El alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson y el propietario del botadero de basura ubicado en el cantón Melara, del Puerto de La Libertad, el empresario Salume, enfrentan una nueva demanda penal interpuesta el pasado martes por el cometimiento de al menos cinco delitos.  

La denuncia penal ha sido interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras conocerse los detalles de la auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) al contrato de servicio de disposición final de desechos sólidos con la empresa PULSEM, propiedad de Salume. 

Dicha auditoria señala que la alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Edgar Francisco Lemus, quien solicita que se investigue al alcalde tecleño y al propietario del botadero ilegal por presuntamente cometer los siguientes delitos: negociaciones ilícitas (tipificado en el artículo 328 del Código Penal que tiene una pena de entre 4 y 8 años de cárcel; contaminación ambiental, artículo 256 del Código Penal (pena 6 a 10 años de prisión); falsedad ideologica, según el artículo 284 del mismo código (pena de 3 a 6 años de cárcel); estafa, tipificado en art. 215 (con pena de 2 a 5 años de prisión) y malversación de fondos públicos castigado en el artículo 332 del Código Penal (con sanción de 1 a 3 años de cárcel). 

Según la denuncia “la confirmación de los delitos se tiene por la auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República donde se confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos , lo cual lo convierte en una estafa , pues utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.

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