar los años 2006 y 2008. La sanción que impuso la Superintendencia de Competencia corresponde al 3 por ciento de las ventas del 2007.

De igual forma desde el 2008 está una demanda de $2,071,406.76 contra HARISA y cuya empresa también se ha negado en cancelar la multa.

El precio de la harina comenzó a descender desde que la empresa Gumarsal comenzó a vender harina de trigo, la cual y según sus dueños fue bloqueada en varia ocasiones para que no ingresaran al mercado que era controlado por MOLSA y HARISA.

De hecho a la empresa Gumarsal trataron de ligarla con un supuesto cártel de Texis, pero tras años de indagaciones ni la Fiscalía General de la República y mucho menos la Policía Nacional Civil han logrado determinar esa conexión.

Según las autoridades, el  monopolio era tan grande que la empresa MOLSA y HARISA mantuvieron cautivo el mercado salvadoreño, al grado que no se permitió que otro competidor importara harina de Honduras o Guatemala para comercializarla en el plano local.

En  las indagaciones que hizo la Superintendencia de Competencia se determinó la forma de como ambas empresas se repartían el mercado.

Funcionarios de la Superintendencia de Competencia lograron obtener órdenes judiciales y de sorpresa llegaron hasta las oficinas de los ejecutivos más importantes de ambas empresas, donde secuestraron documentos y medios digitales para seguir el proceso de investigación.

En ese momento fue un hecho sin precedentes de la operación, porque los peritos evaluadores llegaron hasta la computadora del presidente de MOLSA, y por medio de la cual se logró evidenciar el intercambio de información entre ambas empresa, donde se detallaban las ventas totales anuales y que dio pie para que se repartieran el mercado.

Los de la Superintendencia llegaron a descifrar el mecanismo que ambas empresas diseñaron para tener ajustes de compensación financiera y por medio del cual se aseguraba que cada quien se quedara con sus ventas totales anuales.

La estrategia consistía en que si una de las dos empresa no vendía los quintales necesarios, significaba que la otra empresa habría vendido de más y pagaba en concepto de indemnización 5 dólares por quintal no vendido.

De hecho los de la Superintendencia de Competencia encontraron que en el 2007 HARISA dejó de vender 42,406 quintales para llegar a su cuota del 45 por ciento, MOLSA debió pagar entonces más de 200 mil dólares.

Salazar, confirmó que Molsa y la empresa Harisa se habían repartido el negocio de las harinas en El Salvador con un monto de un 55 y un 45 por ciento por ciento desde el 2002 al 2008, lo cual es considerado como una práctica anticompetitiva. La sanción que impuso la Superintendencia de Competencia corresponde al 3 por ciento de las ventas del 2007.

Funcionarios de la Superintendencia de Competencia lograron obtener órdenes judiciales y de sorpresa llegaron hasta las oficinas de los ejecutivos más importantes de ambas empresas, donde secuestraron documentos y medios digitales para seguir el proceso de investigación.

Los peritos evaluadores llegaron hasta la computadora del presidente de MOLSA, y por medio de la cual se logró evidenciar el intercambio de información entre ambas empresa, donde se detallaban las ventas totales anuales y que dio pie para que se repartieran el mercado.

Los de la Superintendencia llegaron a descifrar el mecanismo que ambas empresas diseñaron para tener ajustes de compensación financiera y por medio del cual se aseguraba que cada quien se quedara con sus ventas totales anuales.

A pesar de la férrea posición anti reformas de la Ley de Extinción de Dominio de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, y del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, 43 diputados, incluida una supuesta tránsfuga del partido ARENA,  aprobaron este día las reformas a dicha Ley.

La Asamblea convocó, de manera inusual, la sesión plenaria ordinaria para este martes, lo que fue asociado por los diputados de la oposición con el viaje del presidente Sánchez Cerén a Nicaragua donde participa en una nueva edición del Foro de Sao Paulo.

Los partidos fmln y gana solo habían podido alcanzar 42 votos y por un momento pensaban que el dictamen no iba a pasar la votación lo que significaba que cualquier reforma debería ser pospuesta por lo menos seis meses como lo manda la constitución. Sin embargo a última hora una diputada suplente de ARENA por el departamento de Ahuachapán movió la balanza a favor de los partidos fmln y gana. Sus compañeros de fracción la acusaron de traidora y comenzaron a llamarla “transfuga” por lo se supone esta ya no pertenece al partido tricolor.

Entre las reformas se acordaron establecer un plazo de 10 años para que prescriba la acción de extinción, este período se contará a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes, además de, al menos, otras 16 reformas al cuerpo de leyes relacionadas a la extinción de dominio.

Además, otra de las reformas que se destacan entre lo aprobado está el hecho de que la extinción no podrá aplicar hasta que el proceso judicial en contra del imputado se haya agotado, ni tampoco mientras no exista una sentencia definitiva.

De acuerdo a un numero considerable de abogados constitucionalistas que se corrige la violación al principio de inocencia que supuestamente estaba siendo vulnerado. Ahora la extinción solo tendrá posibilidades de ser aplicada luego de que el reo sea condenado y que la condena adquiera fuerza de cosa juzgada.

La embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, insistió hasta última hora en que reformar la ley era fortalecer la delincuencia y el crimen crimen organizado. De igual manera se expresó el Fiscal General de la República Douglas Meléndez. La embajadora aseguró que las reformas no cumplían con los estándares internacionales y que las mismas ocasionarían un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.