Redacción de PJ.- La lista Engels, dada a conocer este jueves y en la que se registran los nombres de funcionario, políticos y empresarios del llamado triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, ha sido rechazada por la mayoría de los mencionados en ella, asegurando que se trata de una operación geopolítica, cuya causa real busca amedrentar a gobiernos adversos a la política migratoria de los Estados Unidos.

Prueba de ello, dicen analista que prefieren el anonimato, es que durante más de tres meses se mantuvo una campaña abierta, dando a entender que dicha lista figuraban mandatarios, jueces y fiscales y que, al final, tuvo un desenlace sorpresivo, asegurando que » esta es solo una parte de la lista»; lo que se ha interpretado como una acción de chantaje político por parte de los Estados Unidos que buscan mayor aceptación a sus políticas de trasparencia, corrupción, democracia e institucionalidad. Esa es la razón por la que consideran que la lista publicada mezcla a personas que inclusive han sido encauzadas en los Estados Unidos sin que les hayan podido probar delito alguno.

Uno de los ejemplos a considerar es el del empresario suizo salvadoreño, Enrique Rais, a quien el Departamento de Estado señala de actos de corrupción y de socavar procesos o instituciones democráticas( supuestamente) al sobornar a funcionarios. Rais ha sido denunciado en Suiza y El Salvador por grupos asociados a la mafia ítalo canadiense que intentan despojarlo de sus bienes empresariales, sin que hasta la fecha le hayan podido probar ninguno de los cargos que se le atribuyen.

En El Salvador ninguna de las denuncias en su contra han tenido éxito, excepto haber originado una detención arbitraria en su contra en medio de una complicada trama de corrupción encabezada por el ex fiscal Douglas Meléndez, tal como ha sido denunciado, y la Fiscalía de la República Helvética de Suiza cerró recientemente una investigación por lavado de dinero contra el empresario y demandó del gobierno salvadoreño una indemnización a favor de Rais por daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que estudiaba la detención del empresario Rais resolvió que los procesos en su contra fueron arbitrarios, por lo que consideran que “el remedio adecuado sería garantizar al Sr. Rais su libertad plena y concederle(…) una indemnización».

Respecto a otros cargos contra, vinculándole con delitos de narcotráfico en los Estados Unidos, estos fueron descartados después que dieran negativo los peritajes realizados por autoridades estadounidenses y que fueran desestimados los informes del periodista salvadoreño Héctor Silva, después que se demostró que este se desempeñaba al servicio de una firma competidora del empresario Rais.

Otros casos que han provocado reclamos y rechazos son los del actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman quien según el listado divulgado, “socavó procesos o instituciones democráticas tras causar graves retrocesos innecesarios durante la preparación de los comicios electorales; además, es señalado por (haber manipulado) la tabulación de resultados para su beneficio personal y por permitir la influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas, lo que motivó una airada reacción del magistrado Welman contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos, exigiendo un derecho de audiencia “inmediata” por el daño moral al que según el magistrado, está siendo sometido.

Un caso más es el del actual ministro de trabajo y previsión social, Rolando Castro, señalado “por obstruir investigaciones sobre corrupción y por haber socavado la democracia al intentar dañar a rivales políticos”, quien reaccionó drásticamente contra los cargos que le formulan asegurando que se trata de lista “sucia” y que si se dar cuentas se trata, el solo da cuentas ” a Dios, al presidente Bukele y al pueblo salvadoreño”

El presidente Bukele, por su parte, insertó en las redes la palabra “United Fruit Company” dando a entender que El Salvador no es ahora lo que eran antaño. , las repúblicas bananeras de Centroamérica. Más tarde acotó irónicamente: “El Salvador también tiene su lista”.

El gobierno de los Estados Unidos incluyó a 14 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños en la lista Engel, por haber cometido supuestos «actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas». Entre estos, figuran seis personas que han pertenecido o pertenecen al gabinete de Gobierno de Nayib Bukele.

Carolina Recinos, Conan Castro y exfuncionarios como Pablo Anliker, encabezan la Lista Engel, misma que fue elaborada con datos proporcionados por fuentes confidenciales y no confidenciales, según dijo el operador político del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.

El listado completo y las acusaciones dados a conocer comprende a miembros del Gobierno y Nuevas Ideas e incluye a varios empresarios, como el caso de Enrique Rais, que ya fue objeto de procesos en su contra y que fue absuelto por tribunales internacionales.

Pablo Salvador Anliker Infante, exministro de Agricultura.
Envuelto en corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para su beneficio personal.

Conan Tonathiu Castro Ramírez, asesor jurídico del presidente de la República.
Atentó contra los procesos democráticos e instituciones al asistir el retiro inapropiado de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República.

Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Obstruyó las investigaciones de corrupción y atentó contra los procesos democráticos e instituciones, en esfuerzos para dañar a sus opositores políticos.

Osiris Luna Meza, viceministro de Seguridad y Director General de Centros Penales.
Envuelto en significativos actos de corrupción relacionados a contratos con el Gobierno y sobornos durante su administración.

Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa de Gabinete de Gobierno. Envuelta en actos significativos de corrupción haciendo mal uso de fondos públicos para beneficio personal. También participó en un esquema de lavado de dinero.

Rogelio Rivas Polanco, exministro de Seguridad.
Envuelto en significativos actos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.

Walter Araujo, excandidato de Nuevas Ideas y operador político de la presidencia. Expresidente del Tribunal Supremo Electora. Atacó el proceso democrático de las instituciones llamando a la insurrección contra la Asamblea Legislativa, y repetidamente amenazar a candidatos políticos.

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