La Asamblea Legislativa aprobó el jueves una reforma a la Constitución con la que se reconoce el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano, iniciativa que deber ser ratificada en la siguiente legislatura.
Esta reforma, aprobada con 78 votos de los 84 diputados, entrará en vigencia hasta que los legisladores electos en febrero de 2021 la ratifiquen con mayoría calificada, que se conforma al menos 56 votos.
«Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento», reza la reforma aprobada al artículo 2 de la Carta Magna, que también incluye otros derechos como el de la propiedad.
La modificación también agrega al artículo 69 de la Constitución un inciso que establece la obligación del Estado de «crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos».
Finalmente, los legisladores también acordaron que en la Carta Magna salvadoreña se establezca que «el agua es un bien público».
El diputado no partidario Leonardo Bonilla propuso antes de la votación definitiva que se añadiera a la reforma que la administración del agua debe ser pública y sin fines de lucro.
Esta última iniciativa únicamente alcanzó 31 votos y no prosperó.
El Congreso salvadoreño aprobó en el pasado dos reformas constitucionales para declarar el acceso al agua como derecho humano, pero estas no fueron ratificadas por las legislaturas de los años 2012-2015 y 2015-2018.
En el país organizaciones sociales y universidades han formado un movimiento, al que también se suma la Iglesia católica, que busca la aprobación de una ley general de agua y que no se abra la puerta a la privatización.
En los últimos años se han registrado protestas con miles de personas, principalmente después de que se abrió la posibilidad de incluir en el ente rector del agua a la empresa privada. La oposición a esto llevó a la comisión de diputados que discute el tema a suspender el análisis de las propuestas.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé que para el año 2022 el 80 % del territorio del país registre niveles de «estrés hídrico» por la escasez del agua.
Según el MARN, «los ríos han perdido gran parte de su caudal respecto al promedio histórico» entre 2015 y 2019, situación que ha generado «conflictos socio-ambientales locales», sin entrar en detalles de las zonas.
Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dado a conocer en 2016, concluye que la vida en El Salvador sería inviable en 80 años a causa de la crisis hídrica que se ve agudizada por el cambio climático.