El Tribunal Supremo de España, confirmó este miércoles la condena a 133 años y cuatro meses de prisión impuesta al coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano tras comprobársele su responsabilidad por el crimen de cinco sacerdotes jesuitas españoles, hecho ocurrido mientras la guerrilla izquierdista del FMLN lanzaba una ofensiva en noviembre de 1989.
Montano, quien permanece en prisión desde 2017, tras ser extraditado desde los Estados Unidos, fue considerado culpable luego que la Sala de lo Penal del Supremo ratificara la resolución de la Audiencia Nacional española al desestimar el recurso presentado por la defensa.
Dicha resolución estableció que el hecho se consideró como un acto de terrorismo, por lo que la Sala le impuso penas de 26 años, 8 meses y un día de prisión por cada uno de los delitos.
Las víctimas en este caso fueron los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno. Además, murieron el sacerdote salvadoreño Joaquín López, y las empleadas Elba Ramos y su hija Celina de 16 años.
El fiscal general de la República, Raul Melara, confirmó este lunes que hay por lo menos tres detenidos que supuestamente atacaron una caravana del FMLN el domingo y que entre ellos están un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) asignada al Ministerio de Salud (Minsal), así como un motorista y un vigilante de la cartera de Estado.
Según la diputada Nidia Díaz señaló que el incidente se produjo en el centro de San Salvador cuando “impunemente” el agresor “atravesó un carro, bajándose con pistola en mano y empezó a disparar” contra la caravana.
Melara aseguró que desde la mañana del lunes se están llevando a cabo registros e inspecciones en distintos lugares de San Salvador. Más tarde se supo que uno de los registros se estaba llevando a cabo en las instalaciones anexas al Minsal donde se encontraba estacionado el vehículo azul, del cual se asegura que bajaron los tres sospechosos arrestados por el (ataque armado) altercado.
En horas de la tarde, una grúa de la Policía Nacional Civil retiró el automotor del sitio por órdenes del ministerio público.
Un grupo de agentes del Laboratorio Científico de la PNC realizó la inspección en el parqueo del Ministerio de Salud y posterior ingresó al despacho del titular de la cartera de Estado, Francisco Alabí, sin saber que fue lo que dijo el ministro Alabí.
Alabí afirmó que hasta ese momento no se le había solicitado información al respecto y restó importancia a los hechos sugiriendo que se trató de un “altercado) .
Aseguró que el ataque puede considerarse mutuo porque se intercambiaron disparos, argumentó que el agente del PPI fue intervenido por heridas de bala. La diputada Nidia Díaz señaló que el incidente se produjo en el centro de San Salvador cuando “impunemente” el agresor “atravesó un carro, bajándose con pistola en mano y empezó a disparar” contra la caravana.
Policía asignado al Ministerio de Salud fue uno de los criminales que atentó contra activistas del FMLN.
Uno de los atacantes contra activistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que terminó con dos muertos y tres heridos, es un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC), asignado al Ministerio de Salud.
El atacante fue intervenido en el Hospital Médico Quirúrgico del ISSS por una herida de bala.
El presidente Nayib Bukele confirmó que ya hay tres hombres detenidos tras el ataque armado contra los simpatizantes del FMLN en la 11 Avenida Norte y 1a. Calle Poniente de San Salvador, entre ellos el policía empleado en uno de sus ministerios.
Por su parte, el fiscal Raúl Melara anunció también la captura de dos presuntos atacantes.
«Hay dos personas capturadas vinculadas con el doble homicidio que se ha dado esta noche, además de las dos personas lesionadas que están aquí en el Hospital Rosales”, dijo Raúl Melara.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Siman, condenó al ataque contra una caravana del partido FMLN en el que murieron dos personas y dos más resultaron heridas, el domingo.
Las gremiales que integran la Asociación empresarial también condenaron los actos de violencia electoral ocurridos el domingo por la noche. De igual manera, Siman se refirió a las declaraciones en Twitter del presidente Nayib Bukele donde, según el mandatario incita al odio y violencia.
Bukele debería ser el primero en dar el ejemplo de tolerancia y respeto, pero es el principal incitador del odio y la violencia”, escribió Simán en su cuenta de Twitter.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. se sumó a la declaración del presidente de ANEP, asegurando que “existe un ambiente de crispación social que ya causó los primeros muertos”
Tanto las declaraciones de Siman como las de otros sectores empresariales del país, vaticinan lo “caldeado” que podría ser el evento electoral para renovar diputados y alcaldes
Ahora estamos a la espera de la reacción del presidente Bukele a las declaraciones de Siman así como las de otros empresarios y comerciantes.
