Dos de los abogados del empresario Enrique Rais presentaron una petición legal ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que inicie una investigación sobre las graves violaciones a los derechos que ha sido objeto por parte del Estado salvadoreño contra su representado.
Los abogados Juan Andrés Hernández y Carlos Miranda aseguran que la petición al alto comisionado de la ONU, la señora Michelle Bachelet, especifica las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima su defendido en El Salvador.
“Esta petición especifica cuales son las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales estimamos está siendo víctima el empresario Enrique Rais en la persecución que el estado salvadoreño tiene en su contra.
Esperamos que esta petición así como las investigaciones que hará la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y los informes que debe rendir el estado salvadoreño conduzcan a que se restablezcan los derechos humanos de nuestro representado, y de una vez por todas, cese persecución”, indicó uno de los abogados del empresario Rais.
El Juzgado 4o de Instrucción, pronunció una resolución judicial en la que reconoce las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en perjuicio del empresario Enrique Rais y que han producido la acusación en su contra en el conocido “Caso Corruptela”, mismo que estaría basado en escuchas telefónicas ilegales y de las que no existe garantía de su legitimidad, además de no constar que se haya autorizado judicialmente intervenir ningún aparato telefónico o en uso por parte de Rais.
En la tramitación de otras causas penales tanto en el Juzgado 5o de instrucción, como en el 8o de instrucción, ambos de la ciudad de San Salvador, reconoce ampliamente que los procesos penales contra el empresario, tienen su origen en una intervención telefónica promovida contra otras personas distintas al empresario ya que éste no estaba siendo objeto de investigación, que nunca existió autorización judicial para escuchar conversaciones de Rais y que la información ha sido manipulada por la fiscalía y policía, no existiendo certeza sobre la cadena de custodia de la prueba y sobre el contenido de los audios.
También destacó que la prueba con la cual fiscalía montó el caso, fueron unas escuchas que el Ex Director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones ocultó su existencia al entonces Fiscal General de la República, en las que además de no aparecer Enrique Rais, sino otras personas investigadas por distintos hechos, tales escuchas cumplieron los seis meses que indica la ley de escuchas, para poder utilizaras como prueba y acusar penalmente a los intervenidos, caso contrario deben ser destruidas; sin embargo, en este caso, fueron utilizadas casi DIEZ MESES, después del periodo en que debían destruirse y por ende, DIECISÉIS MESES después de haber concluido la intervención telefónica de la que se obtuvieron.
Los abogados de Rais, han sostienen que el empresario es víctima de una persecución arbitraria, por intereses económicos de competidores desleales y por razones políticas, que fueron potenciadas por las ilegalidades del Ex fiscal general Douglas Meléndez, quien por medio de su primo hermano y Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez Díaz, fabricó los distintos procesos penales.