Sala ordenó publicar el Decreto de Apertura Económica y ordena a la Asamblea modificar las fechas de inicio de las fases.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó declarar constitucional el Decreto Legislativo 661, que contiene la «Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía”, aprobado el 7 de septiembre por la Asamblea Legislativa y vetado por el Presidente Nayib Bukele sin siquiera leerlo.
La normativa fue elaborada por los diputados que conforman la Comisión Política del Órgano Legislativo y por varios funcionarios que representaban a la Presidencia de la República, incluyendo al Ministro de Salud, Francisco Alabí; quienes durante seis días realizaron una serie de reuniones para promulgar una ley, para la apertura de las actividades económicas del país de manera ordenada y como medida para evitar el estallido de los contagios del coronavirus.
El Presidente Nayib Bukele, vetó la ley por considerar que los artículos 16 y 17 del Decreto en cuestión violaba el principio de competencias del Órgano Ejecutivo, establecido en los artículos 1; y el Principio de Colaboración Interorgánica comprendidos en los artículos 65, 66 y 86 inciso 1 de la Constitución de la República.
Los Magistrados detallaron que es necesario que el Gobierno y los Diputados realicen un acercamiento para hacer correcciones debido al desfase con las fechas de la apertura de cada actividad social y económica.
«El Órgano Legislativo debe adecuar los artículos que la hagan viable, tomando en cuenta el actual contexto de la pandemia y valorando los insumos que le pueda proporcionar el Ministerio de Salud u otros sectores relacionados a la temática de la salud (…) Es urgente y necesario que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas pertinentes de manera inmediata (…) en torno al tema de la pandemia COVID-19, ya que la población debe contar con instrumentos jurídicos idóneos y necesarios para el combate de dicha pandemia», reza la sentencia constitucional.
La Sala, al razonar su sentencia, aclara los motivos que le llevaron a ordenar al Presidente Bukele sancionar la ley:
“La primera es que la normativa vetada no invade las competencias del Órgano Ejecutivo, puesto que la limitación de los derechos fundamentales forma parte de las competencias del Órgano Legislativo, a la vez que dicha normativa es parte de las obligaciones positivas que genera el derecho a la salud, máxime cuando implica la protección de las personas en condición de vulnerabilidad”.
“Y la segunda es que la normativa vetada no viola el principio de colaboración interorgánica en los términos expuestos por el veto, porque la opinión del Ministerio de Salud sí es tomada en cuenta para la ejecución y aplicación de tal decreto. Esta decisión acarrea los efectos indicados expresamente en el considerando X 1 de la presente sentencia”.
Por ello, ordenó al Gobernante a sancionar la Ley y publicarla en Diario Oficial, si no lo hace en los próximos ocho días hábiles, se le otorgarán 15 días de gracia. De lo contrario, el encargado de enviarlo a publicación será el Presidente de la Asamblea Legislativa.
El cine nos ha dado grandes películas con las que entender mejor el mundo del Derecho, o algún tema relacionado con él. Y es que el cine nos ofrece de forma amena algunos contenidos jurídicos con mayor o menor fidelidad. Son innumerables las películas que cuentan con grandes tramas jurídicas y es imposible establecer una clasificación, pero aquí proponemos 15 films básicos.
A ellas podríamos unir otros grandes clásicos como “El juicio de Nuremberg” (Stanley Kramer, 1961), “Kramer contra Kramer” (Robert Benton, 1979), “En el nombre del padre” (Jim Sheridan, 1993), “Presunto inocente” (Alan J. Pakula, 1990), “Michael Clayton” (Tony Gilroy, 2007), “El misterio Von Bülow” (Barbet Schroeder, 1990), “Pactar con el diablo” (Taylor Hackford, 1997)…, por solo citar algunas más.
1. TESTIGO DE CARGO (Dirigida por Willy Wilder, 1957)
Testigo de cargo es una adaptación ingeniosa y concisa de una novela de Agatha Christie. Es un notable drama judicial, ingenioso y con un gran reparto.
Leonard Vole (Tyrone Power) es acusado del asesinato de la señora French, una mujer adinerada con la que mantenía una relación de amistad y también de interés y que le ha dejado como beneficiario de un cuantioso.
Todas las pruebas juegan en su contra, por lo que acude a pedir ayuda a sir Wilfrid Roberts (Charles Laughton), uno de los mejores “barristers” (abogados penalistas que actúan ante el tribunal en Inglaterra) en activo.
Las pruebas circunstanciales en su contra son bastante claras, pero el gran criminalista cree en su inocencia y quiere defenderle por todos los medios.
Casado con una alemana (Marlene Dietrich) que conoció durante la guerra, Vole encuentra en ella el más adverso testigo de cargo, puesto que se niega a testificar en favor de su marido.
En ‘Testigo de cargo’ el espectador acompaña al abogado y se convierte en juez y también en testigo de los hechos que nos muestran, convirtiéndonos en testigos del engaño al mismo tiempo que somos engañados.
Charles Laughton, interpretando al soberbio abogado Sir Wilfrid Roberts en “Testigo de Cargo”.
2. DOCE HOMBRES SIN PIEDAD (Dirigida por Sidney Lumet, 1957)
Obra excepcional para analizar conceptos como el de duda razonable y que examina la relevancia del trabajo que realizan los miembros de un jurado. Son magistrales las interpretaciones de sus doce protagonistas.
Narra la historia de los componentes de un jurado que se retiran a reflexionar sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato (un chico ha matado a su padre).
Cuando parece que no van a tardar demasiado en decidir un veredicto, uno de ellos no lo tiene tan claro, tiene lo que se llama duda razonable, aquella que si surge es necesario e imprescindible dictaminar que el acusado es inocente (su vida depende de la decisión de estos doce hombres).
Expondrá sus argumentos y pedirá una nueva votación para ver si alguien más se lo ha pensado.
Poco a poco las duda comienzan a surgir y los jurados empiezan a variar su voto inicial.
Se trata de una mirada inteligente en el sistema judicial a través de los ojos del jurado ya que se desarrolla íntegramente en la sala del jurado durante sus deliberaciones.
Con gran intensidad dramática pone sobre la mesa los riesgos y los valores de esta institución, planteando cuestiones jurídicas de valoración de la prueba, la noción de duda razonable, la subjetividad de los testimonios, la presunción de inocencia…
Además de los actores, lo mejor de la película es como paulatinamente, la necesidad de exposición y motivación detallada de los hechos y pruebas que los apoyan va mutando la lógica condenatoria en absolutoria o “no culpable”.