Los más recientes datos de la encuesta Mitifsky, dados a conocer este lunes 1 de febrero en el programa Frente a Frente de TCS Noticias, el candidato de Nuevas Ideas para la alcaldía municipal capitalina, Mario Durán, será el ganador del evento a realizarse el próximo 28 de febrero.
Roy Campos, presidente de la casa encuestadora, aseguró que la ventaja de Durán sobre su más cercano opositor, Ernesto Muyshondt, se manifiesta de forma irreversible. Campos dice que a la pregunta directa ¿usted por quién votaría si la elección fuera hoy?, los encuestados fueron contundentes al responder que por el candidato de Nuevas Ideas, quien obtendría un 48.2% de las preferencias electorales, mientras que Muyshondt solo obtendría, un 35.3% de la votación.
La casa encuestadora también reveló que Durán obtiene un mejor porcentaje de opiniones favorables por parte de la ciudadanía, con un 43.9%, mientras que Muyshondt sumó un 29.8%, por su parte, Canales un 10.9%.
La encuesta Mitofsky calificó de manera desfavorable con un 38.7% la recolección de basura, por parte de la alcaldía de San Salvador, además, un 9.1% dice que no ha realizado obras públicas; mientras que un 35.3% no reconoce ningún logro por parte del alcalde Muyshond
Desde el retorno del empresario Yani Rosenthal a Honduras, luego de cumplir 3 años de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica, por lavado de dinero para el narcotráfico, los ánimos políticos en el país centroamericano se han caldeado
Yani Rosenthal, un banquero, fue ministro de la Presidencia en el gobierno del liberal Manuel Zelaya, además se desempeñó como diputado en el Congreso de Honduras y también fue aspirante presidencial por el partido Liberal.
El 26 de julio de 2017, Rosenthal se declaró culpable ante el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York por realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre 2015. En diciembre del mismo año la justicia norteamericana condenó a Rosenthal a 3 años de prisión por su participación directa en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita (narcotráfico).
Asimismo, Rosenthal recibió la orden de renunciar a US$500 mil y pagar una multa de US$2.5 millones.
Para el gobierno norteamericano, Yani Rosenthal sigue designado como «Narcotraficante Especialmente Designado» de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos.
Luego de cumplir su sentencia, Yani Rosenthal fue deportado a su natal Honduras, donde hoy se apresta a correr por la candidatura del Partido Liberal por la Presidencia de la República.
El banquero busca en la actualidad la nominación presidencial Liberal contra otros dos aspirantes en las elecciones primarias que se celebrarán el próximo mes de marzo para designar sus candidatos a la presidencia, diputados y alcaldes para los comicios generales previstos para noviembre de 2021. Sin embargo, en los corrillos políticos de Honduras, se comenta que dichas elecciones serán solamente un trámite, pues Yani Rosenthal ya habría negociado con el partido su triunfo en primarias de antemano.
Rosenthal pretende alcanzar la presidencia en Honduras donde al menos un expresidente, Porfirio Lobo (2010-2014), ha sido vinculados por fiscales norteamericanos a cárteles del narcotráfico en juicios en Estados Unidos en los que fue condenado por tráfico ilícito de drogas un hijo de Lobo.
El primo de Rosenthal y exministro de Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue condenado en Estados Unidos a dos años y cinco meses de cárcel bajo cargos de lavado de dinero. Yankel Rosenthal cumplió su pena y regresó a Honduras.
Fredy Nájera Montoya
La representación fiscal del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica presentó el 23 de diciembre de 2020 un memorándum previo a la sentencia que el juez del distrito sur de Nueva York tiene programado emitir el 6 de enero de 2021 contra el ex diputado por el Partido Liberal de Honduras, Fredy Nájera Montoya. Según el fiscal, Nájera es líder de una violenta y prolífica organización de narcotráfico y en el transcurso de al menos siete años, «el acusado abusó de su cargo público y ayudó a corromper las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 20.000 kilogramos de cocaína».
