El Equipo de Defensa en El Salvador, del Sr. Enrique Rais, ante señalamientos tendenciosos utilizando para tal fin, documentos oficiales de una comunicación del Estado de El Salvador y un organismo de Naciones Unidas, por parte de Héctor Silva Ávalos, queremos informar lo siguiente:

1. El Sr. Enrique Rais, ha sido víctima de una persecución penal comprobada a la luz del Derecho Internacional,
   especialmente con base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión no se debe a una acción u omisión del Estado Salvadoreño.
2. La comunicación efectuada por “La Fuente” que se refirió al caso de la detención arbitraria del Sr. Enrique Rais, fue dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), el organismo con el principal mandato de establecer la existencia o no de una detención arbitraria. La información que se comparte con el GTDA es confidencial, por ello se le denomina únicamente como “La Fuente” y la procedente del Estado también lo es.
3. No tenemos ningún problema que se transparente las gestiones del Estado, de hecho es lo que hemos exigido en el caso del Sr. Enrique Rais, lo que nos parece totalmente inaceptable es que se realicen aseveraciones temerarias, descontextualizando la realidad de los propios hechos que reflejan los documentos oficiales que presenta Héctor Silva Ávalos, lo que dista por cierto de ser muy ético y menos legal, como más adelante precisaremos.
4. En efecto, como si consta en la Resolución del GTDA sobre el caso del Sr. Rais, en la página oficial de este organismo y también publicado por cancillería, el GTDA envió comunicación para que el Estado de El Salvador, informase sobre la situación de la detención sufrida por nuestro cliente y los procesos penales en su contra, la cual fue recibida oficialmente el 30 de julio de 2020 y debía ser contestada por El Salvador, a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
5. Que el propio Héctor Silva precisa en su tendenciosa publicación que el documento fue firmado por el Exfiscal Raúl Melara, con fecha 10 de septiembre de 2020, lo cual al no tener otro registro creíble no evidencia que lo haya sido firmado efectivamente en esa fecha. Lo que sí es inobjetable es que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió de Fiscalía la respuesta sobre el caso del Sr. Rais, a fecha 10 de noviembre de 2020. Esto corrobora que fue la negligencia y el desmedro con el que se han visto las solicitudes de nuestro cliente en la FGR, que estuvo a cargo de Raúl Melara, que llevó a que El Salvador no contestara en tiempo, nada tuvo que ver en eso Cancillería a la luz de la propia información publicada por Héctor Silva.
6. Ante la ignorancia que parece tener Héctor Silva, en la tramitación de procedimientos especiales de Naciones Unidas, basta aclarar que estos pretenden revisar y reparar de forma eficaz y sin dilación alguna cualquier violación a derechos humanos, en este caso la libertad física del Sr. Rais; por lo tanto, los plazos establecidos por estos organismos son precisos y perentorios, no como la dinámica institucional que previamente ha tenido El Salvador, donde tanto la Ex Sala de lo Constitucional como el Ex Fiscal Melara, resolvían mantener la ilegalidad con no contestarnos nuestras peticiones debidamente fundadas.
7. Recomendamos a Héctor Silva, que si de verdad pretende cumplir con una labor de periodismo, vaya y revise dentro de la Jurisprudencia del GTDA, la Opinión No. 25/2019 relativa a Ricardo Traad Porras (Panamá) donde le fue rechazada la respuesta al Estado de Panamá, en vista que fue presentada con posterioridad al vencimiento inicial del plazo, para responder (párr. 49). Esto significa que la negligencia del Exfiscal Raúl Melara, no puede ser utilizada para tratar de ensuciar el derecho del Sr. Rais a gozar de forma plena del derecho a la libertad física que le ha sido violentado por la FGR (durante las administraciones de Douglas Meléndez y Raúl Melara), la Ex Sala de lo Constitucional y otros jueces y Tribunales que también miraron a otro lado en lugar de hacer justicia.
8. Debemos suponer entonces, que Héctor Silva, asume que en la propia Fiscalía boicotearon la respuesta del Exfiscal Melara, es decir que la institución que contra viento y marea ha mantenido una acusación ilegal y arbitraria contra el Sr. Rais, de repente le “quiso hacer un favor”, esto llega al colmo del absurdo, sobre todo cuando la relación tendenciosa de hechos pretende acusar al Gobierno, por razones que cuestionan mucho el proceder de Héctor Silva, si esto lo pretende hacer como periodista y no como ciudadano. Respetamos el derecho a la libertad de prensa, lo que no se vale es seguir dañando la reputación de una persona, especialmente cuando se trata de alguien que ha sido víctima del abuso del poder.
9. Por otra parte, Héctor Silva Ávalos asume, sin ser abogado, que la detención arbitraria contra el Sr. Rais fue legal porque así lo dijo el Exfiscal Raúl Melara, porque se basó en 116 pruebas documentales (muchos papeles inconexos a la investigación penal y otros prueba falsa), 51 testigos (testigos sin rostro y empleados de la FGR) 14 pericias (Con información falsa que tuvo que ser así aceptada por los propios fiscales al ser descubiertos) y escuchas telefónicas (falsa declaracion de Raul Melara, ya que un juez de instrucción reconoció que no se contaba con autorización para esas escuchas). Para ilustración de Héctor Silva, la prueba a la que alude fue aportada por el Sr. Rais y el GTDA determinó que esas pruebas no cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
10. Al tratarse de documentos oficiales con relación únicamente entre el Estado de El Salvador y Naciones Unidas, donde está involucrada la tutela y protección de derechos humanos de una persona, no existe justificación alguna para que los mismos hayan sido filtrados o entregados a terceros, precisamente por la “confidencialidad” que ellos tienen. En este caso tenemos prueba que el documento fue intentado utilizar en una instancia penal por el abogado Mario Calderón Castillo y ahora aparece en las redes sociales de Héctor Silva Ávalos, por lo que desde ya solicitamos a FGR que inicie de oficio una investigación contra las personas que filtraron institucionalmente este documento y contra toda persona que divulgue información oficial y confidencial, especialmente cuando El Salvador está en observancia internacional por el respeto al Estado de Derecho y a la protección de derechos humanos. Lic. Carlos Mauricio Miranda Rubio Apoderado General Judicial del Sr. Enrique Rais.

