El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prohibió este lunes utilizar órdenes o citaciones judiciales para forzar a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo limitadas excepciones, revirtiendo el rumbo tras revelaciones de esfuerzos de esta naturaleza liderados por el gobierno de Donald Trump.

“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtenerinformación o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió Garland en una directiva a los fiscales federales. La nueva regla también se aplica a la difusión de información clasificada, dijo.

Sin embargo, hay algunas excepciones: si se sospecha que el periodista ha cometido unacto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.

Ley en el Congreso

Para asegurar que la medida perdure en el tiempo, Garland también solicitó a sus servicios que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.

Esta directiva del gobierno demócrata de Joe Biden se produce luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la administración de su antecesor Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.

La cadena CNN también informó que el gobierno de Trump había buscado y obtenido en secreto losregistros telefónicos y de correo electrónico de uno de sus corresponsales. En Estados Unidos, la filtración de información confidencial es ilegal y los fiscales federales podrían emitir órdenes de registro para rastrear la fuente. Gobiernos republicanos y demócratas han emitido citaciones contra periodistas en el pasado.

Después de un escándalo en 2013, la administración demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica

Por Eduardo Vázquez Becker.- La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, de El Salvador, resolvió el pasado viernes 16 de julio, que, en efecto, tal como él lo ha denunciado nacional e internacionalmente, al empresario suizo salvadoreño Enrique Rais, se le han violado garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales con el fin de mantenerlo procesado injusta e ilegalmente desde hace ya casi tres años años.

El procurador del máximo tribunal de derechos humanos del país, licenciado Apolonio Tobar, no solo certifica que los derechos humanos y garantías constitucionales del empresario Rais fueron violados, sino que admite algo verdaderamente insólito: que la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara, aplicó a la demanda interpuesta por Rais contra Meléndez en la PDDH, el conocido “recurso de la gaveta”, es decir que fue escamoteada y escondida en un mueble cuyo uso no era precisamente para resguardar expedientes.

Para justificar lo tardío de la resolución, Tobar asegura que el expediente de la demanda de Rais ante la PDDH ” fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)” -pág. 32 de la resolución, de manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos del empresario Enrique Rais por parte de la Fiscalía General de la Republica ( Meléndez) y de la misma PDDH.

La resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, reconociendo la ilegalidad de los argumentos por los que se mantiene procesado al empresario Enrique Rais, se suma a las de la Fiscalía Helvética de Suiza y del Grupo de Trabajo Contra la Detención Arbitraria, GDTA, de las Naciones Unidas, quienes acordaron que la detención del empresario Rais fue arbitraria y consecuentemente ilegal, lo que así hicieron saber al Estado salvadoreño para que este pusiera remedio, “sin dilación alguna”, a la situación a la que el empresario Rais ha sido sometido.

Como efecto directo de esa situación el GTDA instó al Estado Salvadoreño a poner fin de inmediato a cualquier persecución penal en su contra, garantizando su libertad plena. Asimismo, a que se le reconozca el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones.

Siendo que El Salvador es suscriptor de los convenios y acuerdos internacionales con los que está obligado y que dieron vida al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria y la impunidad, no nos explicamos porqué el Estado salvadoreño aún no cumple con sus disposiciones si ya han transcurrido más de tres meses desde que el GTDA emitió su resolución declarando que su detención fue arbitraria y pidiendo poner fin a esa situación.

Las resoluciones del Grupo Especial de las Naciones Unidas, de la fiscalía helvética de Suiza y ahora de la Procuraduría de Derechos de el Salvador trasciende a los intereses del empresario Enrique Rais y abarca uno de los problemas más acuciantes en nuestra administración de justicia. Implica la posibilidad de poner fin al uso y prácticas de intervenciones telefónicas ilegales, del uso de “testigos sin rostro” y de los testigos criteriados como única o decisiva prueba para establecer prisiones preventivas y condenas contra los acusados.

El calvario penal que ha tenido que sufrir el empresario Enrique Raís dio inicio precisamente el 23 de agosto de 2018 cuando de manera engañosa se le hizo comparecer a la Fiscalía General de la República, donde donde fue detenido arbitraria e ilegalmente, tuvo su fundamento en una grabación telefónica cuyo valor probatorio había caducado desde hacía más de dos años. Después, para tapar ese hoyo legal, el ex fiscal Meléndez y sus asociados dentro y fuera de la FGR, recorrieron a cuanta argucia pueda concebir la mente humana, inventando pruebas y construyendo juicos paralelos, con mismos pretextos, mismos testigos y mismos jueces y mismos resultados, Cualquier cosa con tal de mantener la presión sobre sus víctimas.

A estas alturas ya nadie puede poner en duda los argumentos sostenidos por la defensa técnica del empresario Rais; solo es cosa de darle cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria y la Impunidad de las Naciones Unidas, antes de que nos expongan como país irrespetuoso de los acuerdos y convenios internacionales que suscribimos.