En España también se grabó un “Estudio 1 de TVE” con el mismo argumento, con Jesús Puente, Pedro Osinaga, José Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alejandre, Antonio Casal, Sancho Gracia, José María Rodero, Carlos Lemos, Ismael Merlo, Fernando Delgado y Rafael Alonso.
Fotograma de la película “Doce Hombres sin piedad”, con un elenco de actores encabezado por Henry Fonda.
3. MATAR A UN RUISEÑOR (Dirigida por Robert Mulligan, 1962)
Esta película está basada en la novela de la escritora Harper Lee, que ganó el premio Pulitzer en 1961.
Probablemente es una de los filmes que más ha contribuido a dar buena imagen de la abogacía. El personaje de Atticus Finch, interpretado magistralmente por Gregory Peck, representa el paradigma de lo que un buen letrado debe ser.
Finch es un abogado de una pequeña ciudad del estado sureño de una Alabama racialmente dividida durante los años de la Gran Depresión.
Viudo y con dos hijos a su cargo, acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una joven blanca. Muchos de los habitantes de la ciudad tratan de disuadirle para que se retire del caso, pero él está decidido a seguir adelante.
Y es que como él mismo les dice a sus hijos para explicarles la decisión que ha tomado.“Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence”.
Es una película entrañable que aborda el racismo y la intolerancia. Ha pasado más de medio siglo, pero los valores que defiende ‘Matar a un ruiseñor’ –la solidaridad, la justicia, la amistad, la lucha contra los prejuicios– siguen tan vigentes como entonces, si no más.
Gregory Peck interpreta a Atticus Finch, un abogado profundamente honesto, en “Matar a un ruiseñor”.
4. PHILADELPHIA (Dirigida por Jonathan Demme, 1993)
Philadelphia fue inspirada en el caso real del abogado neoyorkino Geoffrey Bowes, que en 1986, presentó una demanda a la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York argumentando que había sido despedido de su trabajo en el bufete de abogados Baker & McKenzie en Manhattan después de que unas lesiones relacionadas al SIDA aparecieran en su cara.
En la película se cambian los nombres, pero no los hechos.
El filme narra los detalles de la vida del abogado Andrew Beckett (interpretado por Tom Hanks) y su caso contra Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow & Brown, el bufete corporativo que lo emplea.
Se trata de un despido improcedente debido a la orientación sexual.
Tras ser despedido contacta con decenas de abogados para defiendan su caso. Se trata de una lucha en busca no sólo del reconocimiento de sus derechos, sino también en defensa de su honor y prestigio profesional, frente a los prejuicios sociales de la llamada “peste rosa”, así se denominaba al SIDA en los años 80.
Finalmente llega a la oficina de Joe Miller (interpretado por Denzel Washington), un abogado negro, que se hará cargo del caso junto a él.
Al principio, el caso parece perdido. Todos los testigos que hablaron con Joe y su bufete, a favor de Andrew, cambian su testimonio al saber contra quién se enfrentan. La firma Wyant, Wheeler emplea tácticas muy agresivas para desprestigiar al protagonista.
Además, conocedores del agravamiento de la enfermedad intentan dilatar el proceso todo lo posible. La táctica es muy agresiva, emplea a sus mejores abogados y una inmensa fortuna con tal de desprestigiar a Andrew.
Finalmente, tras un largo proceso, el jurado falla a favor de Andrew, condenando al despacho de abogados a pagar una indemnización millonaria, de algo más de cinco millones de dólares.
Un dinero que el protagonista no podrá disfrutarla morir como consecuencia del SIDA.
“Philadelphia” es una película sobre discriminación interpretada por Tom Hanks y Denzel Washington.
5. LA CAJA DE MÚSICA (Dirigida por Constantin Costa-Gavras, 1999)
La película cuenta en clave de drama familiar la historia de Anne Talbot (Jessica Lange) es una prestigiosa abogada criminalista de Chicago divorciada y con un hijo, que decide encargarse de la defensa jurídica de su padre, un inmigrante de origen húngaro Mike Lazlo (Armin Mueller-Stahl) cuando es sorprendido con una acusación por crímenes de guerra en su presunto pasado como oficial al servicio de la Alemania nazi durante el exterminio de los judíos húngaros de 1944.
Su hija, entendiendo ridícula la acusación y absurdas las insinuaciones del pasado nazi de su padre, se verá inmersa en una investigación en Europa que le irá deparando algunas sorpresas desagradables.
La investigación del caso y el subsiguiente juicio ocupan prácticamente la película, pero la historia va mucho más allá del drama judicial de interrogatorios y tribunales para adentrarse en el terreno de las emociones, de lo íntimo, del desengaño.
Y además, es una crítica a las redes de evasión y de ocultamiento de los criminales nazis que han permitido que muchos de ellos vivan incluso hoy en día como ancianos venerables en países vencedores del conflicto o en paraísos tropicales.
Un inmigrante húngaro (Armin Mueller-Stahl), afincado en los Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial, es acusado de ser un criminal de guerra nazi. Su hija Ann (Jessica Lange), una abogada de prestigio, convencida de su inocencia, decide ocuparse personalmente de su defensa
6. A CIVIL ACTION. (Dirigida por Steven Zaillian, 1998)
Esta película se centra en el libro homónimo de Jonathan Harr, el cual a su vez está basado en un hecho real sobre un caso judicial sobre contaminación del agua en los años 80, producida por el deshecho ilegal de desperdicios químicos en la localidad de Woburn, Massachusetts.
Narra las peripecias de una pequeña firma de abogados, encabezada por Jan Schlichtmann (John Travolta), que llevan ante los tribunales a varias empresas cercanas a un río de Woburn de ser acusadas de arrojar productos extremadamente contaminantes (disolventes, tricloroetileno y Silicona) que parecen estar relacionados con la muerte por leucemia y cáncer de algunos vecinos de la zona.
Y vemos el enfrentamiento entre los dos grandes despachos contratados por las empresas demandadas (las corporaciones W.R. Grace & Co. y Beatrice Foods) y el pequeño despacho de los demandantes.
Es especialmente significativo analizar cómo la estrategia de los grandes bufetes –(Foley, Hoag & Eliot con William Cheeseman –Bruce Norris– a la cabeza y Hale & Dorr representados por el viejo Jerome Facher (Robert Duvall)– es dilatar el juicio todo lo posible, encarecer las pruebas y lograr el estrangulamiento financiero del despacho de Jan Schlichtmann para forzarle llegar a un acuerdo extraprocesal.
