Denuncian penalmente a Ernesto Muyshondt

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El director de la junta directiva de PULSEM, Nicolás Salume Pacas y el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. (diario1.com)

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por, Malversación de Fondos (Art. 332 Pn), Peculado (Art. 325 Pn), Actos Arbitrarios (Art. 320 Pn) y Negociaciones Ilícitas (Art 328).

De acuerdo con el Aviso Penal presentado ante el Ministerio Público por el abogado y notario Miguel Ángel Avelar Amaya, se acusa el edil por la presunta comisión de delitos como “Contaminación Agravada en la modalidad de coautor… en perjuicio de la colectividad y el medio ambiente”.

Todos los delitos de los que se le acusa son “en perjuicio de la Administración Pública”.

Además, en el aviso también se señala en conjunto con Muyshondt, de la presunta comisión de delitos a funcionarios y particular:

Vilma García de Monterrosa, Directora General de Atención Ciudadana y Municipal del Ministerio del Medio Ambiente (MARN).

Alexander Suriano Hernández, Director Ejecutivo de la Dirección General para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador.

Nicolás Adriano Salume Pacas, Presidente de la Junta Directiva de Gestión Integral de Desechos, Ciudad y Puerto de La Libertad, Sociedad por Acciones de Economía Mixta y de Capital Variable (PULSEM).

Los delitos supuestamente cometidos estarían relacionados con las “contratación directa” realizadas por la Alcaldía de San Salvador desde finales del 2018 por la “Declaración de Emergencia” que resultó de el traslado y disposición final de los desechos sólidos en dicho municipio.

El documento sostiene que la municipalidad “adoptó una Declaratoria de Emergencia, argumentando que la compañía que les brindaba el servicio realizó un Paro Técnico”. Sin embargo, esta sería una medida tomada ante el incumplimiento de pagos por parte de la alcaldía por al menos 3 millones de dólares.

“La municipalidad no ha estado trasladando esos fondos públicos obtenidos del cobro y pago de las tasas municipales, para cancelar los servicios brindados por la compañía que tiene contrato vigente para la disposición de la basura recolectada en el municipio”, detalla el Aviso.