El próximo 23 de agosto se cumplirán tres años que el empresario Enrique Rais inició el largo camino para obtener justicia y fecha propicia para que esta se le otorgue sin restricción alguna. Sin dilación y de manera inmediata como dice el grupo de trabajo contra la detención arbitraria de las Naciones Unidas.

La resolución de PDDH declara como responsable de las violaciones a los derechos humanos del Sr. Enrique Rais, al Exfiscal general Douglas Arquímides Meléndez

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Apolonio Tobar, en cumplimiento de su deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y acatando especialmente la resolución previamente emitida por Naciones Unidas, a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, se pronunció declarando que al Sr. Rais se le violentaron sus derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas.

El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, en conversación con este medio, presentó y expuso la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual manifiesta, el citado profesional, viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones del Sr. Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal. 

De acuerdo a Miranda Rubio, la denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio del Sr. Rais, fue interpuesta ante PDDH, el día 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por el Exfiscal General Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los ExDirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el Exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.

Sin embargo, el caso no avanzaba, pese a las múltiples solicitudes y peticiones de medidas cautelares, dada la gravedad de los hechos en perjuicio del Sr. Rais, ya que durante toda la administración de la Exprocuradora Raquel Caballero de Guevara, el expediente fue “engavetado” quedando en una inactividad total, lo cual queda documentado en propia resolución cuando el actual Procurador manifiesta que:

“CUANDO LOS ABOGADOS DE LOS SEÑORES DENUNCIANTES COMENZARON A PRESENTAR ESCRITOS SOLICITANDO EL PRONTO DESPACHO DE ESTA INVESTIGACIÓN INSTRUÍ DE MANERA VERBAL QUE SE UBICARA EL EXPEDIENTE, PERO EL MISMO NO SE ENCONTRÓ EN EL TRÁMITE NORMAL DENTRO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS; SINO QUE CON EL TIEMPO FUE ENCONTRADO EN UN MUEBLE UBICADO EN UNA OFICINA QUE NO ESTÁ DESTINADA AL RESGUARDO DE EXPEDIENTES(…)” 

-pág. 32 de la resolución-

De manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos por parte de la PDDH. “Es hasta que llega el lic. Apolonio Tobar como Procurador, que como Defensa del Sr. Rais, nos informan del estado del expediente de investigación y posteriormente cuando Naciones Unidas declara que la privación de libertad sufrida por nuestro cliente es arbitraria y que infringe Pactos Internacionales que son leyes de El Salvador, la PDDH acatando la resolución internacional y dando cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene el país, viene a ratificar que la detención sufrida por el Sr. Rais es ilegal y que las causas penales en su contra se basaron en escuchas telefónicas ilegales, que ni siquiera tienen relación con él, sino que eran de otras personas, escuchas que fueron alteradas, junto a otras pruebas con el objetivo de involucrar al Sr. Rais.” -afirma el abogado Miranda Rubio.

• PDDH decide acatar la resolución de Naciones Unidas a favor de Enrique Rais. 

En la resolución que tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada el pasado viernes 15 de los corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que:

“(…) A LA LUZ DE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS -QUE VA MÁS ALLÁ DE LO ESTRICTAMENTE LEGAL-, SE PUEDE CONCLUIR QUE EN EL PROCESO PENAL, PROMOVIDO EN CONTRA DE LOS SEÑORES JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ… HA EXISTIDO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIADA POR SUS APODERADOS GENERALES JUDICIALES POR HABERSE UTILIZADO PRUEBA -EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS- QUE DEBIÓ HABERSE DESTRUIDO, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ESPECIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.”

Con esta decisión la PDDH contribuye a la orden emitida por Naciones Unidas, en el sentido que para reparar las violaciones sufridas por el Sr. Rais, en sus derechos humanos es fundamental que El Salvador adopte las medidas necesarias para remediar la situación del empresario, sin dilación alguna y ponerla de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo en su fallo la PDDH también reitera que la Fiscalía pretendió fundar las acusaciones contra Rais, con el uso de prueba ilegal.

• Douglas Meléndez: infractor de los derechos humanos de Enrique Rais.

La PDDH, además de establecer las vulneraciones sufridas por el Sr.Rais, en cuanto al debido proceso legal, a la libertad personal, al derecho a la privacidad y secretividad de las telecomunicaciones, reconoció como responsable de las afectaciones ocasionadas a Rais, al Exfiscal general, Douglas Meléndez. 

Precisamente desde el inicio de las acusaciones en su contra tanto el empresario como sus abogados sostuvieron no sólo que las órdenes de detención en su contra eran arbitrarias, sino que era víctima de una persecución penal que tenía un trasfondo comercial por sacarlo de sus negocios, principalmente los relacionados con la gestión de los desechos sólidos en Relleno Sanitario y que se fundamentó en pruebas ilegales y pruebas adulteradas. 