Schlichtmann, acostumbrado a pactar con las partes implicadas antes del juicio, deberá reformular su ética y sus rutinas de trabajo. Nos muestra los nos muestra lo costoso, tedioso y agotador que pueden llegar a ser los procesos civiles en los Estados Unidos. (Proceso de investigación, estudios geológicos, entrevistas…algo que acaba arruinando al protagonista).
Y donde debe quedar claro que hay que mantener cierta distancia y perspectiva, como asegura el propio Schlichtmann: “El abogado de un demandante no debe involucrarse nunca con el dolor de su cliente si lo hace, le causa un perjuicio tan grande que debería quitarle la licencia de abogado, le enturbia el criterio, y eso es tan útil para su cliente como un médico que se espanta al ver la sangre”.
Jan Schlichtmann (John Travolta), es un tenaz abogado que representa a un grupo de familias en la película Civil Action.
Sin embargo, él se olvido de eso al ver el padecimiento de sus clientes.
Una de las mejores cosas de esta fantástica película es el profesor de Harvard que defiende a una de las empresas implicadas, Jerome Facher, (genialmente interpretado por Robert Duvall). Duvall logra crear un personaje soberbio, al que dota de un aire desinteresado, desordenado y (engañosamente) disperso.
Para Facher la idea de un “tribunal criminal es crimen y castigo, la idea de un tribunal civil y del derecho de daños personales, aunque a nadie le guste decirlo es el dinero, dinero por sufrimiento, dinero por muerte”.
Todo la película es una lucha de poder, donde Schlichtmann, presionado por sus socios y en medio del desastre financiero, termina aceptando la propuesta de acuerdo que le propone uno de los propietarios de una de las empresas demandadas, una suma que apenas sirve para sufragar los gastos del proceso pero que no evita la bancarrota de su pequeño bufete.
Es la típica historia de David contra Goliat. Y, al final el protagonista, sin nada que ganar conseguirá que la Agencia Nacional del Medio Ambiente se interese por el asunto e imponga unas sanciones más justas y severas que las pactadas en la primera indemnización.El caso se dio a conocer como Anne Anderson, et al., v. Cryovac, Inc et al. siendo este el primer caso de alegación del Acta 96 F.R.D 431 (denegación de la acusación a desestimar).
7. ANATOMÍA DE UN ASESINATO. (Dirigida por Otto Preminger, 1959)
El director, Otto Preminger, abogado e hijo de abogado, se mueve con naturalidad en esta película ambientada en el subgénero de tribunales.
La película esta basada en la novela homónima de Robert Traver (pseudónimo de John Voelker, que fue magistrado de la Corte Suprema del Estado de Michigan) y narra la historia de un abogado de provincia, Paul Biegler (interpretado por James Stewart), que no ha sido reelegido para el cargo de fiscal, ahora se dedica más a la pesca junto a un amigo que a su despacho de abogado.
Sin embargo, se hace cargo de la defensa de un teniente de la base militar, (Ben Gazzara), acusado del homicidio del propietario de un bar que ha violado a su mujer.
James Stewart acepta el caso porque necesita el dinero. Un hombre ha cometido un crimen, pero como todo acusado tiene derecho a un juicio justo. Ha cometido un asesinato por celos, unos celos provenientes de la violación sufrida por su pareja (Lee Remick), una mujer ligera de cascos de esas que enturbian los pensamientos de los hombres que pululan a su alrededor.
La película narra los preparativos y el desarrollo del juicio, durante el que Biegler tratará de conseguir un veredicto de inocencia para su cliente, basándose en que su acción fue «excusable» porque actuó bajo un «impulso irresistible» (trastorno mental transitorio).
Lo mejor es que el el director, Otto Preminger, no juzga a sus personajes ni establece ningún tipo de moralidad sobre lo que narra. Se limita a exponer los hechos de forma directa, en muchas ocasiones de forma cruel, dejando para el espectador el decidir qué está bien y qué mal. Logrando que se ponga en el lugar de los personajes.
En la imagen el protagonista de la película, James Stewart en un momento del juicio.
8. FRACTURE (Dirigida por Gregory Hoblit, 2007)
La trama arranca con un exitoso ingeniero aeronáutico Theodore “Ted” Crawford (Anthony Hopkins), que dispara contra su mujer al descubrir que le era infiel con un policía de homicidios.
El fiscal encargado del caso (Ryan Gosling) es un joven brillante y ambicioso al que le acaban de hacer una oferta de un prestigioso bufete de abogados: Wooton & Simms.
En el juicio, Crawford actúa como su propio abogado, lo que sirve como vehículo clave para la trama de la película, el enfrentamiento de un fiscal estrella con un litigante supuestamente no entrenado.
El fiscal pronto descubrirá que el acusado ha preparado con detalle su crimen y que las pruebas no son tan concluyentes como había pensado.
Se abre una interesante situación de conflicto de intereses (conocido como “revolving doors”) por parte de un acusador público con un pie en el ejercicio privado.
Finalmente la integridad del personaje puede más que su ambición.
Cuando la cinta parece resuelta y agotada, la decisión del asesino absuelto de terminar legalmente con la vida de su mujer desenchufándola de la máquina que la mantiene con vida en el Hospital, además de mostrar con crudeza los riesgos del testamento vital y de la eutanasia, permite al fiscal superar el obstáculo del “non bis in ídem”.
Fotograma de la película “Fracture”. A un lado Ryan Gosling y al otro Anthony Hopkins.
9. ERIN BROCKOVICH (Steven Soderbergh, 2000)
‘Erin Brockovich’ está basada en hechos reales. Narra la singular historia de una mujer sin formación legal y un complicado contexto familiar en la preparación y desenlace de una exitosa demanda contra la Pacific Gas and Electric Company (PG&E) por contaminación del agua de consumo humano con cromo hexavalente en Hinkley (California, EE.UU.).
PG&E uso ese cromo hexavalente durante 14 años pero los desperfectos que éste ocasionó no fueron descubiertos hasta 1993 cuando Erin Brockovich, que archivaba el expediente de la familia Jensen la cual había recurrido al abogado Masry para resolver un caso de inmobiliario (PG&E les quería comprar su casa en Hinkley y ellos no querían vender).
A Erin le sorprendió que en el expediente adjuntara registros médicos. Tras visitar a la familia se da cuenta que la empresa ha pagado los gastos médicos de su hija. No es normal que una empresa cubra gastos médicos sólo porque quiere comprar una casa…, y por eso decide iniciar una investigación.
Los Jensen tienen cáncer y estos análisis cortesía de PG&E son la punta del iceberg. Hay muchos más casos en la zona. Por lo que se entabla una demanda colectiva por daños punitivos.
