COMUNICADO DE PRENSA

Principal organismo de Naciones Unidas sobre temas de detención arbitraria, dictamina violaciones de derechos contenidos en Tratados Internacionales en perjuicio de Enrique Rais.

Debido a que ese organismo solicita que el Estado publique y le dé amplia difusión a ese dictamen a mi favor emito, respetuosamente para la opinión pública, el siguiente comunicado. El dictamen del GTDA ya es público y puede verse integralmente en la página oficial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_WGAD_2020_76.pdf

1. Luego de 5 años de haber sido detenido arbitrariamente por autoridades de la FGR cuando estaba al mando de Douglas Meléndez, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) determinó que tanto esa aprehensión, como la prueba sobre la que se sustentó, fueron actuaciones contrarias a los estándares internacionales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, principal tratado de la ONU sobre derechos individuales. El Salvador ratificó dicho tratado y debe cumplirlo de buena fe. El Salvador no puede invocar su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales (artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
2. Esa misma prueba espuria es la que ha soportado la acusación penal que, por lo tanto, devendrá en prueba ilícita y por lo tanto, nula en los expedientes fiscales 49-UCCO-2016, 28-UIF-2016 y 70-UCCO-2017.
3. Debido a que las distintas autoridades judiciales han mantenido abierta la investigación aún con esos flagrantes vicios en el debido proceso, me vi obligado a recurrir a organismos internacionales de derechos humanos que tienen menos asimetrías que la justicia salvadoreña. Igualmente, la justicia suiza, ha tenido la oportunidad de investigar los mismos hechos por los que he sido ilegalmente perseguido en El Salvador y recientemente fui absuelto de toda responsabilidad penal. 
4. Fue por ello que opté por no llevar mi caso a la prensa para dejar que fueran las instituciones judiciales verdaderamente independientes las que dictaran justicia, lo que no ha ocurrido a la fecha en El Salvador; lamentablemente, no solo para mí, sino por el despilfarro de recursos humanos y materiales pagados con los impuestos de todos los habitantes, para mantener una investigación que según el GTDA es contraria a los tratados internacionales. Fueron otros, quienes han mantenido mi nombre latente en redes sociales sin darme pausa, aún ante mi silencio respetuoso para la opinión pública. Hoy salgo a los medios a denunciar, con prueba en mano, que toda la investigación adelantada en mi contra ha sido producto de un caso de persecución económica por parte de los verdaderos grupos fácticos que, lamentablemente, han tenido eco e incidencia en que entidades públicas sean utilizadas para armar casos en mi contra por medio de una guerra jurídica (lawfare) en que siempre he estado en desventaja. He tenido que pagar con mi libertad personal y sostenidas amenazas y órdenes de aprehensión ilegales, amenazas a mi seguridad y la de mi familia, por el interés de grupos económicos que han tratado de inhabilitarme de mis negocios tratando de llevarme a la quiebra económica. No lo han logrado, pero el precio que he pagado ha sido irreparable. Mi familia ha sido víctima colateral pero nunca dejó de apoyarme. A ella le dedico mi lucha y mi profundo agradecimiento. Sé que quienes no pueden argumentar continuarán con sus ataques ad hominen. Aquí mi respuesta anticipada.
5. Hoy proclamo que mi caso sea ejemplarizante para que situaciones similares no se repitan para ningún conciudadano. Esa es la principal fortaleza del dictamen del GTDA, que denuncia problemas estructurales en investigaciones débiles y “armadas” desde una Fiscalía acostumbrada a utilizar con total impunidad testigos falsos (criteriados); testigos sin rostro con nombres “en clave” que no pueden ser identificados ni contrainterrogados; testigos que han declarado bajo coacción y amenaza (los testigos funcionarios de la misma Fiscalía amenazados, quienes denunciaron que fueron torturados y que aún así no se han anulado sus testimonios falsos en el proceso penal); utilización de intervenciones telefónicas ilegales que no han cumplido con la cadena de custodia y que ni siquiera son números míos ni se me identifica; prisión preventiva automática; detenciones administrativas mayores a 48 horas que es el estándar máximo que  determina el Comité de Derechos Humanos; falta de garantía de la independencia judicial (traslado, como castigo, de la jueza que emitió una resolución otorgándome medidas alternativas a la prisión preventiva que fue lo que me hizo ver con claridad que mi caso, ventilado y exhibido por la prensa antes de ser sometido al Juez competente, tenía una consigna clara de ausencia total de garantías del debido proceso. 
6. Esa consigna se evidenció cuando me citaron de la FGR para comparecer en un caso con engaño y una vez en esas oficinas, se me arresta por otra nueva causa totalmente diferente, sin que se me leyeran ni explicaran los hechos y motivos de esa detención. Consigna sostenida en el tiempo cuando se construyó un caso en mi contra sobre una falacia de criminalidad organizada para que yo no pudiera optar por medidas alternativas a la prisión preventiva; lo que finalmente fue desechado por la Corte Suprema de Justicia. Todo ello más otro largo etcétera que se puede leer en el dictamen del GTDA. 