El Departamento de Estado del país del norte acusó originalmente a Nájera Montoya, quien sirvió en el Congreso Nacional bajo la dirección de Juan Orlando Hernández antes de que este subiera a la presidencia en 2014.
Debido a las acusaciones, las autoridades estadounidenses encausaron a Nájera Montoya por cargos de narcotráfico, por facilitar el trasiego de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia a través de Honduras y entregarlos al cartel de Sinaloa de México, con el objetivo de trasladarlos al mercado estadounidense.
Además de Nájera, las autoridades estadounidenses también nombraron a Yankel Rosenthal, ministro de inversiones de Honduras hasta junio de 2015, quien admitió haber blanqueado dinero del narcotráfico para los que alguna vez fueron el mayor grupo traficante del país, Los Cachiros, en 2017. Al final de la lista se encontró al primo de Yankel, Yani, quien también quedó incluido en el asunto. Por su implicación en el caso por lavado de activos de la droga para el grupo narcotraficante «Los Cachiros» es que este cumplió con tres años de prisión.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, asegura, según un documento en poder de la Agencia Digital de Noticias -ADN-, que Nájera Montoya “utilizó su posición en el Congreso hondureño para facilitar grandes cantidades de narcotráfico y corrupción”, y “participó y apoyó las actividades de narcotráfico de grandes narcotraficantes en Honduras y miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa en México”.
Asimismo, “facilitó la recepción de aviones cargados de cocaína en pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras… participó en un proyecto de tráfico marítimo de cocaína que involucró un soborno de 50,000 dólares pagado a Fabio Lobo [hijo del ex presidente Pepe Lobo]”.- En total, los fiscales sostienen que traficó 20 mil kilogramos de cocaína, es decir 20 toneladas, y “ganó al menos $39 millones en dinero de sangre a través de este atroz curso de conducta”.
Los nexos entre Nájera Montoya y Yani Rosenthal
La representación fiscal afirma que Nájera participó en una amplia red de corrupción pública como parte de sus actividades delictivas.
De acuerdo al memorándum mencionado, “En 2012, el acusado pidió a los miembros del Cartel de Sinaloa aproximadamente $1 millón para el ex congresista Yani Rosenthal, que el acusado afirma se utilizaría para la campaña de Yani Rosenthal para convertirse en presidente de Honduras. Posteriormente, el Cartel de Sinaloa pagó al acusado aproximadamente $1 millón en pagos a plazos, y el acusado confirmó a los traficantes que se lo entregó a Rosenthal. Rosenthal luego se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero en este Distrito”.
Durante una reunión grabada en enero de 2014 entre el acusado, el congresista [Midence Oquelí] Martínez Turcios y otros narcotraficantes, el grupo discutió la búsqueda de un trato favorable y protección de la presidencia hondureña, incluso mediante la coordinación con Yani Rosenthal y tratando de instalar al asociado de Los Cachiros, Oscar Nájera, como presidente del Congreso hondureño, indica el documento.
Fredy Nájera Montoya explicó a los fiscales norteamericanos que Yani tenía una estrecha relación con su persona y su círculo de corrupción.
“El acusado explicó al grupo que «habíamos ideado una estrategia con Yani» que involucraba buscar un puesto de liderazgo para Oscar Nájera, pero que (una persona identificada como) Oficial-1 había expresado preocupación por su propuesta. El acusado aseguró al grupo que Oficial-1 tenía una relación cercana con Rosenthal y que Oficial-1 «aun así, está en alianza. . . con nosotros. Porque no ha dejado de ayudarnos»”, declaró Nájera.
“El imputado explicó que el Oficial-1 indicó «que nos va a pagar sesenta millones, veinte cada uno, porque aquí es donde está el poder».A pesar de la oferta, «luego con Yani, simplemente nos levantamos y salimos» de la reunión”.
Candidato a la Presidencia de Honduras
Desde el siglo XIX Honduras cuenta con dos partidos políticos principales, el Partido Liberal y el Partido Nacional.
Yani y Yankel Rosenthal y Fredy Nájera Montoya son miembro del Partido Liberal.