De hecho, tanto el Juez 8º de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Montes, como los fiscales del caso, ante lo incontestable de los argumentos y pruebas aportadas por la defensa de Enrique Rais tuvieron que reconocer que nunca contaron con autorización judicial para captar sus comunicaciones telefónicas y que la Técnico informática de Fiscalía, Ena Maricela Granados, alteró y falseó resultados para hacer parecer que unas líneas telefónicas eran utilizadas por Rais, cuando no era cierto.

De acuerdo, a Miranda Rubio, el Exfiscal general, Douglas Meléndez, fue denunciado por las actuaciones contra Rais, desde el mes de junio de 2019, sin embargo el también Exfiscal Raúl Melara, quien fue destituido por la Asamblea Legislativa por graves incumplimientos de deberes e ineptitud en el cargo, no permitió que las investigaciones en Fiscalía avanzaran, es decir que protegió a su predecesor, dejándolo impune. 

Sin embargo, la PDDH, además de reconocer la responsabilidad de Meléndez en las infracciones de derechos humanos, requiere al actual titular del Ministerio Público, licenciado Rodolfo Delgado Montes, par que verifique, investigue y sancione las actuaciones de aquellos funcionarios al interior de la oficina fiscal, involucrados en los hechos que concluyeron en infracción de los derechos humanos del Sr. Rais.

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, dijo que durante la inspección a la avioneta relacionada a Mauricio Funes y Miguel Menéndez, se encontraron documentos que servirán para robustecer las investigaciones en contra del expresidente.

De acuerdo al funcionario, el procedimiento fue ordenado y autorizado por autoridades guatemaltecas y consistió en el retiro de los sellos para ingresar a la aeronave y verificar qué había en su interior. “se han encontrado unos documentos que van a ser de mucha importancia para la Fiscalía”, precisó el mismo titular del ministerio público.

Delgado aseguró que los documentos encontrados en la nave serán analizados para determinar si contienen elementos que abonen a sustentar el proceso judicial que en la actualidad se desarrolla contra el exmandatario, quien se encuentra asilado en Nicaragua y que en su perfil personal de Twitter negó tener relación con la aeronave.

El empresario guatemalteco, Jaime Aparicio habría entregado la aeronave a Mauricio Funes a cambio de que le adjudicara un contrato para que su empresa construyera un puente sobre el río Lempa, con un un costo aproximado de poco más de $8.4 millones; de acuerdo a la FGR, se tiene acreditado que el exmandatario empleó dicho avión para viajar en múltiples ocasiones a Nicaragua, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá entre los años 2013 y 2014

El presidente Nayib Bukele ordenó que se sanciones al alcalde de Satna Tecla, Heny Flores, por causar daños en el patrimonio cultural, luego de haber pintado el Palacio Municipal de color cyan.

El presidente Bukele a través de un tweet dio la orden al ministerio de Cultura para que inicie el proceso sancionatorio, además ordenó a la Policía Nacional Civil para que resguarde los edificios durante el proceso.

“He instruido al Ministerio de Cultura, iniciar proceso sancionatorio contra el alcalde de Santa Tecla y quienes hayan avalado esa “obra” en el Palacio Municipal y de Bellas Artes, por daños al patrimonio cultural. La Policía Nacional Civil resguardará los edificios, durante todo el proceso”, informó Bukele.

El sábado por la tarde la Alcaldía de Santa Tecla publlicó un video donde se puede observar el edificio pintado de color cyan con la frase: «Estamos dandole la bienvenida a muchas familias con nuevo concepto de Santa Tecla».

El ministro de Justicia y Seguridad, dio respuesta a Bukele minutos más tarde indicando que enviarían un pelotón de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC. La zona ya se encuentra acordonada y cerrada.

El alcalde Flores, por su parte se excusó públicamente por pintar con los color del partido del presidente el edificio y se disculpo por lo acontecido.

«Pido disculpas a la población. Las obras que se realizaron en los espacios culturales fueron con intención de restaurarlos. Debido al abandono, debí someter ante el Ministerio de @culturasv tales acciones. En ningún momento quisimos dañar el patrimonio de nuestra ciudad.

La encuesta fue realizada a nivel latinoamericano por la firma CID y dada a conocer este 5 de julio. Gallup revela que Nayhib Bukele sigue siendo el mejor evaluado entre 11 presidentes de Centroamérica, República Dominicana y Sur América.

La consultora internacional CID Gallup realizó una encuesta telefónica aleatoria con 1,200 entrevistas en cada país, con ciudadanos mayores de 18 años. En este sentido, el presidente mejor evaluado fue Nayib Bukele, de El Salvador; seguido por Andrés Manuel López Obrador,de México.

La muestra indica que los peor evaluados fueron Ivan Duque, de Colombia y Alejandro Giammatei de Guatemala, en ese orden.

Redacción de PJ.- La lista Engels, dada a conocer este jueves y en la que se registran los nombres de funcionario, políticos y empresarios del llamado triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido rechazada por la mayoría de los mencionados en ella, asegurando que se trata de una operación geopolítica, cuya causa real busca amedrentar a gobiernos adversos a la política migratoria de los Estados Unidos.