La abogada Bertha María Deleón no está sufriendo persecución política sino que está siendo investigada por delitos contra la administración pública, dijo una fuente cercana a la Fiscalía General de la República que pidió no mencionar su nombre.

La abogada fue citada este miércoles a la FGR para informarle que, efectivamente, está siendo investigada sobre hechos delictivos que se le imputan en perjuicio de la Administración Pública.

La señora Deleon acudió a la cita acompañada por el abogado Mario Ricardo Calderón Castillo para informarse de los pormenores de las denuncias en su contra. Al salir de la audiencia aseguró que está siendo victima de persecución política. Sin embargo, reconoció que el delito por el cual está siendo investigada, es el de desobediencia de particulares en perjuicio de la Administración Pública.

“El delito del que me están acusando es desobediencia de particulares” dijo la abogada.

“Hay 3 procesos penales abiertos en mi contra, uno por Hernán Cortez, abogado de Enrique Rais, otro por la abogada Jessica Rivas sobre la base de una publicación del periódico La Pagina y otro por Walter Araujo. Los delitos por los que ha sido denunciada son el de desobediencia de particulares, relacionados a la administración pública. Aseguró la abogada

Luego de iniciada una investigación por la FGR y con solo el hallazgo de indicios que vinculen al investigado con el delito que se le imputa, su deber es proceder a la judicialización de los procesos mediante el requerimiento de ley en tribunal de Paz correspondiente y fijar día y hora para realización de una audiencia inicial.

Antes de ingresar a la sede fiscal, Deleón brindó declaraciones a los medios de comunicación asegurando que la Fiscalía le ha negado información sobre las denuncias por las cuales está siendo investigada.

