El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, advirtió que, desde su punto de vista, a Ernesto Muyshondt no le corresponde dialogar con el presidente Nayib Bukele.
D’Aubuisson, cuya administración es actualmente auditada por la Corte de Cuentas (CCR) por ocultar los términos del contrato con Teclaseo y llevar la basura a un botadero que funciona ilegalmente, arremetió contra su colega Ernesto Muyshondt y señaló que no a este no le corresponde dialogar con el presidente de la República, Nayib Bukele, en representación de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Al ser consultado sobre el tema en una entrevista radial, el alcalde de Santa Tecla respondió que «por muy buenas intenciones que uno tenga, porque al final uno quiere ayudar al país, hay que ser invitado a eso».
Según Roberto d´Aubuisson, al ofrecer sus buenos oficios para dialogar con el presidente Bukele en representación de ARENA el alcalde de San Salvador se metió en asuntos que no le corresponden, pues “Las bases del partido escogieron a un presidente para que tenga una función y el empleo que tenemos los alcaldes es otro”.
De acuerdo al edil d´Aubuisson, Ernesto Muyshondt debe limitarse a las funciones que le corresponden como edil de la capital, por lo que fue votado por la publicó de su municipio.
Por sus parte, el alcalde de la ciudad capital denunció en un programa televisado que al interior del partido ARENA hay sectores interesados en promover su propia agenda, anteponiendo sus intereses a os de la población y sería esa la razón por la que se ataca su liderazgo dentro del tricolor.
Ernesto Muyshondt reiteró que no le extraña que haya personajes intentando “descalificar mi rol como alcalde o descalificar cualquier ofrecimiento que haya salido de nuestra parte para tender puentes y todo tenga detrás algún interés de algún grupo, algún sector que quiera bloquearnos, afectarnos a nosotros”.
En Santa Tecla el alcalde d´Aubuisson ha sido cuestionado por privatizar el servicio de la recolección de la basura y asociarse con un empresario colombiano cuestionado en Panamá y Honduras por no cumplir la normativa medioambiental vigente y escándalos de corrupción.