Prueba de ello, dicen analista que prefieren el anonimato, es que durante más de tres meses se mantuvo una campaña abierta, dando a entender que dicha lista figuraban mandatarios, jueces y fiscales y que, al final, tuvo un desenlace sorpresivo, asegurando que » esta es solo una parte de la lista»; lo que se ha interpretado como una acción de chantaje político por parte de los Estados Unidos que buscan mayor aceptación a sus políticas de trasparencia, corrupción, democracia e institucionalidad. Esa es la razón por la que consideran que la lista publicada mezcla a personas que inclusive han sido encauzadas en los Estados Unidos sin que les hayan podido probar delito alguno.

Uno de los ejemplos a considerar es el del empresario suizo salvadoreño, Enrique Rais, a quien el Departamento de Estado señala de actos de corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas( supuestamente) al sobornar a funcionarios. Rais ha sido denunciado en Suiza y El Salvador por grupos asociados a la mafia ítalo canadiense que intentan despojarlo de sus bienes empresariales, sin que hasta la fecha le hayan podido probar ninguno de los cargos que se le atribuyen.

En El Salvador ninguna de las denuncias en su contra han tenido éxito, excepto haber originado una detención arbitraria en su contra en medio de una complicada trama de corrupción encabezada por el ex fiscal Douglas Meléndez, tal como ha sido denunciado, y la Fiscalía de la República Helvética de Suiza cerró recientemente una investigación por lavado de dinero contra el empresario y demandó del gobierno salvadoreño una indemnización a favor de Rais por daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que estudiaba la detención del empresario Rais resolvió que los procesos en su contra fueron arbitrarios, por lo que consideran que “el remedio adecuado sería garantizar al Sr. Rais su libertad plena y concederle(…) una indemnización».

Respecto a otros cargos contra, vinculándole con delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, estos fueron descartados después que dieran negativo los peritajes realizados por autoridades estadounidenses y que fueran desestimados los informes del periodista salvadoreño Héctor Silva, después que se demostró que este se desempeñaba al servicio de una firma competidora del empresario Rais.

Otros casos que han provocado reclamos y rechazos son los del actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman quien según el listado divulgado, “socavó procesos o instituciones democráticas tras causar graves retrocesos innecesarios durante la preparación de los comicios electorales; además, es señalado por (haber manipulado) la tabulación de resultados para su beneficio personal y por permitir la influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas, lo que motivó una airada reacción del magistrado Welman contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos, exigiendo un derecho de audiencia “inmediata” por el daño moral al que según el magistrado, está siendo sometido.

Un caso más es el del actual ministro de trabajo y previsión social, Rolando Castro, señalado “por obstruir investigaciones sobre corrupción y por haber socavado la democracia al intentar dañar a rivales políticos”, quien reaccionó drásticamente contra los cargos que le formulan asegurando que se trata de lista “sucia” y que si se dar cuentas se trata, el solo da cuentas ” a Dios, al presidente Bukele y al pueblo salvadoreño”

El presidente Bukele, por su parte, insertó en las redes la palabra “United Fruit Company” dando a entender que El Salvador no es ahora lo que eran antaño. , las repúblicas bananeras de Centroamérica. Más tarde acotó irónicamente: “El Salvador también tiene su lista”.

El gobierno de los Estados Unidos incluyó a 14 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños en la lista Engel, por haber cometido supuestos «actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas». Entre estos, figuran seis personas que han pertenecido o pertenecen al gabinete de Gobierno de Nayib Bukele.

Carolina Recinos, Conan Castro y exfuncionarios como Pablo Anliker, encabezan la Lista Engel, misma que fue elaborada con datos proporcionados por fuentes confidenciales y no confidenciales, según dijo el operador político del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.

El listado completo y las acusaciones dados a conocer comprende a miembros del Gobierno y Nuevas Ideas e incluye a varios empresarios, como el caso de Enrique Rais, que ya fue objeto de procesos en su contra y que fue absuelto por tribunales internacionales.

Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura.
Envuelto en corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para su beneficio personal.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor jurídico del presidente de la República.
Atentó contra los procesos democráticos e instituciones al asistir el retiro inapropiado de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Obstruyó las investigaciones de corrupción y atentó contra los procesos democráticos e instituciones, en esfuerzos para dañar a sus opositores políticos.

Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales.
Envuelto en significativos actos de corrupción relacionados a contratos con el Gobierno y sobornos durante su administración.

Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de Gabinete de Gobierno. Envuelta en actos significativos de corrupción haciendo mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un esquema de lavado de dinero.

Rogelio Rivas Polanco, exministro de Seguridad.
Envuelto en significativos actos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.