• Qué decidió el GTDA:

“61. […]La privación de libertad de José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inscribiéndose en las categorías I y III. 

62. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de El Salvador que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Rais sin dilación alguna y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. 

63. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso analizado, el remedio adecuado sería garantizar al Sr. Rais su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional, las cuales han de tomar en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato al proceso en contra del Sr. Rais. 

64. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Rais y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. 

65. De conformidad con el párrafo 33, apdo. a), de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, para que tome las medidas correspondientes. 

66. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

• ¿Es vinculante esta opinión del GTDA de Naciones Unidas? Un adagio jurídico dice que “al mal acreedor le duele prenda”. Sabemos de antemano que algunos funcionarios públicos, especialmente aquellos que han tenido alguna responsabilidad en este caso y que hoy ocupan cargos altos en la Administración de Justicia y que además, deben ser investigados por ello, van a invocar, a falta de argumentos jurídicos, que esta opinión y sus recomendaciones, no son vinculantes. El Grupo de Trabajo no lo cree así, puesto que le ha otorgado un plazo de 6 meses al Estado, no para que opine, sino para que cumpla, así como que deberá informar esa respuesta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Ver párr. 69). Para los funcionarios que por ignorancia jurídica crean que tampoco es vinculante, se les invita a devolverse al curso básico de derecho internacional a  repasar el principio de buena fe para cumplir con las obligaciones de los tratados internacionales (pacta sunt servanda del artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados); o bien, que lean al menos el siguiente artículo especializado en la materia: http://iiresodh.net/dictamen-sobre-el-caracter-vinculante-de-las-decisiones-de-los-procedimientos-especiales-de-naciones-unidas-en-concreto-del-grupo-de-trabajo-sobre-detencion-arbitraria/
• ¿Qué debo hacer al respecto? A partir de esta justicia obtenida en otros escenarios internacionales (ONU y Suiza), voy a volcar mis energías para “prestar” mi negativa y dolorosa experiencia con la justicia salvadoreña y destinar mis recursos y medios para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Apoyaré causas “perdidas” de tanta gente que no tiene medios para defenderse de la arbitrariedad institucional y que son víctimas de situaciones similares a las mías. Apoyaré toda iniciativa proclive a fortalecer la independencia judicial y la división de poderes. Denunciaré todo lo que esté a mi alcance para que esto no se repita más en El Salvador.

Enrique Rais. 

Salazar está acusado por el delito de lavado de dinero y activos, junto a su padre.

José Adán Salazar Martínez, hijo del empresario hotelero José Adán Salazar Umaña, se presentó voluntariamente el martes por la tarde al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, así lo informó el Centro Judicial Isidro Menéndez.

Salazar Martínez tenía ya cuatro años de estar ausente en el proceso penal en el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

En el comunicado emitido ayer por el Centro Judicial se afirma que el hijo del empresario hotelero llegó aproximadamente a las 3:15 de la tarde en compañía de su abogado defensor, quien aseguró que «su cliente se presentó voluntariamente al juzgado para someterse a la audiencia preliminar con el objetivo de ejercer su defensa material y técnica».

Al imputado le notificaron sobre el delito que la Fiscalía lo acusa y posteriormente el Juzgado llamó a la sección de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) para que acudieran a la sede judicial y capturara a Salazar Martínez, ya que tenía una orden de captura vigente.

Salazar Martínez junto a Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Haydee Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra fueron separados de la audiencia preliminar desarrollada por el Juzgado Cuarto de Instrucción en 2017.

