La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República dijo el martes que no puede devolver al gobierno la atribución que «nunca ha tenido» de limitar derechos fundamentales de las personas.

«En respuesta a su petición, esta Sala le aclara (…): el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo los derechos fundamentales de las personas», señaló la Sala de lo Constitucional en una carta de respuesta al presidente Nayib Bukele publicada en su cuenta de Twitter.

Esa Sala de la Corte Suprema sostuvo que «no puede devolver una atribución que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente».

El pasado domingo, Bukele en una carta abierta que dirigió a los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional les solicitó devolverle «las facultades» a su gobierno para establecer medidas sanitarias como una cuarentena para combatir el nuevo coronavirus.

De acuerdo con la Sala del máximo tribunal de justicia, «no le ha quitado» al Órgano Ejecutivo los recursos legales para enfrentar la pandemia del coronavirus, sino que únicamente ha ejercido su potestad de «control» para que no se viole y se cumpla la Constitución.

Recientemente la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales una serie de decretos ejecutivos emitidos como «fraude de ley» por el Ministerio de Salud, uno de los cuales servía al gobierno para forzar a los ciudadanos a salir en días específicos y cumplir una cuarentena domiciliar que terminó el pasado 13 de junio.

La misma Sala tuvo que darle una lección al gobierno de Bukele que para establecer limitaciones a derechos fundamentales «es una premisa básica» que ello se establezca en una ley «aprobada» por el Congreso y que, luego, la misma sea sancionada por el presidente de la República.

Bukele en una primera reacción a la respuesta brindada por la Sala de lo Constitucional respondió fúrico (como acostumbra) y de manera tendenciosa, asegurando que los magistrados de esa Sala estarían cometiendo «un crimen contra el pueblo» al no permitir al gobierno la protección de los derechos ciudadanos a la salud y la vida.

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