Walter Araujo, excandidato de Nuevas Ideas y operador político de la presidencia. Expresidente del Tribunal Supremo Electora. Atacó el proceso democrático de las instituciones llamando a la insurrección contra la Asamblea Legislativa, y repetidamente amenazar a candidatos políticos.

Redacción de PJ.- La lista Engels, dada a conocer este jueves y en la que se registran los nombres de funcionario, políticos y empresarios del llamado triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido rechazado por la mayoría de los mencionados en ella, asegurando que se trata de una operación geopolítica cuya causa real busca amedrentar a gobiernos adversos a la política migratoria de los Estados Unidos.

Prueba de ello, dicen algunos que prefieren el anonimato, es que durante más de tres meses se mantuvo una campaña abierta dando a entender que dicha lista figuraban mandatarios, jueces y fiscales y que al final tuvo un desenlace sorpresivo asegurando que » esta es solo una parte de la lista» lo que se ha interpretado como una acción de chantaje político por parte de los Estados Unidos que buscan mayor aceptación a sus políticas de trasparencia, corrupción, democracia e institucionalidad. Esa es la razón por la que consideran que la lista publicada mezcla a personas que inclusive han sido encauzadas en los Estados Unidos sin que les hayan podido probar delito alguno.

Uno de los ejemplos a considerar es el del empresario suizo salvadoreño, Enrique Rais, a quien el Departamento de Estado señala de actos de corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas al sobornar a funcionarios, sin que hasta la fecha le hayan podido probar ninguno de los cargos que se le atribuyen.

Además, la Fiscalía de la República Helvética de Suiza cerró recientemente una investigación por lavado de dinero contra el empresario y demandó del gobierno salvadoreño una indemnización a favor de Rais por daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que estudiaba la detención del empresario Rais resolvió que los procesos en su contra fueron arbitrarios, por lo que consideran que “el remedio adecuado sería garantizar al Sr. Rais su libertad plena y concederle(…) una indemnización».

Respecto a cargos contra Rais vinculándole con delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, estos fueron descartados después que dieran negativo los peritajes realizados por autoridades estadounidenses y que fueran desestimados los informes del periodista salvadoreño Héctor Silva, después que se demostró que este se desempeñaba al servicio de una firma competidora del empresario Rais.

Tal y como se venía anunciando desde hace varios meses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la Lista Engel, donde aparecen funcionarios actuales del Gobierno de Nayib Bukele y que son señalados de actos de corrupción o actos antidemocráticos.

Carolina Recinos, Conan Castro y exfuncionarios como Pablo Anliker, además del operador político de la Presidencia, Walter Araujo encabezan la Lista, acompañados del diputado Carlos Reyes, de ARENA y exfuncionarios del FMLN

El gobierno de los Estados Unidos incluyó a 14 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños en la lista Engel, por haber cometido supuestos «actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas». Entre estos, están seis personas que han pertenecido o pertenecen al gabinete de Gobierno de Nayib Bukele.

En un primer reporte al Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado publicó un listado de 14 salvadoreños envueltos en «acciones que dañan los procesos e instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre corrupción».

El listado completo y las acusaciones dados a conocer comprende a miembros del Gobierno y Nuevas Ideas. También incluye a varios empresarios, como el caso de Enrique Rais, que ya fueron objeto de procesos en su contra y fueron absueltos por tribunales internacionales.

Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura.
Envuelto en corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para su beneficio personal.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor jurídico del presidente de la República.
Atentó contra los procesos democráticos e instituciones al asistir el retiro inapropiado de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Obstruyó las investigaciones de corrupción y atentó contra los procesos democráticos e instituciones, en esfuerzos para dañar a sus opositores políticos.

Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales.
Envuelto en significativos actos de corrupción relacionados a contratos con el Gobierno y sobornos durante su administración.

Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de Gabinete de Gobierno. Envuelta en actos significativos de corrupción haciendo mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un esquema de lavado de dinero.

Rogelio Rivas Polanco, exministro de Seguridad.
Envuelto en significativos actos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.

Walter Araujo, excandidato de Nuevas Ideas y operador político de la presidencia. Expresidente del Tribunal Supremo Electora. Atacó el proceso democrático de las instituciones llamando a la insurrección contra la Asamblea Legislativa, y repetidamente amenazar a candidatos políticos.

Miembros del FMLN

José Luis Merino, dirigente del FMLN.
Por estar involucrado en un acto de corrupción significativo durante fungió como funcionario, además es señalado de lavado de dinero.

Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa.
Exdiputado del FMLN, envuelto en corrupción significativa durante su período como funcionario, a través de fraude y apropiación de fondos públicos.

Miembros de ARENA

Carlos Reyes, diputado de Arena.
Señalado por obstruir investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema, entre otros actos de corrupción.

Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión.
Milla es acusado de realizar importantes actos de corrupción durante su período como alcalde en la venta de Isla Perico a China Popular a cambio de beneficios personales.