Según la Fiscalía, los cuatro imputados presuntamente colaboraron con José Adán Salazar Umaña, quien está a la espera del fallo del juicio en su contra, para lavar dinero y para ello crearon sociedades de personas jurídicas, de las cuales algunas fueron activadas como el caso de Agroindustrias Gumersal Sociedad Anónima de Capital Variable (GUMERSAL S.A. DE C.V.), Hoteles Salvadoreños Sociedad Anónima de Capital Variable (HOTESA S.A. DE C.V.), entre otras, y unas más fueron ocupadas como fachadas.

Según la Fiscalía, Salazar Martínez incurrió presuntamente en una serie de hechos que pueden enmarcarse en el delito de lavado de dinero, ya que supuestamente no justificó el incremento patrimonial que tuvo en el periodo del 2003 al 2013.

El imputado fue trasladado a una sede policial, a la espera que el tribunal programe la audiencia preliminar en su contra.

Además, el Juzgado emitió una orden de captura contra Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Haydee Salazar de Umaña y Tránsito Ruth Mira de Guerra ya que no han comparecido a las audiencias. (LPG)

La Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por haber incumplido con los pagos a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos -MIDES= por el servicio de disposición final en el Relleno Sanitario de Nejapa.

Además la CCR decidió sancionar al tesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares y al gerente financiero de la comuna, Santos Omar Muñoz González.

Portillo Linares enfrenta también un juicio penal por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales a algunos trabajadores municipales, las que no fueron trasladadas de manera oportuna y por las cuales los empleados municipales enfrentan diversos problemas financieros.

Según el abogado de MIDES, Carlos Miranda, Muyshondt “Cometió Malversación de Fondos Públicos”, al utilizar indebidamente los fondos recaudados de los contribuyentes que han pagado la tasa municipal por el servicio municipal. 

El alcalde Muyshondt ha manifestado en varias ocasiones que las reclamaciones de pago efectuadas por MIDES tienen un interés político, lo que fue desmentido por Miranda.

El abogado dijo “Desconocer hasta el momento cualquier contenido de esa Sentencia; no obstante, de haberse pronunciado esa institución en términos de señalamiento de responsabilidad para el Alcalde, esto viene a ser un reconocimiento a lo que MIDES ha venido señalando desde hace más de dos años, que la municipalidad de San Salvador, ha malversado los fondos de la tasa municipal que es única y exclusiva para el pago de disposición final de la basura y que en ello ha existido una deliberada intención de llevar a la quiebra a la empresa, para lo cual se ha instrumentalizado a los tribunales ambientales, que se prestaron al juego de imponer medidas cautelares para cubrir la irresponsabilidad del alcalde, que no paga sus deudas”.

Asimismo, el apoderado legal de MIDES hizo hincapié al explicar que desde el momento en que MIDES promovió acciones legales ante la CCR y la Fiscalía General de la República (FGR), lo hizo consciente del problema ambiental que el alcalde Muyshondt estaba provocando a los habitantes capitalinos, ya que una cosa es no poder pagar y otra muy distinta es no pagar y usar esos recursos financieros para cualquier otro objetivo. 

La Corte de Cuentas, en su sentencia, previo a resolver, hace señalamientos al alcalde de San Salvador, ante una supuesta mala gestión financiera y el desinterés por cubrir el pago de un servicio tan importante para la salud y el medio ambiente en la capital, cuando afirma:

“… en el caso que nos ocupa, los Suscritos jueces consideran que el auditor determinó y respaldó su hallazgo debidamente, sosteniendo que existía en el periodo auditado la disponibilidad de fondos para el pago de las facturas por el servicio mencionado, sin embargo no se cumplió con dicho compromiso; sin soslayar, que como parte de una buena gestión, se debió prever que la falta de pago ocasionaría, lo que el auditor detalla en el atributo del hallazgo correspondiente al “efecto”, que es la suspensión del servicio por parte de la empresa MIDES y el incumplimiento del contrato y, siendo que el servicio de recolección y disposición de desechos, constituye una prioridad para garantizar la salud y también el tema ambiental, debieron ejecutarse las acciones de administración, pertinentes para evitarle a la población riesgos innecesarios, sobre todo por la falta de un servicio por le cual los contribuyentes pagan mediante la tasa correspondiente”.

