El presidente Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa emprendieron una guerra contra las pandillas y suspendieron los derechos constitucionales de la población el pasado mes de marzo.
Siete meses después, ese “estado de excepción” tiene una amplia aceptación popular. Sin embargo, los pandilleros no son los únicos atrapados en esta efectiva operación de las autoridades y que ha tenido consecuencias mortales.
Los casi 56,000 detenidos mantienen abarrotado el sistema de justicia y la ocupación de las prisiones se ha multiplicado al menos 6 veces. Los acusados prácticamente no tienen esperanza de que los jueces atiendan su caso de manera individual, pues celebran audiencias de hasta 300 acusados a la vez; y los abogados de oficio están inundados con pilas de casos y son atacados y amenazados por el Estado si su defensa es efectiva.
Varias decenas de detenidos, en su mayoría por la más mínima sospecha o acusaciones que generan dudas están muriendo en la cárcel antes de que las autoridades revisen sus casos detalladamente.
Según una red de organismos no gubernamentales que intenta rastrearlos, por lo menos 80 arrestados durante el estado de excepción han muerto sin que se les haya declarado culpables de algún delito.
El gobierno no ha dado cifras y ha negado a estas ONG´s las solicitudes de información pública sobre las muertes. Las autoridades dicen que la información sólo se hará pública dentro de siete años.
La administración Bukele rechaza sistemáticamente las solicitudes de periodistas para visitar las cárceles y los acusados desaparecen en el sistema. Son las familias quienes tienen que rastrearlos, recibiendo por parte de las autoridades la respuesta de que están presos en algún penal o que ya no lo está, pues ha muerto. No les dan más información.
Una Asamblea Legislativa con mayoría oficialista mantiene suspendido el acceso de los detenidos a abogados, extendieron el periodo en el que una persona puede estar detenida sin cargos de tres a quince días y aumentaron cuánto tiempo pueden pasar presos antes de ser juzgados. De forma casi automática, los jueces enviaron a los detenidos a la cárcel seis meses mientras sus abogados intentaban armar sus casos.
El año pasado, una reforma legislativa jubiló a un tercio de los jueces con más experiencia del país.