La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó la desarticulación de una red de jefes fiscales vinculados a la corrupción al interior de la institución y cercanos al extitular del ministerio público, Douglas Meléndez.

El Ministerio Público dio a conocer un comunicado de prensa en el que la FGR da a conocer los nombres de 64 fiscales pertenecientes a Direcciones de Unidades Especializadas y Regionales, así como de jefes de oficinas fiscales, “Como parte de su gestión estratégica y su compromiso de modernizar y fortalecer la institución”.

Entre los cambios más significativos confirmados por la FGR se encuentra la remoción del Director contra la Corrupción y la Impunidad, Jorge Orlando Cortez Díaz, que pasará a ser el nuevo asesor de la oficina fiscal de Zaragoza, departamento de La Libertad. El segundo cambio confirmado por el titular del ministerio público es del primo hermano de Douglas Meléndez, el exjefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, quien a partir de esta fecha será el asesor de la Dirección de Intereses de la Sociedad de la zona central

Noris Marlene Flores Urquiza, comadre del ex fiscal Douglas Meléndez, dejó de ser la Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad para pasar a ser asesora de la jefe de la oficina fiscal de Santa Ana.

Froilán Francisco Coto Cabrera dejó de ser el director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, y desde esta fecha es el nuevo asesor de la Dirección de la Defensa de los intereses de la Sociedad de occidente.

Will Walter Ruiz y Froilán Francisco Coto Cabrera, junto con otro grupo de nueve fiscales auxiliares, están siendo procesados por emplear prueba catalogada como “ilegal” para “fabricar” el caso Rais-Martínez.

Rais, el ex fiscal Luis Martínez, Hugo Blanco Rais y otras cinco personas fueron capturadas el 22 de agosto de 2016 pero en lo que va de ese tiempo a esta fecha, la Fiscalía no ha podido probar fehacientemente ninguna de las acusaciones en de los imputados.

En virtud del vencimiento del plazo que otorga la ley para estar detenido sin ser enviado a juicio, lo que obligaría a los tribunales a poner en libertad a los detenidos así como de quienes no han podido ser detenidos, la fiscalía utilizó la estrategia de “armar” mediante la utilización de testigos criteriados, nuevos procesos con el objeto de mantenerlos sujetos a la acción penal.

El periodista costarricense Lafitte Fernández utilizó su cuenta de Facebook para defenderse de las incriminaciones que el exfiscal Douglas Meléndez Ruiz le hizo antes de dejar el Ministerio Público de El Salvador.

Douglas Meléndez acusó, el último día que fungió como fiscal general de la República (FGR), al periodista Lafitte Fernández de haber participado en la sustracción de un documento confidencial, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), sobre los movimientos financieros del expresidente ya fallecido Francisco Flores, y luego hacerlo público.

Fernández le dice a través de su cuenta de Facebook al exfiscal Meléndez de usar la Fiscalía como “fábrica de casos” para los cuales no solo usó a fiscales –quienes continúan en sus puestos- sino además a varios periodistas de diferentes medios de comunicación.

“Reconozco, abogado Douglas Meléndez, que su paso por la Fiscalía General sí le enseñó algo. Aprendió a manipular periodistas. Les metió miedo. Los endulzó. Arregló casos con ello… Cuando se conoce de periodismo, se determina, fácilmente, a quienes les pasaba usted pruebas de su fábrica de casos penales arreglados. Aprendió a pasar, debajo de la mesa, a hurtadillas, grabaciones, intervenciones telefónicas, expedientes confidenciales y otras dudosas pruebas. Ellos se convirtieron en sus escritores preferidos”, escribió Lafitte Fernández, que aparentemente no se encuentra en el país.

Lafitte Fernández.
El periodista acusa a Douglas Meléndez de pasar “debajo de la mesa” intervenciones telefónicas, lo que es un grave delito penado por la Ley de Escuchas Telefónicas, pues dichas grabaciones sólo pueden estar en poder solo de la Fiscalía General de la República. En un caso similar, el exfiscal Luis Martínez fue procesado por el mismo Douglas Meléndez y enviado a la cárcel, por supuestamente difundir escuchas telefónicas del sacerdote Antonio Rodríguez, con lo que comprobó que introducía ilícitos a los penales de pandilleros.