Nos acerca a las estrategias de ocultación de riesgos ambientales de las grandes corporaciones industriales así como reivindicar el valor del conocimiento lego y del empoderamiento de los ciudadanos en la defensa del derecho a la salud.
También puso sobre la mesa de los gobiernos el tema de salud pública relacionada con la industria.
Erin Brockovich consiguió que 650 afectados demandaran a PG&E; el caso resuelto en 1996 consiguió la indemnización más alta jamás pagada en la historia de los Estados Unidos: 333 millones de dólares. En 2006, PG&E tuvo que pagar otros 295 millones a más víctimas y en 2008 pagó lo que se creía eran los últimos 20 millones del caso.
“Erin Brockovich” le dio el Óscar a Julia Roberts en 2001.
Julia Robert, ganó un Oscar por interpretar a Erin Brockovich, que logró ganar una demanda histórica contra PG&E.
10. ALGUNOS HOMBRES BUENOS (Rob Reiner, 1992)
Es una de las películas judiciales más sólidas que se han hecho dentro del llamado subgénero de los consejos de guerra en una corte militar. Basada en una exitosa pieza teatral, que arrasó en los escenarios, escrita por Aaron Sorkin, el mismo que se encargó de adaptarla para la gran pantalla. Cuenta con un gran reparto encabezado Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson.
Narra como el teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise), prometedor abogado de la Marina con una excelente reputación tiene que defender a dos marines acusados de asesinato en la base de Guantánamo.
Un lugar que representa la vergüenza histórica de los crímenes contra la humanidad allí cometidos.
El relato pretende describir cómo pueden llegar a ser los altos mandos militares capaces de dirigir un lugar tan cruel como espantoso. Y aborda toda la disciplina militar y sus códigos de silencio.
El juicio se desarrolla veloz y sin la menor caída de ritmo. Los diálogos son certeros y magníficos, con personajes episódicos pero trazados a la perfección, en un crescendo admirable que concluye con el alegato final donde el abogado que encarna Tom Cruise, consigue desmontar toda la estrategia del ejército para encubrir el asesinato de un marine al sacar de quicio a un soberbio Jack Nicholson, encarnado al personaje del Coronel Nathan R. Jessup, al preguntarle: “¿Ordenó usted el Código Rojo?”.
Cuando el alegato final se hace bien, se asemeja a una sinfonía en directo o una puesta de sol irrepetible. Es una pieza de arte, algo único y especial que se desvanece cuando llega a su fin, pero cuyos ecos quedan en el interior de los que deben decidir.
Tom Cruise es el protagonista de esta película que tiene como antagonista a un soberbio Jack Nicholson, encarnado al personaje del Coronel Nathan R. Jessup
11. VEREDICTO FINAL (Sidney Lumet, 1982)
Sidney Lumet realiza en esta película una brillante una radiografía sobre la abogacía, a través de la vida de Frank Galvin (Paul Newman), un abogado que lo perdió todo y ahora tiene la oportunidad de ser alguien, al enfrentarse a un importante caso sobre negligencia médica.
La trama aborda un juicio civil de imprudencia médica con jurado que sobreviene a un malogrado acuerdo económico. La imagen de una mujer en estado vegetal a causa de una mala praxis al dar a luz en el Hospital Santa Catalina, este último perteneciente al arzobispado de Boston, es el origen de un drama judicial.
Pese a que fuera de las pantallas de cine, la realidad suele ser más propicia para los poderosos que para los débiles, la integridad del abogado protagonista, espléndidamente interpretado por Newman, resulta reparadora no solo para los familiares de la víctimas, más allá de la compensación económica, también para su propia vida.
Galvin ve el caso que tiene entre manos como una apuesta personal y una oportunidad para salir del pozo en el que se ha metido. “No habrán otros casos, éste es el caso”. Se llega a decir a sí mismo.
Algo que también defiende Galvin en su alegato final: “Ustedes son la ley, no es un código, ni los abogados, ni es una estatua de mármol, ni las ceremonias de una corte. Eso son símbolos, nuestro deseo es ser justos (…). Si vamos a tener fe en la justicia tan sólo hemos de creer en nosotros mismos; yo creo que hay justicia en nuestros corazones”.
La película reivindica la labor del jurado como centro no corrompido de la Administración de Justicia.
También es soberbia la interpretación del fiscal al que da vida un pletórico James Mason.
Paul Newman encarna al abogado Frank Galvin, un abogado que lo perdió todo y ahora tiene la oportunidad de ser alguien, al enfrentarse a un importante caso sobre negligencia médica.
12. EL CLIENTE (Dirigida por Joel Schumacher, 1994)
Se trata de un thriller basado en la novela homónima de John Grisham y dirigido por Joel Schumacher.
Mark Sway (Brad Renfro) es un niño de once años que es testigo de la muerte de un abogado de Nueva Orleans.
Un momento antes de morir, el abogado le revela un terrible secreto relacionado con el reciente asesinato de un senador de Luisiana, cuyo supuesto asesino, un matón de la mafia, está a punto de ser juzgado.
La policía, el fiscal federal y el FBI presionan al niño para que revele las últimas palabras del abogado, pero él, consciente de que la mafia vigila todos y cada uno de sus movimientos, sabe que casi con toda seguridad se jugaría la vida.
Cuando los “padres fundadores” de los Estados Unidos elaboraron la Constitución en ningún lugar dejaron escrito cuál tenía que ser el papel exacto y las funciones de su Corte Suprema.
Esa tarea fue obra de John Marshall, su presidente entre 1801 y 1835; 34 años.
Y no fue nada fácil.
Marshall consiguió convertir a la Corte Suprema como el máximo intérprete de la Constitución e hizo que la doctrina del recurso de inconstitucionalidad (judicial review) fuera aceptado tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo, poniendo en pie de igualdad con ellos al Poder Judicial.
Un concepto que hoy forma parte de la arquitectura constitucional de todos los países democráticos del mundo.
FUE ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO
John Marshall fue, antes de convertirse en presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, soldado.
Tomó parte en la guerra de la Independencia. Fue miembro de la Cámara de Representantes de su Estado natal de Virginia, en la que participó en la ratificación de la Constitución. Ejerció como abogado, diplomático y secretario de Estado; en España se le denominaría ministro de Asuntos Exteriores.
Marshall era masón, como el primer presidente, George Washington, sobre el que escribió una documentada biografía, y miembro del Partido Federalista.
Esta formación defendía la existencia de un gobierno federal y central fuerte, como su líder, el segundo presidente en la historia de los Estados Unidos, John Adams, y el hombre que puso a Marshall en la Presidencia de la Corte Suprema en unos momentos muy difíciles para la nueva nación.
