El Tribunal Segundo de Sentencia se apresta para dar a conocer la tarde del 12 de septiembre su fallo contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus excolaboradores por la supuesta malversación de unos 300 millones de dólares del erario público.
Tres jueces anunciarán si imponen las condenas pactadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y los acusados, de entre 3 y 10 años, a cambio de confesar los delitos de peculado y lavado de dinero en un «juicio abreviado”; o si deciden sentencias mayores o menores, lo que es su potestad.
La FGR planteó durante el juicio que las bases para el desfalco fueron soportadas por la emisión de un reglamento que daba la categoría de secreto de Estado a la información sobre los fondos manejados por la Presidencia como «gastos reservados», que servían supuestamente, entre otras cosas, para mantener el aparato de inteligencia estatal.
Según la Fiscalía, bajo el amparo de esta normativa, Saca y sus presuntos cómplices habrían movido millones a varias cuentas bancarias a nombre del exsecretario privado Elmer Charlaix y de los exempleados de la Presidencia Jorge Alberto Herrera y Pablo Gómez.
Este dinero habría sido manejado posteriormente a través de algunas agencias de publicidad de confianza, que funcionaron de manera normal al cobrar una comisión, o mediante «sociedades de papel”, terminando en empresas radiofónicas que pertenecían a Saca.
El trato, que le permitió a Saca evadir un condena máxima de entre 25 y 30 años, es que el Ministerio Público desconoce el destino de al menos 191 millones que según fiscales fueron sacados en efectivo y de los que el exjefe de Estado no dio cuenta en su confesión.
Uno de los fiscales, incapaz de probar los delitos que alegaba, especuló en el cierre de los alegatos de la acusación que posiblemente el exmandatario colocó el efectivo en barriles plásticos y los sepultó. Dicho fiscal no pudo presentar prueba alguna de sus especulaciones.
La Fiscalía, que tiene dañada su imagen ante la población al no poder probar ninguno de los casos emblemáticas que persigue y a la que se le acusa de “fabricación” de pruebas en casi todos los casos que persigue, no ha podido justificar su incapacidad al conformarse con el pacto, sin que esté aclarado el destino de todo el dinero y aseguró que solo logró rastrear el efectivo que llegó a las cuentas de la esposa del exmandatario, Ana Ligia de Saca.
Por esos fondos, la esposa de Saca es procesada por lavado de dinero.
Asimismo, la FGR acusó a la mayor fuerza política del país, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de haber recibido más de 7 millones de dólares del entonces presidente, sin embargo, fue también incapaz de presentar pruebas de esto.
El juicio dejó otra duda, esta es la no imputación del expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) Hernán Contreras, quien supuestamente ordenó la realización de varias auditorías irregulares y que dio un finiquito express a Saca.
Un auditor de la CCR relató durante el juicio a los jueces del tribunal que Contreras le pidió que hiciera estas auditorías obviando los procedimientos acostumbrados.
Por su parte, la defensa de los tres exempleados de la Presidencia sometidos al juicio, acusó a la Fiscalía de realizar una «imputación selectiva» al no acusar a Contreras ni al auditor que «se autoincriminó».
El expresidente Elías Antonio Saca sería el primero en ser condenado en la historia reciente de El Salvador, aunque la aparente victoria de la Fiscalía haya dejado varios cabos sueltos que no permiten a la Justicia abarcar todos los flancos del millonario desfalco.
Viene ahora otra prueba de fuego para el fiscal general Douglas Meléndez, el juicio contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena (FMLN/2009-2014) a quien acusa de haber robado 351 millones de dólares, en su mayoría en efectivo y quien se encuentra refugiado por la administración de los Ortega en Nicaragua.
Con información de ADN -Agencia Digital de Noticias-