El combate al coronavirus impulsado por el Ejecutivo, que desde el pasado 16 de enero comenzó una serie de acciones para contener la amenaza de la ahora pandemia, cuenta con el respaldo de la única entidad certificada por las Naciones Unidas en Centroamérica para el tratamiento de todo material bioinfeccioso, la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), que cuenta con un recursos humano y tecnológico para combatir de manera frontal coronavirus.

CLAVES DEL PROCESO 

Luego de recibido el camión sellado, que contiene el material bioinfeccioso, personal altamente capacitado de MIDES se encarga de sacar del contenedor los desechos para iniciar el proceso de disposición final.

La planta de tratamiento de la empresa MIDES es la única en la región centroamericana, incluyendo a Panamá, que cuenta con los más altos estándares de calidad y la única certificada por Naciones Unidas para el manejo de materiales bioinfecciosos.

Los héroes anónimos de MIDES, que están al servicio del país para evitar focos de contagio, se encargan de supervisar que todos losprotocolos ordenados por la empresa se cumplan antes, durante y después de procesar un contenedor de material bioinfeccioso.

Cuando los material recolectados de hospitales y albergues han terminado su respectivo proceso de eliminación bacteriológica, inicia la etapa de disposición final del material. Se sacan los desechos y son trasladados al área respectiva para iniciar el tratamiento definitivo.

Los contenedores con los residuos son colocados con mucho cuidado en el respectivo montacarga para luego proceder a la disposición final.

El protocolo incluye un proceso de sanitización de cada uno de los contenedores y camiones que transportan los materiales bioinfecciosos a fin de no poner en riesgo la ingredidad física del personal del Ministerio de Salud encargada de recolectar de hospitales y albergues los desechos bioinfecciones, incluyendo de los pacientes positivos de coronavirus.

El personal de MIDES también es sometido a un proceso de sanitización para prevenir cualquier riesgo de contagio. Todas las normas en el proceso de manejo de material bioinfeccioso de MIDES tiene la certificación de la ONU, convirtiéndola en la única empresa en Centroamérica con la capacidad de dar un tratamiento efectivo a la disposición final de dichos desechos.

Todos los héroes anónimos de MIDES, que ayudan día a día al Gobierno salvadoreño al combate del coronavirus reciben capacitaciones de manera constante para garantizar la salud de cada uno de ellos y que la población tenga la tranquilidad del cumplimiento de todos los protocolos y normas de calidad para el tratamiento de los desechos bioinfecciosos.

El Congreso de la República decretó el Estado de Emergencia Nacional que permitirá al Ejecutivo disponer de fondos de emergencia y solicitar ayuda internacional para destinarlos a la atención de la pandemia del coronavirus, pese a que en el país no se registran casos.

«Declárese estado de emergencia nacional y el estado de calamidad pública en todo el territorio de la República dentro del marco establecido en la Constitución a raíz de la pandemia por COVID-19», señala el decreto, aprobado por unanimidad de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, a pedido del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El estado de emergencia y calamidad pública se mantendrá en vigencia por un lapso de 30 días, tiempo por el que se suspenden las clases en escuelas y universidades.

El presidente Bukele ordenó también el cierre de bares y discotecas por 14 días, y prohibió las aglomeraciones de más de 75 personas, aunque no en lugares de trabajo o terminales de autobuses.

El estado de emergencia faculta a las autoridades sanitarias a «limitar o restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras del COVID-19» y que reciban obligatoriamente atención médica.

Desde el pasado 11 de marzo El Salvador prohibió el ingreso al país a todo extranjero por un lapso de 21 días.

Según el decreto aprobado, el gobierno también podrá utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para luchar contra el nuevo coronavirus.

Según un balance del gobierno, se mantiene en cuarentena de 30 días al menos a 1.200 personas para descartar que estén afectadas por el virus.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que «garantice» a las personas que mantiene en cuarentena «un trato digno» y que se les dé alimentos, agua potable y atención médica de ser necesario.

Además, los diputados aprobaron la «Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia Covid-19», que suspende derechos ciudadanos a circular en ciertas zonas que tendrán que ser detalladas por el Ejecutivo.

