El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó en la entrevista Frente a Frente de TCS que los bonos salvadoreños experimentaron un incremento de al menos 16 puntos sólo el martes, que el presidente Nayib Bukele informó en Twitter el interés de El Salvador en realizar una «recompra» de sus bonos en mercados secundarios.

Zelaya dijo que al anuncio de Bukele, los bonos salvadoreños estaban a un 35% y al cierre se encontraban a un 51%, teniendo un diferencial de 16%.

Bukele dijo el martes que se han enviado dos proyectos de ley al Congreso para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra “transparente, pública y voluntaria” a todos los tenedores de bonos de deuda soberana al precio del mercado. La operación comenzaría en seis semanas.

“Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado”, indicó Bukele en otro tuit.

El partido Nuevas Ideas de Bukele tiene una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa y puede aprobó rápidamente los proyectos de ley. El presidente dijo que El Salvador recomprará los bonos al precio de mercado, reconociendo que los precios pueden subir una vez que comience la recompra. En conjunto, el total de bonos en circulación con vencimiento en 2023 y 2025 asciende a US$1.600 millones.

“Los precios a más corto plazo deberían acercarse al valor par si la oferta se considera creíble”, advirtió Guillermo Guerrero, analista de EMFI Group Limited. “En principio, no deberían poder comprar los bonos a los precios de ganga actuales”.

Los bonos en dólares en dificultades de la nación que vencen en 2025 han repuntado más de siete centavos desde que tocaron un mínimo histórico a mediados de julio, hasta los 35,9 centavos por dólar, según datos recopilados por Bloomberg. Mientras tanto, la deuda con vencimiento en 2023 se cotizaba el martes a 76 centavos por dólar, lo que refleja un alto riesgo de incumplimiento.

“Tiene mucho sentido dados los precios deprimidos de los bonos salvadoreños, pero creo que el Gobierno habría obtenido mejores resultados en términos de ahorro de recursos si hubiera realizado la recompra de forma encubierta”, dijo Ramiro Blazquez, jefe de investigación y estrategia de BancTrust. “Todavía hay muchos detalles que no conocemos, como la magnitud de la recompra, pero sin duda es una buena noticia, ya que establece un piso a los precios y ayudará mucho a aliviar los temores de default”.

Según analistas, debido al uso propagandístico del tema por parte del presidente Nayib Bukele, El Salvador perdió una importante oportunidad de ahorro en la recompra de sus bonos colocados en el mercado.

El presidente Nayib Bukele anunció el martes un plan de recompra de bonos de deuda del 2023 al 2025, aunque sin revelar montos, asegurando que su país cuenta con liquidez para enfrentar los vencimientos y hasta pagarlos anticipadamente.

El mandatario dijo en su cuenta de Twitter que estaba enviando a la Asamblea Legislativa dos proyectos para asegurar que El Salvador, cuya deuda pública es de unos 24,000 millones de dólares -según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) a marzo- cuente con fondos necesarios para hacer la recompra voluntaria.

«Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción», publicó el mandatario en Twitter.

«Y lo haremos al precio de mercado (entendiendo que el precio de mercado probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles)», explicó.

«La operación de compra comenzará en 6 semanas (el tiempo que se tarda presentar todos los trámites)», agregó.

El Salvador debe pagar en enero de 2023 un total de 800 millones de dólares en eurobonos y en enero de 2025 otros 800 millones, de acuerdo con el Registro Estadístico de las Emisiones de Valores de la República de El Salvador de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Las principales agencias calificadoras han reducido la nota de riesgo de El Salvador a raíz de las crecientes necesidades de financiación del Gobierno salvadoreño.

La agencia calificadora Moody’s redujo a inicios de mayo la nota de El Salvador de emisor en moneda extranjera a largo plazo ante la posibilidad de un impago de la deuda que el país debe amortizar en 2023 y 2025 y la falta de un «plan creíble» para enfrentar la situación.

A mediados de mayo, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) durante el período 2009-2014, Carlos Acevedo, dijo a periodistas que a su juicio el país pagará los bonos con vencimiento en enero de 2023 principalmente por la cercanía de las elecciones presidenciales en las que se prevé que Bukele busque la reelección.

Indicó que, aunque el país logre pagar su deuda a mediano plazo, «definitivamente El Salvador va a tener que asumir los costos de un ajuste fiscal para evitar caer en una situación de impago en el mediano plazo».