SU NOMBRAMIENTO
Marshall fue nombrado presidente de la Corte Suprema el 31 de enero de 1801, cuando era secretario de Estado, con casi 45 años, a propuesta de Adams y con el visto bueno del Senado.
Tal como se hace hoy en día.
Adams acababa de perder las elecciones a manos de Thomas Jefferson, líder del Partido Demócrata-Republicano, otro “padre fundador”.
Jefferson había servido con Adams como vicepresidente en el mandato que acababa de terminar, formando parte de una “grosse koalition”, como dicen los alemanes hoy en día, o gran coalición.
Pero el tiempo de las grandes coaliciones había llegado a su fin.
Los puntos de vista de Adams y del Partido Federalista y de Jefferson y su Partido Demócrata-Republicano, no podían ser más dispares.
Jefferson era partidario de justo lo contrario que Adams y que Marshall: quería un gobierno central débil y estados federales fuertes.
Le repelía la idea de que en los Estados Unidos pudiera volverse a replicar un estado centralista, que se asemejara a una monarquía como la británica, a la que habían vencido en lo que ellos llamaban la “guerra de la revolución americana”.
Jefferson se impuso en las elecciones a la Presidencia y su partido en las elecciones al Senado y al Congreso.
La marea antifederalista prometía con llevarse por delante la forja de una gran nación.
ADOPTÓ LA TOGA NEGRA, TODA UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES
“John Marshall fue el hombre adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado”, afirma Charles F. Hobson, director de la publicación “The Papers of John Marshall”.
Marshall juró su cargo de presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos ataviado con una toga negra simple, siguiendo la tradición de su estado natal, Virginia.
Abandonó la toga de los jueces británicos, que era de colores, pieles de armiño y pelucas, a la que eran tan aficionados muchos de sus compañeros.
Con ello hizo toda una declaración de principios de lo que quería que fuera su mandato, que luego todos los jueces estadounidenses imitaron.
El ejemplo es el principio de la autoridad.
Y lo llevó a cabo en la sala de vistas de la sede de la Corte Suprema, que entonces estaba en un sótano del Capitolio.
Aquella fue su sede hasta 1935, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt ordenó levantar el actual edificio, de estilo neoclásico, frente al mencionado Capitolio.
Cualquiera que visite el interior del actual edificio del Tribunal Supremo, en Washington D.C., se encontrará con esta estatua de John Marshall, sufragada por la Asociación de Abogados de Estados Unidos, obra del escultor William Wetmore.
CASO MARBURY VERSUS MADISON
Estados Unidos tenía, en 1981, tenía casi 25 años de edad como país. La política lo había impregnado todo.
Para los “republicanos jeffersonianos”, como eran llamados los miembros del Partido Democrata-Republicano, la judicatura había perdido la independencia y la imparcialidad que debía regir su conducta y se había convertido en un instrumento político más en la lucha por el poder.
Prueba de ello habían sido las últimas decisiones tomadas por los federalistas en el Congreso, por las mismas fechas en que Adams nombró a Marshall, aprobando la modificación de la Ley de la Judicatura de 1789 por la que se transformó la planta judicial, que fue ampliada en 16 jueces de Circuito y en 42 jueces de Paz.
Huelga decir que todos esos puestos habían sido pensados para personas próximas al Partido Federalista.
El mandato era por cinco años.
INTENTOS DE SUPEDITAR LA JUSTICIA AL PODER POLÍTICO
El presidente Adams firmó todos los nombramientos, los selló y ordenó que fueran comunicados a todos los nuevos jueces, el 3 de marzo, un día antes de que Jefferson tomará su testigo en la Presidencia.
Sin embargo, a uno de ellos, William Marbury, no le llegó su nombramiento de juez de Paz para el Distrito de Columbia.
Cuando Jefferson descubrió la maniobra de Adams se negó a comunicar a Marbury su nombramiento.
Con la orden ejecutiva, la Corte Suprema podía ordenar a cualquier funcionario público hacer una tarea propia del Ejecutivo, conforme a determinados preceptos legales.
Marbury respondió de la forma que sabía: de forma legal.
Solicitó formalmente a la Corte Suprema que emitiera una orden ejecutiva (“writ of mandamus”) al secretario de Estado, John Madison, para obligarle a que le fuera comunicado el nombramiento de un modo oficial, con el fin de poder tomar posesión de su puesto.
Aquello fue una auténtica “patata caliente” para el nuevo presidente del Poder Judicial, John Marshall.
Todo el mundo conocía su pasado federalista y también que el recurrente, Marbury, era también un federalista.
La suma era matemática dos y dos, cuatro. Pero no fue así.
EL FALLO
El tribunal presidido por Marshall le dio la razón a Marbury en 1803.
El juez de paz tenía derecho a que se le comunicara su nombramiento -que había sido firmado y sellado por el anterior presidente, lo cual era válido- y, en consecuencia, a tomar posesión de su destino.
Sin embargo, la Suprema Corte argumentó que no tenía el poder para hacerlo y, por lo tanto, no podía forzar al Ejecutivo, del que formaba parte el secretario de Estado, John Madison.
¿Por qué?
Según el presidente-ponente del caso, John Marshall, la sección 13 de la Ley de la Judicatura de 1789 era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción del Tribunal Supremo más allá de lo que permitía el artículo III de la Constitución, al conferir a la Corte Suprema el poder de emitir, precisamente, órdenes ejecutivas como la que había solicitado Marbury.
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD OTORGA EL DERECHO A DEROGAR LEYES
Fue la primera vez que la Corte Suprema estadounidense se arrogó la capacidad de declarar inconstitucional una parte de una ley aprobada por el Parlamento.
Pero lo más importante de todo: Marshall consiguió erigir a su tribunal como árbitro del juego político y máximo intérprete de la ley, haciendo buena la frase de que un problema es una oportunidad en traje de faena.
Fue su gran oportunidad y la aprovechó.
Marbury, en consecuencia, jamás tomó posesión de su destino como juez de Paz.
John Marshall fue el arquitecto constitucional del Tribunal Supremo estadounidense; la pintura fue realizada por Henry Inman en 1832.
EL JUICIO A AARON BURR, VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
Otra gran prueba de fuego por la que tuvo que pasar John Marshall tuvo lugar en 1807. Fue el juicio contra el exvicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr, quien fue acusado de traición y alto delito menor.
A día de hoy, los historiadores no lo tienen claro.
Sus detractores afirmaron que Burr había tratado de crear una nueva nación en el oeste, con las provincias conquistadas a México y el territorio al oeste de los Apalaches, con él mismo como líder de esta república.
