El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla, calificó como una irresponsabilidad las publicaciones en el perfil personal de Twitter de la exlegisladora Cristina López, sobre la supuesta presentación de una pieza de correspondencia usando su sello y firma sin autorización.

“Cada diputado es responsable de las piezas que se presentan, todos” enfatizó el legislador del PCN en referencia a las acusaciones que hizo López, y agregó que “decir por ejemplo que falsificaron un sello”, seria imposible porque nadie puede presentar una pieza de correspondencia a nombre de otra persona. 

Cada vez que un diputado inicia el trámite de formación de ley “todos vamos a la ventanilla, nos acompaña la prensa, nadie puede decir ‘mire aquí vino Pedro Pérez a presentar una pieza de correspondencia para don fulano o favorecer a don mengano o perengano’. ¡No! es cada uno el que asume la responsabilidad. El que sabe leer y escribir y firma sabe lo que está haciendo”, remarcó Raúl Beltrhán Bonilla desmintiendo a Cristina López.

La pieza de correspondencia a la que se refirió Cristina López era la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial de las Intervenciones de las Telecomunicaciones (LEIT), el cual siguió el curso normal que deben cumplir todas las iniciativas. 

En la pieza de correspondencia se solicitó que los diputados hicieran una interpretación auténtica del citado artículo que expresa que después de seis meses se debe destruir toda grabación de conversaciones que no sean utilizadas en un juicio como pruebas, y se conoció en la comisión legislativa correspondiente. 

Los legisladores que formaron parte de la comisión conocieron la petición, y hubo un consenso para dejar en claro que si después de seis meses las grabaciones de conversaciones no son empleadas en un juicio deben ser destruidas, de modo que se firmó el dictamen favorable para que la iniciativa se discutiera en el pleno.

Siguiendo el proceso de formación de ley, el dictamen favorable fue discutido en el pleno de la Asamblea Legislativa, donde se aprobó con mayoría calificada, después de lo cual se envió a Casa Presidencial; ahí el presidente de ese momento sancionó la interpretación auténtica y la mandó a publicar en el Diario Oficial.

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