El ex presidente de El Salvador Antonio Saca se declaró culpable de los delitos de blanqueo de capitales y peculado en la primera sesión del juicio que se celebra en su contra por la corrupción en su Gobierno (2004-2009), conforme a un acuerdo que sus abogados cerraron con la Fiscalía para obtener una condena menor.
Saca confesó los delitos el pasado 17 de julio desde la cárcel de Mariona, donde está recluido, y apenas una semana después el Ministerio Público aceptaba el acuerdo.
Las penas podrían ser ridículamente cortas, pues con todos los descuentos en tiempo que permite la ley, Saca podría permanecer preso no mas de un año y medio, además de los dos ya purgados durante la investigación.
“En vista de que el imputado se declara culpable, entonces, por este hecho, (busca) evitar toda la actividad probatoria para declarar a los convictos (y) la misma ley le permite este ajuste de hacer una sanción menor”, ha dicho a periodistas el abogado de Saca, Lisandro Quintanilla.
Saca, acusado de saquear más de 300 millones de dólares de las arcas públicas durante su mandato con la complicidad de seis colaboradores que también están siendo juzgados, podría conseguir una reducción sustancial de la pena pasando de 30 a diez años de cárcel.
Los ex secretarios Élmer Charlaix, Julio Rank y César Funes han aceptado el mismo acuerdo, mientras que los demás imputados –Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez– aún se resisten, si bien su abogada ha indicado este martes que todavía hay tiempo para que se sumen.
El acuerdo prácticamente garantiza una sentencia condenatoria contra Saca, sin embargo, ha sido muy criticado porque durante la fase de instrucción la Fiscalía había asegurado que tenía pruebas sólidas contra el ex presidente, por lo que se esperaba que cumpliera la máxima pena.
“No significa que el caso se ha perdido. Es más, nosotros estamos proponiendo una pena de diez años de prisión contra el ex presidente de la República”, ha argumentado ante los medios de comunicación el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez.
Además, Saca, un empresario de 53 años que fue detenido en 2016 durante la boda de uno de sus hijos, tendrá que devolver con sus bienes el dinero sustraído.