Si bien Yani y Yankel, Nájera y otros miembros de la élite política hondureña «trabajaron en privado mano a mano con los narcotraficantes, fingieron públicamente apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas. En ese sentido, antes de 2012, la constitución hondureña no permitía la extradición de hondureños a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Por lo tanto, durante los primeros años de la conspiración en este caso, ni siquiera era concebible para el acusado o sus co-conspiradores hondureños que pudieran ser considerados responsables de su conducta en los Estados Unidos. La corrupción desenfrenada permitió a los narcotraficantes operar con impunidad y tener éxito a niveles sin precedentes. En 2012, sobre la base de la presión diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Honduras enmendó su constitución para permitir, por primera vez, la extradición de ciudadanos hondureños a los Estados Unidos para ser procesados por cargos de tráfico de drogas», reza el documento fiscal.
Durante una reunión grabada en enero de 2014 entre Nájera Montoya y el congresista Midence Oquelí Martínez Turcios (también del Partido Liberal) y varios narcotraficantes, se discutió la búsqueda de un trato favorable y protección por parte del Oficial-1, incluso mediante la coordinación con Yani Rosenthal y al intentar instalar al asociado de Cachiros, Oscar Nájera, como presidente del congreso hondureño.
Actualmente, Yani Rosenthal se encuentra de gira por todos los departamentos de Honduras, su última visita a Copán, donde se comprometió a propiciar la unidad de la oposición para sacar del poder al Partido Nacional.
Durante la visita a Copán, acompañaron a Rosenthal varios candidatos a diputados, tales como Cristian Saavedra, Valeska Valenzuela, Antonio Guerra, Denia Lemus, Luis Lemus, Karina Álvarez y Juan Ángel Arias, así como el candidato a designado presidencial y actual legislador por Copán, Juan Carlos Elvir. Además estuvieron el coordinador departamental del movimiento que se autodenomina «Yanismo» en Copán, Mauricio Arias; la candidata a alcaldesa de Nueva Arcadia, Angelita Aguilar; el candidato a vicealcalde, Elmer Ramírez y otros líderes de la zona, entre ellos Marcio Vega Pinto y Rafael García.
Varios de los presentes se encuentran en las listas de investigación de la Administración de las Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés.
Por Eduardo Vázquez Bécker.- La jueza 4o de Instrucción de San Salvador suspendió la audiencia preliminar en el caso corruptela, señalada para este jueves, y se declaró incompetente para seguir conociendo del mismo por razones de lugar. La jueza fundamenta su resolución en el hecho de que según ella, los hechos que se atribuyen a 30 imputados, entre ellos el ex presidente Mauricio Funes, el ex fiscal Luis Antonio Martínez y el empresario Enrique Rais, ocurrieron en el complejo de la Fiscalía General de la República y, encontrándose en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, es ahí donde se debe ventilar el proceso que lleva más de que lleva más de dos años de iniciado.
El caso conocido como “corruptela, ha sido señalado como una estrategia del ex fiscal Douglas Meléndez para evitar que tanto el empresario Enrique Rais como el ex fiscal Luis Martínez, recobraran sus derechos y su libertad ante la imposibilidad probatoria por pate de la Fiscalía General de la República en el tambien llamado caso Rais-Martínez.
A lo largo de la implementación de los casos Rais-Martínez y corruptela, a partir del mes de agosto de 2016, han salido a luz pública una serie de eventos ilegales así como el uso de pruebas prefabricadas por fiscales la fgr que demostraron que los mismos fueron “fabricados” con fines políticos y económicos a través de una gavilla de fiscales señalados de pertenecer a una estructura criminal dedicada a la corrupción en la Fiscalia y que el actual jefe del ministerio público dio en llamar “manzanas podridas”.
En su alocución de segundo aniversario como Fiscal General, Melara reconoció implícitamente que durante la administración de Meléndez hicieron juicios mediáticos con fines distintos a lo de la institución.
La notificación sobre la declaratoria de incompetencia alegada después de dos años, de la jueza 4o de Instrucción, fue realizada a pocos minutos de iniciar la audiencia preliminar del caso corruptela, que se pretendía llevar a cabo este jueves.
Tanto abogados como imputados expresaron su malestar ante el anuncio de la jueza debido a que era inminente que el caso corruptela no llenaba los requisitos para que los imputados fueran enviado a juicio y miraban en la realización de dicha audiencia el desplome del llamado “castillo de naipes” que inventaron el ex fiscal Douglas Meléndez, junto a un grupo de fiscales corruptos.