La abogada Deleon así como el abogado Caderón Castillo, han sido vinculados a casos relevantes en los que el ex fiscal Dougla Meléndez y otros, utilizaron pruebas falsas, inventadas u obtenidas de manera ilegal. Entre estos casos se encuentran el de Rais-Martínez, Saqueo Público, Gumarsal, el de José Adán Martínez ( Chepe diablo), y corruptela, pero más específicamente, el caso conocido como “Padre toño”, considerado una “conspiración” armada por Meléndez contra ex fiscal Luis Martínez.

El abogado Mario Ricardo Calderón es abogado de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti acusados por el delito de extorsión en perjuicio del empresario Enrique Rais y sobre los que pende una difusión roja de la INTERPOL.

Según expedientes judiciales, Calderón Castillo se encuentra procesado en el juzgado 5o de Instrucción, entre otros, por el delito de Patrocinio Infiel en perjuicio del empresario Rais.

De acuerdo a los expedientes en el Juzgado 5° de Instrucción, los ciudadanos canadienses emplearon información confidencial sustraída por el abogado Mario Ricardo Calderón Castillo cuando era el apoderado legal de MIDES, siendo él quien anteriormente preparó la demanda por el delito de extorsión, cometido por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, en perjuicio de Enrique Rais.E

Em el 2018, el portal digital El Blog filtró un correo electrónico donde quedó al descubierto el “patrocinio infiel” de Mario Ricardo Calderón Castillo, ex apoderado legal y ex gerente general del Grupo Rais. Ese mismo año se reabrió en el juzgado 9° de Instrucción, un proceso judicial contra Calderón Castillo y su esposa Claudia María Herrera Díaz por el delito de lavado de activos. La abogada Berta María Deleón se desempeño así mismo, como la defensora del famoso “padre toño” a quien el ex fiscal Luis Martínez proceso por el delito de introducción ilegal de objetos a un centro penal para favorecer a grupos pandilleros.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que conocía del proceso contra José Adán Salazar Umaña. resolvió absolverlo definitivamente, después que la Cámara Segundo de lo Penal, que consideró que los imputados habían sido objeto de un doble juzgamiento.

Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y otros tres parientes, fueron acusados “de un atarrayaso” por el fiscal Douglas Meléndez, que se hizo eco de varias publicaciones digitales, supuestamente propiedad del empresario harinero Adolfo Salume, que publicaron sendos reportajes sobre el presunto lavado de más de $132 millones utilizando empresas fachadas.

La resolución del Juzgado de 2° de Sentencia basó su resolución en lo ordenado por la Cámara Segundo de lo Penal, que consideró que los imputados habían sido objeto de un doble juzgamiento “Se resolvió sobreseer definitivamente a José Adán Salazar y a Juan Umaña Samayoa por el delito de lavado de dinero y activos de 2010 y 2011, lavado de dinero y activos de los años 2010 y 2011, porque ya era cosa juzgada, ya que se configuró una doble persecución penal”, explicó un abogado defensor.

El tribunal resolvió anular todo el proceso debido a lo que se llama “falta de acción” es decir, que no se puede accionar ningún proceso judicial si no hay previamente un pronunciamiento de Hacienda cuando se trata de delitos que tienen a su base la evasión de impuestos”.

Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y otros tres familiares fueron procesados por presuntamente lavar $132 millones, utilizando 32 empresas, que supuestamente eran fachadas; sin embargo, la Cámara anuló la semana anterior todo el proceso.

Por el momento, el único que seguirá procesado es José Adán Salazar Martínez, dijo de “Chepe Diablo”, cuyo caso se ventiló enel Juzgado Cuarto de Instrucción, donde es acusado de lavar $12 millones, en uno de los hechos vinculados al proceso anulados por la Cámara 2° de lo Penal.

La jueza Cuarta de Instrucción mandó a juicio a Salazar Martínez, ya que sostiene que aún no ha recibido la resolución de la Cámara 2° de lo Penal, donde se ordena anular todo el proceso.

El abogado de José Adán Salazar reclamó la resolución de la jueza 4o de Instrucción que envió este día a juicio al hijo de Salazar debido a que según él, la resolución de la Cámara abarca a todos por igual. La Cámara anuló todo el proceso.

