El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que vetará parte de los decretos que conforman el Presupuesto General de la Nación para el 2021, aprobado el 24 de diciembre por la Asamblea Legislativa, por considerarlos «inconstitucionales», informó la Presidencia.

La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto general por 7.453,2 millones de dólares, aproximadamente un 16 % más que el de 2020, el cual ascendió a 6.426,1 millones.

El Congreso de la República votó 11 decretos para garantizar el financiamiento del presupuesto.

Sin embargo, Bukele señaló parte de esos 11 decretos son «inconstitucionales porque son con los que los diputados pretendían hacer el millonario saqueo para beneficiar a sus oenegés y alcaldes, restándole a la inversión pública».

Según un analista en asuntos legislativos consultado, los diputados forman la Ley de Presupuesto General, pero no tienen acceso a los fondos, esto solo le corresponde al Ejecutivo.

El mandatario indicó que esperará a la próxima Asamblea Legislativa, que será elegida el 28 de febrero de 2021 en las elecciones legislativas y municipales, para realizar ajustes a dicho presupuesto, ya que, de lograr mayoría con su nobel partido, Nuevas Ideas, tendría el poder absoluto de El Salvador.

El nuevo Congreso, en el que se prevé que el oficialismo tome el control, tomará posesión en junio de 2021.

«Para recuperar esa inversión pública (para obras) y equipamiento para el Plan Control Territorial (de seguridad) tendremos que esperar a que entre la nueva @AsambleaSV a corregir la plana (…) y para que no se detengan las obras invertiremos lo que nos destinaron para el año en 4 meses», agregó.

El presupuesto, aprobado con 58 votos, no contó con el aval de los diez diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido con el que el presidente Bukele llegó al Ejecutivo.

El partido Cambio Democrático (CD), con un diputado, y el parlamentario independiente, Leornardo Bonilla, tampoco acompañaron y votaron no.

Solamente votaron los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Concertación Nacional (PNC) y Demócrata Cristiano (PDC).

El presupuesto fue avalado luego de que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso modificaran la noche del 23 de diciembre el documento presentado por el Gobierno a través del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Luego, en la madrugada del 24 de diciembre, los disputados procedieron a la votación.

Con las modificaciones hechas al documento presentado por el Gobierno se acordó en el propuesto respetar el 6% que la ley ordena se entregue a la Corte Suprema de Justicia y que había sido mutilado por el Ejecutivo, aumentos a la Fiscalía General de la república, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se sumarían 20 millones de dólares a los fondos asignados a la Universidad de El Salvador (UES).

Asimismo, se reorientan fondos para cubrir a totalidad la pensión de veteranos de la guerra que también es mutilada por el ministro de Hacienda y para aumentar la pensión mínima, que actualmente es de 207 dólares y se busca aumentar a 304 dólares.

La burlas del presidente

Bukele afirmó que “en su carrera” por aprobar todo en la madrugada “ni siquiera se dieron cuenta de que aprobaron los fondos para FOMILENIO II, con mayoría calificada”.

FOMILENIO II es un programa destinado a mejorar el clima de inversiones para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y es financiado con 277 millones de dólares donados por la Corporación Reto del Milenio (MCC) de Estados Unidos y un aporte de 88,2 millones del gobierno salvadoreño. La continuidad del programa que se inició en septiembre de 2015 en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaba en riesgo debido a que el gobierno de Bukele decidió no incluir la partida correspondiente al gobierno en el Presupuesto 2020.

Bukele aseguró que el aumento de salario para los maestros, trabajadores del Ministerio de Salud, policías y soldados, nivelaciones salariales, inversión en Salud Pública y educación y la entrega de computadoras para todos los niños y jóvenes de las escuelas públicas iniciaría el 1 de enero.

Los choques entre el gobierno y los diputados opositores ocurren en momentos en que el país se prepara para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero, donde los salvadoreños elegirán un nuevo congreso unicameral y los 262 consejos municipales. Según los sondeos de opinión, hasta ahora el partido Nuevas Ideas de Bukele podría ganar la mayoría simple, mas no la absoluta que se requiere para realizar cambios estructurales en el país.

El bloque opositor formado por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con 37 diputados; el exguerrillero FMLN, con 23; y el Partido Democracia Cristiana (PDC) con tres, controlan hasta el próximo 1 de mayo todas las votaciones al sumar 63 de los 84 escaños del congreso unicameral de El Salvador.

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