Lafitte Fernández afirma que sabe que Douglas Meléndez arreglaba casos penales con los periodistas de su predilección y les pasaba “expedientes confidenciales” y “otras dudosas pruebas”. Durante los tres años del exfiscal Meléndez, medios como Diario1 de Adolfo Salume, La Prensa Gráfica, revista Factum, entre otros, publicaron sendas “investigaciones” apoyados en audios, escritos de Whatsapp y escuchas telefónicas que nunca se cuestionó cómo las obtenían, y si eran editadas o no. Fernández los desenmascara y, de ser cierto lo que afirma, dichos medios cometieron delitos graves, así como el mismo exfiscal Meléndez y sus auxiliares.

Fuentes internas de la Fiscalía General han expresado que el exfiscal Meléndez utilizaba a su jefe de prensa, Salvador Martínez (aún en el cargo bajo el nuevo fiscal, Raúl Melara) para filtrar los audios, escuchas y documentos confidenciales, con las cuales lograba sus objetivos.

Lafitte Fernández asegura que luego de “marear” a dichos periodistas, los protegió.

El periodista costarricense asegura que el exfiscal Meléndez –directa o indirectamente- “le pasó grabaciones a la revista Factum donde ni siquiera se escucha mi voz. Suponen que es mi voz. Ni siquiera se sabe si Funes hablaba conmigo o con un tercero que habló con este periodista. ¡Qué clase de desfalco le vendió a la revista Factum!”.

Laffitte Fernández sostiene que los periodistas utilizados, entre ellos el codirector de Factum, Héctor Silva Ávalos, a los cuales les entregaron las grabaciones “van por la calle pregonando que hicieron una investigación” cuando nada de lo que hicieron es tal.

“Esos periodistas son tan, pero tan incapaces, que ni siquiera sacaron el tiempo para leer sus confesiones contenidas en el expediente judicial de las acusaciones contra de Luis Martínez, su antecesor. Usted (Douglas Meléndez), y sus colaboradores, anularon tanto a los periodistas que ni siquiera le preguntaron si las grabaciones que entregó (prueba de nada) son válidas o espurias”, afirma.

El pasado viernes, el juzgado 5º de Paz de San Salvador, decretó orden de detención en contra el expresidente de la República, Mauricio Funes; Lafitte Fernández; y el exfiscal Balmore Escobar, acusados de haber divulgado un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que contenía información sobre el desvío de diez millones de dólares del gobierno de Taiwán hacia las cuentas bancarias personales del expresidente Francisco Flores.

La acusación contra Lafitte Fernández surgió luego que la revista Factum publicara una serie de audios donde se escucha a los expresidentes Mauricio Funes y Elías Antonio Saca conspirar para obtener el ROS y hacerlo público. En un momento de la conversación entre Funes y Saca, se escucha como estos intenta comunicarse, supuestamente, con Laffite por medio de una llamada telefónica para que les “ayude” a obtener el ROS.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por, Malversación de Fondos (Art. 332 Pn), Peculado (Art. 325 Pn), Actos Arbitrarios (Art. 320 Pn) y Negociaciones Ilícitas (Art 328).

De acuerdo con el Aviso Penal presentado ante el Ministerio Público por el abogado y notario Miguel Ángel Avelar Amaya, se acusa el edil por la presunta comisión de delitos como “Contaminación Agravada en la modalidad de coautor… en perjuicio de la colectividad y el medio ambiente”.

Todos los delitos de los que se le acusa son “en perjuicio de la Administración Pública”.

Además, en el aviso también se señala en conjunto con Muyshondt, de la presunta comisión de delitos a funcionarios y particular:

Vilma García de Monterrosa, Directora General de Atención Ciudadana y Municipal del Ministerio del Medio Ambiente (MARN).

Alexander Suriano Hernández, Director Ejecutivo de la Dirección General para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador.

Nicolás Adriano Salume Pacas, Presidente de la Junta Directiva de Gestión Integral de Desechos, Ciudad y Puerto de La Libertad, Sociedad por Acciones de Economía Mixta y de Capital Variable (PULSEM).

Los delitos supuestamente cometidos estarían relacionados con las “contratación directa” realizadas por la Alcaldía de San Salvador desde finales del 2018 por la “Declaración de Emergencia” que resultó de el traslado y disposición final de los desechos sólidos en dicho municipio.

El documento sostiene que la municipalidad “adoptó una Declaratoria de Emergencia, argumentando que la compañía que les brindaba el servicio realizó un Paro Técnico”. Sin embargo, esta sería una medida tomada ante el incumplimiento de pagos por parte de la alcaldía por al menos 3 millones de dólares.

“La municipalidad no ha estado trasladando esos fondos públicos obtenidos del cobro y pago de las tasas municipales, para cancelar los servicios brindados por la compañía que tiene contrato vigente para la disposición de la basura recolectada en el municipio”, detalla el Aviso.