Las recompras de bonos, ya sea en el mercado abierto o a través de compras negociadas de manera privada con los tenedores de los bonos, presentan una oportunidad rápida y rentable para que las emisoras latinoamericanas mejoren su estructura general de capital y reduzcan potencialmente sus gastos de intereses si tienen suficiente liquidez para operar.

Las recompras ofrecen a las emisoras una forma de capitalizar los precios bajos de los bonos debido a la actual volatilidad del mercado. Las emisoras pueden considerar otros instrumentos de gestión de la responsabilidad, como las ofertas de licitación o de intercambio, pero ninguna ofrece la simplicidad y flexibilidad de las recompras de bonos, que por lo general no requieren un documento de oferta, ni periodos de oferta obligatoria.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió el martes a la Asamblea Legislativa autorización para suscribir un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $200 millones para reponer fondos usados o que serán utilizados en subsidios al precio de combustible aprobados por el Gobierno.

Los dineros del préstamo servirán para atender «transferencias varias y obligaciones generales del Estado» y «atender prioridades estratégicas del Gobierno».

Según el proyecto de decreto, «el BCIE reembolsará al Estado las erogaciones que el Gobierno ha realizado o los ingresos que ha dejado o dejará de percibir por la implementación de las medidas relacionadas» a la eliminación de cobros al combustible.

Hacienda explica la consecución de nuevas fuentes de crédito a «la disminución de ingresos» por la suspensión del cobro del IVA al combustible, de la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros (Cotrans) y del cobro para la Cuenta Especial de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), así como la fijación de precios máximos a los combustibles y la estabilización de precios del gas licuado de petróleo.

El Gobierno sostiene que los fondos servirán para «reembolsar erogaciones» ya realizadas, también indica que requiere esfuerzos para «continuar atendiendo transferencias varias y obligaciones generales del Estado».

De igual manera, el Ministerio de Hacienda también presentó en la sesión plenaria del martes un proyecto que le permitirá que los tenedores o inversionistas de $1,600 millones de bonos estatales que se vencen en 2023 y 2024 tengan la opción de vender dichos bonos al Ministerio de Hacienda de manera anticipada. Para realizar los pagos a los inversionistas que así lo opten, el Gobierno echará mano de 275 millones de Derechos Especiales de Giro asignados en 2021 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las acciones del ministerio de Hacienda forman parte de un «documento interno» del Ministerio de Hacienda fechado en marzo de 2022 y que fue compartido con inversores para intentar abrir canales de diálogo en Wall Street. El documento indica que informó que el Gobierno habría planeado distintas acciones para evitar caer en ‘default’, como se define en el ámbito financiero el incumplimiento de pago de una deuda por falta de liquidez o de voluntad.

Entre los escenarios varios para poder honrar los compromisos de país a tiempo, la oficina de la presidencia habría definido varias alternativas:

1. Alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaría condicionado a la derogación del bitcóin como moneda de uso oficial.
2. Abordar el «mercado local de deuda» e implementar la prometida pero retrasada «reforma de pensiones».
3. Buscar «fuentes adicionales de financiamiento» en instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
4. Aumentar la recaudación fiscal con «mayor eficiencia» o con la creación de nuevos impuestos.
5. Implementar un plan de ahorro o de austeridad para disminuir el gasto público.
6. Cambiar regulaciones para las reservas de liquidez, lo que permitiría a los bancos locales adquirir un mayor porcentaje de títulos del Estado.

Entre las «otras fuentes de financiamiento» que estaría planteando la cartera Hacienda está la obtención de un crédito adicional con el BCIE, por 200 millones de dólares, y otro financiamiento por 500 millones con la CAF. Además, la reforma de pensiones que sigue sin materializarse desde el 2021 y que implica su nacionalización, daría al Gobierno 589 millones de dólares solo en emisiones de bonos.

A estos recursos, se sumarían otros 289 millones por la emisión de papeles para el mercado local, que tendrían impacto a corto plazo. El Gobierno también podría recurrir a las reservas del Banco Central salvadoreño e incluso hacer uso de los derechos especiales de giro del FMI, un activo al que los Estados miembros pueden recurrir en momentos de apremio.

También es posible que el Ejecutivo comience a mover sus depósitos en la banca para que las entidades financieras utilicen esos recursos en la compra de títulos del Estado, hasta unos 200 millones de dólares, lo que implicaría bajar la reserva de liquidez y aumentar el nivel de riesgo en el sistema financiero.

Dos de estas acciones son las solicitadas por el Ejecutivo al Legislativo en la Plenaria del martes.