Periodico Judicial

Salume logró despojar a MIDES del contrato de manejo de desechos en el COAMSS

El director de la junta directiva de PULSEM, Nicolás Salume Pacas y el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. (diario1.com)

Miembros de la Junta Directiva de la empresa Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad (PULSEM) y cinco alcaldías del área metropolitana de San Salvador anunciaron que han entrado en tratos para la disposición final de los desechos sólidos que producen los municipios involucrados para obviar los reclamos por la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) de falta de pagos por parte de las municipalidades.

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, anunció que se habían contactado con PULSEM para gestionar los desechos del municipio, violentando el contrato legal que ampara a MIDES y a los varios municipios que pertenecen al  Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS).

El relleno sanitario que administra PULSEM es un “botadero al cielo abierto” que se encuentra ubicado en el cantón Melara del Puerto de La Libertad y que carece de las normas mínimas para la disposición final de la basura que producen los habitantes de los municipios.

Antecedentes

Los botadores en espacios abiertos fueron prohibidos en septiembre de 2007 en cumplimiento a las disposiciones transitorias sobre el tratamiento integral de los desechos sólidos del Decreto Legislativo No. 237 y los 262 gobiernos locales presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) los diagnósticos ambientales en los que se comprometían a clausurar los espacios abiertos donde descargaban la basura y a trasladarla a los rellenos sanitarios autorizados.

Los únicos rellenos autorizados por el MARN son 11 y se ubican en los municipios de Sonsonate de Sonsonate, San Francisco Menéndez y Atiquizaya de Ahuachapán, Nejapa de San Salvador (MIDES), Suchitoto de Cuscatlán, Tecoluca de San Vicente, Usulután de Usulutan, El Carmen/Santa Rosa de Lima de La Unión, Meanguera de Morazán y Cinquera de Cabañas.

El botadero de La Libertad, propiedad del grupo Salume no cuenta con los permisos respectivos ni con la capacidad técnica para proteger el Medio Ambiente, sin embargo, ante la complicidad del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), opera contaminando el aire, suelo y subsuelo del departamento de La Libertad.

Las 262 comunas que conforman COMURES advirtieron a la población en general, al prohibir los tiraderos de basura, que a partir de las cero horas del 10 de septiembre de 2007, quedaba terminantemente prohibido depositar la basura a cielo abierto, ni en ningún otro lugar que no estuviera legalmente autorizado.

La prohibición, que no ha sido derogada, aplica para toda persona natural o jurídica, pública o privada, incluyendo al Estado y a las municipalidades y su incumplimiento ocasionará sanciones para los titulares de las obras que pueden ser multas de hasta cinco mil salarios mínimos de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente.

El nuevo negocio de la basura

De acuerdo a la publicación digital diario1.com, propiedad del grupo Salume, Salume Pacas, director de PULSEM confirmó que  San Salvador ha trasladado su gestión de desechos sólidos de MIDES a PULSEM.

De acuerdo al medio digital, PULSEM fue fundada en el año 2011, mediante el asocio de la empresa GIDSA S.A. de C.V. y la municipalidad del Puerto de La Libertad, con el objetivo primordial de potenciar el relleno sanitario de La Libertad.

Según Nicolás Salume Pacas, el servicio de tratamiento y disposición final de desechos sólidos es brindado bajo estándares nacionales, mientras MIDES goza de estándares internacionales y supervisión permanente por parte del MARN y la Corte de Cuentas de la República (CCR).

PULSEN también brinda atención a la alcaldía de Santa Tecla, la cual para también evadir pagos pendientes que adeuda a MIDES, también ha otorgado un trato a PULSEN, rompiendo cláusulas del contrato que se encuentra activo con MIDES..

Los alcaldes de San Salvador y Santa Tecla; junto a los de Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado y Apopa adeudan más de $4.5 millones en conjunto a MIDES. La Corte de Cuentas audita de manera permanente a la empresa, sin haber encontrado irregularidad alguna en todas sus auditorías.

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