En la lista figura también el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman quien según el listado divulgado socavó procesos o instituciones democráticas tras causar graves retrocesos innecesarios durante la preparación de los comicios electorales. Además, es señalado por la tabulación de resultados para su beneficio personal y por permitir la influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas.

Adolfo Salume Artiñano
Señalado por el Departamento de Estado de estar involucrado en actos de corrupción significativos y de sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa, además de otros actos de corrupción.
Salume habría sobornado al ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez para despojar a sus competidores en diversos negocios de sus legítimas empresas.

Todas las personas mencionadas en la lista han perdido de manera inmediata –por tres años- su visa o documento de entrada a EE.UU., además, no podrán hacer negocios con empresas afincadas en los Estados Unidos y sus territorios y los bienes que tengan en la nación del norte serán incautados.

Las sanciones contempladas están coordinadas entre los Departamentos del Tesoro y del Estado.

La Lista Engel se basa en la aprobación de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos o «The United States Northern Triangle Enhance Engagement Act», en diciembre de 2020 y fue promovida por el congresista Eliot Engel, quien finalizó su periodo este año.

Engel fue uno de los legisladores que señaló las violaciones de derechos humanos, ataques a la prensa, amenazas a la institucionalidad o golpes a la transparencia en los gobiernos del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala, Honduras.

El listado es sólo una primera parte

Según funcionarios de la Administración Biden, la lista emitida el jueves se seguirá ampliando y los nombres de quienes la engrosen se irán conociendo a medida las diferentes agencias del Ejecutivo remitan otros casos al Congreso

Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant Corruption, or Obstruction of Investigations into Such Corruption in El Salvador, Guatemala, and Honduras Section 353(b) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2021 (Div. FF, P.L. 116-260)

Consistent with Section 353(b) of the United States – Northern Triangle Enhanced Engagement Act (Div. FF, P.L. 116-260), this report is being submitted to the House Foreign Affairs Committee, Senate Foreign Relations Committee, House Committee on the Judiciary, and the Senate Committee on the Judiciary.
Consistent with the requirements of Section 353(b), this report identifies the following persons in El Salvador, Guatemala, and Honduras: (1) foreign persons determined to have knowingly engaged in actions that undermine democratic processes or institutions; (2) foreign persons determined to have knowingly engaged in significant corruption; and (3) foreign persons determined to have knowingly engaged in obstruction of investigations into such acts of corruption, including the following: corruption related to government contracts; bribery and extortion; the facilitation or transfer of the proceeds of corruption, including through money laundering; and acts of violence, harassment, or intimidation directed at governmental and nongovernmental corruption investigators.
Consistent with the requirements of Section 353, foreign persons listed in this report are generally ineligible for visas and admission to the United States. Foreign persons listed in this report shall have their visas revoked immediately and any other valid visa or entry documentation will be cancelled, absent an exception or national security interest waiver.1 Consistent with Section 353(g), this report will be published in the Federal Register. The report includes individuals for whom the Department is aware of credible information or allegations of the conduct at issue, from media reporting and other sources. The Department will continue to review the individuals listed in the report and consider all available tools to deter and disrupt corrupt, undemocratic activity in El Salvador, Guatemala, and Honduras. The Department also continues to actively review additional credible information and allegations concerning corruption and to utilize all applicable authorities, as appropriate, to ensure corrupt officials are denied safe haven in the United States.

El Salvador
Walter René Araujo Morales, former member and president of the Supreme Electoral Tribunal, undermined democratic processes or institutions by calling for insurrection against the Legislative Assembly and repeatedly threatening political candidates.
Pablo Salvador Anliker Infante, former Minister of Agriculture, engaged in significant corruption by misappropriating public funds for his personal benefit.
Conan Tonathiu Castro Ramírez, current Legal Advisor to the President, undermined democratic processes or institutions by assisting in the inappropriate removal of five Supreme Court Magistrates and the Attorney General.
Óscar Rolando Castro, Minister of Labor, obstructed investigations into corruption and undermined democratic processes or institutions in efforts to damage his political opponents.
Osiris Luna Meza, Vice Minister of Security and Director of Prisons, has engaged in significant corruption related to government contracts and bribery during his term in office.
1 The Department notes that there appears to be a drafting error in section 353(d)(2), the exception to comply with international obligations. The Department intends to apply the exception with respect to subparagraphs (A) and (B) of section 353(d)(1), not “subparagraphs (B) and (C),” including because subparagraph (C) does not exist in the legislation as enacted.

UNCLASSIFIED
José Luis Merino, former Vice Minister for Foreign Investment and Development Financing, engaged in significant corruption during his term in office through bribery. He also participated in a money laundering scheme.

Ezequiel Milla Guerra, former mayor of La Union, engaged in significant corruption by abusing his authority as mayor in the sale of Perico Island to agents of the People’s Republic of China in exchange for personal benefit.

José Aquiles Enrique Rais López engaged in significant corruption and undermined democratic processes or institutions by bribing public officials.

