Por Eduardo Vázquez Bécker.- El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador emitió este martes orden de captura contra el ex presidente Mauricio Funes Cartagenay su pareja Ada Mitchell Guzmán por su presunta participación en actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.

Funes Cartagena y Ada Guzmán son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones criminales. El ex presidente de la CEL, Leopoldo Samour, ya fue enviado a prisión, acusado de los mismos delitos.

Esta es la cuarta orden internacional de captura que un juzgado salvadoreño emite contra Funes y su compañera de vida, esta vez por el supuesto soborno que recibió de la empresa italiana Astaldi por la suma de 3.5 millones de dólares.

La Fiscalía dice que la dádiva o soborno, le fue entregada al primer gobernante del FMLN, por ordenar un arreglo directo entre la CEL y Astaldi que costó al Estado salvadoreño $108 millones, pese a un avance del 29.28 % que la obra de El Chaparral, situada en La Reina, San Miguel.

La hipótesis del ex mandatario fue que en El Salvador no había abogado capaz de ganar un juicio a la Astaldi y que por eso prefería hacer un arreglo en vez de que el Estado tuviese que pagar por lo menos 350 millones de dólares en un juicio de reparación de daños.

“Líbrese las respectivas órdenes de capturas y comunicándolas a la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Migración y Extranjería y a la sede de Interpol en El Salvador”, reza la resolución judicial del Juzgado Noveno de Paz.

Asimismo, resolvió que este nuevo proceso tenga reserva parcial para proteger la imagen de los menores mencionados en el proceso.

Funes y Guzmán Sigüenza seguirán siendo procesados. Al primero por los delitos de instigación a los delitos de peculado, lavado de dinero y activos, y el de agrupaciones ilícitas. A la señora Guzmán por lavado de dinero.

Con este proceso, Mauricio Funes suma ya cinco casos, cuatro de tipo penal y uno civil. En este último fue condenado a devolver al Estado Salvadoreño más de 419 mil dólares por enriquecimiento ilícito.

El contrato suscrito por CEL y Astaldi, el 26 de septiembre de 2008, era con la modalidad “llave en mano”, es decir, que había una prohibición expresa de no incrementar el precio de la obra, cuyo valor total era de 219 millones de dólares.

En el contrato, la empresa constructora se comprometió a asumir el riesgo de un posible incremento en los costos de construcción de la obra, pero no respetó el contrato. Por el contrario, la empresa Astaldi dio por terminado el contrato faltando más del 30% de la obra y el gobierno dio por terminado el mismo.

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