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FGR allana inmuebles vinculados a Juan Pablo Durán

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La Fiscalía General de la República FGR, allanó este martes varias propiedades vinculadas a Juan Pablo Durán, quien ha sidodeenido acsadode diversos delitos entre ellos el de haber prestado ayuda a Catalino Miranda.

Entre las propiedades en donde se realizaron registros están las sociedades ASEFIC, Durán Importaciones, SALVAPANELA, Enlace Inmobiliario y Asesoría Financiera Integral. La finalidad de los registros es la búsqueda de elementos que respalden la acusación de la Fiscalía contra el exfuncionario.

Durán Escobar fue detenido el pasado 30 de septiembre en el aeropuerto internacional, Óscar Arnulfo Romero, bajo la acusación de actos arbitrarios y cohecho impropio, en perjuicio de la administración pública.

Además de ser vinculado con el empresario Catalino Miranda a quien haría favores a cambio de beneficios monetarios, esto según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Arranca campaña electoral presidencial con Bukele a la cabeza

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Más de seis millones de salvadoreños son aptos para acudir a las urnas el 4 de febrero para elegir al presidente y vicepresidente de la República para el período 2024-2029.

«Hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, por un período de 4 meses», escribió la jefa del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en la red social X, antes Twitter.

«Vota por la N de Nayib Bukele. Vamos por todo», publicó el partido gobernante Nuevas Ideas en X, mientras el presidente del Congreso, el oficialista Ernesto Castro, escribió en esa red que está en marcha la «Operación 2024» y «con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país», todo esto, sin siquiera haber sido inscrita la fórmula presidencial oficialista.

Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados a la Asamblea Legislativa.

En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cuyos miembros fueron impuestos por una Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo- dictaminó que Bukele podía tentar la reelección a pesar de que al menos cinco artículos de la Constitución lo prohíben.

Bukele contenderá en los comicios junto a su vicepresidente Félix Ulloa, una figura estética que se ha dedicado a viajar por más de 4 años con dineros del erario público. Una reciente encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (CEC) le da al binomio presidencial del oficialismo un 68.4% de apoyo frente al 4.3% de su más cercano perseguidor.

Analistas aseguran que si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriben a Bukele como candidato, podrían perder sus derechos políticos. El artículo 75 de la Constitución estipula que pierden los derechos de ciudadano quienes «suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin».

En 2019 Bukele llegó a la presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que sigue como aliado suyo y a pesar de otra prohibición constitucional, será candidato de un nuevo partido fundado por él y sus acólitos, a pesar de haber un «transfugismo» implícito.

Sin embargo, no solo la campaña presidencial, sino todas las que llevarán candidatos al legislativo, municipalidades y Parlamento Centroamericano han arrancado de manera anticipada tanto en el ámbito nacional como internacional la búsqueda del voto electoral para las elecciones de 2024, a pesar de existir una prohibición, según establece la ley que rige estos procesos.

Las denuncias comienzan a llegar, de todos los bandos contra sus oponentes, que demandan se apliquen los respectivos castigos a quienes comienzan a llenar los espacios mediáticos y públicos de propaganda, incluso en el exterior, donde no rigen las leyes electorales salvadoreñas.

Sin embargo nadie espera que el TSE haga algo que pueda «molestar» al presidente de la República.

El periodo promocional terminrá el 31 de enero del próximo año y se decretará el silencio en la propaganda hasta transcurrida la votación el 4 de febrero en el caso de las presidenciales y el legislativo.

Según la norma, la multa establecida en el artículo 245 del Código Electoral por campaña adelantada podría oscilar entre mil 142.77 y cinco mil 713.85 dólares.

Legisladores retiran fuero a diputado Romero y la Policía Nacional Civil lo apresa de inmediato

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El pleno de la Asamblea Legislativa, en sesión plenaria extraordinaria, desaforó al diputado Alberto Romero para que enfrente un proceso judicial por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero.

El diputado Romero fue desaforado con 78 de los 84 votos en la Asamblea Legislativa.

“Se declara que hay lugar a formación a causa en contra del diputado propietario en contra del diputado Armando Alberto Romero Rodríguez y se le suspende en el ejercicio de sus funciones y se remiten las diligencias a la Cámara Primera de Lo Penal de la segunda instancia. Una vez más se ha hecho justicia en esta Asamblea Legislativa”, dijo el diputado oficialista y presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, luego de la votación.

El abogado defensor de Romero, luego de sufrir vejámenes y desprestigio desde cuentas troles en redes sociales los últimos días, dijo: “Me siento como perro amarrado frente a tigres sueltos, porque no puedo hacer valoraciones de carácter político, solo valoraciones eminentemente técnicas, no puedo ser contestatario».

El defensor insistió que no hay pruebas contra el acusado y también que el proceso es “doble juzgamiento… Acá no hemos escuchado hechos, ni lo que dice la Ley del Enriquecimiento Ilícito, cuál es la base de su patrimonio el 31 de diciembre de 2008… es una realidad que será desaforado, pero lo que he dicho ahí está y si no me creen, lean y está bien, hay que castigar a los corruptos, pero no a los inocentes…”, concluyó.

Romero fue condenado a restituir al Estado salvadoreño la suma de $445,766.05, luego de enfrentar un proceso civil por enriquecimiento ilícito el 14 de agosto.

Pero, si bien el Derecho Internacional no permite que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito, la Fiscalía ha acumulado una nueva acusación que cambia la cifra a $1,162,388.05, monto que no aceptó inicialmente la Corte Suprema de Justicia en la investigación que realizo sobre los ingresos del entonces imputado Romero.

El diputado Romero permaneció ilegalmente retenido en la Asamblea Legislativa desde el 23 de agosto, (fecha en la la Fiscalía presentó el requerimiento en su contra), luego que la Policía Nacional Civil lo arrestara por “resistencia agresiva” y lo llevara a la Asamblea y quedara a disposición del presidente del Legislativo Ernesto Castro, pues en las leyes salvadoreñas no existe ningún motivo para mantenerlo privado de libertad en el Palacio Legislativo, como lo ordenó Castro.

De inmediato, después que los diputados desaforaran al diputado Alberto Romero, agentes de la Policía Nacional Civil, fuertemente armados, esposaron y sacaron de la fracción de ARENA al diputado, donde estuvo ilegalmente retenido desde el 23 de agosto.

”Tras el retiro del fuero realizado por la Asamblea Legislativa, hicimos efectiva una orden de captura contra el diputado Alberto Romero, del partido ARENA, por el delito de lavado de dinero y activos”, publicó la PNC en su cuenta de X (antes Twitter).

“En este momento la PNC ejecuta orden de captura girada por la Fiscalía General de la República contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para que enfrente la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debido a que ya no cuenta con el fuero constitucional”, publicó también la Asamblea Legislativa.

La PNC no especificó dónde fue llevado Romero, ni si tendrá los cuidados médicos que podrían ser necesarios.