Editorial.-
Por Eduardo Vázquez Becker.- La Corte Suprema de Justicia es el organismo rector del Órgano Judicial de la República, está integrada por quince magistrados propietarios e igual número de suplentes que son electos para un periodo de nueve años por la Asamblea Legislativa para que constituyan cuatro Salas; de lo penal, de lo civil, de lo contencioso administrativo y de lo constitucional.
Los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son seleccionados de una lista de treinta profesionales; previamente elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura, surgido de los Acuerdos de Paz, quien tiene la misión constitucional de proponer dicha lista a la Asamblea Legislativa para que, de ella, escoja a los candidatos que va a elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, conforme a lo establecido en la constitución, la Asamblea Legislativa, procede a escoger, de entre los magistrados electos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia quien ejerce también la presidencia de la Sala de lo Constitucional. La Constitución no especifica cuándo debió ser electo el funcionario; lo esencial es que sea magistrado en funciones y que no esté inhibido por razones legales para serlo.
Al licenciado Óscar Alberto López Jerez no lo eligieron como magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo. Él ya era magistrado cuando la Asamblea Legislativa tomó esa decisión, razón por la cual no puede ser impugnado ese acto legislativo.
Sin embargo, los sectores y personas a quienes ha disgustado esa decisión de la Asamblea Legislativa, se han dado a la campaña de increpar a López Jerez como un presidente “de facto” según ellos para restarle credibilidad y respeto a su investidura como el principal juez de la república, exponiéndole a circunstancias y mal entendidos que no debieran ocurrir.
Muestra del desconcierto al que nos referimos podría ser un pequeño zipizape en el que un comunicador en función periodística, increpó al Presidente de la Corte Suprema sobre la “legalidad”, así, con comillas, de su nombramiento. El comunicador, posiblemente por no disponer de la información adecuada, insistía sobre el hecho de que López Jerez no figuraba en ninguna lista actual, como la que sirvió de insumo a los diputados para elegir a los más reciente magistrados de la Corte.
Por más que el funcionario insistía en hacer ver al entrevistador de que, para su nombramiento o designación no era necesario aparecer en lista alguna, este no aceptaba razones. El presidente de la Corte Suprema de Justicia perdió su tradicional equilibrio emocional y dijo algo de lo que posiblemente se ha arrepentido y lo cual no debiera ser considerado un ataque a la libertad de prensa o a los medios informativos porque, definitivamente, no lo es. .
Todos estamos de acuerdo en que el ejercicio del periodismo responsable es uno de los pilares fundamentales de la democracia, como también lo es que el extralimitarse con las facultades de cuestionar, inherentes a la riesgosa pero digna profesión del periodismo que nos llevó a ser considerados como “el cuarto poder”, no es la mejor opción del comunicador.
El periodista debe expresarse con propiedad, ser incisivo y tajante, molesto si se quiere decir así, en la formulación de sus preguntas, debe mostrar en todo momento que conoce el tema que le preocupa, pero sobre todo, debe ser respetuoso de las personas que entrevista. Insistir sin argumentos válidos, tres cuatro, cinco o más veces, sobre un tema que evidentemente ofende al entrevistado es insultarlo; no es una entrevista sino una provocación.
El presidente de la corte suprema judicial es un abogado respetable que sabe responder a preguntas más que a insultos y merece respeto como persona y como presidente del más alto tribunal del país. Quienes le conocemos sabemos que cualquier expresión que haya manifestado, contraria a lo que se espera de un funcionario de su categoría, no fue ni voluntaria ni premeditada porque no es esa su forma de conducta, sino producto de una situación tensa que le llevó ello.
Ojalá que la reacción, a nuestro juicio inadecuada y precipitada, de la Asociación de periodistas de El Salvador, APES, no sirva para que comunicadores que ejercen el honroso oficio del periodismo, sobrepasen los limites del respeto que le debemos a las personas, funcionarios o no, en el desempeño de nuestras labores. EVB