Más de 640 solicitudes de habeas corpus han sido entregadas a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de familiares de detenidos durante el régimen de excepción, implementado en el país desde finales de marzo, de acuerdo con datos difundidos el miércoles por una organización no gubernamental.
Cientos de personas, en su mayoría mujeres, han solicitado al Supremo, a través del recurso de habeas corpus y acompañados legalmente por organizaciones de derechos humanos, la libertad para sus parientes detenidos arbitrariamente, según los solicitantes.
El Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (Alac) difundió en redes sociales que, de acuerdo con un monitoreo realizado, durante el régimen de excepción se contabilizan unas 649 solicitudes.
Señaló que entre el 26 de mayo y el 26 de junio -periodo de segunda prórroga de dicho estado- se recibieron 255 solicitudes, de las que el 73 % no fueron resueltas.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde finales de marzo tras una escalada de homicidios, medida con la que el Gobierno dice estar ganando la «guerra contra las pandillas».
Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 46.600 personas, a las que acusan de ser pandilleros.
Esta cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), al menos hasta inicios de julio eran más de 38.000 personas que seguirían en detención provisional en la etapa de instrucción de sus procesos penales.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Las oenegés salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.
El pasado 19 de julio, la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, aprobó la cuarta ampliación del régimen de excepción.