Por Eduardo Vázquez Bécker.- El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió el martes pasado certificar a la Fiscalía General de la República el estudio patrimonial del ex alcalde capitalino, Nayib Bukele, realizado por la Sección de Probidad del máximo tribunal del país.
La resolución se acordó con 12 de 15 votos de los magistrados con el fin de que se investigue si Bukele evadió al fisco o si es responsable de un posible lavado de dinero.
El año pasado la Sección de Probidad determinó que Bukele no pudo justificar el origen lícito de $550,809.26 que se sumaron a su patrimonio en el período en el que fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Posteriormente, Bukele presentó su descargo y Probidad determinó que los hallazgos se desvanecían ; sin embargo, meses después, la Comisión de Ética y Probidad, liderada por el magistrado Sidney Blanco, señaló que Probidad había omitido señalar más de $300,000 que Bukele no logró justificar.
La semana pasada el pleno votó por modificar el proyecto de resolución en el que se recomendó abrir un juicio especial por enriquecimiento ilícito en contra de Bukele por un poco más de $300,000
Los magistrados que votaron a favor de encausar a Bukele fueron los cinco titulares de la Sala de lo Constitucional: Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez, Armando Pineda Navas y Belarmino Jaime. Se les unió el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sergio Luis Rivera Márquez.
Fuentes de la Corte Suprema de Justicia informaron que Bukele intentó justificar su patrimonio señalando donaciones de la empresa de su familia OBERMET, a la cual el Gobierno le ha dado varios millones de dólares en contratos de publicidad, y no reportó esos ingresos ante el Ministerio de Hacienda.
Según la investigación de Probidad, una de las instituciones que más ha dado contratos a la familia Bukele es el Ministerio de Turismo.
Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ya había dejado entrever que investiga a Bukele por los millonarios contratos entre la empresa OBERMET, propiedad de su familia, y varias instituciones del Estado. En esa oportunidad el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez habría expresado que “Veo demasiado nervioso al alcalde, podría ser porque hay contrataciones millonarias de él con una empresa familiar” Ha trascendido que la FGR también lo investiga por un contrato millonario de lámparas a una empresa colombiana.