La organización no gubernamental Cristosal, presentó el martes una demanda de inconstitucionalidad en contra del Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios, una ley que, a criterio de la entidad, «promueve la corrupción en El Salvador» a través de «la modificación del sistema de compras públicas».
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó en abril pasado la normativa que fue reformada en mayo pasado para incluir a la Fiscalía General de la República (FGR).
Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, explicó a periodistas que la ley fue aprobada bajo el régimen de excepción, implementado en El Salvador para «combatir» a las pandillas, para «modificar el sistema de compras públicas» durante el periodo de dicha medida.
Según López, lo señalado en la normativa «implica que se vulnere la Constitución porque la licitación deja de ser el mecanismo ordinario, que establece la Constitución, para que se generen procesos de compra».
«Esto vulnera, también, la transparencia, los principios de rendición de cuentas y atenta contra la eficiencia del gasto público», añadió.
La demanda fue interpuesta por López y el abogado Jonatan Sisco, también de Cristosal, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque «facilita procesos de compra fraudulentos».
El abogado Sisco indicó que en el país «en lugar de promover la transparencia, se está promoviendo leyes que fomentan la corrupción».
Las compras públicas en el país se deben realizar bajo la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece varios controles y contiene las normas básicas que regulan las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la administración púbica deba celebrar para la consecución de sus fines.
Según Cristosal, con esta ley, el Legislativo le concedió a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública -dependencia del Ministerio de Hacienda- «el permitir adjudicar contratos sin competencia».
Es decir, explicó la organización, «el Ejecutivo puede adquirir bienes y servicios sin realizar procesos de licitación pública, argumentando que dichas contrataciones o adquisiciones servirán para cumplir los objetivos del régimen de excepción».