Otros creyeron que había intentado forjar un imperio latinoamericano que controlara la mayor parte de las granjas y el comercio estadounidense.
Sea como fuere, el presidente Jefferson, con quien Burr había servido de vicepresidente durante su primer mandato, hizo duras declaraciones, condenándolo públicamente y apoyando su condena, lo que supuso una injerencia clara en la independencia del poder judicial.
Y lo peor, una presión directa sobre el tribunal y el propio Marshall.
JUICIO EN LOS TRIBUNALES DE VIRGINIA
Aunque el juicio no tuvo lugar en la Corte Suprema sino en los tribunales de Distrito de Virginia, donde Marshall prestaba también sus servicios varios meses al año (Estados Unidos no era lo que es hoy), éste, lejos de ceder a las presiones del presidente Jefferson, hizo una interpretación restrictiva de la definición de traición, tal como viene redactada en el artículo 3 de la Constitución, y así se lo expuso al jurado popular.
El tribunal del jurado terminó absolviendo a Burr, ya que en el juicio no se pudo demostrar que hubiera cometido un “acto hostil”, como exigía la Carta Magna.
A consecuencia de ello, las relaciones de Marshall con el presidente Jefferson se vieron muy afectadas.
Pero fue sólo durante un año, porque a Jefferson le sucederían cuatro presidentes de Estados Unidos: James Madison, James Monroe, John Quincy Adams y Andrew Jackson. El carácter vitalicio del cargo le permitió seguir al frente de la Corte Suprema hasta su muerte, en
DEFINICIÓN DEL ESTATUS JURÍDICO DE LAS TRIBUS AMERICANAS
La Corte Suprema también levantó el marco fundacional para las relaciones entre los Estados Unidos y las tribus indias del país en los casos Johnson vs M’Intosh, Cherokee Nation vs Georgia y en Worcester vs Georgia.
JOHNSON VERSUS M’INTOSH
En el primer caso se afirmó la doctrina de la primacía federal en las relaciones con los pueblos indígenas americanos, resolviendo a favor de la parte que había obtenido una concesión de tierra de un gobierno federal sobre la otra parte que mantenía que la habían comprado directamente a una tribu.
CHEROKEE NATION VERSUS GEORGIA
En el segundo caso, el Tribunal Supremo se negó a reconocer a las tribus indígenas como naciones, manteniendo que eran “naciones domésticamente dependientes” cuyas relaciones con los Estados Unidos eran comparables a las de un pupilo y su tutor, aunque sí reconoció el derecho de cada tribu a la soberanía sobre sus tierras tribales.
WORCESTER VERSUS GEORGIA
El tercero confirmó la soberanía tribal y reafirmó la supremacía federal en relación a los asuntos tribales protegiéndoles de las incursiones de los estados, estableciendo que las leyes de un estado no tienen fuerza legal en tierras tribales dentro de los límites geográficos del estado.
CARISMA Y AMPLITUD DE MIRAS, CLAVE EN EL ÉXITO DE JOHN MARSHALL
Dos de las claves de su éxito, según sus biógrafos, fueron su personalidad y su capacidad de trabajo.
Marshall tenía carisma, sentido del humor, una inteligencia rápida y brillante, era capaz de elaborar argumentos persuasivos y una capacidad innata a formar equipos, a atraer hacia su persona a todos los que le rodeaban.
Sus opiniones eran claras pero no elocuentes o sutiles, y prestaba una gran atención porque sus sentencias fueran fácilmente comprendidas, incluso por los legos, el pueblo, a quien la justicia sirve.
Pero por encima de todo, el presidente de la Corte Suprema estadounidense era un estadista que veía la grandeza de su país en el futuro.
Todas estas cualidades le valieron el sobrenombre de “El gran presidente”.
LA IMPORTANCIA DE SUS SENTENCIAS DICTADAS EN LA CORTE SUPREMA
La actividad de Marshall, a lo largo de esos 34 años, fue abrumadora. Era un trabajador incansable. Una “maquina”, diríamos hoy.
“No sólo por la cantidad sino por la importancia de sus sentencias, ya que durante su Presidencia se vieron 1.215 casos”, según cuenta Beatriz Sanjurjo en su obra Los Jurados en USA y en España.
Entre ellos destacan sentencias tan importantes como las de McCulloch vs Maryland, que resolvió el equilibro de poder entre el gobierno federal y los estados a favor del primero, o Dartmouth College vs Woodward, que confirmó los derechos de las cartas de privilegios de todas las instituciones privadas de altos estudios porque son contratos que no pueden ser infringidos por el Estado.
EL FINAL DE SU CARRERA
A pesar de ser el presidente de la Corte Suprema, Marshall siguió siendo leal a las ideas del Partido Federalista, desaparecido en 1823.
Los jueces, por el hecho de ser jueces, tienen ideas políticas. Y
las de esta figura, influyeron de forma determinante en lo que hoy es Estados Unidos.
Precisamente en ese año de 1823, los que habían sido sus rivales en su época política, los miembros del Partido Demócrata-Republicano, le ofrecieron ser su candidato a la Presidencia en las elecciones que iban a tener lugar al año siguiente.
Aunque le agradó, porque suponía un reconocimiento a su trabajo al frente de la Corte Supremo, Marshall lo rechazó.
Prefirió seguir al frente de su nave hasta 1834, cuando le sorprendió la muerte a los 79 años.
El epitafio que se puede leer en su tumba del Cementario Shockoe Hill, Richmond, Virginia, es muy simple. Dice: “John Marshall. Hijo de Thomas y Mary Marshall, nació el 24 de septiembre de 1755, se casó con Mary Willis Ambler, el 3 de enero de 1783. Partió de esta vida el día 6 de julio de 1835″.
Miami (6 de agosto de 2020).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las amenazas contra medios y periodistas por parte del presidente Nayib Bukele de El Salvador y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron la práctica del Poder Ejecutivo y otras autoridades y funcionarios del gobierno de estigmatizar, desacreditar y bloquear el acceso a información a periodistas y medios críticos de la gestión presidencial.
La SIP cita las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que contabiliza “61 casos de agresiones contra periodistas” durante el primer año del Gobierno de Bukele. Aseguran que los ataques son provenientes del “poder Ejecutivo, funcionarios y fuerzas de seguridad”.
La SIP señala en su comunicado los “ciberataques, amenazas, vigilancia, descrédito y calumnia” contra La Prensa Gráfica y otros medios de comunicación como El Diario de Hoy, El Faro y Revista Factum.