Durante el juicio, Juan Umaña Samayoa declaró que luego que iniciaron la empresa de molino de trigo, comenzaron a ser acosados por Adolfo “Fito” Salume, quien les exigió que le vendieran el molino. “Fito Salume empezó a amenazar, o me venden el molino o los metemos presos… una canción que nos mandaba a decir a diario… sabíamos que no habíamos cometido ninguna ilegalidad”, declaró el exalcalde. “Posteriormente nos involucran en el Cartel de Texis, por una nota del Faro, ahí habían gobernadores, sargentos, abogados, agentes, mi hijo y yo, y no he escuchado que hayan capturados”, agregó en su momento.

El ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón y su esposa Gloria Natividad de García, fueron absueltos por la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador por el delito de enriquecimiento ilícito. Los magistrados fundamentaron su fallo en que no se pudo probar el enriquecimiento ilícito.

En el fallo, los magistrados también levantaron los embargos trabados en las propiedades de García Calderón y su esposa, así como los congelamientos de cuentas bancarias que pesaban desde hace cuatro años, como medidas preventivas del proceso.

La sentencia absolutoria, deja sin efecto la pena accesoria que dejaba a García Calderón inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público.

La Fiscalía dispone de un plazo de 20 días para apelar de la sentencia si es que no está conforme con la resolución de la Cámara.

El fallo  establece que el expresidente de la Corte tenía capacidad económica para el ahorro e inversión, con lo que desvirtuó el dicho de los peritos.

El ministro explicó a la funcionaria de la ONU que es intención del gobierno salvadoreño el fomento de la democracia y respeto a la separación de poderes

El ministro de trabajo, Rolando Castro, mantuvo una reunión con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Verónica Michelle Bachelet Jeria, quien envió al presidente de la República, Nayib Bukele, un afectuoso saludo tras una histórica reunión en la sede de ONU en Ginebra Suiza. Castro catálogo de excelente el encuentro.

La reunión sirvió para construir un escenario en el que el ministro de Trabajo externara el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele de total respeto al estado constitucional de derecho y la separación de poderes “Ante la inquietud mostrada por la Alta Comisionada sobre la ex Sala de lo Constitucional y ex Fiscal. Aclaramos que la actuación de la actual Asamblea Legislativa fue totalmente apegada a derecho y que tubo a su base un análisis técnico jurídico”, dijo el ministro Castro.

El titular de la cartera de Trabajo hizo énfasis en que los magistrados y el fiscal destituidos cometieron acciones ilegales en materia de Derechos Humanos que violentaron la Constitución salvadoreña y trasgredieron tratados internacionales como:

1- La negación de Justicia
2- La retardación de Justicia y
3- La aplicación selectiva de Justicia

externo en su cuenta de twitter Rolando Castro.

Finalmente el ministro de Trabajo Castro planteo el anhelo de el presidente Nayib Bukele en poder tener en El Salvador justicia colectiva con la garantía del respeto a los DDHH, donde su aplicación sea igualitaria para gobernantes y gobernados, sin exclusión alguna puntualizó.

QUIEN ES VERONICA MICHELLE BACHELET JERIA?

Verónica Michelle Bachelet Jeria, es una médica y política chilena. Bachelet ostentó la presidencia de Chile en dos periodos no consecutivos: entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha de 2018. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género. Actualmente es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud.

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt salió del país en busca de una vacuna pero aseguró que estará de vuelta el próximo domingo.

De esa manera Muyshondt respondió a las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien reprochó a la jueza segunda de Instrucción por no haber ordenado la captura del ex alcalde, permitiendo que este saliera del país igual que lo hiciera el ex presidente de la Asamblea Legislativa y más atrás todavía el ex presidente Mauricio Funes quien luego se refugió en Nicaragua

Muyshondt dijo a un medio local que se sentía víctima de acoso y de hostigamiento de pare de los funcionarios del gobierno. “Es parte del acoso y el hostigamiento que hagan noticia los ministros y funcionarios de este régimen cuando algún adversario político que no debe ni teme nada, salga del país, aclaró.