El miércoles pasado trascendió que uno de los jefes fiscales que más sobresalió en las estrategias corruptas de Meléndez, el ex jefe de la Unidad Financiera de la FGR, Jorge Cortez, se había refugiado en Canadá ante la posibilidad de que el caso corruptela desplomara en la audiencia preliminar, tal como lo anunciaran defensores de los imputados.
Cuando está próxima a realizarse la audiencia preliminar, con la que se daría fin a la fase intermedia del proceso penal del llamado “caso Corruptela” y en la que la jueza 4o de Instrucción tendrá que decidir si 30 personas son enviadas a un juicio, a todas luces injusto, un dato relevante y de mucha importancia para la juzgadora surge a la la luz pública: uno de los principales fiscales que han sido señalados como integrante del grupo criminal que organizó Douglas Meléndez al interior de la Fiscalía General de la República con el propósito de armar, componer, inventar, o como quiera que se quiera decir, juicios mediáticos para utilizarlos en su campaña de reelección como fiscal y que afortunadamente no progresó como él lo deseaba.
El exjefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, que aparentemente ha solicitado protección en la República de Canadá con el fin de evadir la justicia salvadoreña, formó parte de un equipo de fiscales de confianza del ex fiscal general Douglas Meléndez, que armaban casos con testigos y pruebas falsas para presentarlos en los tribunales, con la finalidad de no perder los procesos judiciales.
Curioso que sea en Canadá, país de origen de dos de sus asociados, Matteo Pascual y Franco Pacetti, señalado por la Real Policía Montada como pertenecientes a la mafia italo canadiense con quienes, por órdenes de Meléndez, orquestó el famoso caso Rais Martínez, cuyo fin era despojar al primero, de su patrimonio empresarial y al segundo hacerlo pagar por la valentía de haber judicializado el caso CelEnel.
También es coincidente la noticia, publicada en el periódico digital La NoticiaSV, sobre la solicitud de asilo de Cortez en Canadá, con la inminente apertura de la audiencia preliminar de otro caso mediático al que el ex fiscal Meléndez bautizó cómo “Corruptela” donde se encuentran imputados Enrique Rais y Luis Antonio Martínez. El caso Corruptela ha sido considerado como la estrategia mediante la cual el ex fiscal Douglas Meléndez evitó que Martínez saliera de la cárcel y el empresario Rais tornara de nuevo a su patria a realizar sus labores productivas.
Si bien es cierto que el detonador que habría de llevar frente a la justicia al ex jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, lo es una grabación telefónica de la esposa del ex presidente Saca, Ana Ligia Mixco, la cual pone de manifiesto la corrupción de Cortez, también lo es que la denuncia de otros cuatro fiscales y varios administrativos de la FGR que denunciaron haber sido amenazados por Cortez y otros funcionarios del Ministerio Público, para que mintieran y falsearan hechos y circunstancias del caso Corruptela- La denuncia fue interpuesta por los afectados en la misma FGR, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en el juzgado 7o de Instrucción con fecha 29 de enero del 2019, pero hasta la fecha los responsables se encuentran impunes, cosa que podría cambiar en la medida que se derrumba el castillo de naipes del caso corruptela.
Ni Jorge Cortez ni Meléndez ni otros responsables han sido procesados hasta la fecha existen denuncias en el ministerio público, sin que hasta el momento se haya iniciado un proceso judicial.
Según se conoció, Cortez formó parte de un equipo de fiscales de confianza del exfiscal general Douglas Meléndez, que armaban casos con testigos y pruebas falsas para presentarlos en los tribunales, con la finalidad de no perder los procesos judiciales.
Varios empleados de la fiscalía, entre agentes fiscales y empleados administrativos denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fueron víctimas de acosos y amenazas por parte de Jorge Cortez y otro grupo de fiscales bajo el mando de Douglas Meléndez, para convertirse en testigos criteriados en un inténtenlo de sostener en los juzgados el caso conocido como “Corruptela”; sin embargo, los trabajadores se negaron a mentir en los tribunales y realizaron la denuncia.
Hasta la fecha, los empleados que fueron coaccionados para dar falso testimonio para incriminar a otras personas, siguen esperando una acusación formal por parte del ministerio público. Por otra parte, la denuncia que los afectados interpusieron en la misma entidad no ha sido procesada por parte la actual administración, bajo el mando de Raúl Melara.