Martha Carolina Recinos de Bernal, current Chief of Cabinet, engaged in significant corruption by misusing public funds for personal benefit. She also participated in a significant money laundering scheme.

Carlos Armando Reyes Ramos, current member of the Legislative Assembly, obstructed investigations into corruption by inappropriately influencing the Supreme Court Magistrate selection process.

Othon Sigfrido Reyes Morales, former legislator from the FMLN party of El Salvador, engaged in significant corruption during his term in office through fraud and misuse of public funds.

Rogelio Eduardo Rivas Polanco, former Minister of Security and Justice, engaged in significant corruption by misappropriating public funds for personal benefit.

Adolfo Salume Artinano, engaged in significant corruption and undermined democratic processes and institutions by bribing a Supreme Court Magistrate to avoid paying a fine.

Luis Guillermo Wellman Carpio, current Magistrate of Supreme Electoral Tribunal, undermined democratic processes or institutions by causing serious and unnecessary delays in election preparations and results tabulation for his personal benefit and allowing Chinese malign influence during the Salvadoran elections.

Guatemala
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, former Guatemalan Presidential Chief of Staff, engaged in significant corruption by facilitating payments to congressional representatives and judges on Guatemala’s Supreme Court of Justice (CSJ) in order to inappropriately influence the judicial selection process for magistrates to the CSJ and Court of Appeals and secure his future release from prison and the dismissal of corruption charges. He is designated under the Global Magnitsky sanctions program and Section 7031(c) for involvement in significant corruption.

Felipe Alejos Lorenzana, former first secretary of the Guatemalan Congress, has engaged in significant corruption. While acting in his official capacity, Mr. Alejos was involved in corrupt acts to enrich himself, while also seriously harming U.S. businesses’ international economic activity. He is designated under the Global Magnitsky sanctions program and Section 7031(c) for involvement in significant corruption.

Delia Bac Alvarado, former congressional representative, engaged in significant corruption through her misuse of public funds for personal benefit. She is designated under Section 7031(c) for involvement in significant corruption.
Florencio Carrascoza Gamez, current mayor of Joyabaj, undermined democratic processes or institutions by intimidating and unjustly imprisoning political opponents.

Alvaro Colom Caballeros, former president, engaged in significant corruption when he participated in fraud and embezzlement involving a new bus system in Guatemala City known as Transurbano.

Manuel Duarte Barrera, currently on the Supreme Court, has undermined democratic processes or institutions by abusing his authority to inappropriately influence and manipulate the appointment of judges to high court positions.

Boris Roberto Espana Caceres, current congressional representative in the Guatemalan Congress, engaged in significant corruption when he participated in influence peddling and bribery

Mario Amilcar Estrada Orellana, former congressional representative, engaged in significant corruption and was sentenced by U.S. courts for seeking millions from Mexico’s Sinaloa Cartel to finance political campaigns.

Raul Amilcar Falla Ovalle, a lawyer for the NGO Fundacion Contra el Terrorismo (Foundation Against Terrorism – FCT), attempted to delay or obstruct criminal proceedings against former military officials who had committed acts of violence, harassment, or intimidation against governmental and nongovernmental corruption investigators.

Moises Eduardo Galindo Ruiz, an attorney with the NGO FCT, attempted to delay or obstruct criminal proceedings against former military officials who had committed acts of violence, harassment, or intimidation against governmental and nongovernmental corruption investigators, as well as the work of the Special Prosecutor’s Office Against Impunity (FEC

Juan Carlos Godinez Rodriguez, lawyer and former member of a congressional commission in charge of selecting Supreme Court magistrates, undermined democratic processes or institutions by abusing his authority to inappropriately influence and manipulate the appointment of judges to high court positions.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, political operative and businessman, undermined democratic processes or institutions by abusing his authority to inappropriately influence and manipulate the appointment of judges to high court positions.

Ricardo Rafael Mendez Ruiz Valdez, the founder and legal representative of the NGO FCT, attempted to delay or obstruct criminal proceedings against former military officials who had committed acts of violence, harassment, or intimidation against governmental and nongovernmental corruption investigators.

Mynor Mauricio Moto Morataya, selected in January 2021 to fill a vacant seat on the country’s Constitutional Court, undermined processes or institutions and engaged in significant corruption when he obstructed justice and received bribes in return for a favorable legal decision.

Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, former Minister of Communications, Infrastructure, and Housing, engaged in significant corruption when he participated in bribery and illegal electoral financing, and the laundering of the proceeds of corruption for personal gain. He is designated under Section 7031(c) for involvement in significant corruption.

Guillermo Estuardo de Jesus Sosa Rodriguez, former Vice Minister of Communications, engaged in significant corruption when he participated in bribery schemes, including involvement in a criminal structure that pressured, collected, and deposited bribes from state contractors in exchange for personal benefits.
Blanca Aida Stalling Davila, former Supreme Court Justice, engaged in significant corruption by participating in bribery schemes and inappropriately influencing the judicial branch. She is designated under Section 7031(c) for involvement in significant corruptio

Elder de Jesús Súchite Vargas, former Minister of Culture, engaged in significant corruption related to government contracts and influence peddling for personal gain.
Jorge Estuardo Vargas Morales, current congressional representative, engaged in significant corruption and undermined democratic processes or institutions when he engaged in bribery, coercion, and influence peddling.

