La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó la desarticulación de una red de jefes fiscales vinculados a la corrupción al interior de la institución y cercanos al extitular del ministerio público, Douglas Meléndez.
El Ministerio Público dio a conocer un comunicado de prensa en el que la FGR da a conocer los nombres de 64 fiscales pertenecientes a Direcciones de Unidades Especializadas y Regionales, así como de jefes de oficinas fiscales, “Como parte de su gestión estratégica y su compromiso de modernizar y fortalecer la institución”.
Entre los cambios más significativos confirmados por la FGR se encuentra la remoción del Director contra la Corrupción y la Impunidad, Jorge Orlando Cortez Díaz, que pasará a ser el nuevo asesor de la oficina fiscal de Zaragoza, departamento de La Libertad. El segundo cambio confirmado por el titular del ministerio público es del primo hermano de Douglas Meléndez, el exjefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz, quien a partir de esta fecha será el asesor de la Dirección de Intereses de la Sociedad de la zona central
Noris Marlene Flores Urquiza, comadre del ex fiscal Douglas Meléndez, dejó de ser la Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad para pasar a ser asesora de la jefe de la oficina fiscal de Santa Ana.
Froilán Francisco Coto Cabrera dejó de ser el director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, y desde esta fecha es el nuevo asesor de la Dirección de la Defensa de los intereses de la Sociedad de occidente.
Will Walter Ruiz y Froilán Francisco Coto Cabrera, junto con otro grupo de nueve fiscales auxiliares, están siendo procesados por emplear prueba catalogada como “ilegal” para “fabricar” el caso Rais-Martínez.
Rais, el ex fiscal Luis Martínez, Hugo Blanco Rais y otras cinco personas fueron capturadas el 22 de agosto de 2016 pero en lo que va de ese tiempo a esta fecha, la Fiscalía no ha podido probar fehacientemente ninguna de las acusaciones en de los imputados.
En virtud del vencimiento del plazo que otorga la ley para estar detenido sin ser enviado a juicio, lo que obligaría a los tribunales a poner en libertad a los detenidos así como de quienes no han podido ser detenidos, la fiscalía utilizó la estrategia de “armar” mediante la utilización de testigos criteriados, nuevos procesos con el objeto de mantenerlos sujetos a la acción penal.