Aunque la SIP no los menciona por su nombre, hay otras publicaciones digitales de larga data a las que se mantienen excluidas de la pauta publicitaria gubernamental y que son victimas de ciberataques y amenazas a sus directores (diariolatino,net; periodicojudicial.com y gaceta503.
El director de diariolatino.net está siendo actualmente procesado a raíz de la actitud critica mantenida contra el ex Fiscal General de la República, Douglas Meléndez-
“El discurso anti prensa del gobierno en las redes sociales podría incitar violencia y generar autocensura”, advirtió Barnes.
Los recientes ataques de Bukele en contra de este periódico ocurrieron luego que se publicara un artículo en el que se denuncia el deterioro de los paquetes alimenticios en bodegas.
Periodistas y medios salvadoreños vienen denunciando el aumento de ataques del gobierno, la tirantez con la Presidencia, el bloqueo selectivo de información pública y la utilización de troles favorables al gobierno para denigrar a la prensa crítica e independiente.
La Fiscalía General de la República, FGR, pudiera estar seriamente comprometida en la sustracción, robo y destrucción de información relacionada a casos especiales de corrupción y otros delitos contra el Estado, según información confidencial y otra que circula en las redes sociales.
Según la información que circula, los denunciante dicen estar siendo investigados internamente y encontrarse bajo amenaza de sus jefes superiores. Aseguran que la documentación extraviada o robada corresponde a los juicios que se siguen contra el expresidente de la República Mauricio Funes y el ex fiscal Luis Antonio Martínez. Aseguran que los expedientes sustraídos pertenecen a los juicios Destape a la Corrupción, Saqueo Público y Corruptela.
De acuerdo a las informaciones, los saqueadores pertenecen al personal administrativo de la fgr que “han participado en la fabricación y “armado” de procesos durante el periodo del ex fiscal Douglas Meléndez”. A cambio les han ofrecido beneficios como testigos naturales y de testigos criteriados pero, al parecer, esos beneficios les han sido retirados por la actual administración, razón por la cual temen por su seguridad.
Existen versiones no aclaradas sobre otros documentos y archivos que supuestamente fueron quemados en la azotea de la FGR el mismo día en que Meléndez dejó la Fiscalía
También ha trascendido que personal que han trabajado desde cuando era fiscal Garrid Safie, está siendo investigado porque supuestamente pertenecen al grupo de “manzanas podridas” al que se ha referido el actual Fiscal, Raul Melara, y porque colaboran con organismos de inteligencia del Estado.
La ex Primera Dama de la nación, señora Vanda Pignato, denunció recientemente que individuos enmascarados que supuestamente se hacían pasar por agentes de la PNC, efectuaron un allanamiento en la residencia donde guarda arresto domiciliario en busca de documentos que sustrajeron sin autorización judicial.
La señora Pignato asegura en su denuncia que uno de los abogados que la defiende en los procesos en judiciales en su contra fue objeto de actos de intimidación por los tres hombres que llegaron a su casa, haciéndose pasar por policías, y que además, habrían robado documentos y equipo electrónico.
Al parecer, de lo que se trata es de atemorizar a los abogados que defienden a los acusados en los casos de operación Destape a la corrupción, Saqueo Público y Corruptela.
El expresidente Mauricio Funes aclaró desde Nicaragua que “Al robar información valiosa del juicio que se sigue en este caso pretenden bloquear el trabajo de la defensa, sobre todo después que en más de dos años de investigaciones y acusaciones arbitrarias la FGR no ha podido demostrar ninguno de los delitos imputados”
“Insisto: Acaso pueden haber dudas de quién está detrás de esto? Acaso pueden haber dudas de que el caso Saqueo Público fue armado por el ex Fiscal Douglas Meléndez a pedido de la derecha? Acaso pueden haber dudas de que Nayib, la PNC y el OIE están detrás de estas amenazas?” agregó en otro tuit el ex presidente Funes.
Entre la documentación que supuestamente se ha extraviado o se han robado de la FGR, están los que se relacional al caso de Camagro, la denuncia por coacción, falso testimonio y actos arbitrarios que fue hecha contra el ex fiscal Douglas Meléndez por el expresidente Funes, declaraciones de testigos en el caso corruptela, informes provenientes de los Estados Unidos que eran favorables para Chepe Diablo y expedientes relacionados con la primera dama Vanda Pignato.
En repetidas ocasiones se ha dicho a través de las redes sociales que el ex fiscal Meléndez, antes de dejar el cargo, trasladó a su casa, cajas repletas de documentos importantes, libros y expedientes y que durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de ese año ordenó incinerar en la azotea del edificio Farmavida, otros archivos y expedientes relacionados con los casos “Estrella” con los que pretendía reelegirse como Fiscal General de la República, cosa que no ocurrió.
Entre los documentos incinerados supuestamente estaba un expediente abierto contra Roberto Rubio, (FUNDE), y la investigación hecha por los 13 fiscales que participaron en el caso Corruptela.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dio un ultimátum de 24 horas para que el alcalde Roberto d’Aubuisson, entregue una copia del contrato que firmó con la empresa colombiana Teclaseo S.E.M. de C.V. para la disposición final de los desechos sólidos y el barrido de la comuna tecleña.
El IAIP, el 15 de junio de 2020, ordenó a la municipalidad de Santa Tecla, informar a la Unidad de Cumplimiento de ese Instituto, acerca de dicho contrato.
Pero, ya que a la fecha el IAIP no ha recibido la copia del contrato, el instituto requiere de forma definitiva al jefe edil que entregue dicho contrato como cumplimiento de la referida resolución.
En la resolución, el IAIP también hace del conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) el inicio de un «procedimiento sancionatorio pertinente y las diligencias oportunas», para que el ente investigador también proceda por las responsabilidades a los funcionarios y servidores que corresponda, todo conforme al artículo 96 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
De no cumplir con el requerimiento definitivo, el alcalde y su concejo tecleño no podrían participar en la contienda electoral de febrero de 2021, según el reglamento vigente.
El 7 de julio pasado se conoció de una auditoría especial que realizó la Corte de Cuentas de la República (CCR) al contrato que el alcalde de d’Aubuisson firmó con la empresa colombiana Teclaseo S.E.M. de C.V., el cual reveló, según los auditores, que no se respetó el debido proceso. Por lo que la institución contralora determinó que dicho convenio “es improcedente”.
Además estableció cláusulas en el acta constitutiva de TECLASEO S.E.M. que son desfavorables a los intereses de la municipalidad. El contrato adquirido entre la comuna tecleña y dicha empresa es para el servicio de barrido y aseo, según consta en el documento de examen especial de la CCR.