La normativa temporal restringe la libertad de tránsito, el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos, y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.

El decreto indica expresamente que la restricción podrá ser aplicada al ingreso de extranjeros al país pero también «a la circulación en zonas consideradas de riesgo» de acuerdo a publicación de un decreto ejecutivo.

Las autoridades de Salud podrán prohibir reuniones excepto las religiosas, culturales, económicas o deportivas, pero deberán tener autorización y medidas sanitarias; de lo contrario, Salud podrá ordenar cancelarlas según protocolos sanitarios.

La suspensión de estos derechos se aplicará en casos específicos y en zonas afectadas según resolución del Órgano Ejecutivo por el ramo de Salud mediante decreto ejecutivo.

La restricción de derechos podrá circunscribirse a un área específica del territorio nacional: una región, un departamento o municipio, de acuerdo a la decisión del Ramo de Salud y a protocolos sanitarios.

La restricción no aplica al ingreso al territorio nacional de los salvadoreños, el derecho a salir del país de toda persona, incluyendo diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares, la libertad de expresión, difusión, derecho a la asociación, inviolabilidad de correspondencia, ni autoriza la intervención de las comunicaciones. Sin embargo, los salvadoreños deberán cumplir con las medidas de Salud Pública.

La suspensión de garantías durará 15 días y podrá ser prorrogada luego de un informe al pleno legislativo y una nueva iniciativa de ley.

Se eliminó el orden público de la normativa y se agregó un artículo en donde se advierte sanción a la autoridad o funcionario público que viole la Constitución, la ley, reglamentos o protocolos.

A pesar que El Salvador no tiene casos confirmados de coronavirus, desde el miércoles 10 de febrero mantiene a personas en cuarentena luego de haber ingresado de otros países; actualmente hay más de mil albergados.

La ley recibió el apoyo de 58 diputados, 25 votos en contra (FMLN) y 1 abstención.

El afamado arquitecto Mauricio Arrieta, presentó su obra “Arquitectura Moderna y Contemporánea en El Salvador”.

El libro recoge la riqueza e historia arquitectónica a lo largo de un siglo en El Salvador.

Para Arrieta Gálvez en el país se ha profundizado más en la arquitectura moderna, aunque recordó que antes de 1920 se tuvo una fuerte presencia de la clásica, neoclásica, gótica, neogótica.

Según el arquitecto, El Salvador ha tenido grandes joyas arquitectónicas como el Palacio Nacional y Teatro Nacional.

El libro tiene como objetivo que la gente conozca no solo las edificaciones, sino también a las personas que trabajan en este ámbito y que han hecho posible que se vaya cambiando el orden de la arquitectura en el país.

Asimismo, la obra tiene como fin que las personas comprendan que conceptos arquitectónicos nos llevan al futuro.

«El mundo cambia aceleradamente; en Europa y Asia se tienen grandes avances, pero nosotros aquí aún vamos muy despacio” explicó el arquitecto.

La primera impresión del libro consta de un tiraje de 500 ejemplares, comprendida en 80 de pasta dura, que tiene un costo de $45 y el pasta suave, que rondará por los $35.

El empresario Adolfo “Fito” Salume convocó a una conferencia de prensa para desligarse de un cargamento de 230 paquetes de droga que fueron incautados hace dos semanas en el interior de un contenedor en Puerto Balboa, Panamá y que tenía destino final Trieste en Italia. Caso en el cual no ha sido acusado ni involucrado por las autoridades 

Los 230 paquetes de sustancia ilegal fueron localizados por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en un contenedor que transportaba café procedente de El Salvador, con destino a Trieste Italia, en el continente europeo. Inicialmente las autoridades panameñas no dieron mayores detalles sobre lo incautado, como la empresa propietaria del contenedor o de la carga de café.

Sin embargo, Salume mencionó de manera casual al presidente de la República, Nayib Bukele, al declarar a medios de prensa que no estaba señalando «a mi amigo Nayib Bukele ni a ninguno de sus hermanos» en el tráfico de estupefacientes.