Nester Mauricio Vasquez Pimentel, currently on the Supreme Court, has undermined democratic processes or institutions by abusing his authority to inappropriately influence and manipulate the appointment of judges to high court positions.

Honduras
Gustavo Alberto Perez, current congressional representative, has engaged in significant corruption. He was indicted in the Arca Abierta MACCIH-investigated corruption case for embezzling $800,000 from various government agencies.
Marco Antonio Bogran Corrales, former director of INVEST-H, engaged in significant corruption by misappropriating public funds during the COVID-19 pandemic.

Rosa Elena Bonilla de Lobo, former first lady, engaged in significant corruption through fraud and misappropriation of public funds

Augusto Domingo Cruz Asensio, former member of congress, engaged in significant corruption by misappropriating funds from the public Generacion employment program to personal accounts.

Jose Celin Discua Elvir, current congressional representative, engaged in significant corruption when he misappropriated funds from the Secretariat of Agriculture to political campaigns.

Rodolfo Irias Navas, current congressional representative, engaged in significant corruption when he misappropriated funds from the Secretariat of Agriculture to political campaigns.

Eleazar Alexander Juarez Sarabia, former member of congress, engaged in significant corruption by misappropriating funds from a public pest control program in his home department of Valle to his personal accounts.

Jose Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, former president of Honduras, engaged in significant corruption while president when he accepted bribes from the narco-trafficking organization Los Cachiros in exchange for political favors.

Gladys Aurora Lopez, member of the Honduran National Congress Executive Board, engaged in significant corruption. He was indicted in the Arca Abierta MACCIH-investigated corruption case for embezzling $800,000 from various government agencies.

Miguel Edgardo Martinez Pineda, current congressional representative engaged in significant corruption. He was indicted in the Pandora MACCIH corruption case in June 2018 for misappropriating $12.5 million in public funds from the Secretariat of Agriculture to political campaigns for personal gain.

Sara Ismela Medina Galo, member of congress, obstructed investigations into corruption in her role as Secretary of Congress.

Oscar Najera, current congressional representative, engaged in significant corruption related to the Cachiros narcotrafficking organization. He was designated under Section 7031(c) for involvement in significant corruption.

Hector Enrique Padilla Hernandez, former member of congress, engaged in significant corruption by misappropriating funds from the publicly funded Limpieza de Solares y Calles development project in his home department of Choluteca to his personal accounts.

Milton Jesus Puerto Oseguera, current congressional representative, engaged in significant corruption. He was indicted in the Arca Abierta MACCIH-investigated corruption case for embezzling $800,000 from various government agencies.

Audelia Rodriguez Rodrigo, current member of congress, engaged in significant corruption by misappropriating funds from the publicly funded Limpieza de Solares y Calles development project to her personal accounts.

Dennys Antonio Sanchez Fernandez, current member of congress, engaged in significant corruption by misappropriating funds from a public pest control program in his home department of Santa Barbara to his personal accounts.

Elvin Ernesto Santo Ordonez, current congressional representative, engaged in significant corruption when he misappropriated funds from the Secretariat of Agriculture to political campaigns.

Juan Carlos Valenzuela Molina, current congressional representative. He was indicted in the Arca Abierta MACCIH-investigated corruption case for embezzling $800,000 from various government agencies.

Elden Vasquez, current congressional representative, engaged in significant corruption through the misappropriation of $12.5 million from the Secretariat of Agriculture to political campaigns for his personal gain. He was indicted in the Pandora MACCIH-investigated corruption case in June 2018.

Welsy Milena Vasquez Lopez, current congressional representative, engaged in significant corruption including embezzlement and misappropriation of public funds for personal gain. He was indicted in the Arca Abierta MACCIH-investigated corruption case for embezzling $800,000 from various government agencies.

Roman Villeda Aguilar, member of congress, obstructed investigations into corruption, which resulted in the dismissal of an embezzlement case against several congressman who were under investigation for redirecting money to a fake NGO.

El magistrado Óscar López Jerez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente de la Sala de lo Constitucional, seguirá en ese cargo por tres años La votación tuvo lugar en las primeras horas de este miércoles 30.

Diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC, decidieron dejarlo en el cargo hasta 2024.

De acuerdo a declaraciones de los diputados que votaron a favor de la reelección de López Jerez, dijeron que previo a la votación se hizo una acuciosa revisión de su perfil respecto a los requisitos constitucionales de moralidad y competencia notorias que se requieren para el ejercicio del más alto cargo jurisdiccional del Estado.

“También se verificó su no vinculación formal o material a ningún partido político”, argumentaron los diputados en el dictamen respectivo.