La Empresa KALI, S.E.M. DE C.V., por medio de su Apoderado Judicial, el abogado Carlos Miranda, informó que procedió a presentar Aviso de Demanda Contencioso Administrativo ante el Juzgado Segundo de lo Contencioso, por irregularidades en la adjudicación de la Compañía GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS, S.A. DE C.V., por la suma de $1,179,250.oo, por un plazo de TRES MESES, para la disposición final de la basura que se recolecta y transporta desde el municipio de San Salvador.
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS, S.A. DE C.V. presentó como sitio de disposición final el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, operado por la empresa PULSEM, donde actualmente ha venido depositando los desechos de la comuna la Municipalidad de San Salvador.
El proceso de contratación inició, según la documentación que acompaña el Aviso de Demanda, el día 21 de febrero de 2019, al aprobarse los términos de referencia de la Contratación Directa No. 04/2019 para el servicio de disposición de desechos en un Relleno Sanitario debidamente autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, en el que finalmente la empresa KALI, S.E.M. fue declarada no elegible y otorgado el cien por ciento de la contratación a GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS, S.A. DE C.V.
Ante ese resultado, manifiesta el lic. Carlos Miranda, que personeros de KALI, S.E.M., solicitaron derecho de vista del expediente, a fin de corroborar los términos de la contratación, detectando la grave irregularidad que entre los documentos legales de la oferta de la sociedad adjudicada, se encontraban dos declaraciones juradas, que no poseían firma del representante legal, sino únicamente del notario que daba fe del acto, es decir que jamás constó la manifestación expresa del representante legal de la Sociedad anónima y en lugar de ser descalificada, se le dio la totalidad de la contratación, por esa alta suma de dinero, que la municipalidad pagará a pesar que aún tiene un contrato vigente por ese servicio con MIDES, por el cual está en marcha también un Arbitraje.
Por eso, lo que reclama KALI, S.E.M. es que la Sociedad elegida, nunca pudo ser adjudicada, ya que al no cumplir los requisitos legales debía ser declarada no elegible y dejado por desierta la contratación; otro de los puntos y el más importante según el apoderado legal, es que la Municipalidad de San Salvador solicitó el servicio de disposición por el periodo de tres meses y para tratar 53 mil toneladas en ese tiempo, lo cual significa el tratamiento de un promedio de seiscientas ochenta toneladas diarias; sin embargo, el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, propiedad de PULSEM, no cuenta con la autorización para disponer esa cantidad de basura.
A la fecha está recibiendo casi 1 mil 200 toneladas diarias en promedio, sin que el Ministerio de Medio Ambiente haya aplicado ninguna medida para evitarlo y sin que la municipalidad de San Salvador tome en cuenta que llevar los desechos a ese Relleno Sanitario implica un fuerte impacto ambiental a la zona costera, ya que no está en capacidad de dar adecuado tratamiento a la basura.
La sociedad que administra el Relleno Sanitario del Puerto de La Libertad, es PULSEM, sin embargo la Sociedad de Economía Mixta no participó en el proceso de contratación, sino que lo hizo la Sociedad otorgada, que según el abogado Miranda, es socia privada del mismo.
El relleno de PULSEM ha recibido una serie de denuncias por contaminación ambiental, ya que desde el año 2011 ha estado tratando más basura, por sobre las 12 toneladas diarias que se le autorizó.
Mediante informe técnico del Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se confirmó a fecha 16 de mayo de 2018 que dicho Relleno estaba operando muy por encima de su capacidad, cuando solamente contaba con permiso de construcción, no así de funcionamiento; sin embargo el Ministerio de Medio Ambiente no realizó ninguna medida para evitar que se continuara esa práctica.
Ante las denuncias realizadas acerca que el Relleno Sanitario estaba actuando fuera de la ley; el día 10 de diciembre de 2018, en un procedimiento del que se solicitarán las auditorias pertinentes ante la Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, entre otras para que se verifique si se cumplieron todos los procesos para autorizarle el tratamiento de hasta 500 toneladas promedio diario, muy por abajo de lo que está recibiendo entre los municipios de San Salvador, Santa Tecla y otros municipios que significarían la recepción de más de 1200 toneladas diarias, representando un grave riesgo para la población vecina y los ecosistemas costeros.