A pesar de poseer acusado formalmente, dos semanas después del hallazgo, el empresario Adolfo “Fito” Salume negó que tenga relación con el mencionado cargamento de sustancias ilegales y sostiene que algunos funcionarios estarían detrás de un supuesto plan en su contra. 

Salume agregó que “existen hoy por hoy personas que están queriendo lucrarse de manera ilegal y no es ninguna coincidencia que en los nueve meses desde que tomó posesión el nuevo Ejecutivo”, e incluso afirmó que “los decomisos de droga en el país han bajado al nivel más bajo de los últimos 10 años”, apuntando a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Desde que el pasado 21 de febrero se detectó los 230 paquetes de drogas en Puerto Balboa, el caso había sido tratado con hermetismo, sin revelar los nombres de las empresas que se encargaban del traslado de la mercancía, así como de los propietarios del cargamento de café donde estaba oculta la droga, hasta que Adolfo Salume convocó a conferencia para tratar el tema.

Al menos de forma pública, las autoridades de la PNC no se habían referido al cargamento de 230 paquetes de droga detectados en Panamá, hasta este domingo que el empresario se desvinculó el mismo y acusó a funcionarios, aunque sin mencionar nombres o presentar evidencias, de estar confabulando para supuestamente perjudicarlo. 

Adolfo “Fito” Salume es un polémico empresario salvadoreño que en los últimos años ha multiplicado sus inversiones que van desde tener una de las empresas harineras más grandes del país a comprar equipos en la primera división del fútbol Salvadoreño, una franquicia internacional distribuidora de bebidas carbonatadas. Otra de la inversiones de Adolfo Salume es una cadena de restaurantes, el año pasado adquirió una frecuencia de televisión, también en 2019 la Superintendencia de Competencia autorizó que Salume comprara el Banco Azteca hoy Abank.

La Alcaldía de Santa Tecla tendrá que pagar la suma de $34 mil 830 por el incumplimiento de contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).

La suma deberá ser cancelada “en concepto de lucro cesante por el incumplimiento a su obligación de enviar el mínimo de desechos sólidos pactados en el contrato durante el mes de mayo de 2019”, de acuerdo a sentencia judicial.

Los jueces arbitrales resolvieron dando la razón a los abogados de MIDES, que denunciaron que la comuna incurrió en un incumplimiento de contrato.

Por mayoría, los jueces llegaron a la conclusión que la Alcaldía de Santa Tecla se lucró por el incumplimiento a su obligación de enviar el mínimo de desechos sólidos pactados en el contrato durante el mes de mayo de 2019.

En la misma resolución, los jueces declararon no ha lugar la pretensión de la Alcaldía de Santa Tecla que buscaba que MIDES le pagara $199 mil en concepto de restitución de pagos hechos por la municipalidad a la empresa para el cierre del segundo relleno sanitario que forma parte del Proyecto y que no cerró por el construyó incorporó esos pagos a su patrimonio.

Además, el Tribunal Arbitral declaró no ha lugar la pretensión de la alcaldía tecleña de recibir un pago de $318 mil por parte de MIDES.

De acuerdo a los abogados de MIDES, el concejo tecleño no solo finalizó de forma irregular un contrato vigente, sino que también suscribió otro acuerdo por el servicio de disposición final de desechos sólidos, con la empresa PULSEM, para depositar los desechos en el botadero ubicado en el cantón Melara, en el Puerto de La Libertad.

En agosto de 2018, la alcaldía de Santa Tecla privatizó el servicio de recolección de basura, y comenzó a trasladar todos los desechos al botadero ubicado en La Libertad.

A la fecha la sociedad Teclaseo sigue depositando los desecho sólidos de Santa Tecla en el botadero del cantón Melara, que según informes de Corte de Cuentas no contaba con permiso de funcionamiento cuando firmó el primer contrato en el año 2017.

La sentencia resuelve así la disputa en la que los abogados de MIDES argumentaron que las autoridades de la comuna de Santa Tecla dieron por terminado un contrato legal, vigente entre ambos provocando un daño a la empresa.