La denuncia que La NoticiaSV recibió señala que durante la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, en agosto de 2018, Jorge Cortez trató de desviar la atención del juzgador durante la declaración de exmandatario, quien explicaba la forma que ideó para sacar dinero del Estado y entregarlo a sociedad, incluido al partido ARENA, y otras formas operativizar el mecanismo usado para entregar fondos.
Pese a ser el responsable de defender los intereses del país, Cortez trató de evitar que el expresidente siguiera acusando al partido tricolor. “Él buscó proteger a miembros y al mismo partido ARENA tratando de opacar la confesión del expresidente Saca, pero el juez en su momento tomó la decisión de terminar de escuchar al imputado”, destaca la denuncia.
En el Juzgado Cuarto de Instrucción el expresidente Saca expuso que: “posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheque a favor del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por la cantidad de $400 mil, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo, por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares”, mencionó Saca, quien además narró la creación de una unidad para el manejo de fondos públicos que recaía en la figura de Elmer Charlaix, situación que no agradó al fiscal Cortez, quien interrumpió la confesión.
“Señoría lo que está declarando el señor Elías Antonio Saca González de ninguna manera eso constituye una confesión de carácter judicial, si va a seguir en esa línea la representación fiscal es de la idea de que desistamos ya de este acto con respecto a la institución porque lo que está haciendo él es una justificación, de un uso que, de acuerdo a la tesis de acusación ha sido ilegal. Esa no fue la confesión que había preparado la representación fiscal en su origen, para bien de jueces…”, espetó Cortez. Por su parte el juzgador reprendió al fiscal por la abrupta interrupción y ordenó a Saca seguir con su declaración.
Tras conocerse las acusaciones en contra del exjefe de la UIF, Jorge Cortez, en la Sala de lo Penal (Casación), la denuncia expone que en la actualidad este está tramitando un asilo en Canadá, donde estaría recibiendo la colaboración de los empresarios de ese país, que actualmente son prófugos, Matteo Pascual y Franco Pacetti y quienes figuran como principales acusadores en un proceso mercantil, que el fiscal Douglas Meléndez trató de llevar, sin éxito, a los tribunales como crimen organizado.
En el caso llamado “corruptela”, sabido, entendido y demostrado que fue una estratagema del ex fiscal Douglas Meléndez, para mantener privados de sus derechos y libertades al empresario salvadoreño Enrique Rais y al también ex fiscal Luis Martínez, imputan a por lo menos una decena de personas, el delito de Peculado en su modalidad de cómplice necesario.
Debido a la reserva parcial, declarada por el tribunal cuarto de instrucción, poco se sabe al respecto; sin embargo, en la medida que se acerca la realización de la audiencia preliminar, señalada para el día siete de este mes, se han comenzado a hacer comentarios en los fiscales del caso habrán de salir muy mal parados.
La complicidad necesaria está regulada en el primero de los incisos del artículo 36 de nuestro Código Penal. “Se consideran cómplices: 1) “Los que presten al autor o autores una cooperación, de tal modo necesaria, que sin ella no hubiere podido realizarse el delito. Más claro no canta un gallo.
Existe abundante jurisprudencia salvadoreña en la que se establece, de manera reiterativa, que no se puede imputar a una persona ningún delito en grado de cómplice necesario, si no se demuestra que los actos que se le atribuyen fueron esenciales o vitales para que el autor pudiese cometer el delito. Sn probar fehacientemente estos extremos no es jurídicamente posible que una persona responda penalmente como cómplice necesario de ningún delito.
En su resolución 329C2016, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia establece: “…según las reglas de la autoría, nuestra legislación únicamente regula tres categorías: autores, instigadores y cómplices, el último se encuentra regulado en al Art. 36 Pn., y recoge dos clases de cooperación que presupone la ausencia de intervención en el proceso ejecutivo material del núcleo del delito: el cooperador necesario y el cómplice no necesario. El primero es un partícipe que no realiza actos conjuntos de ejecución, sin embargo, colabora en la producción del resultado con actos sin los cuales éste no hubiera llegado a producirse, siendo que sus hechos pueden ser anteriores, coetáneos o posteriores, es en este último que los actos deberían haber sido concertados previamente a la ejecución y haber determinado al autor a realizar el hecho.
