Visiblemente alterado por los resultados adversos que la FGR ha experimentado recientemente, el Fiscal General , Douglas Meléndez, declaró que “su” institución no está enfrentada al crimen, sino también al “sistema” judicial del país, al que llamó “corrupto” y “manipulado”.
Meléndez participó este lunes en una conferencia de prensa junto al Director de la PNC Howard Cotto para hacer el anuncio de nueva estrategia contra la extorsión.
El Fiscal aseguró que el sistema judicial también ha sido “manipulado” y que supuestamente esta es la razón por la que el Ministerio Público ha perdido casos espectaculares como el de la tregua, el del “Medio Millón”, acusado de lavar más de $40 millones de dólares do de dinero y otros activos y más recientemente, el de los policías acusados de ejecutar de manera extrajudicial a v arios pandilleros en la finca San Blas, La Libertad.
Al criticar los fallos en los casos mencionados, Meléndez cuestionó la decisión del juez que liberó de cargos a los imputados en el caso conocido como “la tregua”; sin embargo, el juzgador Godofredo Salazar Torres argumento y fundamentó su resolución en el hecho de que la Fiscalía no pudo acreditar los delitos de asociación y organizaciones ilícitas ni la introducción de objetos prohibidos a las cárceles del sistema penitenciario del país durante los años 2012 y 2013.
Refiriéndose al caso de San Blas, donde 8 personas fueron “ejecutadas” el Fiscal aseguró que ” Probamos que hubo ejecución” “probamos que que hubo ejecución extrajudicial, que mataron un testigo y a pesar de eso los liberan” dijo Meléndez.
La Fiscalía entra de esta manera en una de las situaciones más difíciles de cuantas haya tenido que enfrentar la institución aunada a las intenciones manifiestas del gabinete de seguridad del país de quitarle la facultad exclusiva de la investigación en las transacciones financieras que le faculta la ley, lo que vendría a poner a la FGR en situación de igualdad o por debajo de la Policía nacional Civil, PNC.
De prosperar esa iniciativa del presidente de la república, valiéndose para ello del gabinete de seguridad a cargo del ministro Landaverde, la fiscalía vería menguadas sus facultades y sus recursos lo que repercutiría indudablemente en su función constitucional de investigar el crimen.