Finalmente, el abogado Miranda manifestó que “la condena por responsabilidad administrativa contra el Alcalde Muyshondt, el Tesorero Municipal y el Gerente Financiero, dan muestras de lo mucho que se puede avanzar institucionalmente, con el acompañamiento civil en la exigencia de rendición de cuentas, que es lo mismo que esperan ahora de la Fiscalía, que actúe promoviendo las acciones penales contra el Alcalde de San Salvador y las otras personas que han sido encontrados culpables de la malversación de la tasa municipal” 

La sentencia de la Cámara establece la condena y cuantía de multa que deberá ser cancelada por las personas que han sido encontrados responsables. Siendo el fallo del Tribunal Contralor el siguiente:

“(…) ésta Cámara FALLA: I.- DECLARÁSE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, contenida en el REPARO UNO, por las razones expuestas…; en consecuencia CONDENASE a los señores: LUIS ERNESTO MUYSHONDT GARCÍA PRIETO, Alcalde Municipal, a pagar la cantidad de DIECIÉSEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS  $16,669.80; (…) FERNANDO HERIBERTO PORTILLO LINARES, Tesorero Municipal , a pagar la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $11,500.00(…) y SANTOS OMAR MUÑOZ GONZÁLEZ, Director de Finanzas a pagar la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $13,240.00”.

El Salvador Febrero 8 . La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, dijo este lunes no tener conocimiento de una solicitud de reunión que puestamente hizo el presidente Bukele al presidente Biden en un viaje informal que l mandatario realizó a los EEUU la semana pasada. La agencia AP informo que Biden había «rechazado» la reunión solicitada por Bukele.

MIAMI (AP) – El gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador en un viaje no anunciado a Washington la semana pasada, mientras aumentan las críticas al líder centroamericano entre los demócratas, dijeron el lunes tres personas con conocimiento de la decisión.

El viaje de Nayib Bukele, del que no se ha informado previamente, se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera en una entrevista con un medio de comunicación salvadoreño muy crítico con Bukele que el gobierno de Biden esperaba tener «diferencias» con él.

Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo el mes pasado que el gobierno de Biden esperaba tener «diferencias» con el presidente de El Salvador y que cualquier líder que no esté dispuesto a enfrentar la corrupción no será considerado un aliado de Estados Unidos.

El viaje sorpresa del presidente en medio de una pandemia planteó un dilema a los responsables políticos estadounidenses. Se les avisó con poca antelación y están evitando en su mayoría las reuniones en persona debido al coronavirus y porque muchos puestos de alto nivel siguen vacantes, dijeron las tres personas, que están en Washington e insistieron en hablar de forma anónima a cambio de discutir la toma de decisiones internas.

Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no intentara promocionar ninguna reunión como muestra de apoyo antes de las elecciones legislativas de este mes, en las que busca ampliar su base de poder, dijeron las personas. Sin embargo, hicieron una excepción con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien se reunió en Washington con altos funcionarios de Biden 11 días antes de las elecciones presidenciales de la nación andina.

La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, dijo que no tenía conocimiento de ninguna solicitud de reuniones con funcionarios estadounidenses durante lo que describió como un viaje corto y privado de Bukele a Washington.

«No hubo ninguna solicitud, formal o informal, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o de nuestra embajada en Washington», dijo a The Associated Press.

Las tres personas no dijeron cómo se hizo la solicitud de reunión. Pero dijeron que la decisión de no reunirse con Bukele fue deliberada.

Si bien el gobierno de Biden espera involucrar eventualmente a Bukele en su plan de 4.000 millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, tiene serias preocupaciones sobre su respeto por el estado de derecho y la democracia, agregaron las personas.

«Es evidente que las condiciones han cambiado para Bukele», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en Washington. «Su popularidad en El Salvador no lo aísla del legítimo escrutinio en Washington sobre su historial en materia de derechos humanos y respeto al estado de derecho».

La sección del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Biden valora lo que considera una fuerte relación entre El Salvador y Estados Unidos y que trabajará estrechamente con sus socios para abordar los desafíos en la región. Un portavoz declinó hacer más comentarios.

Durante la visita a Washington, Bukele sí se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, según Hill.

