El importante  El Diario de Hoy publica este miércoles un reportaje sobre la forma significativa en que los casos de violación en niñas ha creció durante.

Según la publicación en 2017  las cifras de violaciones sexuales son elevadas en El Salvador y por lo general se repite el escenario, modos operandi, los principales implicados y las víctimas.

Las estadísticas de 2017 sobre delitos sexuales de la Policía Nacional Civil (PNC) aún no están cerradas, pero a noviembre de ese año, revelan que en el país ocurrieron mil 376 casos de violaciones sexuales.

En el 2016, el Ministerio de Salud Pública registró un total de 21 mil niñas menores de 18 embarazadas, como resultado de violaciones sexuales. El dato de 2017 aún no está disponible.

Esta cifras no surgen de la especulación sino de las atenciones a las víctimas que llegan a las unidades de salud y finalmente a los hospitales; en algunos casos se conoce la razón de la consulta y en otras, hasta ese momento, los padres descubren el estado de la menor.

Asimismo comienza el rompecabezas quien cometió esa violación y en varios de los casos, los padres tratan de esconder al agresor porque se trata de un hermano, un tío, un padrastro y en el peor de los hechos, está implicado el progenitor.

Por ley, los centros de salud pública están obligados a denunciar ante la Fiscalía y Policía cuando en la consulta aparece un menor que ha sido agredido sexualmente y más cuando producto de ese abuso ha surgido un embarazado.

Las estadísticas de denuncias que anualmente recibe la Policía representa solo el 6.55 por ciento del total de embarazos infantiles y adolescentes que atiende el sistema público del país.

Las estadísticas también indican que siete de cada diez víctimas son menores de 18 años. A pesar de la baja cantidad de denuncias que recibe la Policía, la cifra de 2017 advierte que esos abusos se incrementaron en 234 víctimas.

Según las autoridades, los niños de 1 y 14 años, representa el 46 por ciento de los casos y los adolescentes de entre 15 y 17 años el 23.4 por ciento, con lo que los menores implica el 69.5 por ciento del total.

En el 97 por ciento de las denuncias de delitos sexuales tramitadas por la Policía no hay datos.
Instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), aclaran que “No hay datos” porque en la mayoría de hechos, la denuncia comienza en sede policial y es hasta en la investigación que se conocen nuevos datos.

Ima Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER sostuvo que el estado salvadoreño debería contar con un sistema de registro de casos de violaciones sexuales y derechos humanos unificado, centralizado, estandarizado, que influya transversal y puntual la perspectiva de género, niñez y adolescencia así y diversidad.

Demandan estadísticas precisas de violaciones.

“Esos datos deben estar presente en los indicadores para elaborar estadísticas no solo desagregadas por sexo, edad sino por otros que nos puedan precisar violaciones cometidas a personas que tengan una identidad sexual particular”, afirmó.

Se ha recomendado a las autoridades salvadoreñas sobre la importancia de tener un sistema de registros informático con estadísticas que no presente sesgos, vacíos ni contradicciones entre instituciones como Medicina Legal, Policía y Fiscalía, cuando se hacen comparaciones entre ellos y de los medios de prensa y organizaciones sociales. “Es inconcebible que instituciones que manejan estos registros que no cuenten con precisión y digan que no hay datos. De las víctimas, victimarios o tipificación del delito entre otros”, cuestionó Guirola.

“Eso deja la amplia duda sobre la impunidad que se puede generar en estos casos. Agregó que cuando solo se tienen datos de la víctima y no de los víctimarios, pareciera que se está protegiendo la identidad de los hechores”. opina la feminista.

“Hay suficientes instrumentos normativos nacionales e internaciones que hablan de tener un registros como de victimarios de violación sexual”, recalcó.

Guirola dijo que las denuncias y los procesos judiciales abiertos por este delito no guardan relación con la cantidad de embarazos de niñas y adolescentes que atienden los hospitales año con año.

“Esto habla de puertas abiertas a la impunidad”, dijo Guirola. Esto demanda a las instituciones rectoras como ISDEMU y CONNA a prestar más atención a este problema.

Solo en un 2.83 por ciento, las investigaciones de las autoridades policiales han establecido que el agresor realizó la violación haciendo uso de la fuerza física, arma de fuego y arma blanca.

También las indagaciones reflejan que estos ilícitos fueron más cometidos en las zonas rurales (576) que sectores urbanos (542), solo en 258 hechos, las autoridades no lograron definir si el hecho fue consumado en cualquiera de dos zonas.

Según la Fiscalía General, de enero a octubre de 2017, sus fiscales judicializado 1,767 casos de violaciones, de estos 504 fueron resueltos, al imponer condenas a 518 imputados por los delitos de violación en menor e incapaz y agresión sexual

Lo que más preocupa a las autoridades policíacas es que 260 niñas abusadas son menores de 14 años, otras 151 tienen entre 14 y 17 años y el resto de las 582 violadas en el primer semestre del 2017  son mayores de 17 y menores de 18 años.

Las cifras proporcionadas por la PNC, dan cuenta de un total de 875 personas violadas, 792 son hembras, entre las que están 582 niñas y adolescentes, y el resto son 83 varones también menores de edad.

Muchas de las niñas y adolescentes han sido abusadas sexualmente por padrastros, abuelos y hasta por algunos de sus padres y otras personas allegadas a la familia

( Con información de Prensa Libre de Guatemala).- El general retirado del Ejército, Efraín Ríos Montt y exjefe de Estado, murió este domingo según indicó el abogado de la familia Luis Rosales. Rosales dijo que el fallecimiento ocurrió en su casa de habitación en la zona 15 capitalina, a las 6 horas.

“Falleció en su hogar, con el amor de su familia, son su conciencia sana, limpia, rodeado de mucho amor, aquejado por las dolencias que sabemos” y de las cuales se ha informado a los órganos judiciales, agregó Rosales.

A esta hora de la mañana la familia aún decide sobre los arreglos funerarios y le pidió que brindará la información a los medios de comunicación dijo el abogado quien también fue diputado del FRG, partido fundado por el general retirado y que llevó a la presidencia a Alfondo Portillo.

“Murió en Paz, tranquilo,  y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa” agregó.

Rios Montt, de 91 años, fue Jefe de Estado de Guatemala, de marzo de 1982 a agosto de 1983, derrocado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Durante su vida fue embajador, jefe del Estado Mayor, diputado y presidente del Organismo Legislativo. También se postuló a candidato a la presidencia.

En el 2017 se reanudó un juicio especial en su contra por genocidio, un caso por el que había sido condenado a 80 años de prisión, pero por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) se debe repetir el juicio.

El 26 de enero de 2012, Ríos Montt fue acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad. Previo al inicio del juicio fue arrestado domiciliarmente. En Enero de 2013 se dio apertura al juicio contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Tras múltiples audiencias, testimonios de las víctimas y acusaciones, el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, el 10 de mayo de 2013. De esta forma, Ríos se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes.

Ríos Montt fue electo diputado del Congreso en las Elecciones generales de 1995, junto a su hija Zury Ríos. Su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) logró un total de 21 diputados, no obstante su candidato a la presidencia, Alfonso Portillo, quedó en segundo lugar.