Un Juzgado Ambiental de Santa Tecla resolvió que el botadero ubicado en el Puerto de La Libertad y que es propiedad de una persona apellidada Salume, no cuenta con los respectivos permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para su funcionamiento.
“Por lo tanto y en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 3° del artículo 102-C de la Ley del Medio Ambiente se deberá certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República para que, de considerarlo pertinente, promueva las acciones civiles que correspondan conforme a la ley”, indica la resolución emitida por el Juzgado Ambiental de Santa Tecla.
La resolución ordena tres medidas cautelares que se deben cumplir de inmediato, para evitar que el daño al medio ambiente sea mayor; entre ellas que el MARN inicie a la brevedad una auditoría para aclarar por qué razón dicho botadero inclumpió la ley, ya que desde el año 2015 no cuenta con la respectiva autorización para funcionar y esta recibiendo basura de diversos municipios.
La resolución ordena que se deje de utilizar dicho relleno: “Suspende de manera inmediata el ingreso de cualquier material sin uso directo o descartado permanentemente que por su actividad química o por sus características corrosivas, reactivas, inflamables tóxicas, explosivas, combustión espontánea, oxidante, infecciosa…”.
Además entre las medidas cautelares que se deben acatar, se ordenó que un plazo de 10 días se elabore un plan para la separación “de desechos peligrosos en el relleno, misma que deberá contar con la aprobación del MARN y el Ministerio de Salud (MINSAL) y del cual deberá probar su realización”.
En el botadero ilegal depositan sus desechos sólidos las alcaldías de Santa Tecla, Puerto de La Libertad, Zacatecoluca, Olocuilta, Zaragoza y las empresas CEPA, Kimberly Clark y Atami entre otras.