La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República dijo el martes que no puede devolver al gobierno la atribución que «nunca ha tenido» de limitar derechos fundamentales de las personas.

«En respuesta a su petición, esta Sala le aclara (…): el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo los derechos fundamentales de las personas», señaló la Sala de lo Constitucional en una carta de respuesta al presidente Nayib Bukele publicada en su cuenta de Twitter.

Esa Sala de la Corte Suprema sostuvo que «no puede devolver una atribución que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente».

El pasado domingo, Bukele en una carta abierta que dirigió a los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional les solicitó devolverle «las facultades» a su gobierno para establecer medidas sanitarias como una cuarentena para combatir el nuevo coronavirus.

De acuerdo con la Sala del máximo tribunal de justicia, «no le ha quitado» al Órgano Ejecutivo los recursos legales para enfrentar la pandemia del coronavirus, sino que únicamente ha ejercido su potestad de «control» para que no se viole y se cumpla la Constitución.

Recientemente la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales una serie de decretos ejecutivos emitidos como «fraude de ley» por el Ministerio de Salud, uno de los cuales servía al gobierno para forzar a los ciudadanos a salir en días específicos y cumplir una cuarentena domiciliar que terminó el pasado 13 de junio.

La misma Sala tuvo que darle una lección al gobierno de Bukele que para establecer limitaciones a derechos fundamentales «es una premisa básica» que ello se establezca en una ley «aprobada» por el Congreso y que, luego, la misma sea sancionada por el presidente de la República.

Bukele en una primera reacción a la respuesta brindada por la Sala de lo Constitucional respondió fúrico (como acostumbra) y de manera tendenciosa, asegurando que los magistrados de esa Sala estarían cometiendo «un crimen contra el pueblo» al no permitir al gobierno la protección de los derechos ciudadanos a la salud y la vida.

El Órgano Ejecutivo emitió el pasado domingo un nuevo decreto a pesar de la prohibición explícita de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le ordeno dejar de intentar gobernar en base a decretos Ejecutivos.

El gobierno emitió el decreto 31 en el ramo del Ministerio de Salud, para iniciar la reactivación económica a partir del martes.

El Gobierno establece en su decreto cinco etapas de apertura para que las empresas de diferentes rubros puedan reiniciar sus operaciones de forma gradual, sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, es de la opinión que las empresas son las que tienen que decidir si siguen lo estipulado por las autoridades o hacen lo que crean pertinente al considerar que su libertad económica esta siendo vulnerada.

“No acompañamos las medidas de fases. No podemos acompañar decretos ejecutivos que violan las resoluciones de la Sala (de lo Constitucional). No podemos acompañar decretos ejecutivos que limitan la libertad de movilidad y libertad económica de todos los salvadoreños. Eso (las medidas) tiene que ser con un decreto legislativo y entendemos que Asamblea presentó tres decretos legislativos y los tres fueron ignorados por el Órgano Ejecutivo”, apuntó Simán al salir de una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda que estudian la creación de una ley de fideicomiso para apoyar a las empresas afectadas por la pandemia.

Por su parte, los abogados Javier Castro, Humberto Sáenz y el exmagistrado René Hernández Valiente y los abogados y dijeron a periodistas que el decreto ejecutivo 31 de reactivación gradual de la economía es inconstitucional porque restringe derechos constitucionales sin el aval de la Asamblea Legislativa, pues indica que las entidades públicas, sectores empresariales privados, empleados y particulares “deberán respetar la gradualidad en la reactivación de las actividades económicas laborales y sociales”.

Además la normativa añade que, mientras no haya llegado la fecha que le corresponde, “deben evitar exposición a contagios de COVID-19, manteniéndose en sus respectivos lugares de residencias  o domicilio”.

Los abogados explicaron que esto vulnera el derecho a la libertad económica, pues limita la actividad comercial de todos los sectores al mismo tiempo.

Además, el artículo mantiene suspendida la circulación del transporte colectivo.

De acuerdo a Castro, el decreto 31  “vulnera el derecho a la seguridad jurídica”, porque el Ejecutivo lo emitió a pesar que “no tiene facultades para restringir derechos”.

La Sala de lo Constitucional puede emitir una resolución de seguimiento en contra del decreto ejecutivo 31 sin necesidad de que un ciudadano presente una nueva demanda de inconstitucionalidad, debido a que ya había advertido que dichos derechos constitucionales no pueden ser suspendidos con decretos ejecutivos, sino por una ley aprobada por la Asamblea.

El Supremo Constitucional de El Salvador rechazó las declaraciones de Nayib Bukele en cadena nacional de radio y televisión y le aclaró varias mentiras que profirió a la ciudadanía.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron un comunicado para desmentir algunas declaraciones hechas por el presidente de la República el sábado por la noche en una cadena nacional de radio y televisión.

Los magistrados aclararon que no es cierto que hayan adelantado criterio sobre la ley de cuarentena, ya que no fueron partícipes en el diseño de anteproyecto de ley alguno en una reunión en la que participaron a invitación de Bukele, rechazando así las acusaciones hechas por el mandatario.

Los magistrados atendieron una reunión el 27 de abril, por invitación de la presidencia de la República, pero “no se presentó, ni se conoció o diseñó ningún proyecto de ley, sino, que fue meramente informativa.

La Sala especificó que las declaraciones emitidas por Bukele son falsas y señalan que el empleado mencionado por él, participó en una reunión posterior con la finalidad de aclarar los alcances de la jurisprudencia constitucional, es decir, como apoyo interinstitucional.

“Esta Sala desmiente categóricamente las afirmaciones del señor Presidente de la República en las cuales expresó que: “Los magistrados de la @SalaCnalSV adelantaron criterio al conocer la ley antes de aprobarla, y luego ellos declararon inconstitucional la misma ley que habían acordado…” ”, reza el comunicado.

«Esta Sala, independientemente de las amenazas institucionales y personales  de las cuales es objeto, seguirá cumpliendo con la misión de defender la Constitución y los derechos fundamentales de las personas, en las diferentes demandas que se presenten, tal como ordena el artículo 235 de la Constitución», advirtieron los magistrados a Bukele.

Los magistrados que compones la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder, Carlos Sánchez, Marina Marenco, Carlos Sergio Avilés y el también presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas,  aseguraron que lo dicho por el mandatario se trata de “graves aseveraciones” .

“Esta Sala, independientemente de las amenazas institucionales y personales de las cuales es objeto, seguirá cumpliendo con su misión de defender la Constitución y los derechos fundamentales de las personas, en las diferentes demandas que se presenten”, aclararon al jefe del Ejecutivo.

Además, en la cadena, Bukele dijo que hubo una reunión donde participaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el partido ARENA, el fiscal general de la República, Raúl Melara, representantes de la empresa privada y hasta el embajador de los Estados Unidos.

Bukele dijo que en esa reunión y en otra posterior con los diputados areneros René Portillo Cuadra y Rodrigo Ávila, se acordó una ley de cuarentena y aseguró que los magistrados de la Sala dieron su aval y que después la declararon inconstitucional.

«La misma Sala nos apoyó a hacer esa ley, nos delegó un abogado para hacer esta ley y ahora la declaran inconstitucional… La ley de cuarentena fue elaborada por la Sala de lo Constitucional… Nos declararon inconstitucionales todo lo que habíamos hecho en el pasado y en el futuro», aseguró.

Ante las aseveraciones de Bukele, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador dijo que funcionarios de la sede diplomática y el embajador, Ronald Johnson, no acuerdan ni autoriza leyes y que son respetuosos de la soberanía salvadoreña.