La misma resolución especifica que “El cooperador necesario ha de actuar dolosamente, abarcando su dolo tanto el resultado delictivo como el valor que su aportación tiene para la producción del resultado.”. (sic). (MORENO CARRASCO Francisco, Et Al, “Código Penal de El Salvador Comentado, Pág. 239, CNJ, Tomo I.).
En ese sentido, la actividad fiscal no solo debe mostrar en sede judicial que los aportes de los que habla la ley fueron “esenciales y eficaces a tal grado importantes, que, sin ellos, no se hubiese realizado el delito” sino que también debe probar el dolo al que se refiere Moreno Carrasco en el “Código Penal Comentado” y publicado por el Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CSJ., ha dejado también muy claro que, para considerar la complicidad necesaria, es imprescindible que los aportes o actos de cooperación, antes, durante o posterior al hecho delictivo, hayan sido de tal envergadura, que sin los mismos la conducta delictiva no hubiese podido llevarse a cabo» (Sala de lo Penal, 308-CAS-2006 del 14 de marzo de 2011).
En el caso del Peculado la cosa es aún más interesante. El peculado es un delito especial de infracción del deber, en el que la ley dispone que el autor debe ser un funcionario o un servidor público; no lo puede cometer cualquier persona sino aquella que, además de tener la calidad de funcionario, tiene el deber jurídico de velar porque los recursos económicos o caudales pertenecientes al Estado, que le han sido confiados en razón de su nombramiento, sean utilizados correctamente.
Si este funcionario se apropia de esos recursos del Estado, para sí o para otro, quebranta el deber que tenía para con ese Estado. El delito no es que se apodere, sustraiga o disponga de los recursos o caudales que se le confiaron. El delito es el quebrantamiento del deber que le otorgó el Estado; un deber que no puede ser transferido a nadie.
Está claro pues, que en el delito de peculado el meollo penal es el quebrantamiento del deber; que el funcionario haya faltado a la confianza que el Estado depositó en él y nada más que en él. Contratar o subcontratar a una persona para que realice determinadas obras o funciones irrelevantes o sin trascendencia jurídica, no hace del contratado partícipe ni cómplice, mucho menos lo convierte en la figura del cómplice necesario. No le confiere ni le transfiere ningún deber.
Reiterando: Existe abundante doctrina jurisprudencial en las Cámaras de lo Penal y en sede constitucional, en la que se establece que la ayuda que se le atribuye al supuesto cómplice necesario y que, se supone, habría prestado al autor directo del peculado, debe ser tan intensa, importante y decisiva, que sin ella no hubiera sido posible realizar el hecho. O sea que el cómplice necesario vendría siendo tan importante o más, que el mismo funcionario. Cuento muy difícil de tragarse.
Esa misma jurisprudencia ha dejado también muy claro que para calificar la complicidad necesaria, la actividad fiscal debe demostrar de manera fehaciente, que tanto el autor directo, como el supuesto cómplice necesario, se pusieron de acuerdo previamente para para determinar de manera precisa, el rol, fecha, lugar y hora en que supuestamente se debería cometer el ilícito que les imputa a los acusados.
Para fallar, el juez debe tener claro, con certeza, sin lugar a dudas, que la actividad fiscal ha probado fehacientemente: cuándo se reunieron el autor directo y el supuesto cómplice, dónde, a qué horas, y lo más importante: cómo obtuvieron los fiscales esa información De lo contrario estamos frente a un cómplice necesario inexistente y así deberá dictaminarlo el juez correspondiente. El castillo de naipes, como se ha dado en llamar al caso corruptela, se está cayendo.
Por Eduardo Vázquez Becker. – La jueza del tribunal Cuarto de Instrucción de San Salvador, ha señalado para el próximo siete de este nuevo enero, la audiencia preliminar en el caso corruptela.
La audiencia preliminar es la fase intermedia de un proceso, en la cual las partes discuten sobre los contenidos del requerimiento, así como de la acusación fiscal y cuya información servirá, en definitiva, para que el juez determine si es posible someter a una o varias personas a un juicio penal.
En dicha audiencia se discutirá, forzosamente, las causas reales de la acusación, que como de todos es sabido, fue implementada por el exfiscal Douglas Meléndez y un grupo de fiscales subalternos con quienes “inventó” el caso llamado corruptela,
La causa real de este caso fue impedir que los principales acusados en el caso Rais-Martínez, obtuvieran su libertad y recuperaran sus derechos, fundamentales y civiles, ante la falta de pruebas fehacientes en su contra y por haberse vencido los plazos establecidos en la ley.
