El abogado ambientalista Sergio Toruño informó a medios digitales que ya se presentó como parte interesada, en su calidad de ciudadano, en las diligencias de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) debe iniciar como resultado de la resolución judicial pronunciada por el juez Ambiental de Santa Tecla.
El juez certificó al Ministerio Público el expediente de imposición de medidas cautelares ambientales, por delito de desobediencia de particulares del artículo 338 del Código Penal, en contra de Nicolás Adriano Salume Pacas, representante legal de PULS.E.M DE C.V. (empresa dueña del botadero de la Libertad), por haber incumplido las medidas cautelares que le fueron impuestas, específicamente la de no depositar más de 500 toneladas diarias en su botadero a cielo abierto situado en el Puerto de La Libertad.
Según el abogado especialista, “el delito ya se cometió, desde el momento en que el propietario del botadero del Puerto de La Libertad, señor Salume, incumple la orden impuesta por el Juzgado Ambiental. No requiere siquiera que haya tenido la intencionalidad de desobedecer, basta con que materialmente y basándose en cualquier argumento sin justificación haya continuado recibiendo una cantidad de desechos sólidos de distintos municipios en exceso de las 500 toneladas diarias que establece su permiso ambiental, Este permiso también está cuestionado”, dijo.
Para Toruño, siguiendo el criterio que ha expresado el fiscal general de la República, por transparencia institucional, debe proceder a presentarse de inmediato, al retorno del periodo vacacional, la acusación penal contra el señor Salume y que sean las autoridades judiciales quienes decidan el rumbo que debe tener la causa penal.
Cualquier decisión, como dilatar innecesariamente la investigación o archivarla, enviaría un mensaje de impunidad o favorecimiento de personas por su posición económica o por influencias políticas.
De acuerdo al abogado Toruño, el delito de desobediencia, presuntamente cometido por Salume, es solamente el primer aspecto de este caso, pues también se está demostrando que la empresa dueña del botadero, ha cometido el ilícito de contaminación ambiental agravada, de acuerdo a los artículos 255 y 256 del Código Penal.
“Se trata de una batalla legal, por la defensa del medio ambiente y de las personas que habitan cerca del Botadero del Puerto de La Libertad; especialmente cuando las anteriores autoridades del medio ambiente y el exfiscal general, Douglas Meléndez, toleraron y permitieron que ese sitio estuviera funcionando sin permiso ambiental y además favoreciéndolo para otorgarle el día 10 de diciembre de 2018, de forma ilegal, un permiso a pesar de no cumplir con la distancia mínima entre el sitio de disposición de los desechos sólidos y los núcleos poblacionales contiguos; y de no estar captando los tóxicos que emana ese tipo de botadores a cielo abierto, sin destruir ni controlar los gases emanados de la basura, los cuales son altamente contaminantes y volátiles.
Dichos gases, en cualquier momento podrían hacer combustión, causando una tragedia como un incendio forestal o una explosión que pone en riesgo permanente a las comunidades», subrayó el Abogado.
“Es tan grave, que el abogado de la empresa dueña del botadero, quiso engañar al juez ambiental, presentándole argumentos y pruebas falsas, por lo que se procederá a denunciar al abogado Luis Elías Botto Zúniga, por el delito de fraude procesal y otros conexos”, agregó Toruño.
Finalmente, el abogado Ambientalista hizo un llamado a las comunidades y asociaciones cercanas al botadero propiedad del señor Salume, para que también hagan valer sus derechos constituyéndose querellantes por los delitos cometidos; al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para que tome cartas en el asunto, ya que tiene debidamente documentado que el botadero incumple con las normas ambientales y está contaminando el ecosistema marino-costero.
El ministro debería dejar sin efecto el permiso que «ilegalmente» se le otorgó al sitio; al fiscal general, para que vele porque se cumpla la ley y ejerza la acción penal por el delito cometido, finalizó.