El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, habría hecho una componenda económica con el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, que habría sido la causa principal de que la Fiscalía General de la República (FGR) optara por un juicio abreviado en el caso.
De acuerdo a informaciones publicadas por medios digitales, el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón, habría sido el encargado de entregar al fiscal Meléndez la suma de dos millones de dólares a través de una de sus empresas ‘off shore’ domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.
Según publicaciones en medios digitales, Meléndez habría recibido los $2 millones para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilícita, así como a sus propias empresas y amigos personales durante su mandato entre 2004 y 2009.
Asimismo, las publicaciones aseguran que ese monto incluso podría ser superior, si al finalizar el juicio la condena es menor a los 10 años que se pidieron al inicio el proceso abreviado.
Esta información se habría filtrado a través de la escuchas de llamadas telefónicas de estrechos colaboradores del fiscal que habrían participado en el arreglo y que revelaron en sus conversaciones los términos en que se logró el acuerdo.
Según una fuente de la misma Fiscalía, las conversaciones se habrían llevado a cabo a mediados del mes de julio en un discreto hotel de la capital panameña.
En esta misma línea, las publicación exponen que esos $2 millones, que se le habrían entregado a Meléndez, provendrían de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.
Las fuentes fiscales, que pidieron el anonimato, habrían asegurado que el capital “desaparecido” se habría escondido a través de las operaciones de lavado que empresas salvadoreñas realizaron en Panamá durante varios años y que fueron descubiertas a través de la investigación que se conoció como los “Panamá Papers”.
El juicio contra Saca, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de la Casa Presidencial que lo habrían ayudado al desvío de fondos continúa en proceso.
El Ministerio Público pidió se realizara un proceso abreviado en este caso, es decir, que Saca y los implicados deben aceptar y confesar los hechos acusados, tal como lo hicieron en sus declaraciones a cambio de una reducción de pena.
La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Saca y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, ambos están siendo acusados por peculado y lavado de dinero. Por otro lado, para César Funes, exsecretario de Juventud, y a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, la pena que se ha pedido es de 5 años de prisión por lavado de dinero.
Serán los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador los que decidirán finalmente la pena al terminar el juicio.
La Universidad Centroamericana (UCA) se ha referido en un editorial al caso Saca, asegurando que si este y sus colaboradores reciben una pena menor, queda el mensaje “que la posible conclusión de este caso transmite a la población es desolador: se puede robar millones, admitir el delito y devolver sólo una fracción a cambio de pasar un muy corto tiempo en prisión. Por ello, esto huele mal, sabe mal, a pesar de que se insiste en que es un logro histórico” dice la UCA.
De igual manera, el centro académico superior jesuita cuestiona al Fiscal Meléndez: “insiste en hablar más de la corrupción del ex presidente Funes, buscando salir al paso de la lluvia de críticas por un manejo del caso Saca que, hasta hoy, tiene más elementos de conexión con la impunidad histórica que con la trascendencia de juzgar a un jefe de Estado”.