Por Eduardo Vázquez Becker.- La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, de El Salvador, resolvió el pasado viernes 16 de julio, que, en efecto, tal como él lo ha denunciado nacional e internacionalmente, al empresario suizo salvadoreño Enrique Rais, se le han violado garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales con el fin de mantenerlo procesado injusta e ilegalmente desde hace ya casi tres años años.
El procurador del máximo tribunal de derechos humanos del país, licenciado Apolonio Tobar, no solo certifica que los derechos humanos y garantías constitucionales del empresario Rais fueron violados, sino que admite algo verdaderamente insólito: que la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara, aplicó a la demanda interpuesta por Rais contra Meléndez en la PDDH, el conocido “recurso de la gaveta”, es decir que fue escamoteada y escondida en un mueble cuyo uso no era precisamente para resguardar expedientes.
Para justificar lo tardío de la resolución, Tobar asegura que el expediente de la demanda de Rais ante la PDDH ” fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)” -pág. 32 de la resolución, de manera que tuvieron que pasar prácticamente cinco años para que se reconocieran las flagrantes violaciones a derechos humanos del empresario Enrique Rais por parte de la Fiscalía General de la Republica ( Meléndez) y de la misma PDDH.
La resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, reconociendo la ilegalidad de los argumentos por los que se mantiene procesado al empresario Enrique Rais, se suma a las de la Fiscalía Helvética de Suiza y del Grupo de Trabajo Contra la Detención Arbitraria, GDTA, de las Naciones Unidas, quienes acordaron que la detención del empresario Rais fue arbitraria y consecuentemente ilegal, lo que así hicieron saber al Estado salvadoreño para que este pusiera remedio, “sin dilación alguna”, a la situación a la que el empresario Rais ha sido sometido.
Como efecto directo de esa situación el GTDA instó al Estado Salvadoreño a poner fin de inmediato a cualquier persecución penal en su contra, garantizando su libertad plena. Asimismo, a que se le reconozca el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones.
Siendo que El Salvador es suscriptor de los convenios y acuerdos internacionales con los que está obligado y que dieron vida al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria y la impunidad, no nos explicamos porqué el Estado salvadoreño aún no cumple con sus disposiciones si ya han transcurrido más de tres meses desde que el GTDA emitió su resolución declarando que su detención fue arbitraria y pidiendo poner fin a esa situación.
Las resoluciones del Grupo Especial de las Naciones Unidas, de la fiscalía helvética de Suiza y ahora de la Procuraduría de Derechos de el Salvador trasciende a los intereses del empresario Enrique Rais y abarca uno de los problemas más acuciantes en nuestra administración de justicia. Implica la posibilidad de poner fin al uso y prácticas de intervenciones telefónicas ilegales, del uso de “testigos sin rostro” y de los testigos criteriados como única o decisiva prueba para establecer prisiones preventivas y condenas contra los acusados.
El calvario penal que ha tenido que sufrir el empresario Enrique Raís dio inicio precisamente el 23 de agosto de 2018 cuando de manera engañosa se le hizo comparecer a la Fiscalía General de la República, donde donde fue detenido arbitraria e ilegalmente, tuvo su fundamento en una grabación telefónica cuyo valor probatorio había caducado desde hacía más de dos años. Después, para tapar ese hoyo legal, el ex fiscal Meléndez y sus asociados dentro y fuera de la FGR, recorrieron a cuanta argucia pueda concebir la mente humana, inventando pruebas y construyendo juicos paralelos, con mismos pretextos, mismos testigos y mismos jueces y mismos resultados, Cualquier cosa con tal de mantener la presión sobre sus víctimas.
A estas alturas ya nadie puede poner en duda los argumentos sostenidos por la defensa técnica del empresario Rais; solo es cosa de darle cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria y la Impunidad de las Naciones Unidas, antes de que nos expongan como país irrespetuoso de los acuerdos y convenios internacionales que suscribimos.
El próximo 23 de agosto se cumplirán tres años que el empresario Enrique Rais inició el largo camino para obtener justicia y fecha propicia para que esta se le otorgue sin restricción alguna. Sin dilación y de manera inmediata como dice el grupo de trabajo contra la detención arbitraria de las Naciones Unidas.