Nuevas revelaciones en torno al escandaloso fraude procesal supuestamente creado, organizado y dirigido, desde su despacho, por el ex fiscal Douglas Meléndez, quedaron expuestas luego que un periódico digital publicara este lunes el texto de la denuncia que hicieran cuatro fiscales y dos técnicos de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El diario digital Cronio.sv, publica nuevos detalles sobre las presiones y amenazas a las que fueron sometidos los funcionarios fiscales por parte del extitular del ministerio Público, Douglas Meléndez, para declarar como testigos criteriados en el caso denominado “Corruptela”, y en los cuales se evidencia que se cometió el mismo fraude en el proceso contra el empresario Enrique Rais.
Según la denuncia presentada a la PDDH a inicios de enero de este año, por los supuestos testigos criteriados estos fueron sometidos por parte de exfiscal Meléndez y el exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz para declarar sobre hechos falsos que imputarían a 15 personas, entre ellos el empresario Enrique Rais y el ex presidente Mauricio Funes en el llamado caso Corruptela.
El fraude fue avalado por los fiscales Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández, quienes llevan el caso en el juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
En la denuncia-documento, al que Cronio dijo tener acceso directo, se relata la forma en que ocurrieron los hechos por los que denuncian al exfiscal Meléndez, se relata cómo fueron obligados los fiscales a dar testimonios falsos a cambio de no encarcelarlos o detenerlos por delitos que no han cometido.
Según la publicación del medio digital, los fiscales «criteriados» hacen constar en su denuncia ante la PDDH que para no ser acusados de cometer faltas administrativas y ser detenidos arbitrariamente «tuvieron» que declarar en el caso «corruptela» con la condición de que la FGR les daría el beneficio del testigo «criteriado». En su denuncia aseguran que sus declaraciones se ajustaban a los deseos de los fiscales que los interrogaban.
Los testigos aseguran ante la PDDH que la FGR vulneró su derecho a la defensa al negarles el derecho a tener un abogado.
De acuerdo con cronio.sv, se les violaron “derechos fundamentales contemplados en el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros”.
Los fiscales y empleados administrativos pidieron en el documento presentado a la PDDH que a la brevedad tramite su denuncia se “deduzca responsabilidades y que se asigne un procurador para que se garantice el debido proceso”.
Cronio publica como parte de su reportaje el documento integro de la denuncia presentada a la PDDH y la cual según afirma la publicación es del conocimiento del actual fiscal general, Raul Melara.