Muyshondt dijo al medio que lo entrevistó, que su salida fue porque se puso la vacuna del covid ya que no se quiere poner la que han traído al país, “yo me quise poner la gringa, no la china”, aclaró.

Muyshondt publicó en sus cuentas sociales, que a pesar de las amenazas en contra no estpa considerando dejar el país. “Bukele podrá seguir usando los recursos y aparato de Estado, a sus compinches y a los delincuentes de su Gobierno para hostigar, perseguir y acosarme a mi y a mi familia; pero no podrá callarme, ni mucho menos me hará abandonar mi país”.

La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, confirmó a periodistas de la agencia española de prensa EFE, a través de la portavoz de la embajada, Anaida Haas, que en efecto existe un reporte sobre la posible participación de funcionarios salvadoreños en actos de corrupción o relacionados con el narcotráfico.

«Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso», explicó la funcionaria, sin explicar cómo una copia de los documentos llegó a varios medios informativos salvadoreños.

La respuesta de la funcionaria se dió luego de consultas periodísticas a la embajada de Estados Unidos sobre la desclasificación del referido documento.

Asimismo, un asistente del Congreso de Estados Unidos confirmó a la agencia británica Reuters que el documento que circulaba en los medios de El Salvador era exacto.

Entre los señalados en la lista destaca Carolina Recinos, comisionada presidencial para Operaciones de Gabinete de Bukele. A pesar que varios periodistas solicitaron comentarios de la funcionaria a través de la oficina de prensa de la Casa Presidencial, no se recibió respuesta alguna de inmediato.

El documento salió a la luz menos de una semana después de que el enviado especial de Washington para el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, se reuniera con Bukele para expresarle su desacuerdo con la reciente destitución de varios magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general.

Un documento desclasificado por el Departamento de Estado de EE.UU. vincula a altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, políticos del partido oficial, GANA y el FMLN, con corrupción y narcotráfico, según informes fechados el pasado 4 de mayo, hechos llegar a LaGaceta503.com

Los medios El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica recogieron también el extracto de un informe desclasificado que señala los nombres de «altos funcionarios del gobierno de los que se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes».

Entre los señalados de manera principal se encuentra la jefa del Gabinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las funcionarias más cercanas al mandatario.

El documento, recibido vía redes sociales, asegura que Recinos estaría involucrada en «importantes actos de corrupción durante su mandato».

También señala que Rogelio Rivas, recientemente separado del cargo de ministro de Seguridad y Justicia, quien habría adjudicado contratos a una empresa de su propiedad para la construcción de delegaciones de la Policía y otras edificaciones que dependían de su cargo y con los costos inflados.

Entre los señalados de posibles actos de corrupción también se encuentra Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la actual Asamblea Legislativa, influyente líder del partido y artfíce de la negociación que llevó a Bukele a la Presidencia en 2019, utilizando la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

De igual forma, el reporte da cuenta de José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

A pesar de ser miembro del partido que expulsó a Bukele en 2017, Merino fue señalado en septiembre de 2020 en una nota periodística de financiar la campaña y mantener vínculos con el Gobierno Bukele.

Otro de los señalados es Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

A preguntas a un enlace en a Secretaría de Comunicaciones del Gobierno sobre algún comentario sobre la lista, el funcionario solo compartió un tuit del presidente Bukele relacionado con los supuestos actos de corrupción de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que no tienen nada que ver en el asunto de acusaciones contra su Gobierno.

«Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO», publicó en Twitter sin referirse directamente al listado.

Añadió: «Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos».

Este listado es parte de del «anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021»

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos se encuentran en su peor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien Bukele consideraba «nice and cool», dejó el Ejecutivo norteamericano.

Las tensiones entre la mayor democracia de América y el Gobierno de Nayib Bukele se incrementaron después de que la Asamblea Legislativa, con amplia mayoría oficialista y con orden emitida desde la Presidencia del país, votó por destituir a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la República.

Uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, el periódico 24 HEURES (24 HORAS) dio a conocer el Sobreseimiento Definitivo al empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais luego de dos años de investigación respecto a una denuncia interpuesta por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti. mediante la cual comprobaron la inocencia del empresario salvadoreño.

Después de una exhaustiva y objetiva investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa, asegura la publicación.

El empresario suizo-salvadoreño el 22 de diciembre de 2017, declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais.

Se destacó también la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se demostró ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.

Por otra parte, las Naciones Unidas ordenaron que se debe “poner fin de inmediato al proceso penal en contra del Sr. Rais” y “garantizarle su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.”

Luego de los años de investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto, le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa.

Así también, la Fiscalía Suiza reconoce que por una parte el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder.

El periódico 24 HEURES (24 HORAS), uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, destaca en su edición digital e impresa del 6 de mayo, la noticia acerca del sobreseimiento definitivo que el Ministerio Público Fiscal de Suiza decretó a favor de Rais.

El citado medio de comunicación, hace un reconocimiento a la constancia y esfuerzo desarrollado por más de cinco años por parte de Enrique Rais y su equipo de defensa de litigación internacional para ratificar su inocencia sobre los hechos acusados; además demuestra que su caso fue una instrumentalización del Sistema Judicial (Fiscalía y Órgano Judicial) para fabricar una persecución penal en su contra, cuyo único objetivo era despojarlo de sus empresas. “Je suis victime d’ une machination” (“Soy víctima de un complot”) ha sustentado el empresario salvadoreño

El 22 de diciembre de 2017, Enrique Rais había sido entrevistado por la prensa Suiza, donde declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais. Además destacó la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se ha demostrado ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.

Esta persecución penal ilegal y arbitraria, llevó a Enrique Rais a tener que defenderse en Suiza de acusaciones promovidas el 20 de noviembre de 2017, por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes con apoyo del exabogado Mario Calderón Castillo, en un claro patrocinio infiel, ya que los mismos canadienses reconocen que es su abogado, utilizaron documentación que este último sustrajo de las empresas de Rais, para intentar sorprender a la Fiscalía Suiza, que se trataba de actos de lavado de dinero, lo que después de la investigación se confirmó que fue una denuncia calumniosa.

La real Policía Montada del Canadá entrego al entonces fiscal general Belisario Artiga, una constancia de que tanto Pasquale como Pacetti, estaban ligados a una red internacional del crimen organizado (mafia) y que se trataba de sujetos realmente peligrosos.

Enrique Rais fue denunciado por los canadienses Pasquuale y Pacetti por los delitos de Lavado de Dinero, Robo de las acciones de MIDES, corrupción de funcionarios y fraude procesal, siguiendo el patrón montado en El Salvador donde las autoridades judiciales se resisten a reconocer la inocencia del empresario Enrique pese a las pruebas presentadas por los abogado de su defensa material. Las Naciones Unidas ha ordenado al gobierno salvadoreño que ponga din “de inmediato” al proceso penal en contra del Sr. Rais” y le garantice “ su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización”. Tal como procede, la cancillería salvadoreña ya cumplió con la obligación publicar la que resolución de las naciones unidas que declara la detención arbitraria decretada contra Rais.

De acuerdo, a los apoderados legales de Enrique Rais, su cliente ha sido víctima del sistema judicial en El Salvador, lo que ha quedado comprobado con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dictamen al que el Gobierno de Suiza ha dado la validez y cumplimiento que corresponde a partir de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humano

Añade que el caso fabricado contra Enrique Rais, es una muestra de cómo anteriormente el Sistema Penal ha sido utilizado por estructuras de poder político y económico para afectar a personas por fines de intereses empresariales o comerciales; siendo precisamente lo que denunció siempre su cliente y que el tiempo, así como organismos internacionales y un gobierno que destaca en institucionalidad y Estado de Derecho como Suiza, le están permitiendo demostrar que es víctima de abuso de poder.