La OEA, que el año pasado anunció que enviaría una misión de observadores a El Salvador para las elecciones parlamentarias del 28 de febrero, no respondió a una solicitud de comentarios ni emitió ninguna declaración sobre la visita. Almagro es conocido por tuitear regularmente sobre sus reuniones con dignatarios visitantes y el mismo día que se reunió con Bukele promovió su participación en una llamada de Zoom con diplomáticos de Colombia.

Bukele asumió el cargo en 2019 como independiente prometiendo rescatar a El Salvador de las profundas divisiones dejadas por la violencia descontrolada de las pandillas y la corrupción sistémica en los gobiernos de derecha e izquierda que siguieron al final de una sangrienta guerra civil en 1992.

Las encuestas dicen que una abrumadora mayoría de salvadoreños aprueba su enfoque duro, al que se atribuye la reducción de los altos niveles de violencia, y se espera que sus aliados obtengan la mayoría en la votación del Congreso de este mes.

Pero cada vez más demócratas, pero también algunos republicanos, han criticado a Bukele por sus tácticas de mano dura, como el envío de tropas para rodear el Congreso el año pasado y presionar a los legisladores para que voten sobre la financiación de la lucha contra las pandillas.

El fin de semana, dos demócratas de la Cámara de Representantes, la diputada Norma Torres y el diputado Albio Sires, presidente de la subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para América Latina, enviaron una carta a Bukele en la que le instaban a «no avivar las divisiones en aras del beneficio político».

La carta fue motivada por el asesinato, el 31 de enero, de dos personas que regresaban de un mitin por parte de los opositores de Bukele del partido de izquierda FMLN. La policía ha detenido a dos miembros del FMLN y a un guardaespaldas que trabaja para el Ministerio de Sanidad como sospechosos.

Tanto Bukele como sus opositores aprovecharon el confuso incidente, que está siendo investigado, para acusarse mutuamente de incitar a la violencia política.

«Parece que los partidos moribundos han puesto en práctica su plan final», escribió Bukele inmediatamente después de los asesinatos, contrarrestando las críticas en las redes sociales de los opositores que señalaban que su retórica era la culpable de las muertes. «Están desesperados por no perder sus privilegios y su corrupción».

El gobierno de Biden puso fin la semana pasada a los acuerdos bilaterales de la era Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala, que obligaban a las personas que buscaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México a dirigirse, en cambio, a una de las naciones centroamericanas y a tramitar sus solicitudes allí.

La legislación aprobada el año pasado y apoyada por los demócratas frena la ayuda exterior de Estados Unidos a El Salvador para financiar la compra de equipo militar estadounidense. El Departamento de Estado también debe presentar en un plazo de seis meses una lista pública de individuos corruptos en Centroamérica sujetos a sanciones, una medida que podría incluir a algunos de los políticos más poderosos de la región.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo el lunes que la cartera a su cargo «está buscando financiamiento para realizar el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (Fodes)» tras la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó como medida cautelar a Hacienda, depositar el pago de todas las cuotas adeudadas a las 262 alcaldías del país.

«Nosotros somos respetuosos y vamos a cumplir con la medida cautelar de la Sala», dijo Zelaya aunque señaló que para hacerlo tendrá que buscar fondos debido a que por hoy el ministerio de hacienda carece de fondos.

Zelaya se refirió a la Sala comentando que «ellos no pueden administrar la caja fiscal del Estado».

Durante 2020 el Ministerio de Hacienda debía depositar $41 millones mensuales, el 10 % de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado según la Ley del Fodes. La suma que Hacienda adeudó el año pasado ronda los $300 millones de dólares.

Zelaya insiste en que el dinero del Fodes sería utilizado por las alcaldías para su campaña. Sin embargo, en septiembre de 2020, Zelaya argumentó que había falta de dinero en las arcas del Estado.

De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, los ingresos corrientes del Estado de enero a a diciembre de 2020 suman $4,767.71 millones, un 4.8 % menos de los $5,008.19 millones de ingresos corrientes de enero a diciembre de 2019.

El diputado Arturo Magaña, quien este viernes pasado fue sobreseído definitivamente, de los cargos de homicidio culposo, por el cual su partido promovió su desafuero legislativo, ya lo tiene decidido: renunciará al partido tricolor Alianza Republicana Nacionalista Nacionalista ARENA.