El exfiscal Douglas Meléndez y sus asociados o “manzanas podridas” como los ha llamado el fiscal Melara, en su afán por servir los intereses de los enemigos empresariales de Enrique Rais y los enemigos políticos del exfiscal Luis Martínez, no vacilaron en inventar casos mediáticos, fabricando “pruebas” o utilizando pruebas ilícitas, para mantener a estos, privados de sus derechos. Lo hicieron de manera descarada; calculando que para cuando todo quedara al descubierto, Meléndez estaría “blindado” nuevamente como fiscal general de la república.
Como no le salieran bien las cosas, y ante la posibilidad de que, tanto el empresario Enrique Rais, como el exfiscal Luis Martínez, recobrarían en poco tiempo sus derechos y sus libertades, Meléndez optó por recurrir a otra de sus triquiñuelas para que estos siguieran, uno en la cárcel y el otro en un exilio injusto e involuntario: inventó otro nuevo caso al que descaradamente llamó “Corruptela”.
En este nuevo caso, Meléndez logró ganar tiempo para mientras escapaba del país hacia los Estaos Unidos, donde actualmente se encuentra asilado; sin embargo, las cosas le siguen saliendo mal. El llamado caso corruptela está por llegar a la fase de la audiencia preliminar donde estamos seguros que se derrumbará rá como un castillo de naipes.
Una de las razones por las que el caso corruptela se desmoronará, es que la fiscalía presentó un requerimiento confuso, sin claridad e impreciso y por lo tanto, violatorio del debido proceso; un requerimiento, incluso, donde se confunde el delito de cohecho con peculado, donde no se aclara si se está hablando de un delito común o de un delito especial por infracción del deber, como es el caso del peculado. Además, porque salta a la luz que el origen del caso es espurio.
Cualquier juez, sin esfuerzo alguno, podrá determinar que la acusación fiscal en el caso corruptela, carece de las exigencias mínimas del proceso penal. Una acusación donde se relata infinidad de acontecimientos irrelevantes sin trascendencia jurídica, donde se confunde los planos fácticos y jurídicos, en la que solo se especula sobre generalidades y abstracciones, pero no se aporta prueba fehaciente alguna, está condenada al fracaso.
¿Podrá juez alguno pasar inadvertido que, cuatro fiscales y tres administrativos, denunciaron y acusaron ante la Procuraduría para los Derechos Humanos y en sede judicial, al fiscal Douglas Meléndez y a varios de sus compañeros fiscales de haberlos obligado a mentir, -utilizando la figura del testigo criteriado-, para darle forma al caso corruptela? Sinceramente, no lo creemos
Por el contrario, esa denuncia de los fiscales y los empleados administrativos lo que ha demostrado es la forma corrupta en que Meléndez utilizó a la Fiscalía General de la República, utilizándola como un mecanismo de persecución política y descrédito de las personas. Además de los daños morales y económicos causados que produce un proceso injusto.
Por más que una persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aun de descrédito público. Alguien tendrá que pagar por ello.
El “derrumbamiento” del caso corruptela, será sin lugar a dudas, una oportunidad para que el señor Fiscal General de la República, Raúl Melara, cumpla sus promesas de enderezar los entuertos dejados por su antecesor, cosa que hasta la fecha no ha hecho.
Los fiscales y empleados administrativos que se prestaron junto a Douglas Meléndez, para “fabricar” y utilizar pruebas ilícitas en los casos Rais-Martínez y corruptela, siguen impunes en sus cargos, a pesar de que se ha demostrado que hicieron uso ilegal y abusivo de grabaciones telefónicas, de haber mentido en sede judicial, de haber obligado a personal de la institución a constituirse en testigos criteriados, de que violaron derechos humanos, derechos fundamentales y que se pasaron por el famoso arco del triunfo el derecho de los ciudadanos al debido proceso, inclusive algunos de ellos participaran en el desarrollo de la audiencia preliminar.
Esta situación no puede continuar así, a no ser que al fiscal Melara no le importe ver cómo se hunde la fiscalía y con ella cualquier aspiración política que pueda tener en el futuro. Es un hecho: el caso corruptela se derrumba como un castillo de Naipes