La auditoría revela además que la municipalidad recibió y manejó fondos por 1 millón 210 mil dólares, “sin que se identifique el origen de los mismos”.
También se entregaron bienes municipales en uso a una Sociedad con fines de lucro; por lo que “la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración de municipalidades con transparencia”.
El concejo municipal dirigido por d’Aubuisson habría agotado todos los medios posibles para no dar a conocer y mantener “oculto” el contrato firmado con los colombianos para formar Teclaseo, a pesar que se trataría de fondos públicos provenientes de los impuestos que se le cobra a los ciudadanos tecleños.
La mas reciente encuesta de opinión de la Universalizad Centroamericana UCA, sobre La gestión de la pandemia Bukele, asegura que la situación económica del país, la transparencia y el autoritarismo con que se maneja el presidente podrían haber hecho descender su nivel de aceptación hasta en 25 puntos.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, dijo a los medios que “Este gobierno tiene un respaldo popular bastante alto, pero sufre una disminución. El apoyo de la gente no es incondicional. No tiene un cheque en blanco”, comentó el funcionario de la UCA.
“ha experimentado una variación claramente desfavorable, ya que en la encuesta de evaluación de sus primeros 100 días el 81.8% de la población mencionó que la imagen que tenían de Bukele había mejorado, mientras que en el presente sondeo este porcentaje se redujo a un 57.3%, lo que representa un decremento de cerca de 25 puntos porcentuales”, según la muestra de la UCA.
Lo anterior muestra que la proporción de salvadoreños que opina que el presidente está haciendo bien las cosas a un año de gestión se ha reducido en cerca de 20 puntos porcentuales, ya que después de sus primeros 100 días, es decir en septiembre de 2019, el porcentaje de quienes sostenían esta opinión era del 85.2%
La abogada Jessica Rivas interpuso el lunes una Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez d’Aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción.
La denunciante que dijo interponer la denuncia en su calidad de mujer, ciudadana y abogada, presentó un aviso contra los que acusa de obrar con la intención de lograr la impunidad de Martínez d’Aubuisson, a quien el periódico digital, LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente de una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA”, con el objetivo de proteger su identidad.
Según las declaraciones de la abogada a periodistas que convocó, su decisión pretende sentar un precedente sobre la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; de acuerdo a la letrada, el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues el IDHUCA publicó el pasado día 18 un comunicado manifestando el deseo e interés de la supuesta víctima, de no dar continuidad al caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella.
«En este caso, debemos dejar bien claro -apuntó la abogada- que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir».
Rivas cuestionó que la abogada Deleón, «hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al fiscal general llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión»
La presentante lamentó que en lo que ella considera un intento de evitar la justicia para Martínez d’Aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia”, aseguró.
De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al fiscal general, una serie de diligencias que comprobarían que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, con el objetivo de ocultar la verdad de los acontecimientos.
Rivas solicita también que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en una fiesta donde supuestamente ocurrió el abuso, entre ellas las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a otro español, José María Tojeira, diretor del IDHUCA.
“El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras», reclamó Rivas.
Finalmente, la abogada de la República Jessica Rivas dijo que hay en esto un reto para la Fiscalía, el cual es demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.
A pesar que el Presidente Nayib Bukele asegura que le sigue un 93 % de la población, los salvadoreños salen a la calle en busca de sustento, desobedeciendo las instrucciones del Ejecutivo.
El Salvador registró el domingo 361 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más alta de casos desde que la pandemia estalló en este país a mediados de marzo, con lo que el número de casos positivos activos se elevó a 5.032 y los fallecidos llegaron a 344, según datos oficiales actualizados el lunes.
La información del sitio covid19.gob.sv, presenta que el domingo se registraron los fallecimientos de nueve personas y 126 ciudadanos fueron dados de alta, con lo que la cifra de salvadoreños que se han recuperado de la afectación del virus asciende a 6.831.
El alza de los casos se da mientras muchos salvadoreños desoyen las indicaciones de la cartera de Salud del país centroamericano, a pesar que el Gobierno de Nayib Bukele dice contar con el apoyo del 93 % de la población, la que no toma en cuenta las recomendaciones del mandatario y su equipo de trabajo.
Debido a esto, el presidente Bukele, decidió aplazar una vez más la entrada en vigor de una segunda fase de reactivación económica.
«Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica», publicó en sus redes sociales el inquilino de la Casa Presidencial.
La decisión se dio un día después de que el mismo gobernante diera luz verde a la reactivación del servicio de transporte público, industrias, restaurantes y bares.
El Ejecutivo ha llamado a los ciudadanos a no salir de casa si no es «estrictamente necesario» y ha pedido que se acaten las medidas de prevención, como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, de alcohol en gel y el lavado de manos constante, pero la salida de la población a la calle en busca de sustento es cada vez más evidente.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, califico el lunes al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt de “Alcalde Palabrero”.
“Con una mano llevas dos libras de frijoles a regalar y con la otra mano has llevado miles de dólares, para asesinar salvadoreños” acusó acremente el ministro Castro.
El edil de la ciudad capital llamó temprano Rolando Castro, «Robando Castro» y lo acusó de estar influyendo a «malos areneros» para iniciar una campaña en su contra.
Muyshondt también acusó a su rival arenero por la silla edilicia, Francisco Manzur, de estar «íntimamente ligado» a Castro, lo que el ministro desmintió, afirmando que ni siquiera conoce a Manzur.
«No conozco a Manzur, nunca lo he visto personalmente. Al que sí conozco es a un terrorista que ha financiado la delincuencia y que es tan mentiroso y descarado que están los videos donde aparece con un gran montón de dinero. Aparece «negociando» y dice que es inocente y está procesado», respondió airadamente el ministro Castro a las acusaciones de Muyshondt.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, compartió el pasado viernes un video en el que se observa al alcalde Muyshondt con pandilleros, a quienes habría entregado dinero, por los que el burgomaestre capitalino respondió duramente al ministro de Trabajo.
Rolando Castro ha interpuesto demandas por violaciones laborales supuestamente cometidas por Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal en contra de los trabajadores municipales.
“Ante las declaraciones del Alcalde Palabrero este día, planteo lo siguiente: No seguiré tu juego, un Ministro NO debe rebajarse a debatir con un delincuente, seguiré trabajando y como un delincuente que eres, te veré en los tribunales y te caerá todo el peso de la ley”, advirtió Castro.
El ministro prometió que este país lo procesará como lo que es, “un delincuente”.
El ministro de Trabajo reiteró un llamado a la Fiscalía General de la República por las denuncias que han interpuesto contra el alcalde de San Salvador y Santa Tecla, por violaciones a los derechos laborales.