Entre las infracciones y violaciones al debido proceso de las que ha sido Enrique Rais, sus abogados afirman que en la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente de ese Órgano de Estado, Óscar Armando Pineda Navas, se efectuaron una serie de traslados y remociones de Jueces que iban a conocer los procesos contra su cliente y en otros casos se retiraron jueces y magistrados, por el simple hecho de haber fallado previamente de un modo favorable en casos relacionados con Rais, lo que es también atentatorio contra la independencia judicial; pues se envía un mensaje a cualquier autoridad judicial o Tribunal que si fallaban conforme a justicia y le daban la razón a mi cliente, podían también ser removidos de sus cargos o desmejorados con traslados a sedes judiciales en la periferia. Esto además de las presiones públicas que realizaba el Ex fiscal general

También, en el caso del exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien previamente como miembro de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, fue quien le decretó basado en prueba ilícita y prueba falsa la detención provisional a Enrique Rais, lo que ha sido declarado como una detención arbitraria por Naciones Unidas. Y además, quiso apuntar el abogado, resulta que los exmagistrados de Sala de lo Constitucional que han sido recientemente destituidos de sus cargos, en una aplicación selectiva de justicia constitucional, mantuvieron engavetados por tres años recursos de hábeas corpus promovidos por los abogados de Enrique Rais, ya que resolverlos implicaba confirmar que su privación de libertad había sido ilegal, mientras que en otros casos esa misma Sala emitió “sentencias exprés”.

En su resolución, la Fiscalía Suiza, reconoce que el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder.

La publicación divulgada por 24 HEURES, de acuerdo a personeros Suizos consultados, responde al compromiso de los medios de prensa en aquel país, por ser objetivos y veraces con su información de tal forma que al haber publicado en aquel momento una entrevista sobre la base de los cuestionamientos por acciones penales contra Enrique Rais, ahora se ocupan de desmentir todos los hechos falsos y hacer pública su inocencia frente a tales acusaciones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no descartó la posibilidad de continuar con la destitución de funcionarios nombrados en elección de segundo grado por sus antecesores por la anterior Asamblea, en medio del reclamo internacional. durante el fin de semana fueron destituidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso; sin embargo, se rumora que los funcionarios en lista son los magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los del Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó este lunes la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el

Parlamento de un grupo de magistrados y al Fiscal General.

“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay videos de eso). El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”. escribió Bucéele en su cuenta de twitter.

El partido Nuevas Ideas y los aliados de Bukele, que controlan 64 de los 84 escaños de la nueva Asamblea Legislativa, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la máxima autoridad judicial del país, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.

Lo mismo hizo con al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos,Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación” de Washington “por la democracia de El Salvador”.

Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.

Entre los reclamos internacionales de mayor relevancia se encuentran los del representante de la Unión Europea (UE), cuyo principal vocero, Josep Borrell, se refirió a la destitución de los funcionario, diciendo que estas “atentan contra el estado de derecho” y pidió “salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también hizo un llamado llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992 (fin de la guerra civil), dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, la embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU”, en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.

El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde. 

Los magistrados destituidos y el fiscal general, habían sido electos por la anterior legislatura controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoría opositora, ahora reducidos a una minoría irrelevante.

Al ex fiscal Raul Melara Morán, se le criticó severamente no haber puesto fin a la corrupción en la FGR y de haberse plegado a las conductas de su antecesor Douglas Meléndez que se caracterizó por “inventar” procesos para beneficio propio y de sus allegados que aún figuran en la plantilla de A su llegada a Fiscalía Melara reconoció la existencia de “manzanas podridas” y prometió expulsarlas del ministerio público cosa que no hizo.

El vice presidente de la republica, Félix Ulloa, calificó de hipócritas y mogigatos a los críticos internacionales, entre ellos la vice presidenta de los EEUU Kamala Harris, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, Joseph Borrel de la Unión Europea y otros.

“para una superpotencia no hay señalamientos, pero para un pequeño país que comienza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con la que las élites, los políticos y funcionarios corruptos lo tenían sometido, le salen al paso hipócritas y mojigatos”. 

Bukele aseguró que habrá de esperar más sustituciones y medidas extraordinarias en el desarrollo de la segunda plenaria de la Asamblea el próximo martes. Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos 1,300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.