Magaña Azmitia, aseguró este domingo, en redes sociales, que renunciará al partido tricolor, sin detallar las razones.

«Renuncio a ARENA públicamente. Esta semana presentare el escrito formal al COENA y les cuento muchas cosas que me motivaron a hacerlo. #PactoDeCorruptos», escribió en su cuenta de Twitter.

Otra baja sensible, incluida la de MIlena Mayorga, ha sido la de Felissa Cristales quien también renunció de dicho partido el pasado 25 de enero.

Felissa Cristales, quien afirmó haber sido excluida del partido, denunció supuestas ilegalidades que están cometiendo con el Presupuesto para contrataciones de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con información del órgano Judicial, el líder atacante es el «jefe de seguridad del Ministerio de Salud» y es miembro del partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció que solicitará la ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos de Norteamérica para analizar las pruebas recabadas en la investigación del asesinato de dos simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Melara indicó, en un vídeo difundido por la Fiscalía en sus redes sociales, que «hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se esta recopilando y puedan reafirmar qué es lo que en verdad sucedió».

Este anunció se da en medio de una polémica entre el Gobierno y la Fiscalía tras la divulgación de una grabación en Twitter del ataque armado.

De acuerdo con la versión de la Policía, respaldada por el presidente Nayib Bukele, la muerte de las dos personas se dio por un enfrentamiento y no por una agresión directa de los acusados.

«La Presidencia no tiene por qué intervenir en las investigaciones de la Fiscalía. El fiscal general no se debe a nadie, no se debe al presidente de la República, se debe a la gente, a lo que la población necesita», añadió Melara.

El cuerpo de Seguridad además acusó a la Fiscalía de «ocultar» estas grabaciones al no presentarlas en una conferencia de prensa en la que mostró fragmentos de otra.

«Al ocultar los demás vídeos y solamente mostrar uno de ellos, parecería que la @FGR_SV (Fiscalía) busca desinformar a la población y ocultar que hubo disparos que provenían de ambos lados», indicó el cuerpo de seguridad.

Esta versión fue respaldada por el presidente Nayib Bukele, quien escribió que la Fiscalía únicamente presentó la grabación en la que «parece que la caravana del FMLN fue solamente una víctima, ocultando que ellos también dispararon».

Los tres imputados por el doble asesinato enfrentarán el viernes la audiencia inicial por el crimen en un tribunal de San Salvador.

Se trata de un miembro de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía, un motorista y un vigilante privado del Ministerio de Salud (MINSAL).

Los procesados fueron identificados como Roberto Carlos Coto de Paz (vigilante), Héctor de Jesús Castaneda (motorista) y Diego Francisco Alvarado (PPI).

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Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-

El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de su última investigación previa a los comicios del 28 de febrero.

Al consultar la intención de voto en la contienda por la alcaldía de San Salvador si las elecciones por la Alcaldía de San Salvador fueran el próximo domingo, el 37.6 % votaría por Ernesto Muyshondt, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), mientras Mario Durán quedó con un 35.3 %, un 2.3 % por debajo de Muyshondt.

Sin embargo, al enfrentar banderas, Nuevas Ideas supera a ARENA por 9.8 %, con un 39.5 % contra 29.7 % de la bandera tricolor.

La encuesta del CEC de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), presentada el jueves, fue realizada a 780 personas del municipio de San Salvador con un error muestral de 2.5 % y 95 % de nivel de confianza.

Asimismo, de acuerdo a los capitalinos consultados, el actual alcalde Muyshondt amerita una nota de 6.27, muy por encima de la media de 10 puntos posibles.

Al preguntar ¿Cómo evalúa usted la campaña desarrollada hasta ahora por el Alcalde?, un 40.3 % de las personas manifiestan que no la conocen, mientras un 26.9 % esta de acuerdo con el estilo de comunicación del actual edil y un 22.3 % esta de acuerdo del distanciamiento del burgomaestre del partido ARENA.

Un 62.3 % de los encuestados consideran que Muyshondt el mejor candidato del partido Arena.

En la encuesta realizada en octubre 2020 por la UFG la separación de las banderas de NI y Gana le sumaba más a Mario Durán. Lograban juntas más de el 60% de los votos. Ahora que la campaña se ha centrado en la bandera de NI, se queda en un estable 42%.